La indefinición y postergación de decisiones en el caso Guerrero incrementa la indignación y la irritación social: Alejandro Encinas

21 de octubre, 2014

Intervención en Tribuna

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar posicionamiento respecto al acuerdo de la Comisión de Gobernación para dar más tiempo a la discusión en el caso de la desaparición de poderes en el estado de Guerrero.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias senador presidente.

Compañeras y compañeros.

Yo entiendo la preocupación de la Comisión de Gobernación para contar con un tiempo adicional y enfrentar con mayor, no solamente responsabilidad, sino con mayor conocimiento de causa una decisión que va a tener un impacto muy significativo para el estado de Guerrero sino para el conjunto del país.

Y espero que en este lapso de tiempo, de aquí al 30 de octubre, por lo menos nos pongamos de acuerdo de entender cuáles son las facultades y atribuciones del Senado de la República, porque ahí no coincidió con el senador Larios; el Senado no desaparece los poderes de ningún estado, sino que emite una declaratoria respecto a que los poderes en una entidad han desaparecido.

Y esto es un asunto muy distinto, implica una óptica del desempeño legislativo diametralmente distinta, porque justamente el objetivo de hacer una declaratoria de desaparición de poderes busca eliminar con la valoración política para evitar incumplir en un abuso en el que se pueda afectar la soberanía de una de las entidades de la República. Primera aclaración.

Segunda aclaración, el gobernador no presenta renuncia, los cargos de representación popular, los puestos de representación nacional son irrenunciables, tiene que presentar una licencia al Congreso del estado, y estas licencias hay veces que son por varias u son definitivas, las licencias todas son temporales y es facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno.

Y bueno ustedes conocen mi posición al respecto, ha sido pública, abundantemente pública en este caso en los últimos días.

Y una tercera y última aclaración antes de entrara a la reflexión que quiero compartir; en el caso específico de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Guerrero, no se emitió ninguna recomendación, sino que se presentó un informe, del cual se hizo llegar copia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto a la situación que guardaba o guarda la presencia de grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, que es un asunto distinto.

Intervención del presidente de la Mesa Directiva.

AER: Pues yo le agradezco al senador Zamora por el breviario cultural, pero creo que no aplica en nuestro caso porque el Senado de la República se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede intervenir en la interpretación o el ejercicio de una Constitución local, e incluso, como dice el propio texto de la Constitución del estado de Guerrero, sería siempre y cuando aceptara la renuncia las dos terceras partes del Congreso del estado.

Pero nosotros nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso es lo que debe normar nuestro criterio y ahí sí señala que son irrenunciables.

Yo creo que nosotros tenemos claro lo que corresponde en el ámbito de nuestras atribuciones.

Ahora, pero finalmente creo que ese no es el problema central que estamos discutiendo. Me preocupa que se postergue de nueva cuenta una decisión sobre el caso de Guerrero, porque la indefinición, la posposición de decisiones así como la dilación que ha habido en la entrega de resultados de las investigaciones como en la presentación de los muchachos normalistas que después de tres semanas continúan desaparecidos, pues generan un mayor clima de incertidumbre, de ingobernabilidad, no sólo en el estado de Guerrero porque la indignación y la irritación social que han levantado estos hechos rebasan por mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional que exige respuestas en las que urge tomar ya decisiones y dar resultados.

Porque resulta inexplicable que después de tres semanas no hay sido posible encontrar 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados como lo muestran los videos en las patrullas de la policía municipal de Iguala y también de Cocula.

Y donde hay evidencias, no solamente de la concurrencia de las policías municipales con la delincuencia organizada, sino también de las  formas de colaboración y cómo se condujo a este grupo de un lugar confinado a un lugar que a la fecha se desconoce.

Por supuesto que en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ya hemos discutido este  tema y me reservaré como está obligado por la ley hacer comentarios al respecto, tarde o temprano tendremos (inaudible).

Pero lo que tenemos que asumir con toda claridad e que este acto de barbarie y de terror cometido contra estudiantes pobres de la Normal de Ayotzinapa es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país y que pone en evidencia no solamente la debilidad e la autoridad municipal o del estado de Guerrero, sino que pone en evidencia la debilidad del Estado mexicano, el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública en todos los órdenes de gobierno, los problemas de corrupción y de penetración de la delincuencia organizada en las corporaciones policiacas y en todos los órdenes de gobierno.

Porque el primer dato indudablemente que sale a la luz pública es la colusión de la autoridad municipal con grupo delictivos en donde se presume hoy no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos.

Y esta crisis del Estado mexicano es algo que ya no podemos seguir escondiendo o tratando de delegar solamente la responsabilidad de los estados, ahí está una muy lamentable declaración del presidente Enrique Peña Nieto diciendo en un inicio “ese es un asunto local, lo tienen que resolver”, para semanas después atraer la investigación cuando en gran medida del problema que detona esta crisis es la operación de la delincuencia organizada vinculada con actividades de narcotráfico y otras actividades que constituyen delitos de carácter federal que competen al Gobierno federal.

