Priva impunidad en Zacatecas:
Encinas
viernes,
16 de noviembre de 2018 a las 5:49am
FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
Alejandro
Encinas Rodríguez, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (Segob), aseguró que la impunidad, ineficiencia y corrupción,
son denominadores que no dejan avanzar ni dar resolución a las carpetas de
investigación referentes a feminicidio y de personas desaparecidas.
Durante
el segundo Encuentro contra la Violencia: Víctimas Indirectas de Feminicidio y
Alerta de Violencia de Género, Encinas Rodríguez refirió que el feminicidio es
el ejemplo nítido de la descomposición por la ausencia de estado, autoridades e
instituciones públicas.
Dijo
en repetidas ocasiones que el principal problema se encuentra en los poderes
Judiciales de los estados, en el caso de Zacatecas, en la Fiscalía General de
Justicia del Estado (FGJEZ), puesto que en ellos predomina la incompetencia,
complicidad, falta de profesionalismo que, finalmente, a través de la
estigmatización desacredita a la víctima y victimiza a sus familiares.
“Esto
tiene que cambiar y espero que haya un cambio muy profundo en los estados. Yo
sé que ése va a ser mi principal obstáculo a enfrentar en esta subsecretaría y
lo digo con claridad, el tapón de la impunidad está en el Poder Judicial, desde
Ministerio Público (MP), juez, procurador, el fiscal en el estado, hasta la
Procuraduría General de la República (PGR)”, sentenció.
En el
caso referente a desaparición forzada de personas, Encinas Rodríguez reiteró
que el problema persistente es la impunidad, la falta de voluntad política y
corrupción, por lo que enfatizó que se tiene que empezar desde cero porque,
aunque existe una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
las instituciones y los mecanismos la desconocen, por lo que no funciona
correctamente.
El
próximo funcionario federal también informó que en los primeros cien días del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se instalará de manera concreta el
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Programa Nacional de Exhumación e
Identificación de Personas, “porque en las fosas clandestinas, cuando se
encuentran cientos de cadáveres, se deben generar las condiciones para su
identificación”.
Resaltó
que no hay una base de datos de desaparecidos en el país, ya que la información
es contradictoria entre las diversas instituciones, además que el registro de
personas desaparecidas se ampliará y colaborará con otros países como Colombia,
Guatemala, El Salvador y Honduras, pues la mayoría de los desaparecidos son migrantes.
Otro
de los compromisos a realizar en los primeros cien días del nuevo gobierno
federal es la creación de un Sistema Nacional de Medicina Forense para que no
se repita la situación que se vivió en Jalisco, donde los cuerpos de personas
sin identificar se encontraban vagando por el estado en dos camiones con
cámaras refrigerantes.
En sus
propuestas resaltó la asignación de presupuesto a la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas, en la que se espera asignarle 400 millones de pesos, así
como el nuevo nombramiento del titular de esta comisión.
Encinas
Rodríguez dijo a los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición
forzada que enfrentará los problemas de manera firme, además que se comprometió
con las cinco familias que brindaron su testimonio en el encuentro a resolver
cada caso de manera personal y sin intermediarios.
Resaltó
el caso del hijo de Litzi Saraí, quién después de que su madre fuera víctima de
feminicidio, la procuraduría del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (SEDIF) decidió que el niño debía permanecer con sus abuelos
paternos y no con los maternos, lo que calificó como una clara muestra del mal
trabajo que realiza en las instituciones de procuración de justicia.
Reconoció
que en su encargo necesitará la participación de las autoridades estatales: “sí
vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales, particularmente de la
fiscalía. Qué bueno que el gobernador impulsó la alerta, que es buen
instrumento para iniciar la atención al problema de feminicidio, pero
desgraciadamente tiene muchas limitaciones”.
Sin
embargo, a pesar de la mención de Encinas Rodríguez, Tello Cristerna no asistió
al encuentro, que según las organizadoras del evento estaba invitado en
conjunto con el secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y la fiscal
especializada en Delitos de Género, Fatima Encina Arroyo.
Testimonios
Los
testimonios expuestos a Encinas fueron desgarradores y representan los casos
que más tocaron las fibras sensibles de la población en Zacatecas; los padres
de Litzi Saraí narraron su calvario, madre adolescente asesinada en julio y
cuyo hijo le fue arrebatado y abandonado.
