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"Estamos en una crisis humanitaria que deriva de la ausencia del Estado":

Alejandro Encinas Rodríguez

Venimos de lejos

Dtto 30

Constituyente

Senador


puntos constitucionales




Reconoció que en la Comisión de Puntos Constitucionales se han realizado ocho reformas aunque todavía se tiene que cerrar el periodo de dictamen de la ley de accesos a la información y protección de datos personales: Encinas Rodríguez


12 Septiembre 2013

Durante el cambio de presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Alejandro Encinas le deseo éxito al sen. Raúl Cervantes en su nuevo cargo, como Presidente de la Mesa Directiva del Senado y dio la bienvenida al sen. Rene Burgos como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, asimismo reconoció que el primer año de ejercicio de esta Legislatura la Comisión se destacó por tres características.
Señaló “en primer lugar, un apego puntual a nuestras normas internas. Qué importante es que las comisiones legislativas cumplamos con las propias normas que nos hemos dado en los procedimientos de discusión y elaboración de dictámenes, porque indudablemente eso permite sentar las bases de una buena discusión, de conocimiento de las leyes, y que las leyes, independientemente de nuestras diferencias, tengan los mejores resultados”.
Como segundo punto, reconoció que esta comisión es muy importante externó “hemos realizado hasta ahora ocho reformas constitucionales, más las que se acumulen durante este periodo. Aunque todavía tenemos que cerrar el periodo de dictamen de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, senador Cervantes siempre fue respetuoso de la diversidad de las ideas y pensamientos que expresaron en la comisión”.
Externó “esta comisión, sin lugar a dudas, da cuenta de la enorme diversidad y riqueza de la pluralidad que existe en el Senado, y siempre, independientemente de la profundidad de nuestros diferendos, prevaleció la discusión de altura y de respeto, que estoy convencido que con el senador Burgos se mantendrá”.

Manifestó  “el tercer rasgo característico fue, también, la apertura de los debates de esta comisión a la sociedad en su conjunto. Ya lo señalaba el senador Martínez, las audiencias que se celebraron para dictaminar las distintas reformas constitucionales sientan un precedente a seguir en ésta y en todo el trabajo legislativo. Hubo procesos de audiencia impecables, particularmente las audiencias de acceso a la información y en materia de corrupción, espero que mantengamos esta ruta de trabajo”.





El senador Alejandro Encinas Rodríguez condenó los asesinatos de los diputados locales perredistas Everardo Hugo Hernández Guzmán y Osbaldo Esquivel Lucatero, demandó a dar inicio a la investigación para su pronta aclaración.

12 Septiembre 2013

osbaldo

Ante el asesinato del diputado local perredista Everardo Hugo Hernández Guzmán quien fue asesinado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y de Osbaldo Esquivel Lucatero en Michoacán.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez condenó el asesinato de los diputados locales perredistas y demandó esclarecer el crimen sin descartar ninguna línea de investigación, así como aplicar a los responsables todo el peso de la ley.
Asimismo, el senador Encinas Rodríguez hizo un llamado al Gobierno Federal y a los Gobiernos locales correspondientes de cada Entidad a dar inicio a la investigación de  hechos y exigió su pronta aclaración.







A partir del golpe de Estado en Chile, la izquiera de América Latina incursionó en la lucha democrática: Alejandro Encinas

BOLETíN DE PRENSA 

12 de septiembre de 2013


Como parte de las actividades para conmemorar el 40 aniversario del golpe de Estado al gobierno democrático chileno de Salvador Allende, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado proyectó el documental: A 40 años del golpe, Salvador Allende 1973-2013.


Durante el evento, el senador Alejandro Encinas aseguró que el artero golpe a un gobierno electo democráticamente, además de marcar a toda una generación, también dio pauta para que la izquierda dejara atrás muchos de sus dogmas y paradigmas para incursionar en la lucha democrática.



“La experiencia de Chile, nos deja mucho de lo que es el derrotero. No se puede entender la América Latina de hoy con países gobernados sin dictaduras, con procesos democráticos de manera muy plural con una presencia muy importante de la izquierda, sin la experiencia de Allende y de la Unión Popular”, dijo.



Encinas Rodríguez también resaltó el papel importante que jugó en ese momento la diplomacia mexicana y la política exterior que abrió las puertas a muchos chilenos que vinieron al país “no sólo en la búsqueda de asilo, sino también a enriquecer nuestra cultura, nuestros valores y el desarrollo de nuestra vida académica intelectual” afirmó



En la proyección del documental estuvieron presentes Los coordinadores del PRD y PRI, el senador Miguel Barbosa Huerta y el senador Emilio Gamboa Patrón; respectivamente.



Además de los senadores, Angélica de la Peña, Zoé Robledo, Raúl Morón, Sofío Ramírez; Fernando Mayans, Rabindranath Salazar, Manuel Camacho, Dolores Padierna, Luz María Beristain, y Fidel Demédicis, del PRD.