Y no se trata aquí de venirse a echar la pelotita entre los distintos órdenes de gobierno, hay una crisis del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.

El propio New York Times, el día de ayer señala que México vive la peor narcocrisis de su historia y que el Gobierno federal ha pretendido minimizarla; Human Rights Watch ha declarado que ésta es la peor crisis de derechos humanos después de los atentados y la matanza de Tlatelolco en 1968; o incluso muchas organizaciones de la sociedad civil encabezadas por obispos de la Iglesia Católica han asumido los hechos de Iguala como un asunto que representa crimen de Estado.

Y es el fondo del asunto que tenemos que discutir porque no solamente es el caso de Iguala, son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, de violencia, de incertidumbre y de inseguridad que se vive en el país.

Las ejecuciones extrajudiciales, 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya; el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por no hicieron alto a una señal de la policía municipal; los cuerpos, cerca de 25 cuerpos encontrados en el canal del desagüe en el municipio de Ecatepec; los abusos de extorsión, secuestro, tráfico de personas, prostitución que se realizan con migrantes nacionales y extranjeros en todo el país.

Y podemos enumerar entidades donde el secuestro, la extorsión y el homicidio han venido incrementándose no solamente ante la falta de una estrategia de seguridad pública, sino fundamentalmente ante la ineficacia de los distintos órdenes de la autoridad, a la ineficacia del Estado mexicano de cumplir con su responsabilidad primigenia que es la de garantizar la seguridad y la protección de las personas  y de sus bienes.

Iguala es uno de los síntomas de este mal, el peor que hayamos vivido y en el que se requiere de respuestas contundentes, firmas e inmediatas del Estado mexicano siempre con apego a nuestras instituciones democráticas y respecto a los derechos humanos.

Y por eso, lo que hemos planteado es muy claro: Primero, la presentación de los muchachos desaparecidos con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Pero también identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, en donde ya hay detenidos, no solamente policías municipales de Iguala y de Cocula, sino también de la gente de los grupos delictivos presuntamente vinculados con estos hechos y otro tipo de autoridades municipales.

Pero también hay que deslindar las responsabilidades que por omisión o acción incurrieron autoridades federales y locales, que conociendo de los problemas graves en el municipio, no actuaron con oportunidad y propiciaron el clima que favoreció este acto de terror deleznable, para los guerrerenses y para todos y todas las mexicanas.

Por eso se requiere deslindar responsabilidades en autores materiales e intelectuales, en autoridades sumisas, pero también los partidos políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad.

Yo he sido muy crítico en mi partido, le he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance y la penetración del alcalde de Iguala y de este grupo delictivo en la estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento a alguna corriente, dirigente o alguna campaña.

Pero en la decisión tomada el día de antier por la Procuraduría General de la República, en donde se desmantelan las policías de 16 municipios entre ellos el de Ixtapan de la Sal en el Estado de México, da cuenta de que este cáncer ha corroído a todos los partidos políticos, porque de los 16, 11 son de otros partidos distintos a los del PRD.

Y el nivel de colusión y de complicidad con el crimen organizado, pues da cuenta de esta descomposición, que yo digo no solamente es una pérdida, un descrédito de las instituciones, sino que hay una crisis genética y de la moral pública. Tenemos una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver.

Queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador o el procurador de Justicia del estado, si es el Congreso del estado, miembros del Congreso del estado de Guerrero, que se les castigue.

No solamente al presidente municipal, que resulta inexplicable su evasión de la justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la policía municipal de Iguala, siendo quien tenía al mando a los policías municipales detenidos, pero también necesitamos (inaudible) en las instituciones federales, en los frentes policiacos que por omisiones han generado esta situación.

Ya no estamos, y con esto concluyo, desde mi punto de vista en un asunto estrictamente de seguridad pública, hay un asunto de seguridad interior primero, por la colusión de autoridades y delincuentes y el nivel de penetración del dinero sucio y de los propios delincuentes en las estructuras del gobierno y en las estructuras políticas.

Pero también ya tenemos un problema de seguridad nacional, desde el momento en que aparecen grupos armados que buscan operar de nueva cuenta, hacer justicia por propia mano y cobrar cuentas e incluso hacer ajusticiamientos contra quienes considera sus enemigos lo cual es absolutamente inaceptable y condenable.

Porque la capitalización de grupos de ultra izquierda favorece, no solamente el surgimiento de los grupos de extrema derecha, sino siempre favorece la intervención autoritaria por parte del Estado, que en lugar de dar un cauce democrático a la solución de estos problemas opta por la represión y el autoritarismo.

Por eso queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables, y que esta investigación, no solamente no caiga en la simulación, sino que se evite todo tipo de impunidad, sea responsable el gobernante de cualquier nivel que sea el que haya incurrido en esas irresponsabilidades.

Muchas gracias.