Participación Sen. Alejandro Encinas
Miércoles, 18 Febrero
2015
https://www.youtube.com/watch?v=bhGnkD3AYqo&feature=youtu.be
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Esperamos que
en la Ley de Transparencia se den responsabilidades a gobiernos estatales y
federal para que entreguen toda la información relativa a deuda pública:
Encinas Rodríguez
Martes, 17
Febrero 2015
Durante la discusión del dictamen por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, al hacer
uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que el
dictamen que se discute ha pasado por un proceso legislativo sui géneris ya que
tuvo cinco turnos consecutivos antes de ser dictaminado, ya que existía
controversia acerca de cuál cámara debía de conocer el asunto del endeudamiento
de estados y municipios.
El senador Alejandro Encinas afirmó que no es
el único caso en el que se han tenido diferencias con la Cámara de Diputados ya
que en los temas que pretenden acabar con la impunidad como la rendición de
cuentas y transparentar las finanzas de estados y municipios ha sufrido
una especie de veto legislativo por parte de la colegisladora.
Respecto a la necesidad de fortalecer al
federalismo coincidió con el senador Manuel Bartlett con algunos matices,
como el dotar con mayores facultades al Congreso de la Unión para fiscalizar el
ejercicio de la deuda en los Estados y municipios, señaló que no es un acto de
injerencia en la vida de los Estados, sino el fortalecimiento de la labor de
fiscalización que debe de realizar el Congreso en cuanto al ejercicio de los
recursos públicos y en el caso del Senado como representante del Pacto Federal
deberá enfrentar el caciquismo, el abuso, y la profunda corrupción en la que
han incurrido varios gobernadores de las entidades federativas.
Manifestó que efectivamente la Secretaria de
Hacienda tendrá mayor injerencia de la definición del endeudamiento en los
Estados y estos tendrían un beneficio indirecto, ya que al otorgar la
garantía a la Secretaria de Hacienda la calificación de su deuda sería mejor y
podrían contratar en mejores condiciones de tiempo y con tasas de interés más
baja.
El presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos, Segunda destacó que en el año 2004 y 2014 se cuadruplicó el
endeudamiento de los Estados y municipios al pasar de 135 mil millones de pesos
a 510 mil millones de pesos, es decir, poco más de medio millón de pesos
de acuerdo con información de la propia Secretaria de Hacienda, por lo que no
impactó en inversión productiva, ni en generación de empleos, ni en el
desarrollo regional en los Estados.
Señaló que en función del monto del endeudamiento
al cierre del 2014 son tres las entidades más endeudadas: el Distrito Federal
con 66 mil 800 millones de pesos, Nuevo León con 61 mil 180 millones de pesos y
Chihuahua con 41 mil 894 millones de pesos.
Manifestó que el problema no es el monto de
endeudamiento, sino la capacidad de soportar en función no solamente de los
ingresos locales, sino del producto interno bruto que se genera en cada
entidad.
Resaltó que si se hace el análisis de estos Estados
desde su PIB cambia sustancialmente la deuda y se encontraran como los
Estados más endeudados del país: Chihuahua que representa 9.2% de su
PIB, Quintana Roo 8.6% y Chiapas 6.8%.
Lamentó los excesos desmedidos en el que han
incurrido gobernadores y alcaldes, como en el 2011, en el
Estado de Coahuila , en donde el Gobernador Humberto Moreira contrató con
documentación falsa y sin aprobación del Congreso un pasivo estatal por 36 mil
676 millones de pesos de los cuales solo el 15% fue destinado para
infraestructura y reservo el acceso a esta información hasta el año 2019, la
información de una deuda que aumento durante su gestión en 19 mil 270 %.
El caso de Tabasco el gobernador Arturo Núñez
hizo público un desfalco a la Hacienda Pública Local por 27 mil 200 millones de
pesos de los cuales 1,900 millones de pesos provenían de programas federales y
17 mil 700 venían de deuda pública, sin ningún sustento de carácter documental
que llevó no solamente a 2 mil 300 millones de pesos con proveedores, sino a 5
mil millones de pesos de déficit presupuestal.