Y los senadores Enrique Burgos, Hilda Flores, Teofilo Torres Corso y Armando Neyra Chávez, del PRI.






COFETEL




Mal y de malas, así nace el IFETEL: Sen Alejandro Encinas

10 Septiembre 2013

El senador Alejandro Encinas externó “es sinceramente lamentable que en este tema se haya actuado con tanta superficialidad y con falta de responsabilidad”.

Señaló “estamos discutiendo no solamente el rediseño del sector telecomunicación en el país, estamos ante una de las transformaciones históricas del capitalismo de este modelo económico que impactará en el rediseño de los grupos del poder económico a nivel nacional y su inserción con otros países”.

Manifestó “es lamentable que no se haya cumplido con los requisitos de forma, es tanta la premura y  el desaseo con que a veces actuamos que ni siquiera procuramos que los tiempos, las formas por simples que se han se cumplan”.

Subrayó “esta precipitación a mi juicio también afecto los asuntos de fondo, particularmente en la ponderación y evaluación de cada una de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal, porque en este dictamen, no veo con claridad que se hayan desahogado tres temas fundamentales en la calificación de las personas recomendadas”.

Mencionó “primero los requisitos formales de idoneidad, donde a mi juicio hay algunos candidatos que si bien tienen conocimiento no tienen la experiencia en su actividad profesional dentro del sector, en segundo lugar, analizar con detenimiento la plena autonomía que quisimos dotar a este órgano respecto al poder ejecutivo, vaya que hay una carga de funcionarios actuales y exfuncionarios que formaran parte del mismo, pero también de manera particular no se desahogó con puntualidad la ausencia de conflicto de interés, que es la preocupación que mantuvimos en el  debate de la reforma constitucional, garantizar que este órgano constitucional autónomo no estuviera vinculado con los grupos actuales que prestan el servicio y gozan de las concesiones”.

Dejó en claro “que no es un asunto personal, hay candidatos que no resuelven el problema del conflicto de interés como el Ing. Mario Germán Fromow Rangel, quien trabajo en Telmex a lo largo de ocho años como gerente de estudio regulatorio, que ha sido funcionario en distintos niveles de esta empresa telefónica, por lo cual estuvo desempeñando un trabajo directivo en una de las empresas vinculadas con el sector, lo cual de acuerdo al artículo 28 en su fracción VIII lo inhabilita para participar en el cargo, ya que esta fracción señala que uno de los requisitos es  no haber ocupado en los últimos tres años  ningún empleo o cargo función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o en las entidades relacionadas sujetas a la regulación del Instituto”.

De igual forma comentó que también el caso de la Dr. María Elena Estavillo Flores que si bien ha actuado como perito pues ha estado atendiendo fundamentalmente los intereses de distintas empresas vinculadas con el sector, basta ver este documento donde se acredita ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, donde se reconoce como perito para las empresas Pegaso, PSC S.A. de C.V. Baja Celular Mexicana  Sociedad Anónima de Capital Variable, Celular de Telefonía Sociedad Anónima, Telefonía Celular del Norte Sociedad Anónima, Movitel del Noroeste que todos conocemos como la empresa telefónica, aquí hay un conflicto de  interés y lamentablemente por la premura hacemos que este Instituto que tuviera fuerza constitucional para regular adecuadamente a este sector, hoy se vea comprometido su inicio y duda en los intereses que representa”.





cofetel




Video: Intervención en Tribuna Sen. Alejandro Encinas Rodríguez

10/03/2013

http://www.youtube.com/watch?v=cxGUq20-7UY



Al avalar la Reforma Hacendaria la directiva del Partido de la Revolución Democrática, avaló la Reforma Energética y la privatización de PEMEX: Encinas Rodríguez

10 Septiembre 2013

Destacó “la Reforma Hacendaria presentada da por sentado  en el apartado referente al Régimen Fiscal de PEMEX  la aprobación a la modificación al 27 y 28 constitucionales, establece que para la exploración y extracción de hidrocarburos si bien es asignación directa a PEMEX  y sus organismos subsidiarios, se incluyen los contratos de utilidad compartida”.

 Manifestó “asimismo se establece que la Secretaría de Energía  podrá contratar a un comercializador del Estado,  que será una entidad paraestatal que prestará a la Nación los servicios de recolección y venta de hidrocarburos, anulando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, temas energéticos en una propuesta de reforma hacendaria que en realidad demuestra que mucho de lo que se incluyo en la propuesta de reforma energética, se contiene en la Hacendaria”.

Detalló “la SHCP, creará un Fideicomiso de administración y pago, en una institución de banca de desarrollo, para  la administración de los ingresos derivados de los Contratos, así como del pago de la Contraprestación a PEMEX, es entonces que las facultades que ahora tiene PEMEX  se transfieren a la Secretaria de Hacienda, centralizando las decisiones  insistiendo en no dar autonomía presupuestal a la paraestatal, lo cual redunda en la falta de recursos para su desarrollo y crecimiento”.

