POSICIONAMIENTO DEL GRUPO CONSTITUCIONALISTA EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

12 DE OCTUBRE DE 2016

Coordinador: Porfirio Muñoz Ledo

A juzgar por lo que hemos avanzado durante apenas tres semanas, existe una voluntad clara de acometer nuestra tarea con responsabilidad política y compromiso histórico. El Reglamento innovador que nos dimos fue aprobado casi por unanimidad y los debates han fluido con libertad.

Este proceso no es fruto de un levantamiento armado, ni de la suspensión del orden jurídico. Se produce en el marco de una transición que determinó la singular composición de este órgano al que corresponde el ejercicio de la soberanía popular sobre el régimen interno de la ciudad.

La definición de un proyecto de largo plazo está permeado inevitablemente por la cercanía de eventos electorales. Habrá de ser, no obstante, el contenido de la Constitución el núcleo de nuestras deliberaciones.

Hoy conocemos explícitamente las visiones de los actores parlamentarios sobre el proyecto. Sus coincidencias y sus disensos: un mapa anticipado de obstáculos y expectativas, también los focos rojos que debemos atender.

Los medios de información han desencadenado, con asombrosa simultaneidad, un enconado debate sobre el proyecto, aunque no siempre reflejen el conocimiento de sus antecedentes y la comprensión de su integridad, escasa vocación para la lectura y parcialidad manifiesta en el análisis.

Sobresale el escepticismo respecto de un ejercicio de esta envergadura, como si se tratase de una futilidad. En un país que está lejos de haber implantado un Estado de Derecho y donde predominan las reglas no escritas, esta actitud parecería explicable. Ignoran, sin embargo, la añeja batalla constitucionalista que ha marcado la trayectoria de la nación.

El rechazo casi bicentenario de la coexistencia entre dos ámbitos de soberanía en la capital de la República ha sido causa eficiente de formas recurrentes de centralismo ostentoso o simulado. Por lo contrario, la autonomía gradual de la ciudad y el incremento de las prerrogativas de sus habitantes se han convertido, durante las últimas décadas, en el epicentro de la democratización que el país ha alcanzado.

A partir del desastre de 1985, las y los capitalinos se adueñaron del espacio público, las organizaciones sociales se multiplicaron y la oposición obtuvo la mayoría desde 1988. Primero, el fenómeno social, después el hecho político abrumador y finalmente, los acuerdos sucesivos que condujeron a la proclamación de una Constitución para la ciudad.

Los cambios que la capital ha efectuado en la ampliación de los programas sociales y de las libertades públicas, le han valido el reconocimiento nacional e internacional como una ciudad de vanguardia. Por algún temor insano, algunos se oponen a que lo sea en mayor escala, como resultado de un nuevo pacto social.
Todas las constituciones relevantes generan transformaciones en la vida de los países. Los postulados de 1814 continúan encarnando el proyecto originario de la nación. La Carta de 1824 evitó la disgregación del país, que más tarde fue cercenado por la imprevisión de los estatutos conservadores. La Constitución de 1857 desembocó, tras dolorosos episodios armados, en la consolidación de la República.

¿Quién pondría en duda que las decisiones de 1917 son la matriz del México moderno, aunque hayan costado guerras intestinas, amagos extranjeros y hasta nuestra exclusión de la Sociedad de las Naciones? Ninguno de esos males habrá de repetirse por la promulgación de esta carta constitucional.

Los vientos civilizatorios corren en favor de nuestro empeño. El desarrollo de las ciudades y las metrópolis ha probado la necesidad de que éstas cuenten con sistemas normativos propios que faciliten la coexistencia de los grupos que las componen, establezcan objetivos de largo plazo y expandan los derechos de sus pobladores.

