En la defensa de los derechos
humanos “no vamos a ser florero”: Encinas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 23 días de que tome
posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Alejandro Encinas, advirtió que ante la “descomposición brutal del Estado y sus
instituciones”, corresponderá al nuevo gobierno “reconstruir y construir las
instituciones públicas” para garantizar el efectivo respeto a los derechos
humanos”.
“No va a ser fácil, no se va a cambiar de la noche a
la mañana, va a ser un trabajo monumental, pero el compromiso es que no vamos a
ser omisos, no vamos a simular, no vamos a ocultar el problema (de la crisis de
derechos humanos), tenemos que reconocerlo para enfrentarlo. La defensa de los
derechos humanos va en serio, no vamos a ser florero, y si hay que enfrentar a
un cuartel o a una banda (del crimen organizado, lo vamos a hacer hasta donde
lleguemos”, se comprometió Encinas, uno de los hombres más cercanos a López
Obrador.
Durante su participación en el seminario internacional
“La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global. Los
retos para el próximo sexenio”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el exjefe de gobierno capitalino se comprometió a atender
“los temas más acuciantes” en materia de derechos humanos, una vez que tome
posesión, y para ello –dijo– tendrán que intervenir dependencias destinadas a
la atención a víctimas, pero que hasta ahora no han dado una respuesta efectiva.
Al resaltar que el gobierno de López Obrador
destinará 106 mil millones de pesos para becas y para dar su primer empleo a
jóvenes, Encinas Rodríguez sostuvo que “van a cambiar las cosas en serio” y que
el próximo gobierno va a requerir del acompañamiento ciudadano.
“Espero que
haya ese acompañamiento de la sociedad, porque la respuesta de los grupos de
interés es fuerte, viene un arranque con mucha fuerza para dar respuesta a las
inquietudes de la gente”, puntualizó. Y soltó: “El viejo régimen sigue vivo”.
Lamentó que, si bien el año pasado se aprobó la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda, “apenas hace 15 días se instaló el Sistema
Nacional de Búsqueda, con un programa de acción que no conocen los familiares
de las víctimas”.
Ante la deficiente implementación de la Ley General,
abundó, al nuevo gobierno le tocará “reinstalar el Sistema y volver a crear la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como los protocolos de búsqueda
e identificación, para tratar de remontar un problema que debió atenderse hace
más de una década”.
Para el
próximo funcionario federal “el reto será reparar el daño y dar justicia a los
familiares, garantizar un cambio y un nuevo paradigma”.
De acuerdo con Encinas, uno de los primeros
pasos a seguir en torno a las desapariciones será la instalación de la Comisión
para la Verdad y la Justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
que contará con la participación de organismos internacionales como la ONU, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El próximo subsecretario de Gobernación
aseguró que el gobierno de López Obrador irá “a fondo en este caso
emblemático”, y destacó que a esa comisión le corresponderá analizar las
denuncias por tortura, a través de las cuales se construyó la “verdad
histórica”, toda vez que “va a contar con fuerza jurídica para intervenir en
estos casos”.
Otra prioridad será el esclarecimiento de los
feminicidios, y reconoció que dos municipios del Estado de México, Ecatepec y
Chimalhuacán, son los más letales para las mujeres, así como que en la colonia
Jardines de Morelos “se concentra el 80% de los feminicidios del municipio” de
Ecatepec.
Encinas se comprometió a “replantear” el
funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que en
el modelo actual “no resuelve nada”, así como el Mecanismo de Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se ha convertido en
“un negocio para una empresa privada que se encarga de la seguridad”.
Asimismo, ofreció transformar el Instituto
Nacional de Migración (INM) y cambiar la política para que no se criminalice a
las personas que salen huyendo de sus países de origen por la violencia o
pobreza.
En la mesa
en la que participó el próximo subsecretario de Derechos Humanos estuvieron el
fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel
Concha Malo, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Concha Malo se refirió al reto del Congreso
de la Unión de aprobar una Ley de Amnistía que tendría que beneficiar a “presos
políticos y defensores de derechos humanos, que fueron criminalizados por su
labor de defensa”.
Resaltó que algunas organizaciones sociales
ya cuentan con listas de nombres de defensores que han sido encarcelados, para
que el Senado emita una ley de amnistía “que debe contar con nombres precisos”.
Concha Malo, uno de los decanos del
movimiento de derechos humanos en el país, resaltó que el próximo gobierno de
López Obrador ha generado una enorme expectativa en materia de justicia
transicional.
“En el periodo de 2000 a 2006 (durante el gobierno de
Vicente Fox) se tuvo la fallida esperanza que iba a haber cambio de régimen,
pero no fue así; era necesario verdad, justicia, reparación y garantías de no
reparación, que nunca llegaron, y eso es parte de justicia transicional, no una
sin la otra, y sólo después de eso vendrá el proceso de reconciliación”,
advirtió el defensor.
Al hablar
de la comisión para el caso Ayotzinapa, Barrera Hernández recordó que en México
ya ha habido experiencias de comisiones de la verdad, como ocurrió en Guerrero,
que se creó para tratar de esclarecer las violaciones a derechos humanos
cometidos durante la llamada “guerra sucia” de los años setenta, y que en esa
entidad sureña cobró entre 500 y 600 desapariciones.
El defensor resaltó la propuesta al próximo
gobierno de revivir las comisiones de la verdad, como también la hay en Oaxaca,
para que sus lineamientos sean atendidos a cabalidad.
Asimismo,
hizo un llamado al próximo gobierno para abrogar la Ley de Seguridad Interior
(LSI), que deja en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública, así como
garantizar la creación de una fiscalía autónoma.
El director de Tlachinollan, una de las
organizaciones que representa a los padres y madres de los 43 normalistas
desaparecidos, recomendó a la próxima administración que, si pretende ser un
gobierno distinto a los emanados del PRI y del PAN, tendrá que plantearse como
prioridad respetar los derechos humanos.
“El respeto irrestricto a los derechos
humanos es el eje que va a dinamizar los cambios, pero si se siguen supeditando
a intereses políticos o económicos, desde ahí vamos a ver que no es la dignidad
humana una prioridad para el próximo gobierno”, concluyó.
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