Subrayó “de los Ingresos por Contratos de Utilidad Compartida, el comercializador entregará al Fideicomiso los ingresos derivados de la venta de la producción, descontando  el pago por sus servicios, conforme a los contratos de venta y recolección”.

Recalcó “cada periodo contractual, el Fideicomiso  entregará al Estado Mexicano el porcentaje de la utilidad operativa que le corresponda y a PEMEX  o sus organismos subsidiarios  la Contraprestación que les corresponda, integrada por su porcentaje de la utilidad operativa  y los costos, gastos e inversiones”.

Destacó “respecto a los contratos la SHCP  determinará el porcentaje de utilidad operativa para PEMEX y para el Estado, propone un régimen especial de deducciones para ISR  hasta del 100 % en las inversiones  para exploración, recuperación secundaria y mantenimiento”.

Señaló “se deroga un capítulo de la Ley Federal de Derechos para dar facilidades al régimen fiscal expuesto para la explotación de hidrocarburos se realice mediante asignación, por último se plantea abrir nuevos organismos subsidiarios, fragmentando más a la paraestatal  y retirando la expectativa de hacer un PEMEX integrado, así como la potestad para que realicen negociaciones oficiales y contratación de financiamientos externos contratando obligaciones de deuda en moneda extranjera”.

Por todo lo anterior,  el senador Alejandro Encinas externó “es necesario resaltar que en el momento que la directiva del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,  apoya dicha propuesta y la privatización de PEMEX,  debemos separar los temas energéticos de los hacendarios se debe otorgar a la paraestatal de mayores recursos para la inversión, garantizando el carácter estratégico del sector energético”.








Critica Alejandro Encinas premura para constituir IFETEL

INTERVENCION EN TRIBUNA
Alejandro Encinas Rodríguez

10 de septiembre de 2013


Intervención, del senador Alejandro Encinas Rodríguez para hablar en contra del dictamen de comisiones unidas sobre los Comisionados del Ifetel.

Alejandro Encinas Rodríguez, AER: Gracias senador presidente.


Mal y de malas, así nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el nombramiento de los comisionados integrantes de este, como dice el senador Corral, poderosísimo órgano autónomo constitucional que debe regular a uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, pero también del desarrollo tecnológico futuro del país.



Es profundamente lamentable que en este tema se haya actuado con tanta superficialidad y con falta de responsabilidad.



Estamos discutiendo, no solamente, el rediseño del sector de telecomunicaciones en el país; estamos ante una de las transformaciones históricas del capitalismo, de este modelo económico, que impactará en el rediseño en los grupos de poder económico a nivel nacional y su inserción con otros países.



Por eso es lamentable que no se haya cumplido los requisitos de formas, es tanta la premura y es tanto el desaseo con el que a veces actuamos, que ni siquiera procuramos que los tiempos, las formas, por simples que sean se cumplan.



Pero esa precipitación, a mi juicio, también afectó los asuntos de fondo; particularmente en la ponderación y evaluación de cada una de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal.



Porque en este dictamen no veo con claridad que se hayan desahogado tres temas fundamentales en la calificación de las personas recomendadas.



Primero, los requisitos formales de idoneidad, donde a mi juicio hay algunos candidatos, que si bien tienen conocimientos, no tiene experiencia en su actuar profesional dentro del sector.



En segundo lugar, analizar con detenimiento la plena autonomía que quisimos a dotar a este órgano respecto al Poder Ejecutivo. Y vaya que hay una carga de funcionarios actuales y ex funcionarios que formaran parte del mismo.



Pero también de manera particular no se desahogó con puntualidad la ausencia de conflicto de interés.



Y es la preocupación que mantuvimos en el debate de la Reforma Constitucional: garantizar que este poderoso órgano autónomo constitucional no estuviera vinculado con los grupos actuales que prestan el servicio y gozan de las concesiones.



Y por supuesto que no es un asunto personal, pero hay que decirlo con toda claridad y yo creo que hay candidatos que no resuelven el problema de conflicto de interés.



Y quiero referirme puntualmente a dos de ellos, particularmente al ingeniero Mario Germán Fromo Rangel, quien trabajó en Telmex a lo largo de 8 años como gerente de estudios regulatorios, que ha sido funcionario en distintos niveles de esta empresa telefónica, que participó también convertir Argos hace menos de tres años, por lo cual estuve desempeñando puestos en un trabajo directivo en una de las empresas vinculadas con el sector, lo cual de acuerdo con el Artículo 28 en su fracción octava lo inhabilita para participar en cargo.



También esa fracción VIII señala que uno de los requisitos es no haber ocupado en los últimos tres años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o en las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto; y no han transcurrido los años de desempleo, tanto en Teléfonos de México como en la otra empresa.