El caso de Zacatecas que es el segundo lugar de
crecimiento de deuda pública en donde en los últimos años la deuda paso de 477
millones de pesos al cierre del 2009, a más de 8,250 millones de pesos al
cierre del 2012, con una tasa de crecimiento de 1630% de deuda del
2009 al 2012.
Por último, el senador Encinas Rodríguez mencionó
el caso del Estado de Guerrero donde de acuerdo con datos del
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico durante la gestión del actual
Dip. Manuel Añorve la deuda paso de 396 millones de pesos a 1561 millones de pesos
que no se acreditaron, ni en infraestructura, ni en la promoción
turística del Estado.
Aseveró que es importante asumir como un reto en
materia de transparencia, rendición de cuentas, acabar con la opacidad y
combatir la corrupción, para garantizar que no se desvié ni para gasto de
corriente, ni para gasto de operación o campañas electorales recursos que deben
establecerse estrictamente para inversión productiva.
Insistió que este tema no debe de verse de
manera aislada.
Concluyó “Esperamos que en la ley general y ley
federal de transparencia y acceso a la información se establezca responsabilidades
y obligaciones a gobiernos estatales y federal para que entreguen
toda la información relativa a deuda pública contraída, la cual deba
contener el nombre del acreedor, el objeto, el monto, los plazos, las tazas de
interés y las garantías otorgadas, asimismo debe de informar todo lo relativo a
la operación constitutiva de un pasivo directo e indirecto, debe de señalar
como claridad la deuda con proveedores, la deuda que se disfraza a través de
los contratos de asociaciones públicas y privadas. Y como tema central la deuda
en materia de pensiones y jubilaciones que es uno de los grandes hoyos
negros de la transparencia en donde sigue vigente la opacidad en el manejo de
los recursos”.
Confió en que se
corrijan las pretensiones de dar marcha atrás con el espíritu y la letra de la
reforma constitucional en materia de transparencia: Encinas Rodríguez
Lunes, 16 Febrero 2015
Sobre las 10 recomendaciones
del IFAI a la ley de Transparencia en entrevista el senador Alejandro Encinas
Rodríguez externó que es un asunto muy importante ya que se trata de una
propuesta del órgano garante y de quien tendrá que aplicar la ley,
además de un órgano colegiado que tomo por unanimidad un acuerdo en estos
temas y el cual debe ser considerado plenamente.
El presidente de la Comisión
de Estudios Legislativos, Segunda manifestó que la presentación misma del
documento es un acto de autonomía, donde con toda nitidez se precisan las
diferencias que existen con los intentos de regresión que pudieran presentarse.
Aseveró que no
solo es un asunto del IFAI y de los órganos garantes locales, sino
de los sectores de la sociedad civil y de las propias organizaciones que
acompañaron el proceso de elaboración de las iniciativas, por lo que están en
condiciones para reencausar el proceso y el debate público.
Confio en que se corrijan las
pretensiones de dar marcha atrás con el espíritu y la letra de la reforma
constitucional en materia de transparencia.
Conferencia de Prensa de las Comisiones unidas que dictaminarán la Ley
General de Transparencia
Lunes, 16 Febrero 2015
La Ley general para el acceso a la información pública tiene como
objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos, acceder a toda
información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados:
Encinas Rodríguez
Martes, 10 Febrero 2015
Durante la conferencia de
prensa sobre La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia,
que se prepara en el Senado de la República el senador Alejandro Encinas
Rodríguez externó que el pasado 02 de diciembre del 2014 un grupo de senadoras
y senadores de distintos partidos del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron una
iniciativa que fue resultado de un trabajo de colaboración colectiva y
colegiada con distintos especialistas, académicos, investigadores y
funcionarios públicos (IFAI, órganos garantes locales y representantes del
gobierno) que dieron lugar a una iniciativa de ley general para el acceso
a la información pública.
