La indefinición y postergación de decisiones en el
caso Guerrero incrementa la indignación y la irritación social: Alejandro
Encinas
21 de octubre, 2014
Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del PRD, para presentar posicionamiento respecto al acuerdo
de la Comisión de Gobernación para dar más tiempo a la discusión en el caso de
la desaparición de poderes en el estado de Guerrero.
Alejandro
Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias senador presidente.
Compañeras
y compañeros.
Yo
entiendo la preocupación de la Comisión de Gobernación para contar con un
tiempo adicional y enfrentar con mayor, no solamente responsabilidad, sino con
mayor conocimiento de causa una decisión que va a tener un impacto muy
significativo para el estado de Guerrero sino para el conjunto del país.
Y espero
que en este lapso de tiempo, de aquí al 30 de octubre, por lo menos nos
pongamos de acuerdo de entender cuáles son las facultades y atribuciones del
Senado de la República, porque ahí no coincidió con el senador Larios; el
Senado no desaparece los poderes de ningún estado, sino que emite una
declaratoria respecto a que los poderes en una entidad han desaparecido.
Y esto es
un asunto muy distinto, implica una óptica del desempeño legislativo
diametralmente distinta, porque justamente el objetivo de hacer una
declaratoria de desaparición de poderes busca eliminar con la valoración
política para evitar incumplir en un abuso en el que se pueda afectar la
soberanía de una de las entidades de la República. Primera aclaración.
Segunda
aclaración, el gobernador no presenta renuncia, los cargos de representación
popular, los puestos de representación nacional son irrenunciables, tiene que
presentar una licencia al Congreso del estado, y estas licencias hay veces que
son por varias u son definitivas, las licencias todas son temporales y es
facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno.
Y bueno
ustedes conocen mi posición al respecto, ha sido pública, abundantemente
pública en este caso en los últimos días.
Y una
tercera y última aclaración antes de entrara a la reflexión que quiero
compartir; en el caso específico de la intervención de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en el caso de Guerrero, no se emitió ninguna recomendación,
sino que se presentó un informe, del cual se hizo llegar copia a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión respecto a la situación que guardaba o
guarda la presencia de grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, que es
un asunto distinto.
Intervención
del presidente de la Mesa Directiva.
AER: Pues
yo le agradezco al senador Zamora por el breviario cultural, pero creo que no
aplica en nuestro caso porque el Senado de la República se rige por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede intervenir en
la interpretación o el ejercicio de una Constitución local, e incluso, como
dice el propio texto de la Constitución del estado de Guerrero, sería siempre y
cuando aceptara la renuncia las dos terceras partes del Congreso del estado.
Pero
nosotros nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y eso es lo que debe normar nuestro criterio y ahí sí señala que son
irrenunciables.
Yo creo
que nosotros tenemos claro lo que corresponde en el ámbito de nuestras
atribuciones.
Ahora,
pero finalmente creo que ese no es el problema central que estamos discutiendo.
Me preocupa que se postergue de nueva cuenta una decisión sobre el caso de
Guerrero, porque la indefinición, la posposición de decisiones así como la
dilación que ha habido en la entrega de resultados de las investigaciones como
en la presentación de los muchachos normalistas que después de tres semanas
continúan desaparecidos, pues generan un mayor clima de incertidumbre, de
ingobernabilidad, no sólo en el estado de Guerrero porque la indignación y la
irritación social que han levantado estos hechos rebasan por mucho el ámbito de
esa entidad y hay una indignación nacional que exige respuestas en las que urge
tomar ya decisiones y dar resultados.
Porque
resulta inexplicable que después de tres semanas no hay sido posible encontrar
43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados
como lo muestran los videos en las patrullas de la policía municipal de Iguala
y también de Cocula.
Y donde
hay evidencias, no solamente de la concurrencia de las policías municipales con
la delincuencia organizada, sino también de las formas de
colaboración y cómo se condujo a este grupo de un lugar confinado a un lugar
que a la fecha se desconoce.
Por
supuesto que en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ya hemos discutido
este tema y me reservaré como está obligado por la ley hacer
comentarios al respecto, tarde o temprano tendremos (inaudible).
Pero lo
que tenemos que asumir con toda claridad e que este acto de barbarie y de
terror cometido contra estudiantes pobres de la Normal de Ayotzinapa es uno de
los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país y que pone
en evidencia no solamente la debilidad e la autoridad municipal o del estado de
Guerrero, sino que pone en evidencia la debilidad del Estado mexicano, el
proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de
garantizar la seguridad pública en todos los órdenes de gobierno, los problemas
de corrupción y de penetración de la delincuencia organizada en las
corporaciones policiacas y en todos los órdenes de gobierno.
Porque el
primer dato indudablemente que sale a la luz pública es la colusión de la
autoridad municipal con grupo delictivos en donde se presume hoy no solamente
hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a
tiempo para evitar estos hechos.
Y esta
crisis del Estado mexicano es algo que ya no podemos seguir escondiendo o
tratando de delegar solamente la responsabilidad de los estados, ahí está una
muy lamentable declaración del presidente Enrique Peña Nieto diciendo en un
inicio “ese es un asunto local, lo tienen que resolver”, para semanas después
atraer la investigación cuando en gran medida del problema que detona esta
crisis es la operación de la delincuencia organizada vinculada con actividades
de narcotráfico y otras actividades que constituyen delitos de carácter federal
que competen al Gobierno federal.
