10 de septiembre 2018

Alejandro Encinas Rodríguez

Garantizar el derecho a la memoria y la verdad

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Será para Ayotzinapa primera comisión de la verdad

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador analiza incluir casos de Ayotzinapa ,Nochixtlán y Tlatlaya

Ilustración: ROSARIO LUCAS

10 septiembre 2018 | 02:42 | Mariluz Roldán

Para lograr la pacificación de México no existe una guía exacta de los pasos a seguir, pero si se considera la experiencia internacional en América Latina, todos iniciaron con la instalación de una comisión de la verdad que conduce a una ley de amnistía, que sea un incentivo para que los delincuentes confiesen y se tenga más información de los crímenes, pero sin dejarlos en libertad, coinciden especialistas.

El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, analiza diversas modalidades de comisiones sobre casos específicos y el primero que será el caso Ayotzinapa, “que tiene que ser ejemplar y sentar un precedente con resultados”, pero se están abordando otros hechos representativos como Nochixtlán, Tlatlaya y las fosas de San Fernando, armó Alejandro Encinas, designado subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Creo que esto va a romper mucho con la ortodoxia, pero se necesitan soluciones muy heterodoxas para enfrentar los grandes problemas que tenemos de violación a los derechos humanos. Lamentablemente el país está convertido en una gran fosa clandestina”, enfatizó.

Encinas Rodríguez destacó que “las comisiones de la verdad son un primer paso para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad de todas las víctimas y de sus familiares, pero nosotros queremos ampliar el concepto, porque creemos que no es suficiente que se conozca la verdad, sino que se aplique la justicia y se termine con la impunidad”.

Los cuatro pilares

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que en la justicia transicional es “importante que no se pierdan de vista cuatro pilares: verdad, justicia para que no tengamos impunidad, las reparaciones a las víctimas y las garantías de no repetición”.

“Una vez que se lleva a cabo un proceso de esclarecimiento de hechos históricos hay que echar mano de las otras herramientas de la justicia de transición, que puede ser juicio a los perpetradores. Por último, cuando es el caso, a través de la verdad se llega a una serie de opciones, que son la amnistía, reducciones de pena, indultos, concesiones o incentivos para que la gente en algún momento hable”, explicó Fabián Sánchez, abogado especialista en justicia de transición del ITAM.

Detalló que el proceso se lleva a cabo cuando se transita de una dictadura a la democracia o después de un conflicto, por lo que la situación de México es difícil de comparar con otros países, pero el común denominador es que todos enfrentan “problemas extraordinarios con medidas extraordinarias”.

Ejemplos en América Latina

En América Latina se han implementado siete comisiones de la verdad, en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, El Salvador y Bolivia, a las cuales se les ha llamado de diferente manera. Destaca también el caso de Sudáfrica, donde se instauró ese mecanismo al concluir el periodo conocido como Apartheid, mientras que en Europa, España propone crear una para revisar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

Avances a observar

La ONU define la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a n de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirva a la justicia y logre la reconciliación”.

Alcanzar la paz “es la parte más complicada, porque vas a tener por un lado órganos como una comisión de la verdad trabajando, pero en un marco, donde en México todavía tenemos violaciones generales de garantías. No basta con conocer la verdad, sino que la información que se obtenga sirva para generar ese proceso de pacificación, de lo contrario, de nada sirve conocer la verdad sin parar el proceso de terror”, armó Daniel Vázquez, investigador de Flacso. Avances a observar

Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, indicó que el último punto puede ser una ley de amnistía que “no podría ser total, sino a quienes participen en el proceso y confiesen sus crímenes, —a ellos, dice— vamos a reducirles las penas, además, no se limpiarán sus antecedentes. Hay distintas formas de hacerlo”.

Los expertos coincidieron en que el proceso será tardado, pero aseguraron que habrá resultados paulatinamente, por ejemplo, se podría conocer la verdad dos o tres años después de la implementación de la comisión, a mediano plazo habría garantías de no repetición y a largo los juicios a perpetradores.

Si se logran aplicar todas las medidas de la justicia de transición, el panorama parece prometedor: “Se tiene muy claro que países que han echado a andar estos procesos de justicia transicional, principalmente verdad y justicia, tienen una disminución de los índices de criminalidad, lo que es importante para un país como México, en el que la criminalidad va en aumento.

“Si echamos a andar el proceso a la mexicana, pero bien hecho, mirando las experiencias de otros países, vamos a tener consecuencias positivas”, dijo Sánchez del ITAM.

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