Manifestó que está ley tiene
como objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos, acceder a
toda información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados
que son: los tres poderes de la unión, los tres órdenes de gobierno y se amplió
a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda entidad pública o privada
que reciba, administre o sea beneficiada de cualquier tipo de recurso público.
Señaló que en la iniciativa se
planteó ocho temas nodales, el reconocer como un derecho humano de todas y
todos los ciudadanos mexicanos, solicitar, investigar, difundir y recabar
información de carácter público, y al mismo tiempo establece la obligación del
Estado para garantizar el acceso efectivo a cualquier persona que requiera la
información y se estableció con precisión que solo podría ser clasificada como
información reservada aquellos casos vinculados a los temas de seguridad
nacional, procesos y procedimientos penales inconclusos y los relativos a datos
personales que serán objeto de una ley general distinta.
De igual forma, el presidente
de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda externó que en la iniciativa
se precisó que las violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa
humanidad y actos de corrupción del dominio público, no podrían reservarse, ni
tener ningún tipo de restricción para su acceso, ya que se estableció el
principio de máxima publicidad para que la autoridad diera a conocer toda la
información. Lo que implica la creación de un Sistema Nacional de
Transparencia, lo que da pauta a una redefinición de las competencias entre el
gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
Sin embargo, lamentó que se
haya atorado la discusión en el caso de la Casa Blanca, la Casa Club de Golf de
Malinalco y otras propiedades, ya que muestran la preocupación de la autoridad
federal en avanzar realmente en la apertura.
Destacó que los problemas se
concentran en la idea de ampliar las categorías respecto a la restricción de la
información, que ya no solamente seria los temas relacionados a política
monetaria sino respecto a la situación que pudiera poner en riesgo la
economía o las finanzas del país.
Respecto a las violaciones
graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del
dominio público manifestó que el grupo parlamentario del PRI no quiere que se
ha dada a conocer hasta que la autoridad competente resuelva la materia.
Externó que el grupo
parlamentario del PRI quiere ampliar los plazos de reserva de información y
hacer prorrogas consecutivas, lo que conlleva a que algunos temas se
mantendrían reservados a lo largo del tiempo y al mismo tiempo se van
flexibilizando las normas para obligar a la autoridad a generar, preservar y
publicar la información de todos los actos que esta genere, pretendiendo
modificar la naturaleza fundamental del sistema, que es antes que nada
garantizar el derecho de los ciudadanos ya plasmado en el artículo 6° de la
constitución.
Por último, el senador
Alejandro Encinas propuso que en caso de haberse agotado la discusión con el
comité redactor, se convoque en las próximas horas o días al presidente de la
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana que encabeza las
comisiones dictaminadoras, para que se formule un ante proyecto de
dictamen, invitando a investigadores, académicos expertos en la materia para
evitar un cabildeo extraparlamentario realizando una discusión pública en el
Senado de la República.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO BENEFICIA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE
AMENAZAN LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: ENCINAS RODRÍGUEZ
Martes, 10 Febrero 2015
El Senador Alejandro Encinas
Rodríguez, en reunión de trabajo, manifestó su solidaridad y compromiso de
trabajo con los indígenas otomíes defensores de los bosques que se ubican
en el Estado de México, al mismo tiempo que repudió las agresiones físicas
infringidas contra los indígenas que durante más de tres años han impedido
desarrollos inmobiliarios en territorio indígena, específicamente en la comunidad
de san Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero.