Y es el caso de la doctora María Elena Estadillo flores, que si bien ha actuado como perito, pues ha estado defendiendo fundamentalmente los intereses de empresas vinculadas.



Basta ver este documento donde se acredita ante el Juez Séptimo de Distrito, en materia Administrativa del Distrito Federal, donde se reconoce como perito para las empresas Pegaso de S.C., S. A. de C. V.; Pegaso comunicaciones de Sociedad Anónima y de Capital Variable; Baja Celular Mexicana Sociedad Anónima y de Capital Variable; Celular de Telefonía de Sociedad Anónima; telefonía Celular del Norte Sociedad Anónima; y Movitel del Noroeste que todos conocemos como a la empresa telefónica.



Aquí hay un conflicto de interés y lamentablemente por la premura hacemos que este Instituto, que nos hemos empeñado tuviera fuerza constitucional para regular adecuadamente a este sector, pues hoy vea comprometido su inicio y duda en los interese que representa.



Muchas gracias.







Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD 
en el Senado de la República frente a la 
Reforma Hacendaria 2014

10 septiembre de 2013

La reforma fiscal del Ejecutivo Federal presentada ante el Congreso de la Unión requiere de una revisión exhaustiva que permita, con equidad, eficiencia y transparencia, alcanzar una mejor condición de las finanzas públicas nacionales.

La bancada perredista defiende un modelo económico alternativo que impulse el crecimiento y mejore la distribución del ingreso. Buscamos una verdadera Reforma Hacendaria, que no sólo atienda la recaudación, sino mejore la calidad en el gasto público y fortalezca los esquemas democráticos de rendición de cuentas. Por ello:

1. Reconocemos que nuestro reclamo de no gravar el IVA en alimentos y medicinas imperó en la propuesta. En un contexto de franca desaceleración económica, con incrementos por encima de la inflación en los precios de productos básicos, una acción de este tipo, sería profundamente regresiva, al afectar a los sectores menos favorecidos de la población.

Históricamente, el PRD ha manifestado la necesidad de tener una política progresiva en el pago de impuestos. Nos hemos manifestado en diversas ocasiones por incrementar el Impuesto Sobre la Renta para los sectores de la población que más ganan, desaparecer el IETU, gravar los ingresos de operaciones financieras, eliminar los regímenes especiales, así como los abusos de la consolidación fiscal. La propuesta del Ejecutivo Federal considera gravámenes en estos rubros, por lo que habremos de hacer una revisión exhaustiva del impacto de los mismos.

Asimismo, destacamos la propuesta de desarrollar políticas sociales emanadas de los gobiernos del PRD, como son la pensión universal que desde el año 2001 existe en la Ciudad de México, y el seguro de desempleo, en marcha desde el 2007 en nuestra ciudad capital. Analizaremos a fondo estos planteamientos.
2. Se requiere de un profundo análisis sobre el impacto que pudieran tener todas las propuestas presentadas.

Debe revisarse seriamente el caso del IVA en colegiaturas, así como su incidencia en las clases medias. De la misma forma, evaluar aquellas medidas que afectan al sector vivienda a través de gravar la compra, venta y renta de inmuebles, en un momento crítico para esta industria.

3. Tajantemente rechazamos cualquier intento de canje de esta Reforma Hacendaria por la Reforma Energética.

Insistimos que se requiere otorgar a PEMEX de mayores recursos para la inversión, así como ampliar su autonomía presupuestal y de gestión. Subrayamos la condición de garantizar el carácter estratégico del sector energético y evitar modificaciones al texto constitucional.

Por ello, es indispensable que no se intente confundir alevosamente ambas discusiones, y se separen los temas energéticos de los hacendarios.

4. No se justifica solicitar a la sociedad un mayor esfuerzo fiscal, sin compromisos de austeridad y simplificación administrativa por parte del gobierno.

Más allá del discurso, es necesario realizar acciones contundentes que reduzcan el gasto corriente, eliminen privilegios de altos funcionarios, abusos de la burocracia y gasto excesivo en publicidad gubernamental.

5. Una característica fundamental de la vida democrática, es que los contribuyentes conozcan y exijan cuentas, sobre la forma en que se administran los impuestos que pagan.

La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal carece de un compromiso claro en el ejercicio transparente y efectivo del gasto público. Hoy por hoy, contar con un mayor presupuesto, no es garantía para la sociedad de que éste, por sí mismo, dará buenos resultados.

Mejorar las condiciones de evaluación, fiscalización, combate a la corrupción y rendición de cuentas, es una condición indispensable que exige el GPPRD para esta Reforma.








Este periodo de sesiones saldrán adelante reformas al Código de Justicia Militar: Senador Alejandro Encinas Rodríguez

INTERVENCIÓN 
09 de septiembre de 2013



Participación del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el foro: México frente al sistema internacional de derechos humanos: Retos y oportunidades. Examen periódico universal del Consejo de Derechos Humano de la ONU.

