COLUMNA DE
ALEJANDRO ENCINAS
El negocio frustrado
ALEJANDRO ENCINAS
05.11.2018/02:18
Más
allá de la estridencia de algunos medios y de furibundos voceros de los
intereses afectados, la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco
obliga a analizar cómo, a lo largo de dos décadas, la maquinaria gubernamental
tejió en sigilo un negocio que inició con un intenso proceso de especulación
inmobiliaria, que lo mismo implicó la expropiación o adquisición de predios,
supuestamente, para ampliar el equipamiento hidráulico de la cuenca y la
reserva ecológica.
Se
ha cancelado un negocio que, además de oneroso, tendría severos impactos
negativos en materia social, ambiental, urbana y patrimonial, pues constituía:
Un
error de planeación del desarrollo, ya que una inversión de cerca de 280 mil
millones de pesos (70 por ciento más de la originalmente estimada) se
destinaría en 85% a evitar que las instalaciones aeroportuarias se hundieran o
inundaran, ya que las características del suelo no son aptas para este tipo de
infraestructura.
Un
error de planeación del desarrollo urbano que tendría impactos negativos tanto
sociales como territoriales, alentando una mayor concentración poblacional en
una megalópolis que ha sobrepasado la capacidad de carga de sus ecosistemas, ya
que un proyecto de esta naturaleza conduciría a concentrar en esta región a más
de la tercera parte de la población nacional en la próxima década, produciendo
además un proceso de gentrificación, es decir, una transformación urbana en que
la población de bajos recursos sería segregada por un sector social con mayor
poder adquisitivo.
Un
error de planeación económica y de dispendio del erario público, pues además del
cierre del Aeropuerto Benito Juárez, se profundizaría la subutilización de los
aeropuertos de Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Toluca, así como los aeródromos
de Pachuca y Atizapán de Zaragoza y la base militar de Santa Lucía, que, al ser
incompatible con las rutas de vuelo del nuevo aeropuerto, obligaría a que una
de las tres pistas de la primera etapa se destinara a la fuerza aérea.
Implicaba
también tirar por la borda 50 años de inversiones en el Plan Lago de Texcoco; 2
mil 400 millones de pesos que se destinaron a la adquisición de mil 300
hectáreas y a la elaboración del proyecto del aeropuerto en Tizayuca, así como
la inversión de 8 mil 596 millones de pesos en la Terminal 2, y la millonaria
construcción del nuevo hangar presidencial.
Un
error en materia ambiental, pues la obra que impactó ya 5 mil hectáreas del
lago y vastos recursos de la región acabaría con el último reducto de la zona
lacustre, dañando severamente a la flora y fauna endémicas, así como los flujos
de aves migratorias, violando los convenios internacionales para su protección.
A lo que se suma el cambio de uso de suelo de reservas ecológicas para su
desincorporación en favor de particulares, como sucedió con la entrega de 200
hectáreas a Antorcha Popular en Chimalhuacán.
La
urbanización del lago incrementaría los riesgos de inundación en Ciudad de
México y en los municipios de la zona oriente, al cancelarse vasos de
regulación y áreas de vertimiento de aguas pluviales ante emergencias, como
sucedió en 2011, cuando la precipitación provocada por Arlene superó la
capacidad de desalojo de aguas del drenaje metropolitano.
Habría
que agregar los riesgos sísmicos y volcánicos a que está sujeta la región, en
especial por la emanación de cenizas del Popocatépetl, así como el hundimiento
de la infraestructura, al ubicarse en una zona que, de acuerdo con estudios del
Colegio de Posgraduados, el Lago de Texcoco no tiene suelo, sino un sedimento
lacustre que se puede definir como hidrogel hipersalino, similar a una
gelatina, cuyo espesor es de 70 metros.
Esta
urbanización consolidaría la isla de calor que en los últimos años incrementó
en 2 grados centígrados la temperatura promedio de la región y con ello, la
caída en los niveles de humedad ambiental, y el incremento de la contaminación
atmosférica por partículas menores a 2.5 micrómetros.
Un
error en la protección del patrimonio histórico, pues la obra ha ocasionado la
pérdida del valioso patrimonio arqueológico y paleontológico que se encuentra
en el lugar, donde se han encontrado los restos humanos con mayor antigüedad en
Mesoamérica, así como 280 puntos con vestigios de los asentamientos humanos
originarios
Es
signo del abuso de poder, ya que el gobierno no consultó a la población y a las
comunidades afectadas a las que se violó su derecho y engañó con la compra o
expropiación de sus propiedades a un precio que fluctuó entre los 6 y los 60
pesos por metro cuadrado, encubriendo el juego de intereses detrás del
proyecto. Es el caso de las conocidas canonjías a OHL y Grupo Higa, así como la
opacidad en la asignación de contratos, ya que 51% de éstos se concentró en
cinco empresarios: Slim, Hank, Vázquez Raña, Quintana y Gerard, sin dejar de
lado al pulpo mexiquense, desde la incorporación de Alfredo del Mazo a la
empresa supervisora de la obra (Parsons International), hasta la voracidad de
los transportistas y concesionarios de los bancos de tezontle, que devastaron
la región, y que habrá que regenerar.
La
consulta disipó la cortina de humo y puso al descubierto un negocio fraguado
desde las altas esferas del poder público que pudo traer consigo mayores daños
a los ya ocasionados. Esta cortina se transformó en una densa niebla que
impidió su despegue.
*Próximo
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación
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