Los migrantes “no son delincuentes ni mariguanos”: Encinas
TIJUANA (apro).- Alejandro Encinas, quien encabezará la
subsecretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, aseveró ayer que la presencia en México de caravanas migrantes no
representa “una situación crítica como en algunos países de Europa o Venezuela,
donde han salido dos millones de personas”.
Recordó que en el caso del llamado éxodo
centroamericano “estamos hablando de un grupo que no llega a los ocho mil
migrantes en el caso de Tijuana”.
De visita en esta ciudad, donde participó la noche
del lunes en una reunión a puerta cerrada con autoridades del gobierno federal
saliente, del gobierno estatal y del ayuntamiento de Tijuana, Encinas pidió el
respeto pleno a los derechos humanos de los migrantes, pues subrayó que “no son
ni criminales, ni delincuentes, ni mariguanos, ni nada por decirlo así”, en
contraste con los calificativos que empleó el alcalde Juan Manuel Gastelum en
una entrevista reciente para descalificar a los migrantes.
“Es gente que está huyendo una situación de violencia en su
lugar de origen, violencia derivada también de la pobreza”, abundó en
entrevista con Apro y otros
medios después de la reunión privada, en la que se abordaron temas relativos a
la llamada caravana, como el apoyo financiero y humanitario a Baja California,
así como las vías que se eligieron para atender la situación como la oferta de
empleos a través de ferias y el acompañamiento en las solicitudes de refugio en
Estados Unidos y en México, entre otros.
Encinas, quien fue una de las voces más críticas hacia el
gobierno de Enrique Peña Nieto y será en poco tiempo subsecretario de Estado en
la administración entrante, aseveró que el gobierno federal actual “está
atendiendo adecuadamente” la situación de la migración, defendió la actuación
de la Policía Federal y añadió que “estamos trabajando de manera conjunta para
que lo que se acuerde tenga continuidad en la próxima administración”.
Renato Sales Heredía, todavía titular de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en el gobierno de Peña Nieto, dijo a Apro que se debe ver la situación “como un tema
humanitario”, pues los migrantes “son personas”.
– Pero la Policía Federal los recibió con gases
lacrimógenos en la frontera sur, se le comentó.
– “Cometes una equivocación al decir que los
recibió con gases lacrimógenos”, reviró.
Y abundó: “Ellos dispararon petardos, tiraron bombas
molotov y fue un grupo en particular en la frontera sur, se tuvo que hacer uso
del gas lacrimógeno para dispersar. El gas lacrimógeno no causó mayores daños,
lo que hizo fue dispersar (…) El monopolio de la violencia lo tiene el Estado,
el monopolio legítimo de la violencia. Y lo hace cuando es necesario para
salvar vidas, para hacer que la ley se respete. Somos un Estado de Derecho, y el
Estado de Derecho debe respetarse”.
El gobierno de López Obrador asumirá el poder en apenas dos
semanas, y heredará una situación compleja en la frontera: actualmente se
encuentran alrededor de seis mil centroamericanos varados en albergues
temporales de Mexicali y Tijuana; otras caravanas recorren el país con destino
a Estados Unidos, y Donald Trump, el presidente de ese país, multiplicó las
declaraciones de odio y acciones hostiles para dejar en claro que no permitirá
la entrada de los migrantes centroamericanos.
Cuestionado sobre las medidas concretas que tomará
el futuro gobierno para manejar esta situación, el político se mostró evasivo.
Declaró que buscará “sumar esfuerzos y coordinarnos para atender esta situación
de emergencia en particular, y evitar que esto se derive en una crisis más allá
de los problemas difíciles que están enfrentando”, lo cual implicará seguir con
las estrategias actuales: continuar con la atención humanitaria y dar
seguimiento a las solicitudes de refugio en México y en Estados Unidos.
Encinas aseguró que “habrá provisiones para atender
estar situación” en el presupuesto federal para el año entrante –que se
discutirá el próximo mes–, pero advirtió que resulta muy difícil calcular
cuánto tiempo va a durar esta situación, “porque muchos de los elementos que
inciden en esta problemática no están en manos del gobierno mexicano”.
En la madrugada de ayer, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza estadunidense (CPB) cerró durante cinco horas el cruce
fronterizo de San Ysidro, que separa Tijuana y San Diego, en California.
Según Encinas, esta medida “sigue esta campaña
xenofóbica que de origen conocemos, alentando esta mala visión de una
supremacía blanca, en donde se invente un enemigo que la verdad es que no es
tal para la sociedad norteamericana”.
– Hace dos días la Policía Federal mexicana instaló
vallas metálicas en el mismo cruce fronterizo, ¿También es parte de una visión
racista?, se le preguntó.
“Yo creo que es un asunto de seguridad
particularmente a los integrantes de la caravana, hay que evitar someterlos a
una situación de riesgo. Es un grupo vulnerable que requiere la atención del
Estado mexicano”, contestó.
Encinas consideró que la manifestación de rechazo a
la presencia de los centroamericanos en Tijuana que se llevó a cabo el domingo
pasado “trae toda la intención de descalificar la presencia de migrantes aquí
en Tijuana, y esa no es la ruta; la ruta es construir puentes de entendimiento asumiendo
que es gente que no está aquí por gusto, está por necesidad y que tenemos que
tener la madurez para entender esta situación como la han enfrentado muchos
mexicanos que han buscado una oportunidad de vida en Estados Unidos”.
Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador de Baja
California, dijo por su parte que solicitó por la mañana a Alfonso Navarrete
Prida, actual secretario de Gobernación, que tome acciones para desviar el
rumbo de las caravanas que cruzan actualmente el país y que no lleguen a su estado,
pues recalcó que “tenemos ya más de 6 mil migrantes: 3 mil en Mexicali y 2 mil
800 en Tijuana”.
“También lo he dicho y lo repito: somos un estado de gente
que nos gusta vivir en paz, y no nos gusta que se altere el orden público, así
que cero tolerancia a quién de alguna manera viole la ley”, insistió el
mandatario de un estado cuyo municipio principal, Tijuana, sufrió un promedio
de seis asesinatos por día en los primeros nueves meses del año.
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