Alejandro Encinas Rodríguez, AER: Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para ir delineando un conjunto de acciones vinculadas con la agenda legislativa que vamos a tener que desarrollar en este periodo de sesiones.

Ya mis compañeras senadoras, tanto Angélica de la Peña como Lucero Saldaña, han hablado de una agenda muy puntual, el seguimiento a la muy importante reforma que se hizo en el 2011 a la Constitución, para que los asuntos vinculados con los Derechos Humanos también estuvieran regulados con los tratados de carácter internacional.

Aunque hay la proposición de una revisión para que la Constitución se coloque por encima de los compromisos internacionales que suscriba el gobierno mexicano, que creo es uno de los principales temas a atender.

Pero en particular, yo creo que vale la pena en este foro: México Frente al Sistema Internacional de Derechos Humanos, donde se nos presenta el informe que ha preparado Amnistía Internacional, en su capítulo México, para la reunión que tendrá en octubre y noviembre del examen periódico universal, en donde define una agenda muy puntual que tenemos que atender, más ante el caso de que nuestro país, como dice muy claramente esta información que nos han entregando el día de hoy, han incrementado de manera significativa las violaciones a los derechos humanos y a la impunidad en México.

Y creo que nosotros no deberíamos desestimar este informe, porque en cada uno de los temas que aquí se han abordado, todos lo indicadores en materia de violación a los derechos humanos va a la alza. Y aquí, pues evidentemente, hay que ir tomando decisiones en el ámbito de competencia del Poder Legislativo.

Alejandra Nuño se refería a los problemas de feminicidio, ya el jueves de la semana pasada tuvimos en el Pleno de este Senado una discusión sobre los mecanismo para declarar la alerta de feminicidio en algunas entidades, que siempre se convierte en un conflicto porque el partido del gobernador en turno siempre esta trata de evadir una declaratoria, porque se asume como una acción política de la oposición para sancionar la gestión de determinado gobernante.

Y creo que la resolución del jueves es importante porque obliga al Senado a fijar una postura sobre los feminicidios y tratar de identificar con mayor precisión, cuáles deben ser los mecanismos para declarar la alerta de feminicidio para quitar, dejar de un lado ese obstáculo que se ha convertido el no querer que se sancione políticamente un gobierno, aunque el gobierno tenga responsabilidad por la omisión en atender este asunto.

Es el caso también de la figura del arraigo, en donde no se quiere asumir con toda claridad de que el arraigo no solamente es una medida que viola derechos y garantías de los ciudadanos, a quien como aquí también señaló Alejandra, primero se detiene para investigar, sino que también se ha convertido en el arraigo en un instrumento de revancha política que realizan los gobernante.

Bueno, el abuso del arraigo en Chiapas, por ejemplo, en la gestión de Juan Sabines fue bárbaro, no vinculados a la persecución de delitos, sino a las diferencias políticas que en el estado subsistían.

Y creo que esto tendría que ir precisándose con mayor detenimiento. El Artículo 215 del Código Penal sobre desaparición forzada, yo creo que ha habido avances, tendrá que haber mayor claridad en su forma de instrumentación para atender, como señalaba ya el compañero de Tlachinollan, pues, estos problemas que se han venido acreditando y el informe lo señala de manera muy clara en cuanto al incremento de la violencia institucional castrense, como se refirió Abel en este caso, y los delitos cometidos por más militares que se justifican en el ejercicio de sus funciones.

Solamente, como viene aquí en el informe, entre finales del 2006 y el 2012 se presentaron 7 mil 441 denuncias de las cuales solamente en 27 casos se concluyó con una condena dentro del fuero de justicia militar.

Entonces son temas en este caso específico del fuero de justicia militar y el fuero militar que tendremos que resolver en este periodo de sesiones.

Y aquí si a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y de la Comisión de Justicia, no nos pudo acompañar el senador Roberto Gil, pues tenemos el compromiso de dictaminar las distintas iniciativas en materia del Código de Justicia Militar, que no solamente es en materia del fuero militar en este periodo de sesiones.

Las audiencias pública, va haber tres a finales de este mes, en las que participara presupuesto las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales; aquí refrendo la incitación a Amnistía Internacional, a Naciones Unidas, a todas las organizaciones que convocan a este evento a que participen en estas audiencias.

La primera será la de los organismos no gubernamentales, participarán posteriormente académicos, constitucionalistas, abogados, expertos en el tema y participarán también las fuerzas armadas, con quienes hemos tenido ya varias discusiones sobre este tema convencidos de que va haber una reforma en materia de fuero militar que sin lugar a dudas, partirá de la resolución que adoptó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, y que si bien no admitimos ninguna resolución vinculante sobre el tema, si abre el precedente jurídico para garantizar que los delitos cometidos por militares contra la población civil sean juzgados en los tribunales civiles.

