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Constituyente
Senador
Respeto a la Junta Rural del Agua en Coyotepec. Estado de México y
pronta liberación de su administrador: Encinas Rodríguez.
Jueves, 26 Mayo 2016
Ante la reciente detención de los líderes de la
Junta Rural del Agua en Coyotepec. Edo Mex, el senador Alejandro Encinas
Rodríguez, exigió la inmediata liberación de Sergio Velázquez Morales,
Presidente de la Administración de Agua, así como de Roberto Anguiano, Efraín
Robles y Anselmo Zárate, detenidos hoy por la policía estatal y derivado de la
abierta disputa por el agua potable entre los ciudadanos y el actual
ayuntamiento panista, respaldado por el Gobierno del Estado de México
Encinas Rodríguez recordó que desde 1963 fueron los
habitantes y nos las autoridades quienes a través de faenas comunitarias y
aportaciones económicas voluntarias, perforaron el primer pozo y ellos mismos
decidieron administrar su agua, primero con la llamada Junta Rural de Agua Potable
y actualmente con el Comité de Agua Potable de Coyotepec, el cual se renueva de
manera democrática cada tres años.
Para el Senador por el Estado de México, la
importancia estratégica del acceso y control del agua potable radica en el
Proyecto Ciudades Bicentenario anunciado el 31 de julio de 2007 por el entonces
gobernador, Enrique Peña Nieto, el cual, después de nueve años, ha construido
miles de viviendas con materiales de baja calidad, falta de infraestructura,
agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, transporte público y sobre
todo ha sufrido un aumento permanente de inseguridad.
El proyecto de Ciudades Bicentenario inició con
seis municipios –Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y
Almoloya de Juárez-, en los cuales para el 2020 albergarían a 3 millones de
personas, fue un ejercicio donde a decir del entonces gobernador, conjuntarían
la planeación gubernamental con el espíritu empresarial de los mexiquenses para
construir ciudades modelo, autosuficientes, ambientalmente viables,
económicamente competitivas y socialmente justas.
En este contexto se ubica la lucha por el agua
potable en Coyotepec, municipio vecino de Tecámac, que ha cobrado al menos dos
vidas y decenas de heridos en el desalojo del bloqueo en la autopista, México-Querétaro
en el año 2013.
Encinas Rodríguez expresó que el Gobierno del
Estado de México debe intervenir de inmediato por la vía pacífica y no de
represión, para solucionar el conflicto, respetando los usos y costumbres con
las que eligieron a la Administración de Agua potable y evitar mayor
confrontación.
La nueva legislación en materia de Asentamiento Humanos,
tiene la obligación de poner en el centro de la atención: el derecho a la
ciudad y la función social de la propiedad. Encinas Rodríguez
Miércoles, 25 Mayo 2016
La propiedad debe sujetarse al interés público, no al interés de
particulares y debe de alentarse a construir ciudades integradas que permitan
cohesión social.
Durante su participación en el Seminario Nacional de Planeación del
desarrollo urbano y regional en México, celebrado en el Instituto de
Investigaciones Económicas del UNAM, el senador, Alejandro Encinas manifestó su
compromiso por buscar mecanismos legislativos que estén a la altura de las
necesidades de la metrópolis.
“tenemos la obligación, derivada de la reforma que dota a la Ciudad de
México de autonomía, de hacer una ley de desarrollo metropolitano del Valle de
México que será el precedente para hacer un rediseño de toda la legislación en
materia de las 59 grandes metrópolis que tenemos en el país y la definición de
la Constitución Política de la CDMX”
Resaltó que hoy se tiene el reto y la oportunidad de hacer
una reflexión profunda en el marco legislativo, porque dijo,
estamos a punto de aprobar una nueva ley general de asentamientos humanos que
tiene que buscar un replanteamiento de la política y en la planeación del
territorio, contemplando los temas de sustentabilidad, como principio
fundamental y sumar la integración de todos los sectores de la sociedad en la
edificación de ciudadanía y en la construcción de derechos que permitan
vivir en ciudades habitables y con bienestar.
“Es momento de ir pensando diferente en el diseño de las leyes y en el diseño
de la gestión pública e incluso en las formas de gobierno en este país:
Necesitamos ciudades que se integren, no que segreguen a los ricos de los
pobres y que son excluyentes y que rompen la cohesión social”.
