Iguala: el terror

El Universal

Alejandro Encinas Rodríguez

martes 07 de Octubre 2014

Al momento de escribir esta colaboración, prevalece la incertidumbre respecto a la identidad de los 28 cuerpos calcinados, encontrados en seis fosas en la zona de Pueblo Viejo, municipio de Iguala, Guerrero, que se presume podrían tratarse de algunos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos tras el artero ataque que policías de ese municipio y grupos delictivos realizaron el pasado 26 de septiembre, en el cual resultaron seis personas muertas.

Estamos ante un escenario de descomposición política similar al de la guerra sucia de los años setenta. Más allá de las campañas mediáticas prevalece un proceso sistemático de debilitamiento del Estado y de sus instituciones, mismas que han sido incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

México atraviesa por una situación en la que el miedo a la violencia y un futuro incierto, se han anidado en lo más profundo de nuestra sociedad, que ahora afronta actos de terror.

Guerrero y el país en su conjunto, viven una etapa difícil y dolorosa, que exige del Gobierno Federal, de los estados de la República y de todos los actores, en especial de los partidos políticos, enfrentar esta situación y evitar que la impunidad se imponga sobre la barbarie que representan estos hechos y que asuman su responsabilidad para generar condiciones de paz y para terminar con el horror que prevalece.

En el caso de Guerrero, y en especial de los acontecimientos sucedidos en Iguala, el PRD tiene una deuda moral particular, más aún cuando se conocieron diversas denuncias previas contra el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, hoy prófugo de la justicia, por su presunto vínculo con la delincuencia organizada, así como por su probable participación en el secuestro y asesinato del dirigente perredista, Arturo Hernández Cardona.

Es del dominio público en Iguala, el enriquecimiento del alcalde prófugo, quien de ser un  modesto empresario dedicado a la venta de sombreros, pasó al comercio de joyas de oro y a ser propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindo y de centros educativos, y cómo a su llegada al Gobierno municipal se consolidó en la región el cartel Guerreros Unidos, grupo delictivo que surgió en 2009 tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, que es encabezado por Salomón Pineda Villa, “El Molon”, cuya hermana, María de los Ángeles Pineda Villa, es esposa de Abarca Velázquez.

Guerreros Unidos mantiene el control absoluto de Iguala y de su policía municipal, con una estructura territorial manzana por manzana, fincada en el miedo y el aniquilamiento de cualquier disidente, por lo que también cobra relevancia el asesinato cometido en 2013 de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal, quien mantuvo serias diferencias con el Presidente Municipal.

Nadie desconoce el apoyo económico de Abarca Velázquez a las campañas electorales del PRD y cómo fue promovido por la corriente Nueva Izquierda a la presidencia municipal. Ni tampoco su pretensión de obtener una diputación en 2015 heredando a su esposa la presidencia municipal, la que recientemente fue electa consejera estatal del PRD bajo las siglas de esa corriente política.

El Gobierno de Guerrero debe rendir cuentas claras de estos hechos e impedir la impunidad castigando a los culpables, en tanto la dirección del PRD debe abandonar el pragmatismo que ha permitido que la ambición por el dinero y por mantener el control del partido, abra la puerta a delincuentes. (Senador de la República).