Hay otros temas a discusión, la gendarmería nacional, por supuesto el que nos preocupa muchísimo, también es preocupación aquí en el informe, y aunque lo han mandado hasta julio del año que entra, pues, la verdad es que todavía hay mucho debate sobre las bases legales sobre las cuales se puede conformar un cuerpo especial de las fuerzas armadas comisionado a la autoridad civil, incluso delegando el mando que pueda realizar labores en materia de delitos del fuero común.

Hay allí un problema jurídico de fondo, porque se pretende que la gendarmería pueda actuar como una fuerza en regiones específicas para combatir los delitos del fuero común que le compete estrictamente a los estados y municipios.

Y por supuesto que aquí va a haber un debate sobre si realmente, yo creo que no, hay fundamento jurídico para que un cuerpo militar se comisione al mando civil a hacer labores que competen a otro orden de gobierno.

Yo lo dejo en este listado a Angélica ya habló mucho de la agenda pendiente en materia de migración, en materia de los derechos de género, etcétera; pero creo que este periodo de sesiones va a ser muy importante porque habrá de definirse el alcance de la Reforma Constitucional realizada en 2011; las reformas, estoy seguro que va a salir adelante la reforma al Código de Justicia Militar y entraremos discutir la del fuero, solamente en esa discusiones ya llevamos tres modificaciones y todavía no están a discusión el Artículo 57, ustedes mismo lo ha visto, y falta muchísimo más.

Pero espero que podamos hacer una buena sinergia para que esa información que se levante en materia de violaciones a derechos humanos nos obligue, en el Senado de la República y si se puede también en la Cámara de Diputados, a hacer las adecuaciones legales para garantizar que las garantías y los derechos de los mexicanos estén plenamente salvaguardados.

Muchas gracias por su atención.






Unidad contra la privatización
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

martes, 10 de septiembre de 2013

Estamos viviendo un momento de definiciones fundamentales para el país. Las reformas promovidas por Enrique Peña Nieto en materia educativa y energética han creado un clima de tensión política y una crispación social alentada por los medios de comunicación que, pese el anuncio de que no habrá incremento en el IVA ni se generalizará a alimentos y medicinas, mantiene abiertos crecientes focos de conflicto.

Como lo advertí desde el Senado de la República, la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente, lejos de acabar con el conflicto lo iba a escalar, como lo hemos podido constatar en la última semana en la mayor parte de las entidades del país, a la que ha abonado la actitud altanera y de menosprecio del secretario de educación pública, para quien los maestros son una minoría disidente que representa apenas al 10% del magisterio nacional, a los que no tiene por qué atender pues solo está obligado a mantener relaciones con el sindicato oficial, es decir a la herencia corporativa del “elbismo”, a la que mantiene sumisa gracias al expediente que de cada uno de sus dirigentes mantiene sobre el escritorio.

A este contexto se suma la inconformidad contra las reformas constitucionales con las que el gobierno de Peña Nieto pretende privatizar la renta petrolera nacional y que ha motivado que diversas personalidades, partidos políticos y organizaciones sociales convoquen a distintas manifestaciones públicas a sus militantes y seguidores. Movilizaciones que coinciden en una causa común pero que se mantienen inconexas.

He tenido la oportunidad de participar en diversos foros y manifestaciones públicas en contra de esta pretensión. Lo mismo en la presentación de la propuesta del PRD para rescatar a Pemex sin privatizarlo en el Monumento a la Revolución; que en la marcha convocada por el SME y diversas organizaciones sociales, intelectuales y artistas, del Ángel de la Independencia al Zócalo; en la concentración de Morena en Av. Juárez y en diversas conferencias y mesas redondas en el Senado, el Estado de México y en otras entidades del país. En éstas, al igual que sucede en las redes sociales, he escuchado recurrentemente el reclamo de muchos ciudadanos que exigen sumar esfuerzos y que Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador se unan junto con muchas otras personalidades, organizaciones y ciudadanos en un amplio frente que sacuda las conciencias, un Frente Nacional contra la Privatización de Pemex, ya que consideran que ésta es la única forma de frenar el intento gubernamental de trasladar un bien de la Nación a una cuantas manos.

Por supuesto no ha faltado quien cuestione mi presencia y la de otros legisladores que podemos mostrarnos en cualquiera de estos espacios. Se trata de quienes no entienden la importancia de construir un punto de encuentro en torno a esta lucha más allá de las diferencias que efectivamente existen, y que la burocracia perredista y su inserción en el Pacto por México han ahondado.  

Como también me han dicho de distintas maneras: si estamos en contra de la privatización del petróleo no podemos pensar en privatizar su defensa. Convoquemos a través de las redes sociales y de los medios a nuestro alcance a Cuauhtémoc Cárdenas, a López Obrador y a much@s ciudadan@s más a no dilatar la convergencia en esta causa.