También
estuvieron las llamadas Hijas de Marie Curie, preparatorianas que fueron
compañeras de Cinthya Nallely, a quien le quitaron la vida cuando se dirigía a
su escuela; asimismo, la hermana mayor de Valeria, una joven que buscaba
trabajo y sólo encontró la muerte, ella hizo hincapié en el problema de la
estigmatización, y la hermana de Paloma, maestra de guardería recientemente
secuestrada y asesinada en Jerez de García Salinas, expuso el miedo que
enfrentan al exponer sus casos.
María
Natividad, madre de Dalia, narró de igual manera cómo fue el calvario de buscar
a su hija que desapareció en Calera de Víctor Rosales hace ocho años, pues la
desesperación por encontrar a su hija la llevó a trasladarse a otros estados
como Jalisco, en donde fue a tomarse muestras de ADN para ver si entre algunos
cuerpos sin identificar estaba su hija.
Lamentaron
que las autoridades de los tres niveles de gobierno “están deshumanizadas”,
pues reprocharon que “no tienen el perfil para brindar la atención y sólo les
importa cobrar su quincena”. Calificaron de “incompetente” al personal
encargado de atenderlos y de las investigaciones.
Los
familiares víctimas también reclamaron falta de atención a la Comisión
Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría General de Gobierno,
a cargo de Jehú Salas Dávila, así como del titular de la comisión, Everardo
Ramírez Aguayo, quien estuvo presente.
“Dejen
de ver arriba. Miren hacia abajo y den respuestas. Dejen de burlarse del dolor
de quienes estamos aquí presenten. Nos ofrecen dinero, pero ni todo el dinero
nos van a devolver a nuestras hijas”, sentenciaron.
También
reportaron que siguen las anomalías en el proceso, como la pérdida de
documentación en las instituciones encargadas de los casos de feminicidio, así
como de niños y mujeres desaparecidas, lo que pone en pausa las investigaciones
y, por ende, no existe una sentencia en contra de los implicados en el delito.
Organizaciones civiles
En el
encuentro estuvieron presentes cinco organizaciones de la sociedad civil que
coincidieron en el reclamo de las víctimas, ya que no existe una solución
eficaz por parte del Estado en los casos de feminicidio, desaparición forzada,
además de la falta de políticas reales para prevenir la violencia contra las
mujeres.
Entre
los reclamos y observaciones que se hicieron, se tocó el tema sobre la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Zacatecas, pues aseguraron
a Encinas que no fue una declaratoria como tal, sino una resolución, pues fue
el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, quien la solicitó.
María
de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),
recalcó que esta “resolución” viola gravemente la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida libre de Violencia, así como a los reglamentos para decretar una
alerta, ya que sólo las organizaciones civiles, estatales, nacionales e
internacionales pueden solicitarla.
En el
caso de la entidad en una primera instancia una organización civil solicitó a
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim) se hiciera la declaratoria de Alerta de Género; sin embargo, se
determinó que no existía presencia de violencia feminicida, pero cuando el
gobernador pidió la alerta, la Segob dio la resolución.
La
activista de igual manera mencionó que el informe de trabajo realizado para
decretar o no la alerta en Zacatecas, “da pena, no habla de por qué ha
aumentado la violencia feminicida”.
En el
caso de la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas
y Mujeres Huérfanas y Huérfanos de Feminicidio, resaltó que no existe un conteo
real de cuántos niños y niñas quedaron huérfanos por feminicidio, además de que
en muchas ocasiones no se les restituyen sus derechos como debería.
Cristela
Trejo Ortiz, de la Unidad de Colectivos, enfatizó que “las autoridades deben
tener presente que la condición de violencia que ha vivido un niño o una niña
huérfanos por feminicidio es un impacto para su vida, y es importante una
atención inmediata y no una velada asistencialista”.
Por lo
que enfatizó que se necesita un protocolo especializado para atender a los
huérfanos por feminicidio, “donde se establezca la ruta de atención inmediata,
permanente y bajo la restitución de derechos no sólo por ayudas temporales, ya
que el feminicidio es una situación que impacta en el desarrollo de su vida y
la ayuda no debería ser opcional, sino obligatoria”.
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