El legislador por el Estado de
México abundó que el 8 de febrero de 2015 un grupo de 30 personas dirigidas por
Adriana Sobreyra Peña (hermana del alcalde del lugar, Martin Sobreyra Peña)
intentaron tomar la delegación municipal del pueblo de San Francisco Magú,
según refieren vecinos, esas personas de filiación priista trataron hacerse del
control de la Delegación Municipal y el Comité Local de Agua Potable de esta
población indígena, los cuales se han conducido bajo sistema de usos y
costumbres desde tiempos ancestrales; agrediendo y golpeando a las personas
indígenas que defienden su propio proceso de autodeterminación reconocida
en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Cabe mencionar, señala el
Senador, que estas agresiones físicas y amenazas de muerte contra los indígenas
defensores de los bosques y del territorio, tienen como antecedentes la
negativa y el impedimento otomí desde 2013 para que la empresa Inmobiliaria Merket
Construcciones S.A. de C.V. desarrolle, apoyada por los gobiernos municipal y
estatal, un fraccionamiento de más de diez mil viviendas, con lo cual romperían
con el modo de vida semi rural de la población de Magú de apenas 15 mil
habitantes y sobre todo, arrebatarían la administración del agua a San
Francisco Magú.
Este intento, abundó el
Senador, de los gobiernos locales, estatal y federal llevó a una delegación
designada por autoridades tradicionales del pueblo Otomí a exponer ante al
relator de las Naciones Unidas James Anayala la amenaza a los derechos humanos
y a la diversidad que representa el Proyecto de Desarrollo Inmobiliario
“Bosques del Paraíso”.
Encinas Rodríguez comentó que
la importancia ambiental de la zona radica en el hecho de que actualmente el
bosque es un santuario de flora y fauna en el que se localizan al menos 11
especies registradas en la Norma 059 de la Secretaria del Medio Ambiente
(SEMARNAT). Es además una zona de recarga de los mantos freáticos de la región
de la Cuenca de Tepotzotlán.
Por su parte, Gabino Tercero
Nava, integrante del Frente de Pueblos Unidos “Sin Bosques no hay Paraíso”
denunció que el gobierno otorgó permiso para un proyecto que era para un
supuesto “aprovechamiento sostenible del bosque” pero que en realidad es un
permiso para talar y destruir”. “Resistimos al gobierno autoritario que aprueba
planes de supuesto desarrollo arrebatando nuestros recursos para otorgar
concesiones a grupos empresariales que buscan hacerse ricos con nuestro
patrimonio”, denunció el Frente.
El Senador Encinas señaló que
cuando la denuncia otomí llega a la sede de las Naciones Unidas es en un
momento en el cual representantes de diversos pueblos indígenas del mundo
resisten la privatización y venta de la naturaleza promovidas por diversos
mecanismos de la denominada Economía Verde. Entre ellos se menciona al pago por
servicios ambientales y los mecanismos sobre Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (REDD). Para la delegación otomí la
“compensación” propuesta por el proyecto “Bosques del Paraíso” genera
desconfianza y rechazo. Precisamente, la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales sobre Cambio Climático en contra de REDD+ y por la Vida
denunció en la Cumbre de Río+20 que la Economía Verde es nada menos que el
capitalismo de la naturaleza. Enfatizó que se trata de un esfuerzo perverso de
las grandes empresas, las industrias extractivas y los gobiernos para convertir
en dinero, mediante la privatización, mercantilización, y venta de los recursos
naturales y todas las formas de vida, enfatizó el legislador.
Hizo hincapié en que este proyecto consideraba la
perforación de un pozo para la extracción de agua para consumo humano y la
apertura de cuatro carriles al interior del fraccionamiento. Asimismo, señaló
que dentro del mismo predio se encuentra la presa los pinos que abastece de
agua de riego y uso doméstico a las parcelas y casas del pueblo de San
francisco Magú. El agua es procedente del canal de Cuamantla, el cual en
noviembre 2012 fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CNA), para
su aprovechamiento, a la asociación de usuarios de la aguas del Canal de
Cuamantla San isidro y Santa Rita A. C. conformada por cinco ejidos, entre
ellos el de Magú, San José El vidrio, San juan de las Tablas, Cahuacán, y
ejido de Nicolás Romero.