Asombra la prédica de los fundamentalistas –denominados “energúmenos” por Cosío Villegas–, que consideran las prerrogativas y obligaciones de la ciudadanía, como una atadura para la libertad. Sus relojes intelectuales se detuvieron antes de la Revolución Francesa, por lo que consideran “ominosa” la idea de un Contrato Social. Pretenden restaurar la noción abstracta del individuo, que esconde todas las desigualdades y las marginaciones.

No pocos levantan las armas contra la ampliación de los derechos humanos y los califican de utópicos o inconstitucionales. Desdeñan que el artículo 1º de la Carta Magna es fundamento del pacto federal y que los derechos contenidos en este proyecto están ya consagrados en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Pretendemos visibilizar aquellos que responden a las demandas más sentidas de la sociedad y sus organizaciones.

El proyecto base de la discusión es fruto de numerosas propuestas, extensas consultas y la recepción de iniciativas de la ciudadanía que el método de parlamento abierto adoptado por esta Asamblea, habrá de confirmar, complementar y aun, acrecentar.

La propuesta es aspiracional, como todas las constituciones lo son. No es sin embargo un texto declarativo, ya que está acompañado de un sistema de tutela judicial efectiva. Obliga a las autoridades y exige su observancia y cumplimiento por los particulares. Proponemos una Constitución enteramente normativa.

En cuanto a la disposición material de los recursos, el enfoque es progresivo, privilegiando a las personas que más lo necesiten. Supone una política económica redistributiva, principios de austeridad en el ejercicio de la función pública, un nuevo pacto fiscal y una participación más justa de la ciudad en la hacienda federal.

Preocupa a los retrógradas la afectación de intereses creados y una visión del progreso fundado en la reducción de las brechas de desigualdad, abiertamente contrario al modelo económico imperante.

En el trasfondo de las críticas se encuentra la pervivencia del dogma neoliberal. En virulentos ataques subyace la aversión al Estado social y democrático de derechos. Algunos anuncian que pretendemos restaurar el Estado filantrópico, lo que es totalmente ajeno a este proyecto libertario.

El debate informado ha sido reemplazado por la defensa irracional de los privilegios. Abundan los cazadores de frases sueltas que escinden los conceptos de su contexto y fundamentación jurídica. Pareciera una campaña de desinformación y de reiteradas mentiras. Mientras unos quieren ver un proyecto privatizador, otros encienden la alarma contra un Leviatán inexistente y pretenden engañar a la sociedad por el peligro imaginario de una constitución “comunista”, rescoldo insólito de una Guerra Fría que considerábamos extirpada.

Quienes denuncian excesos en la adjetivación del proyecto, se regodean en una retórica deleznable. Los infundios no definen a la propuesta, sino al talante de los detractores.

Responderemos las diatribas con argumentos. Bastaría una lectura imparcial de la exposición de motivos para entender la coherencia y alcances del proyecto, así como la naturaleza inclusiva e integrada de las propuestas que lo nutren.

El documento se articula conforme a una nueva sistemática constitucional fundada esencialmente en la Carta del Derecho a la Ciudad y en la indispensable sostenibilidad del desarrollo que asegure el porvenir de las nuevas generaciones.

Contiene innovaciones en todos los campos y persigue como objetivo primordial la devolución del poder a la sociedad, como piedra angular de la redistribución de la riqueza y el bienestar, así como la construcción de una democracia integral: representativa, directa y eminentemente participativa.

El proyecto está inspirado en el imperativo de preparar a la ciudad frente al desafío de la globalización y de incrementar nuestra contribución a la solución de los grandes problemas de la humanidad.

Esta representación conoce el proyecto, lo ha reflexionado e iniciará sus debates con enjundia y ponderación. No me detendré en la descripción de sus contenidos. La discusión artículo por artículo y la armonización del texto, nos coloca frente al reto de la coherencia y la mirada de la conciencia pública.

El Grupo Constitucionalista a cuyo nombre hablo, sabe que toda propuesta es perfectible y que al final de la jornada, todas y todos habremos de felicitarnos por haber cumplido una obra trascendental para la ciudad y para la nación.

Muchas gracias.