La autoridad civil es quien debe realizar la investigación: Encinas Rodriguez

Viernes, 26 Septiembre 2014

El senador por el Estado de México Alejandro Encinas externó que es un avance el que la Secretaria de la Defensa Nacional presente a los presuntos responsables de los hechos suscitados en el municipio de Tlatlaya, sin embargo dejó en claro que faltan muchas cosas por precisar y resolver.

Señaló que el día de hoy, en un  comunicado difundido por los medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este jueves fueron presentados 25 elementos del Ejército Mexicano de los cuales siete eran soldados de tropa y uno oficial fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar por su participación en los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en la comunidad de San Pedro Limón municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que  resultaron 22 civiles muertos.

Externó que los militares quedaron internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar número 1-A, del Distrito Federal, en espera de que la propia autoridad judicial militar sea la que defina su situación jurídica de acuerdo a la versión difundida por la Secretaria de la Defensa Nacional.

El senador Encinas Rodríguez detalló que la detención fue ordenada por la Procuraduría General de Justicia Militar por su “presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.

Externó que la Secretaria de la Defensa Nacional aclara que dichas detenciones son independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades civiles por los mismos acontecimientos.

Declaró que en el artículo 57 del Código de Justicia Militar recientemente reformado y publicado por decreto el 13 de junio de este mismo año, define como delitos contra la disciplina militar, entre otros, “los del orden común o federal, siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado”, y siempre que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo del acto del mismo.

Precisó que cuando militares en servicio o motivo del mismo comenten un delito del orden común, como lo es el homicidio, en el cual el sujeto pasivo (víctima)  tiene la condición de civil, el acto delictivo no puede ser procesado ni investigado por la justicia militar, sino que debe ser objeto de indagatoria por parte del Ministerio Público Civil y procesado en los tribunales penales del orden civil.

Así mismo, el senador por el Estado de México Encinas Rodríguez manifestó que de la información adicional que han recibido, señala que la acusación que ha elaborado la Procuraduría Militar se refiere fundamentalmente a la alteración de la escena del crimen no a la Comisión de los Homicidios, lo cual va implicar diversas responsabilidades de estos elementos y omisiones por parte de la autoridad militar.

El legislador mostró un conjunto de fotografías difundidas por los medios de comunicación en las cuales se muestra claramente como la escena del crimen fue alterada.

El senador Encinas dejó en claro que  la autoridad civil debe ser quien realice la investigación, por lo que la Procuraduría Militar debe de poner de inmediato a disposición del Ministerio Público Civil a los 8 militares detenidos, a los 7 elementos de tropa y al oficial que fue presentado como responsable de estos hechos y al mismo tiempo, debe darse con toda precisión la información plena sobre la identidad de las víctimas y de las personas detenidas para no seguir aunando en la especulación y debe darse a conocer a que organización criminal dicen que pertenecían o si pertenecían alguna organización política, social o tenían vínculos con otros tipos de movimientos sociales.

Señaló que la información que hasta el momento se tiene es poco clara respecto a las personas que fallecieron en la escena del crimen,  como es el caso de la joven de 15 años Erika Gómez González quien era estudiante de la escuela Secundaria Técnica Industrial No. 134, como también los hermanos Marcos Salgado Burgos de 20 años y Juan José Salgado Burgos de 18 años del municipio de Arcelia en Guerrero.

De igual forma, el legislador por el Estado de México hizo un llamado a las autoridades para que se de a conocer puntualmente la situación jurídica que guardan dos personas que supuestamente habían sido rescatadas de sus secuestradores conocidas hasta ahorita con los nombres de Patricia y Cinthya quienes de ser  víctimas pasaron a ser victimarias, porque ahora se encuentran recluidas en el penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, así mismo, debe darse a conocer la identidad de las demás personas, como es el caso de la señora Julia González mama de Erika Gómez González.

Insistió que debe ser la autoridad civil quien deslinde las responsabilidades y lleve a cabo la investigación.

Concluyó “No he recibido respuesta de la carta que hace ocho días le envíe al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en continuidad a la pregunta que le formule en su comparecencia en el Senado de la República, pero ahora ante la detención de estas personas en el Ministerio Púbico y la difusión de estas fotografías, es oportuno que la autoridad federal asuma plenamente su responsabilidad y  la Procuraduría General de la República, lleve a cabo las investigaciones e informe no solamente al Senado de la República, sino a la sociedad sobre la evolución de las investigaciones y las implicaciones de estos hechos”.