Senador de la República








“El encuentro entre el sector privado y las fuerzas armadas “es como juntar fuego con gasolina”, pues el Ejército debe tomar distancia de los “poderes económicos fácticos”.

“Me preocupa mucho esa reunión porque creo que el Ejército no debe obedecer o acerarse a un solo sector de la población y asumir compromisos con una sola parte de la sociedad, pues puede generar un conflicto de interés mayor”.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez
Integrante de la Comisión de Seguridad Pública
Nota: Milenio Diario
8 SEPTIEMBRE 2013







La autonomía esperada 
Por: *Alejandro Encinas Rodríguez

Reforma
(06-Sep-2013)



El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha presentado su propuesta de reforma política. Se trata de una propuesta de relevancia que plasma una demanda histórica para que a los capitalinos se les reconozcan derechos políticos plenos.

El documento toma como base el consenso alcanzado en la Asamblea Legislativa en 2010, y que fue presentado al Senado de la República en septiembre de ese año y que el PRI se negó a dictaminar, y que ahora necesita nuevamente de voluntad política para prosperar.

Se trata de una propuesta equilibrada, sensata, que busca encontrar puntos de acuerdo. Establece con precisión la obligación de coordinación de autoridades locales y federales, la aceptación expresa de la posibilidad de intervención de Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en aspectos específicos como la coordinación metropolitana, la deuda pública, y la emisión de disposiciones respecto al adecuado funcionamiento de los poderes federales.
La iniciativa busca saldar la deuda del Constituyente Permanente con los habitantes de la capital y cerrar un largo ciclo de desencuentros iniciados en 1824 y que tras la rebelión solidaria de los capitalinos durante los sismos de 1985 que desmoronó el inoperante y corrupto esquema adoptado en 1928 donde a la entidad se la consideraba la "Ciudad del Presidente", abrió paso a su democratización.
La creación de la Asamblea de Representantes, fue el primer tímido intento de paliar lo absurdo que significaba que la ciudad más importante del país no tenía el derecho a elegir a sus autoridades ni enfrentar por sí misma los complejos retos para conducir esta megalópolis.

Los cambios constitucionales realizados en 1993 y 1996, permitieron la elección del Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales y contar con un órgano legislativo y un Poder Judicial, lo que permitió el arribo de gobiernos electos democráticamente, encabezados desde hace 16 años por la izquierda, la que ha edificado un entramado normativo e institucional, democrático y plural de avanzada, que ha ampliado el régimen de libertades de los capitalinos.

Quizá por eso mismo, no se ha querido dar el paso definitivo para remover los obstáculos que impiden el reconocimiento pleno a la autonomía de la ciudad y eliminar los candados que propician la intervención de los poderes federales.

La propuesta busca establecer en la Constitución que la Ciudad de México gozará de autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Contaría con una Constitución propia y con un Estatuto de Capitalidad, al ser sede de los poderes federales. Las demarcaciones territoriales se integraran por un Titular y por un Órgano Colegiado, electos bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y se crearía un Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro para la planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios en siete estados del país.

Se busca garantizar el adecuado funcionamiento de la Ciudad, con pleno respeto a la presencia de los poderes federales, pero al mismo tiempo garantizando la autonomía política para que la ciudad pueda cumplir de manera eficaz el papel que corresponde a la digna y orgullosa capital de la República.


* El autor fue Jefe de Gobierno del 2 agosto del 2005 al 4 de diciembre del 2006


Alejandro Encinas Rodríguez :: En fondo se busca un rediseño del sistema corporativo  para controlar al sistema educativo y a los maestros del país




Video:
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Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para fundamentar en contra del dictamen de la Ley de Servicio Profesional Docente.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Gracias senador Presidente, compañeras y compañeros senadores.

Yo vengo a hacer uso de la tribuna para fundamentar mi voto en contra, como lo hice en la reforma al artículo tercero constitucional en esta Ley de Servicio Profesional Docente, que al igual que las otras leyes secundarias, tanto la Ley General de la Educación como la Ley del Instituto de Evaluación Educativa adolecen a mi juicio de un vicio y un problema de origen, que es justamente el que dio lugar a la reforma al artículo tercero constitucional hace algunos meses.

La justificación que el Ejecutivo federal, que Enrique Peña Nieto dio para promover como base de una reforma educativa la reforma al artículo tercero constitucional fue recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativa, decía Peña Nieto prisionero de los poderes fácticos.

¿Quiénes son esos poderes fácticos? ¿son los maestros? ¿son los maestros los responsables de la crisis en la que se encuentra el sistema educativo nacional? ¿son los maestros quienes crearon el sistema corporativo, uno de los sistemas corporativos más corruptos que hayamos tenido conocimiento en la historia del país? ¿son los maestros los que han dado a diestra y siniestra miles de comisiones sindicales a ese aparato corporativo? ¿son los maestros quienes crearon el cacicazgo de Elba Esther Gordillo caído hoy en desgracia después de haber dejado de ser útil como parte de la estructura corporativa y electoral del PRI y después de haber (inaudible) su clímax que se convirtió más en un canto de cisne durante los gobierno del panismo?