Y no se
trata aquí de venirse a echar la pelotita entre los distintos órdenes de
gobierno, hay una crisis del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.
El propio
New York Times, el día de ayer señala que México vive la peor narcocrisis de su
historia y que el Gobierno federal ha pretendido minimizarla; Human Rights
Watch ha declarado que ésta es la peor crisis de derechos humanos después de
los atentados y la matanza de Tlatelolco en 1968; o incluso muchas
organizaciones de la sociedad civil encabezadas por obispos de la Iglesia
Católica han asumido los hechos de Iguala como un asunto que representa crimen
de Estado.
Y es el
fondo del asunto que tenemos que discutir porque no solamente es el caso de
Iguala, son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, de
violencia, de incertidumbre y de inseguridad que se vive en el país.
Las
ejecuciones extrajudiciales, 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya; el
asesinato de tres jóvenes en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por no hicieron alto a
una señal de la policía municipal; los cuerpos, cerca de 25 cuerpos encontrados
en el canal del desagüe en el municipio de Ecatepec; los abusos de extorsión,
secuestro, tráfico de personas, prostitución que se realizan con migrantes
nacionales y extranjeros en todo el país.
Y podemos
enumerar entidades donde el secuestro, la extorsión y el homicidio han venido
incrementándose no solamente ante la falta de una estrategia de seguridad
pública, sino fundamentalmente ante la ineficacia de los distintos órdenes de
la autoridad, a la ineficacia del Estado mexicano de cumplir con su
responsabilidad primigenia que es la de garantizar la seguridad y la protección
de las personas y de sus bienes.
Iguala es
uno de los síntomas de este mal, el peor que hayamos vivido y en el que se
requiere de respuestas contundentes, firmas e inmediatas del Estado mexicano
siempre con apego a nuestras instituciones democráticas y respecto a los
derechos humanos.
Y por eso,
lo que hemos planteado es muy claro: Primero, la presentación de los muchachos
desaparecidos con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Pero
también identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes,
en donde ya hay detenidos, no solamente policías municipales de Iguala y de
Cocula, sino también de la gente de los grupos delictivos presuntamente
vinculados con estos hechos y otro tipo de autoridades municipales.
Pero
también hay que deslindar las responsabilidades que por omisión o acción
incurrieron autoridades federales y locales, que conociendo de los problemas
graves en el municipio, no actuaron con oportunidad y propiciaron el clima que
favoreció este acto de terror deleznable, para los guerrerenses y para todos y
todas las mexicanas.
Por eso se
requiere deslindar responsabilidades en autores materiales e intelectuales, en
autoridades sumisas, pero también los partidos políticos tenemos que asumir
nuestra responsabilidad.
Yo he sido
muy crítico en mi partido, le he insistido en que las investigaciones vayan a
conocer el alcance y la penetración del alcalde de Iguala y de este grupo
delictivo en la estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento a alguna
corriente, dirigente o alguna campaña.
Pero en la
decisión tomada el día de antier por la Procuraduría General de la República,
en donde se desmantelan las policías de 16 municipios entre ellos el de Ixtapan
de la Sal en el Estado de México, da cuenta de que este cáncer ha corroído a
todos los partidos políticos, porque de los 16, 11 son de otros partidos
distintos a los del PRD.
Y el nivel
de colusión y de complicidad con el crimen organizado, pues da cuenta de esta
descomposición, que yo digo no solamente es una pérdida, un descrédito de las
instituciones, sino que hay una crisis genética y de la moral pública. Tenemos
una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a
resolver.
Queremos
una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador o el
procurador de Justicia del estado, si es el Congreso del estado, miembros del
Congreso del estado de Guerrero, que se les castigue.
No
solamente al presidente municipal, que resulta inexplicable su evasión de la
justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la
policía municipal de Iguala, siendo quien tenía al mando a los policías
municipales detenidos, pero también necesitamos (inaudible) en las
instituciones federales, en los frentes policiacos que por omisiones han
generado esta situación.
Ya no
estamos, y con esto concluyo, desde mi punto de vista en un asunto
estrictamente de seguridad pública, hay un asunto de seguridad interior
primero, por la colusión de autoridades y delincuentes y el nivel de
penetración del dinero sucio y de los propios delincuentes en las estructuras
del gobierno y en las estructuras políticas.
Pero
también ya tenemos un problema de seguridad nacional, desde el momento en que
aparecen grupos armados que buscan operar de nueva cuenta, hacer justicia por
propia mano y cobrar cuentas e incluso hacer ajusticiamientos contra quienes
considera sus enemigos lo cual es absolutamente inaceptable y condenable.
Porque la
capitalización de grupos de ultra izquierda favorece, no solamente el
surgimiento de los grupos de extrema derecha, sino siempre favorece la
intervención autoritaria por parte del Estado, que en lugar de dar un cauce
democrático a la solución de estos problemas opta por la represión y el
autoritarismo.
Por eso
queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables, y que esta
investigación, no solamente no caiga en la simulación, sino que se evite todo
tipo de impunidad, sea responsable el gobernante de cualquier nivel que sea el
que haya incurrido en esas irresponsabilidades.
Muchas
gracias.
