El senador Alejandro Encinas Rodríguez Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, ante el Pleno de la Cámara de Senadores presentó posicionamiento del Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Justicia Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República por el que se aprueban las modificaciones y adiciones para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Partimos del reconocimiento de que la actividad delictiva del país derivó también en la reconfiguración del manejo de recursos económicos y financieros de la delincuencia organizada, lo cual llevó a definir nuevos niveles en los problemas y limitaciones de las instituciones públicas que a nuestro juicio requieren de la reformulación tradicional de la Seguridad Nacional.

La Seguridad Nacional debe orientarse a una nueva concepción del Estado que incentive capacidades legales de acción y participación en la esfera pública y privada en la realización de acciones preventivas eficaces contra la delincuencia organizada sin necesidad del uso de medios represivos.

La Seguridad Nacional debe concebirse como el conjunto de condiciones y acciones no sólo de defensa; sino también de carácter político, económico, social y cultural, que garanticen la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación mexicana, y al mimo tiempo fortalezcan las capacidades institucionales del gobierno y de la sociedad para ser frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia de la Nación.

El Estado mexicano debe de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y priorizar la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza crítica como la que representa la delincuencia organizada.

Mientras no se combata de manera eficaz el lavado de dinero y se desmantele el poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada el problema de la violencia y el narcotráfico no desaparecerá en nuestro país.

En México se ha mencionado en distintos medios de comunicación y como lo a señalado aquí tanto el Presidente de la Comisión de Justicia y como la Presidente de la Comisión de Gobernación los cárteles de narcotráfico habrán lavado más de 3 billones de pesos en los Estados Unidos y en México, equivalentes al 82 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año. De acuerdo con esas estimaciones cada cártel sería 15 veces más rentable que el Grupo Carso y al mismo tiempo el departamento de Estado de los Estados Unidos a señalado que el sistema financiero en nuestro país es la principal fuente de blanqueo de capitales, sin embargo y de manera lamentable entre el año 2007 y 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo denunció 197 casos de lavado en bancos ante la Procuraduría General de la República, con un porcentaje profundamente marginal respecto al volumen que representa el blanqueo de recursos en el sistema financiero de nuestro país.

Por eso, coincidimos en que debe de aprobarse la minuta que envía la Cámara de Diputados donde hubo varias valoraciones que corrigieron de fondo el proyecto original de la iniciativa.

En primer lugar, se reestructuró el proyecto de ley para establecer que los reportes para dar aviso de operaciones susceptibles de ser realizadas por el crimen organizado fueran los mismos que señala cada uno de los cuerpos legales integran la legislación financiera.

Se amplio también el objeto de la ley para establecer que no solo se trata de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita sino que también para establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones de estos recursos. Las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento así como para proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.

La minuta crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada de la PGR, la cual podrá coordinarse con la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda en donde se aprobaran los procesos de evaluación inicial y periódica para el ingreso y permanencia del personal en dicha unidad a los cuales se les otorga la posibilidad de resguardar su identidad a fin de que esto no incurra en una situación de vulnerabilidad a su integridad personal.

Se establece en el dictamen la obligación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para la Procuraduría de contar con programas de capacitación, actualización y especialización permanentes en las materias de la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias y se modifica lo relativo a las Entidades Financieras, reconociendo que las actividades que realizan son vulnerables para ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero, y por tanto deben ser sujetas a supervisión, como son las obligaciones de identificar y conocer a sus clientes y usuarios, así como de reportar determinadas operaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los órganos supervisores de la propia Secretaría, quienes continuarán siendo los responsables de sancionar las infracciones en las que incurran dichas entidades.

En el dictamen se amplían el catalogo de las actividades vulnerables y se establecen como tales a las vinculadas a las practicas de juegos con apuestas, concursos o sorteos; la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias,

Con la aprobación de esta iniciativa se cierra un proceso de debate legislativo que se extendió a lo largo de 2 años y que se dio de manera particular en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, y con la aprobación de esta ley no hay pretexto para que la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Hacienda actúen de manera coordinada en uno de los temas fundamentales para poder desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder financiero y patrimonial.

Por supuesto que estamos consientes de que esta ley esta sujeta a prueba todavía y conocemos la preocupación de algunos sectores de la economía como la industria automotriz, la industria joyera que han mostrado algunas reservas los contenidos de la ley pero estamos seguros una vez que la ley entre en vigor y sea sometida a prueba puede ser susceptible algunos ajustes y correcciones pero lo importante hoy es dotar de los instrumentos que se requieren para garantizar una acción eficaz del gobierno mexicano en el desmantelamiento de la delincuencia organizada.