La nueva legislación debe fortalecer los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana, rendición de cuentas de los Órganos autónomos y de las Instituciones públicas: Encinas Rodríguez

Miércoles, 01 Octubre 2014

En la semana  nacional de la Transparencia el senador Alejandro Encinas externó que si bien están en el proceso de la elaboración de las leyes generales (Ley General de Acceso a la Información, Ley General de Archivos y la Ley General de Datos Personales), dijo que es necesario hacer una  reflexión sobre el desempeño y desarrollo de los órganos de autonomía constitucional, así como el ejercicio y ampliación plena de los derechos de los ciudadanos.

Mencionó que la semana pasada se instaló el  equipo redactor conformado por senadoras y senadores de diferentes partidos que iniciarán un ejercicio de elaboración de las tres iniciativas (Ley General de Acceso a la Información, Ley General de Archivos y la Ley General de Datos Personales) donde se pretende  que haya un consenso de elaboración de estas tres iniciativas y no solamente se retomaran las propuestas de los grupos parlamentarios, sino también las del IFAI, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

Por otro lado, el senador Encinas Rodríguez externó que al inicio de esta legislatura se tenían cuatro órganos con autonomía constitucional el Banco de México, INEGI, la Comisión de Derechos Humanos, y el IFE que ahora es INE.

Asimismo, el senador por el Estado de México hizo referencia que el Banco de México y el INEGI son órganos unipersonales, los demás son órganos de carácter colegido, que si bien tienen distintos mecanismos de selección de sus integrantes hay un conjunto de responsabilidades que comparten tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De igual forma, mencionó las facultades que comparten los órganos autónomos:

-Personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestal;

-Autonomía política y jurídica para su toma de decisiones; crear de normas jurídicas sin participación de otro órgano del Estado;

-No están sujetos –o al menos no deberían estar-, a ningún poder de la unión; ni de ninguna fuerza política. Cuentan con un estatuto jurídico especial que los resguarda de presión o influencia de los poderes fácticos;

-Se integran por personas con reconocido prestigio y experiencia en la metería, quienes deben reunir los requisitos de imparcialidad y neutralidad ante la opinión pública;  

-Sus integrantes gozan de garantías de designación, inamovilidad, duración y remuneración suficiente;

-La temporalidad de sus nombramiento es mayor en lo general que la duración de las demás autoridades políticas;

-No pueden desarrollar actividades públicas o privadas remuneradas, excepto las académicas o altruistas; 

-Las decisiones que adoptan deben ser de manera colegiada; y finalmente, tienen que prestar informes públicos y realizar comparecencias ante el órgano parlamentario que los designó.

Externó que el argumento para avanzar en la creación de estos órganos con autonomía constitucional  fue la resistencia al avanzar en una reforma del sistema político de nuestro país y se consideró que podrían lograrse avances con la creación de estos órganos autónomos para acotar las facultades del poder ejecutivo y disminuir el nivel de discrecionalidad del ejercicio de las facultades del poder ejecutivo.

Manifestó que se ha venido creando una contradicción entre los órganos autónomos y la centralización, la cual se vuelve a dar en el ámbito del Gobierno Federal y en demerito de las facultades y atribuciones de los Estados y Municipios.

“Por un lado se pretende acotar las facultades del Ejecutivo Federal para ejercerlas por medio de organismos autónomos, pero al mismo tiempo se dan pasos a una mayor centralización, en demerito del federalismo y autonomía estatal”. Aseveró

El legislador por el Estado de México, argumento que este fenómeno de “autonomitis” ha venido acompañado de un proceso de centralización; como en el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ahora va asumir los mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio, para lo cual ya no habrá ninguna intervención del sindicato lo cual deroga las condiciones de trabajo sindical, pero también quita cualquier tipo de intervención de los gobiernos de los Estados. Mencionó también al IFE donde de origen se pretendía centralizar la totalidad de organización y desarrollo de los procesos electorales, lo cual no se logró.

Externó que se han logrado avances importantes, pero en muchos de los casos no se ha cumplido fortalecer con el ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo las omisiones de la Comisión de los Derechos Humanos  respecto a otorgar audiencias a las madres de las víctimas de las fosas que se encontraron en San Fernando y Cadereyta, otra respecto al propio IFAI en su negativa a ejercer su facultad impugnar leyes federales, estatales o Distrito Federal, al negarse a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones, específicamente al art. 189 y 190 que a juicio importante de un sector de la sociedad transgrede un derecho que el IFAI debe tutelar que es el de la protección de los datos personales.

Señaló que en la democratización y trasparencia de la elección  de sus integrantes se ha avanzado pero no lo suficiente, dado que la intervención gubernamental y de los partidos políticos sigue siendo el factor determinante. Un ejemplo: el nombramiento de los consejeros del INE que emana de la conformación de un Comité Técnico de Evaluación propuesto por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados quienes deberían presentar quintetas para ocupar cada una de las vacantes y quien realizó un proceso privado y no público de selección y al presentar la propuesta a la Junta de Coordinación Política del Senado, finalmente termino en manos de una negociación entre los partidos políticos en demerito de un de los criterios fundamentales de selección que se habían planteado que era el de equidad de género; de igual forma sucedió en el Senado de la República en la definición de los consejeros del IFAI donde hubo un proceso público y extenuante  pero  al final de cuentas la definición final no salió de las comisiones Unidas, sino también de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Por otro lado, manifestó que no se garantiza la autonomía real de estos órganos, ni se ha acotado la injerencia arbitraria del ejecutivo federal ya que prevalecen las presiones, los telefonazos y la autocensura.

Por ejemplo: el nombramiento de los Oples por parte del INE con los que se pretendía acabar con el secuestro de los gobernadores de los órganos electorales locales, lo que ha derivado en la conformación de una coalición de consejeros electorales, que permitirá que un solo partido domine los órganos electorales locales,  dijo que lo lamentable es que 68 de los 126 integrantes de estos Oples ya estaban antes;  y 87 de los 126 pueden identificarse con un solo partido.

Concluyó “En este momento se habré una gran oportunidad para ir avanzando en la integración de los órganos autónomos para que gocen de verdadera autonomía y dotarlos de la fuerza jurídica suficiente para que todas sus resoluciones, además  de colegiadas y autónomas, sean vinculantes para la autoridad en beneficio de la ciudadanía, y para ello, la nueva legislación debe fortalecer  los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana, rendición de cuentas, de los Órganos Autónomos y de las Instituciones Públicas, por eso, el fortalecimiento de los controles parlamentarios deben ser fundamental y espero avancemos en órganos verdaderamente autónomos que cumplan con su función, que es garantizar el derecho de los ciudadanos y queden claras cuentas del ejercicio de los recursos públicos y del desempeño de la autoridad”.