Un laberinto llamado
Ayotzinapa
El Gobierno de López Obrador propone la
creación de una comisión de la verdad para sepultar la investigación hecha por
la Administración Peña Nieto
México 24 SEP 2018 - 16:14 CEST
Familiares de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa marchan en Ciudad de México. ALFREDO ESTRELLA AFP)
Este miércoles, Andrés Manuel López
Obrador comunicará oficialmente la creación de una comisión de la verdad para el caso
Ayotzinapa. El presidente electo de México hará el anuncio en un acto en el
Museo de la Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 a manos de policías locales
del municipio de Iguala,
Guerrero, al sur del país.
El caso tiene un lugar destacado en la
lista de problemas que el próximo Gobierno heredará de Enrique Peña Nieto. La
investigación hecha por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de
los hechos ocurridos hace cuatro años se encuentra en un punto muerto. No tiene
respaldo social y carece de credibilidad para los organismos internacionales y
para los familiares de las víctimas de la escuela normal rural de Ayotzinapa.
La pesquisa, una
de las más importantes realizadas en México recientemente, ha generado cerca de
488 resoluciones judiciales que han derivado en la detención de 170 personas,
entre ellas policías locales de varios municipios y supuestos integrantes de la
banda criminal Guerreros Unidos. El Estado mexicano ha invertido en la
averiguación 1.200 millones de pesos, más de 64 millones de dólares. Nada de
esto significa que se haya hecho justicia. No existe una sola sentencia
condenatoria para los presuntos responsables. Los familiares de las víctimas
tampoco están satisfechas con las conclusiones vertidas en un expediente de
54.000 hojas.
“Los padres de los 43 piden verdad y
justicia. Quieren saber qué pasó y dónde están sus hijos”, explica Alejandro
Encinas. Este veterano exmilitante del desaparecido Partido Comunista de México
ha sido designado por López Obrador para
crear la comisión de la verdad. “Eso implica no solo reabrir el caso
Ayotzinapa, que se pretendía dar por cerrado con la llamada ‘verdad histórica’,
sino que también nos va a permitir tener un instrumento con la fuerza judicial
suficiente para revisar el expediente y continuar las investigaciones”, dice
quien se encargará desde diciembre de derechos humanos en la Secretaría de
Gobernación (Interior).
Encinas reconoce la solidez de la
“reconstrucción de los hechos” que hizo la Agencia de Investigación Criminal
(AIC) de la Fiscalía en el expediente. Difiere, sin embargo, en la conclusión
de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula en una
gigantesca pira encendida durante 17 horas en un fuego que alcanzó los 1.200
grados centígrados. Este desenlace es popularmente conocido como la “verdad
histórica”, que fue defendida por el exprocurador general, Jesús Murillo Karam.
Las autoridades tienen en su poder una
imagen a ojo de pájaro tomada en octubre de 2014 de la supuesta escena del
crimen. La fotografía muestra una mancha de 150 metros cuadrados en el sitio.
Para respaldar su afirmación, los investigadores tuvieron que escarbar en los
libros de historia para hallar otro referente de maldad semejante. Lo
encontraron en el Holocausto. Uno de los expedientes en manos de la AIC cuenta
con fotografías de cómo el Sonderkommando nazi quemó cuerpos de víctimas de los
bombardeos en Dresde en febrero de 1945.
Este hecho ha sido ampliamente
disputado. A José Torero, uno de los más reconocidos peritos internacionales en
fuegos, le bastaron 20 minutos de visita al basurero, diez meses después de los
hechos, para rechazar el incendio. El especialista publicó un experimento en la
reputada revista Science donde aseguró que Guerreros Unidos tendría
que haber echado mano de entre dos y cuatro toneladas de madera para incinerar
por completo los cuerpos. Aun así, se habría encontrado materia orgánica en el
sitio. A cuatro años de los hechos, solo han sido identificados los restos de
uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio.
“La parte fundamental que sostiene la
verdad histórica es la más endeble. No hay evidencia para demostrar que fueron
incinerados allí todos los muchachos”, señala Encinas. Los responsables de la
investigación, consultados por este diario, se defienden afirmando que se han
hecho 1.495 búsquedas de los estudiantes sin hallar otro paradero.
La solidez de la investigación comenzó a
hacer agua incluso para el Poder Judicial. En junio, un tribunal colegiado dictó
una histórica sentencia que ordenó la creación de una Comisión de
Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Tres magistrados
dieron razón a varias voces, una de ellas de la ONU, que encontraron que la
tortura fue una forma de extraer confesiones a decenas de imputados. A
regañadientes, un exfuncionario de la Fiscalía admite que existen dos casos de
tortura documentados, un policía local y Felipe Rodríguez Salgado, conocido
como El Cepillo, un supuesto sicario que habría dado la orden de asesinar
e incinerar a los estudiantes.
Reabrir la investigación
La decisión del tribunal fue respondida
con dureza por el Poder Ejecutivo, quien atacó la sentencia con más de 200
recursos judiciales y afirmando que era imposible crear la comisión. El jueves,
el tribunal resolvió de forma unánime que no existe tal imposibilidad.
Esto ha abierto una nueva vía para el
Gobierno de izquierdas de López Obrador. Encinas asegura que la comisión
estaría a cargo de la Fiscalía general. “Este sería uno de los primeros pasos a
atender en esta Fiscalía especializada en derechos humanos, la reapertura de la
investigación”. La nueva etapa de la pesquisa estaría acompañada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU, ambos
organismos han rivalizado duramente con el Gobierno de Peña Nieto por
la conducción de la investigación.
La ruta marca una diferencia con la
oposición, que ha presentado una iniciativa en el Senado para crear una
comisión de la verdad independiente del Poder Ejecutivo. “Los victimarios
principales en los patrones de violación de derechos humanos están relacionados
con el Estado mexicano. El Estado no podría investigarse a sí mismo, es un
absurdo”, considera Clemente Castañeda, legislador de Movimiento Ciudadano, de
centro izquierda.
El senador, que redacta la propuesta
basada en experiencias de comisiones de Chile, Argentina y Sudáfrica, intentará
persuadir a la Administración de López Obrador y a su partido, que tienen
mayoría en ambas cámaras del Congreso. “Si el Gobierno insiste en mantener el
control de la investigación le puede ocurrir lo que pasó en el Gobierno de Peña
Nieto, que mostró una ineficacia probada en la investigación de violaciones a
derechos humanos”.
Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la
CIDH, comparte una duda con el futuro Gobierno: “¿Qué hacemos con el pasado?”.
El hoy senador independiente aventura una respuesta. “No lo sabemos como país.
Y las ideas que encuentro en el nuevo Gobierno son muy inmaduras. Morena debe
definirse”. El defensor de derechos humanos cree que la comisión de la verdad
podría a ayudar a México a ahuyentar los fantasmas de su historia reciente.
Sería una forma de buscar salida del laberinto de Ayotzinapa, en el que el país
está perdido desde hace cuatro años.
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