La nueva legislación en materia de Asentamiento Humanos,
tiene la obligación de poner en el centro de la atención: el derecho a la
ciudad y la función social de la propiedad. Encinas Rodríguez
Miércoles, 25 Mayo 2016
La propiedad debe sujetarse al interés público, no al interés de
particulares y debe de alentarse a construir ciudades integradas que permitan
cohesión social.
Durante su participación en el Seminario Nacional de Planeación del
desarrollo urbano y regional en México, celebrado en el Instituto de
Investigaciones Económicas del UNAM, el senador, Alejandro Encinas manifestó su
compromiso por buscar mecanismos legislativos que estén a la altura de las
necesidades de la metrópolis.
“tenemos la obligación, derivada de la reforma que dota a la Ciudad de
México de autonomía, de hacer una ley de desarrollo metropolitano del Valle de
México que será el precedente para hacer un rediseño de toda la legislación en
materia de las 59 grandes metrópolis que tenemos en el país y la definición de
la Constitución Política de la CDMX”
Resaltó que hoy se tiene el reto y la oportunidad de hacer
una reflexión profunda en el marco legislativo, porque dijo,
estamos a punto de aprobar una nueva ley general de asentamientos humanos que
tiene que buscar un replanteamiento de la política y en la planeación del
territorio, contemplando los temas de sustentabilidad, como principio
fundamental y sumar la integración de todos los sectores de la sociedad en la
edificación de ciudadanía y en la construcción de derechos que permitan
vivir en ciudades habitables y con bienestar.
“Es momento de ir pensando diferente en el diseño de las leyes y en el diseño
de la gestión pública e incluso en las formas de gobierno en este país:
Necesitamos ciudades que se integren, no que segreguen a los ricos de los
pobres y que son excluyentes y que rompen la cohesión social”.
Agregó que habrá que modificar el concepto de conurbaciones porque ya
estamos en el reconocimiento de zonas metropolitanas plenamente integradas
económica, social, culturalmente e interdependientes que no reconocen
jurisdicciones políticas ni divisiones territoriales entre entidades y también
habrá que modificar, de la legislación vigente, el control del desarrollo
urbano, donde muchas de las medidas no se cumplen.
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