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Pronunciamiento sobre la situación de los Derechos Humanos en México.

Sábado, 14 Mayo 2016

La violación de los derechos humanos en México es sistémica y estructural. Se ha agravado hasta volverse crítica. Su deterioro se agudizó desde hace una década, cuando el gobierno de Felipe Calderón implementó una política de combate al narcotráfico basada en el uso de la fuerza y en la aplicación del “derecho penal del enemigo” contra los grupos delincuenciales.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad del INEGI estimó 33.7 millones de delitos asociados a 22.8 millones de víctimas durante el año de 2014. Según la misma institución,la tasa de homicidios se incrementó en más de 150% entre 2006 y 2013.

El 93% de los delitos quedaron impunes, ya fuera porque no se iniciara una averiguación previa, o porque la víctima decidiera no denunciar. Según datos recopilados por México Evalúa, el 66% de delitos graves como el secuestro, el homicidio y la violación, cometidos en 2013, no fueron denunciados por las víctimas directas o indirectas por causas atribuibles a la autoridad, como: el miedo a la extorsión; los trámites largos y difíciles; la desconfianza; o por diversas actitudes hostiles.

El comportamiento omiso de autoridades, con frecuencia incompetentes o simplemente coludidas con el crimen organizado, representa de suyo una gigantesca, enorme violación del derecho fundamental al acceso a la justicia. Con frecuencia es la propia autoridad la que secuestra, desaparece, tortura y ejecuta a las personas, como sucedió en Iguala, Guerrero en 2014, o en Tierra Blanca, Veracruz hace apenas unos meses.

La impunidad crónica y la corrupción que le subyace, son la base de la actual crisis de los derechos humanos de México. No son situaciones recientes: vienen de décadas atrás. Son el resultado de una construcción social, la herencia de un pasado autoritario que nunca se desmanteló del todo. La violencia e inseguridad que padecemos desde hace una década, provocaron el colapso de un sistema de justicia esclerótico, obsoleto y corrupto, caracterizado por la ineficacia, la falta de capacidad técnica y material, y la casi nula voluntad para investigar y castigar efectivamente los hechos delictivos.

La incapacidad, ha sido sustituida por una política de seguridad que privilegia el uso de la fuerza para imponer la paz pública, situación que no parece que vaya a modificarse en el futuro previsible, pese a las proclamas de las autoridades respecto a la implantación de un nuevo sistema de justicia penal.

La impunidad de las violaciones a los derechos humanos se agrava por la decisión deliberada de no investigarlas, o bien de distorsionar los hechos y amañar pruebas, o de plano fabricarlas cuando la presión social sobre las autoridades se hace efectiva.Valga el reciente ejemplo de la investigación sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, revelado hace unos días por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia a laProcuraduría General de la República. El cumplimiento de las recomendaciones del informe de este grupo, reclamado en el país y en el mundo, entero es unos de los más importantes pendientes de la actual administración.

El combate a la impunidad debe ser el fundamento de una política de derechos humanos. Debe partir del diseño de un sistema de seguridad pública y de justicia sobre bases verdaderamente democráticas, capaces de:

Sancionar efectivamente a los criminales y proteger a las víctimas.Disminuir las tasas de violencia y criminalidad en el país implica mucho más que incrementar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad. Es necesario reparar las fallas procesales y procedimentales del sistema de justicia, especialmente en la fase de investigación, para garantizar que personas inocentes no sean inculpadas por delitos que no cometieron, y aquellos culpables sean debidamente sancionados.     

Abatir las tasas delictivas.La delincuencia es la consecuencia de males muy profundos en la sociedad, y no se puede dejar exclusivamente al sistema de seguridad y al de justicia. Se requiere de vigorosas políticas públicas que combatan la desigualdad y aseguren la inclusión y la cohesión social, Es fundamental lograr la confianza de la ciudadanía. La debilidad institucional del sistema de justicia es uno de los factores principales del incremento de la criminalidad. Las prácticas autoritarias, violatorias de los derechos fundamentales, son absolutamente contraproducentes: las fuerzas de seguridad son percibidas como el enemigo, y no como servidores públicos al servicio de la población.

Mejorar las relaciones entre la comunidad y las autoridades.Las instituciones encargadas de prevenir y combatir la criminalidad deben de gozar de legitimidad y respaldo social amplio. La confianza entre sociedad e instituciones debe ser mutua, y basarse en el entendido de que su función es proteger los derechos de las personas.

México está urgido de sistemas de seguridad y justicia que garanticen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las innumerables víctimas de la violencia y criminalidad. Esta es la única garantía de que no se repitan estos hechos. Convoquemos a un gran diálogo nacional para exigirlos.

Ciudad de México 12-05-2016