Alejandro Encinas Rodríguez
3 de septiembre de 2018
A casi cuatro años de la
desaparición de los estudiantes, la @CIDH sostiene que se tiene que profundizar
en nuevas líneas de investigación.
PRESENTA CIDH INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE CASO DE
LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA
Carlos Salazar
Esmeralda Arosemena señaló que el informe es
resultado de un recorrido a los casi 4 años que han transcurrido desde la noche
de la tragedia, muchos de los cuáles permanecen sin respuesta
Representantes de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) presentaron en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” en Tixtla Guerrero el informe anual del Mecanismo Especial de
Seguimiento sobre la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes en
Iguala en septiembre de 2014.
En
el informe, de carácter preliminar, se insiste en desconocer la ‘verdad
histórica’ presentada por la Procuraduría General de la República, y se hace
énfasis en la necesidad de profundizar en otras líneas de investigación para
poder determinar el paradero de los estudiantes normalistas.
A la presentación del
informe acudieron la Vicepresidenta de la CIDH Esmeralda Arosemana, el
Vicepresidente Luis Ernesto Vargas, y el visitador Francisco Eguiguren. También
estuvo presente Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto
Comisionado de la ONU en México y Luis Raúl González, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Esmeralda Arosemena
señaló que el informe es resultado de un recorrido a los casi 4 años que han
transcurrido desde la noche de la tragedia, muchos de los cuáles permanecen sin
respuesta.
“En el caso de los estudiantes de
esta escuela, hoy estamos aquí cumpliendo con ese compromiso de solidaridad,
pero también de transparencia por nuestro trabajo, por nuestra obligación y
queremos hacerlo con ustedes”, señaló.
Muchos de los puntos
destacados del informe, señaló la representante de la CIDH, parten de las
observaciones y recomendaciones que han sido trabajadas por el grupo de expertos
de este organismo, y entre sus conclusiones propone a profundizar nuevas líneas
de investigación como la del trasiego de drogas en los autobuses, la
participación de autoridades policiacas, la investigación de las presuntas
torturas y malos tratos y las posibles obstrucciones en la investigación.
“El informe identifica
también grandes desafíos que en materia de la investigación, la búsqueda, la
atención a las víctimas todavía enfrentamos, porque hoy el paradero de los
estudiantes sigue siendo desconocido. Siguen pendientes varias líneas de
investigación que señalamos deben profundizarse. A la fecha no se han realizado
cambios en la narrativa para enfocar estas líneas de investigación”, detalló
Arosemana.
De
igual forma hizo un llamado a encontrar una nueva forma de enfocar las
investigaciones, integrar las líneas que ya han identificado el grupo de
expertos y la ONU y hacer una revisión n autónoma, imparcial, independiente,
integral de toda la investigación que obra en el expediente.
“Esperamos, confiamos, tenemos esta luz de esperanza, que la
renovación del gobierno pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una
investigación con ética profesional, autónoma, eficaz”, concluyó.
A
la petición al próximo gobierno federal se sumó Jan Jarab de la Oficina del
Alto Comisionado, quien destacó que el Ejecutivo que tomará protesta el próximo
1 de diciembre deberá considerar como punto de partida para revitalizar la
investigación, sin dejar de tomar en cuenta la presunta complicidad entre los
grupos criminales con distintos niveles de gobierno.
“El caso de los 43 de
Ayotzinapa no ha eclipsado los demás casos de desapariciones sino ha
visibilidado una tragedia de desaparición que vive el país y la falta de
respuesta adecuada por parte del Estado. Se han convertido en símbolos que van
más allá del propio caso”, dijo Jarab.
Por su parte, Luis Raúl
González Pérez recalcó que la colusión de las autoridades con la delincuencia
organizada dieron origen a que se suscitara una serie de violaciones graves de
los derechos humanos en Guerrero entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014,
lo más grave la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Esta salvajada
visibilizó la aparente normalidad que existe, esa geografía del horror que
significan las desapariciones en el país”.
Asimismo, destacó que la principal tarea que tiene
la nueva administración en cuanto al caso de los 43 normalista es el derecho a
la verdad.
“Desde luego queremos el acceso a la justicia, la
reparación integral y las garantías de no repetición, pero el derecho a la
verdad es un eje transversal”, señaló.
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