Garantiza el próximo gobierno recursos para
proteger a periodistas
▲ Alejandro Encinas y Alfonso Durazo, próximos subsecretario de Derechos
Humanos en Gobernación y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, y
Loretta Ortiz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz.Foto
Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 14 de septiembre de 2018, p. 18
Viernes 14 de septiembre de 2018, p. 18
El próximo gobierno federal se comprometió a garantizar los recursos
necesarios para que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos
y Periodistas siga operando e incluso se fortalezca.
Asimismo, trabajará en la política
integral de protección y prevención a la labor y seguridad de los comunicadores,
combatirá la impunidad de crímenes cometidos contra el gremio, impulsará
mejores condiciones laborales y salariales en los medios y revisará la norma de
publicidad oficial (la llamada ley chayote) para que haya piso
parejoen la asignación de la propaganda gubernamental en medios.
Ayer, organizaciones en pro de la
libertad de expresión; periodistas que han sufrido persecución, agresiones o
desplazamiento, y defensores de derechos humanos se reunieron con Alfonso
Durazo, Alejandro Encinas y Luisa María Alcalde, quienes serán secretario de
Seguridad Pública, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación y secretaria del Trabajo, respectivamente, del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, para exponer la situación de la libertad de expresión y
los riesgos a los que se enfrentan los periodistas y presentar propuestas en el
tema.
El encuentro privado formó parte de los
foros para la pacificación convocados por el presidente electo. Se abordaron
temas como procuración de justicia e impunidad, medidas de protección,
condiciones y contexto de riesgo y responsabilidad de los medios de
comunicación y fortalecimiento del mecanismo, ya que podría dejar de operar a
finales de este mes por falta de recursos, dejando en riesgo a sus 702 beneficiarios.
También se habló de la
corresponsabilidad con los gobiernos estatales y fortalecer la vinculación y
trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, y es que, se mencionó, en
80 por ciento de las violaciones y ataques contra comunicadores están implicados
agentes del Estado; se expuso la necesidad de que las fiscalías sean más
eficaces y que existan mejores condiciones laborales para el gremio.
Al finalizar el encuentro, en sendas
entrevistas con medios de comunicación, Durazo y Encinas coincidieron en la
necesidad de que el mecanismo de protección se mantenga y fortalezca, pues ha
tenido una reducción presupuestal de casi 77 por ciento, al pasar de 279
millones 934 mil 117 pesos en 2016 a 64 millones 230 mil 588 este año.
Encinas indicó que si bien el próximo
gobierno está en la línea de que el mecanismo continúe y se fortalezca, ahora
es responsabilidad de la administración de Enrique Peña Nieto dotarlo de los
recursos suficientes para terminar este año y los primeros tres meses de 2019.
Si bien merece reconocimientos por su
desempeño, (el mecanismo) es una instancia que debe consolidarse, fortalecerse
y eventualmente reforzarse con algunas modificaciones de carácter legislativo y
administrativo que le permitan eficientar el trabajo de protección a
periodistas y defensores, porque no obstante la existencia y vigencia del
mismo, hay asesinados, aun cuando estaban recibiendo la protección, señaló
Durazo.
Sobre la ley chayote,
señalaron que la próxima administración federal transparentará el uso de los
recursos para la publicidad oficial y que la entrega de ésta no se usará para
presionar a los medios a publicar o ocultar cierta información. Habrá que
revisar a fondo esa ley (aprobada recientemente), donde habrá un
replanteamiento total. No se puede condicionar el uso de los recursos públicos
en materia de comunicación social, enfatizó Encinas.
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