Esperemos que se dé una nueva cultura de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: Encinas Rodríguez

Jueves, 25 Septiembre 2014

Durante la reunión de Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para la igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos Segunda el senador Alejandro Encinas Rodríguez al referirse al Título  Segundo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes manifestó que este Título constituye la columna vertebral de la nueva ley general, el cual comprende 98 artículos, va del artículo 13 al  101 de la misma integrado en 18 capítulos.

 El senador Encinas Rodríguez señaló que el principio rector supremo en todo el cuerpo de esta Ley es el del interés superior de la niñez, el cual se entiende  como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Manifestó que de la misma manera en este Título al igual que en el conjunto de la ley se retoman los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños entre estos:

A.   El del Interés superior de la infancia.

B.   El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C.  El de igualdad sin distinción de edad, raza, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

Se incorporan como principios rectores:

D.   El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E.   El de tener una vida libre de violencia.

F.   El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

 G.  El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

El senador Encinas Rodríguez  externó que de la misma manera el dictamen que se presenta retoma las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos y de la infancia se realizaron  en el 2011 a los artículos 1º, 4º y 73de nuestra Constitución la cual ha sido considerada por muchos de los académicos y expertos como una de las reformas más importantes del último siglo representa un nuevo paradigma respeto a la protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos”, la cual tiene un impacto decisivo sobre los derechos de las niñas, los niños y jóvenes al sustituir la mención que “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución” por la definición de “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México tendrán el mismo nivel en la jerarquía normativa que la Constitución.

Estas reformas en materia de derechos humanos, otorgaron un nuevo significado a los derechos de niñas, niños y adolescentes al sacarlos del ámbito de lo privado y de lo local, para ubicarlos dentro de los temas estratégicos del Estado, facultando al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que establezca los estándares mínimos de garantía de derechos, que serán obligatorios en todo el territorio nacional como es el objetivo de esta Ley General. Manifestó

Se trata en resumen, de una nueva Ley General que deja atrás la visión proteccionista y paternalista y avanza hacia una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como objetos que hay que proteger, lo que implica el cumplimiento de diversas condiciones y varios aspectos que en su conjunto deben integrar un nuevo paradigma de protección integral o paradigma garantista. Aseveró

Sin embargo, debemos asumir que la promulgación de esta Ley General, no cambiará de la noche a la mañana  el paradigma tutelar existente en México, ni garantizará por sí misma y de manera efectiva los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo que es importante garantizar su implementación, que se establezcan las nuevas disposiciones en las legislaciones locales y que se realice una armonización legislativa que permita hacer operativa la Ley, reformando los códigos civiles, penales, los códigos de procedimientos, las leyes de educación, de salud, trabajo, entre todas aquellas relacionadas con el contenido de alguno de los derechos de niñas, niños y adolescentes dada la transversalidad que implica esta nueva Ley General. Externó

El senadora Alejandro Encinas señaló que para hacer operativo y exigible el contenido de los derechos, se debe construir una nueva estructura institucional, que supere el enfoque de necesidades y facilite la garantía efectiva de las prerrogativas fundamentales de los niños y las niñas bajo un enfoque integral, sustentable y progresivo. 

Indicó que el cambio sustancial a la Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, tiene que ver con la definición de la naturaleza y los alcances de la Ley. Desde su nombre, que se proponía originalmente denominar “Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, sin embargo, ante la necesidad de transitar de la doctrina tutelar y asistencialista hacia una filosofía garantista, las presidentas de estas comisiones unidas consideramos que la denominación correcta debe ser “Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, a efecto de reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1º de nuestra Constitución.

En el mismo sentido, establece con claridad que la Ley tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio, respecto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, bajo un enfoque holístico y en congruencia con el principio de integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos, que deben ser protegidas de manera integral, solidaria y simultanea por la familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; así como para prevenir que estos sean amenazados o vulnerados.

De esta manera el artículo 13 del dictamen establece 19 derechos, solamente los enumero:

I.                     Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II.                    Derecho de prioridad;

III.                  Derecho a la identidad;

IV.                  Derecho a vivir en familia,

V.                    Derecho a la igualdad sustantiva;

VI.                  Derecho a no ser discriminado;

VII.                 Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII.               Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX.                  Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X.                    Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI.                  Derecho a la educación;

XII.                 Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII.               Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV.               Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información:

XV.                 Derecho de participación;

XVI.               Derecho de asociación y reunión;

XVII.              Derecho a la intimidad;

XVIII.            Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y

XIX.                Derechos de niñas, niños o adolescentes migrantes (acompañados o no. Nacionales o extranjeros)

El legislador por el Estado de México dejó en claro que el replanteamiento de esta iniciativa  recoge todas las iniciativas que se presentaron con anterioridad en el Senado de la República y se colaboró directamente con la Cámara de Diputados, retomando de manera muy significativa las aportaciones las organizaciones de la sociedad civil y organismos Internacionales como UNISEF.

 “Esperemos que esto de paso  no solamente a un nuevo paradigma, sino a una nueva cultura de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”. Concluyó