Constituyente CDMX: inicia el debate

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes, 4 de octubre de 2016

Muchos de los derechos que contempla el proyecto no implican erogación económica, sino voluntad política.

Una vez definidas las reglas que regirán los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta semana se tendrá que elegir a la mesa directiva y la integración de las ocho comisiones que ordenarán el debate y analizarán las propuestas de los constituyentes, así como de los capitalinos y sus organizaciones, lo que permitirá dilucidar los puntos centrales del debate y conocer el alcance del proyecto elaborado por un grupo plural y presentado por el Jefe de Gobierno.

Pese a su trascendencia, debemos asumir que el Constituyente no ha despertado el interés esperado en la sociedad capitalina, reflejo evidente del descrédito de la política nacional y sus instituciones, a lo que se suma el hecho de que, hasta ahora, muchas de las opiniones vertidas sobre el proyecto de Constitución denotan prejuicios, mala fe, y desconocimiento de un documento que es resultado del trabajo colegiado de un grupo plural e interdisciplinario, que retomando un sinnúmero de propuestas, formuló un documento que rompe con el enfoque de los juristas tradicionales e incorpora, además de conceptos novedosos, una visión a contracorriente de las reformas neoliberales que han desmantelado el carácter social y las responsabilidades del Estado, imponiendo la dictadura del mercado en la Constitución Política del país.

Por ejemplo, hay quien sostiene que el 80 por ciento del proyecto de Constitución contiene una clara intención privatizadora, con la que se pretende entregar al sector privado funciones sustantivas del gobierno a través de la figura de asociaciones público-privadas, cuando el proyecto establece que el Gobierno de la Ciudad asegurará el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la ciudad; que los usos del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados darán prioridad al interés social; que el interés público prevalecerá sobre el interés privado, y que el suelo y la propiedad deberán cumplir una función social, para permitir el disfrute de la ciudad y la satisfacción de las necesidades individuales y de la comunidad.

Incluso hay quien ha afirmado que el proyecto promueve la privatización del agua, cuando este recurso vital se concibe como un derecho humano y un bien público, por lo que el artículo 14, inciso H, numeral 2 propuesto, señala: “Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.

Dentro de los primeros escarceos del debate que se avecina, destacan las posiciones de quienes consideran que el proyecto contiene “demasiados derechos”, que se trata de una carta de buenas intenciones que no podrá cumplirse pues se carece de recursos suficientes para ello.

Este será uno de los debates centrales. Se trata del choque de dos visiones profundamente contrapuestas, entre quienes consideran que el ejercicio de los derechos depende de la capacidad económica de la autoridad para su cumplimiento, lo que sustentó las bases de un estado paternalista y autoritario del que derivaron las prácticas clientelares y corporativas más corruptas que medran con la pobreza y la precariedad de vida de las personas; y quienes concebimos la importancia de avanzar en una constitución garantista, donde es derecho de las personas su exigencia y obligación del Estado su garantía.

Quienes pretenden descalificar la carta de derechos de las personas; el derecho a la ciudad; los derechos sociales y la ampliación de derechos políticos que contiene el proyecto, olvidan el debate de 2011, cuando se reformó el Artículo Primero Constitucional para incorporar los derechos humanos a nuestra carta magna, como derechos inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y exigibles, y los principios pro persona, de progresividad y no regresión, a ἀ渄n de que estos dejen de ser una aspiración.

Además, muchos de los derechos que contempla el proyecto no implican erogación económica alguna, sino voluntad política y un rediseño institucional: el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de pensamiento, reunión y asociación; el derecho a la privacidad, a la elección de identidad social y cultural, a no ser discriminado, excluido y a vivir en igualdad de condiciones en la comunidad, al igual que los derechos de la democracia participativa como el referéndum y la revocación de mandato.

Por supuesto que es necesario el rediseño de la administración pública y de los programas sociales en la Ciudad de México, evitando la duplicidad y la proliferación indiscriminada de programas, combatiendo las prácticas corporativas, lo que contribuirá a garantizar y optimizar los recursos asignados y su impacto positivo en el combate a la desigualdad, lo que además de mostrar la viabilidad de una Constitución de derechos, derrotará la frívola visión neoliberal que busca limitar los derechos de las personas a la disponibilidad presupuestal, y que podríamos resumir con el epígrafe: “dime cuánto tienes, y te diré para cuántos derechos te alcanza”.

Diputado constituyente