¿O ya se nos olvidaron los paseos de Martha Fox y Elba Esther Gordillo con su guía de padres de familia? ¿o el propio registro del Partido Nueva Alianza o los favores recibidos por Elba Esther a Felipe Calderón para el fraude electoral del 2006?

Sí, hay que recuperar la memoria y no olvidar la historia, y no queramos convertir la tragedia que vive el sistema educativo mexicano en una telenovela cursi allá de la hermosa República mexicana, desde Parácuaro te saluda.

Yo creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento, los poderes fácticos son ustedes mismos, es el Estado mexicano y los gobiernos priistas y panistas quienes han hundido en esta crisis al sistema educativo que no se va a resolver, porque está no es una reforma educativa, ésta es la creación, como lo dijo el todavía secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, que se trata de un nuevo estatuto laboral, que genera un régimen de excepción dentro del régimen de excepción que ya en la Constitución existe para los trabajadores al servicio del Estado y que rompe con principios fundamentales establecidos en la Constitución en materia de derecho laboral, como el principio fundamental de la relación bilateral entre trabajadores y patrón.

Y llevar a una Ley al servicio profesional docente la reglamentación y normatividad de la relación laboral rompe con este principio básico de bilateralidad, es como por ejemplo si la relación de los trabajadores petroleros se rigiera por la Ley de Petróleos Mexicanos, o si la Ley de Salud rigiera las relaciones de los trabajadores del sector salud, no creo que ni el senador Joel Ayala, ni el senador Romero Deschamps lo aceptarían, claro ellos están en condiciones muy distintas hoy a las de Elba Esther Gordillo.

Yo creo que debe analizarse a fondo en realidad este problema, porque en el fondo lo que está es la búsqueda del rediseño del sistema corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país.

Como lo dijo Claudio X. González, el junio, no el hijo del Fidel Velásquez de los empresarios, hay que recuperar el control de las plazas; y ese control hoy se lo quieren quitar al sindicato que, por cierto, se mantiene en su estructura integrado, claro, con cada dirigente teniendo en el escritorio su expediente personal, pero lo que se busca es transferir el control corporativo de las plazas hacia la autoridad sindical haciendo nugatorio los derechos de los trabajadores del sector educación.

Y ahí vemos como incluso la ley los trabajadores de la educación pierden su carácter, su estatus de trabajadores, ya no están en la discusión de que si son trabajadores de la educación o son profesionales de educación que se dio desde mediados del siglo pasado.

Hoy pierden su carácter de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que van a perder todos sus derechos porque el artículo segundo transitorio deroga en la práctica los derechos adquiridos al establecer que se derogan todas las disposiciones, léanse las condiciones generales de trabajadores a los dispuesto en la ley.

Es grave la violación a los derechos laborales de los maestros establecida en esta propuesta de la ley, donde el ingreso, la formación, el reconocimiento y la permanencia del empleo, principios básicos de derecho laboral se convierten hoy en condiciones administrativas, y dejan de ser derechos laborales.

donde se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial, y donde las relaciones laborales ya no formarán parte de las condiciones generales de trabajo, dejándolo al manejo discrecional de la autoridad educativa desde el ingreso hasta la permanencia.

Se llega al extremo al igual que en la reforma laboral de establecer una especie de outsourcing magisterial, los artículos 23, 30, el octavo transitorio establecer contratos por tiempo fijo que dan la figura de nombramiento provisional para cubrir vacantes y se llega al extrema de permitir contratos por horas o con ello fraccionar el pago salarial de los maestros, como lo establece el artículo 42 y el transitorio décimo segundo del dictamen.

Y también al igual que la reforma laboral establece el derecho al despido por parte de la autoridad, artículo 70 y octavo transitorio, donde desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo e instaura un nuevo procedimiento autoritario que permite la separación inmediata sin que haga garantía de juicio, la garantía de juicio de audiencia prevista en la ley.

Por eso, vamos a votar en contra y ustedes podrán aprobar la ley el día de hoy, se cerrará un ciclo legislativo, pero esto ni va a cerrar, ni va a resolver el problema, está posponiendo y escalando el conflicto y esto va a someter a prueba al Senado.

Vamos a ver de qué está hecho este Senado, si en este Senado va a perdurar que las decisiones que se adopten se tomen fuera, de que las iniciativas que provengan sean resultado de la negociación de unos cuantos a espalda de la sociedad y del Congreso mismo; donde regresemos a los viejo tiempos de obligar a los legisladores a votar en contra de sus convicciones para fortalecer y apoyar los acuerdos de las burocracias partidarias.

Yo espero que este Senado esté a la altura de su responsabilidad constitucional y cumpla con el verdadero equilibrio y separación de poderes.

Muchas gracias.



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