Agregó que habrá que modificar el concepto de conurbaciones porque ya
estamos en el reconocimiento de zonas metropolitanas plenamente integradas
económica, social, culturalmente e interdependientes que no reconocen
jurisdicciones políticas ni divisiones territoriales entre entidades y también
habrá que modificar, de la legislación vigente, el control del desarrollo
urbano, donde muchas de las medidas no se cumplen.
Alcaldías
CDMX
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 17 de Mayo
de 2016
Aunque la discusión en torno a la Constitución de
la Ciudad de México se ha centrado en el tema de los derechos humanos y civiles
que debe mantener a la naciente entidad como en la avanzada en el ejercicio de
libertades en el país, uno de los temas más importantes que habrá que resolver
es el de las alcaldías que conformaran la unidad básica de organización
interna de la Ciudad, a partir de demarcaciones conformadas por habitantes,
territorio y autoridades políticas democráticamente electas.
La creación de estos órganos político
administrativos implicará el replanteamiento de la administración pública de la
Ciudad, dejando atrás los gobiernos unipersonales de las actuales delegaciones
políticas que han dado lugar a la existencia de verdaderos cacicazgos, para dar
paso a órganos colegiados de gobierno integrados de manera plural en concejos
que además de la supervisión y vigilancia del buen desempeño de los diversos
programas y acciones de la administración pública y del ejercicio del gasto,
será el contrapeso al titular del gobierno, el Alcalde, favoreciendo la
fiscalización y rendición de cuentas.
Las nuevas Alcaldías abren además una oportunidad
para avanzar en el diseño de nuevas formas de gobierno y de relación de los
ciudadanos con la autoridad, estableciendo modalidades novedosas para la
participación ciudadana en los asuntos públicos, que aunados a los instrumentos
de democracia directa que la Constitución ha de establecer (plebiscito,
referéndum, revocación de mandato, entre otros),
permitan el reconocimiento de la
diversidad cultural de la sociedad capitalina, de sus pueblos originarios, sus
barrios y colonias.
Sin embargo es necesario antes desenmarañar algunos
nudos derivados del anquilosado régimen federalista, en un país sumamente
centralizado, así como de una legislación elaborada para una organización
política cada día más distante de la realidad que vive nuestro país, cuya población
se concentra en zonas metropolitanas que no reconocen límites territoriales ni
barreras jurídicas en su vida cotidiana.
Las futuras alcaldías -que no serán municipios ni
delegaciones políticas- son órganos políticos administrativos que deberán
superar la tensión permanente entre centralización y descentralización, que de
manera natural se presentará en una administración unitaria en la Ciudad, por
lo que es necesario establecer con toda claridad sus facultades y competencias,
así como los espacios de concurrencia con el gobierno de la Ciudad,
permitiéndoles un nivel de autonomía relativa que les facilite cumplir con la
gestión de servicios de calidad que les corresponda, y contar con instrumentos
eficaces que permitan vincular su acción con la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos
De igual manera, se debe superar la estrecha visión
territorial de su demarcación, accediendo a nuevos modelos de gestión pública,
como la asociación entre alcaldías, o entre estas y los municipios colindantes
para la prestación de servicios o el desarrollo de infraestructura, y la
creación de un Concejo de Alcaldes –retomando las experiencias exitosas del
Cabildo municipal- que construya un espacio de coordinación y planeación entre
el Jefe de Gobierno y los alcaldes sobre el desarrollo inmediato y futuro de la
capital.
Un tema nodal que ha de resolver la Constitución de
la CDMX es la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en el ámbito
metropolitano, donde las alcaldías y municipios deben concurrir con sus
respectivos gobiernos locales, asumiendo que la integración e interdependencia
es tal que se requieren nuevas formas de gestión pública, lo que exige, además
de la Ley de Desarrollo Metropolitano que mandata la reforma constitucional
para el Valle de México, voluntad política para delegar, sin menoscabo de la
soberanía o los limites jurídicos, algunas funciones (planeación urbana,
desarrollo territorial, movilidad, gestión de residuos, políticas
ambientales), a autoridades metropolitanas. Más aún en una región en la que se
ha venido configurando la identidad de una ciudadanía metropolitana. (Senador
de la República)
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