La afectación al
construir “Bosques del paraíso “ sería a los mantos freáticos y agua de
riego, la flora, la fauna, plantas medicinales, alimentos tradicionales, como
hongos silvestres, la cultura, espiritualidad, conocimientos
tradicionales de la comunidad otomí de San Francisco Magú. Terminarían con los
pocos pulmones del municipio de Nicolás Romero, del Estado de México y del país
Ante esta situación el Senador
Alejandro Encinas hace un llamado a todas las autoridades competentes en los
tres órdenes de gobierno a intervenir de forma urgente ante la delicada
situación que vive San Francisco Magú y en estricto respeto a los Derechos Humanos
de las personas y del Pueblo indígena de forma colectiva, garantizar la
integridad y la vida de los defensores amenazados, así como respetar sus
derechos indígenas, sus administraciones internas como la Delegación Municipal,
Consejo de Participación y su Comité Local de agua potable, todos revestidos de
un proceso de autonomía indígena.
Adiós al federalismo
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes, 10 Febrero 2015
Después del desmantelamiento del Pacto Social de
nuestra constitución y de que el Estado ha abdicado de sus facultades para
regir la economía y cumplir con su responsabilidad social, toca el turno al
Pacto Federal.
Las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto en
diciembre pasado, trascienden con creces la intención de establecer el mando y
la policía única en las 32 entidades federativas, ya que propone reformar siete
artículos constitucionales, cuyo contenido rompe con bases fundamentales de
nuestro federalismo.
Se pretende reformar el artículo 115 constitucional
y redefinir las competencias de cada orden de gobierno en materia de seguridad
pública, eliminando esta facultad de los gobiernos municipales, al establecer
que la función policial será competencia exclusiva del gobierno estatal, por lo
que la autoridad municipal dependerá de una autoridad “superior” para hacer
cumplir el Bando de Buen Gobierno, sancionar las faltas administrativas,
regular el tránsito, aplicar el reglamento de vía pública, y hasta detener
borrachitos o a quien cometa –como existe aún en muchos lugares- “faltas a la
moral pública” en su jurisdicción. Obligándolo además, a pagar al
gobierno estatal la prestación del servicio.
Se busca además facultar al Congreso de la Unión
para expedir una Ley contra la Infiltración de la Delincuencia Organizada en
las Autoridades Municipales –como si éste fuera la única institución infiltrada
por el crimen-, la que permitiría al gobierno federal disolver los
ayuntamientos en los que “existan indicios” de infiltración de la delincuencia;
nombrar a la autoridad suplente, y asumir, total o parcialmente, las funciones
municipales, interviniendo así en el régimen interno de los estados y en la competencia
de los congresos locales, para legislar respecto a la disolución de
ayuntamientos, nombrar a los comités municipales sustitutos y convocar, en su
caso, a nuevas elecciones.
Resulta difícil suponer la operación de la policía
única en los municipios gobernados por usos y costumbres, como absurdo imaginar
a la autoridad federal asumiendo las tareas de recolección de basura.
La avidez centralista ha enfocado su campaña contra
el municipio como el eslabón más débil de la cadena institucional, donde ha hecho
su enclave el crimen, cuando en realidad el municipio es víctima de un sistema
que lo ha desmantelado política y económicamente. Debilidad que encubre las
responsabilidades federales y estatales.
Quien tiene el mando, manda, y existen experiencias
nefastas sobre la concentración desmedida del mando policial, como sucedió con
el General Arturo Durazo y su “Hermandad” en el Distrito Federal, o el Barapem
en el Estado de México, los que acabaron administrando el crimen. Como alerta
Edgardo Buscaglia: policía única, mafia única.
Senador de la República
La demolición
del teatro "Julio Jiménez Rueda" es una política de seguir
privatizando lo público en favor de unos cuantos: Encinas Rodríguez.
Miércoles, 04 Febrero 2015
En conferencia de prensa, el senador Alejandro
Encinas Rodríguez habló sobre los resultados que sostuvo con
representantes de la cultura, teatro, danza, pintura, escultura, trabajadores
técnicos y administrativos de la sección 22 del Instituto Nacional de Bellas
Artes, con motivo del cierre del teatro “Julio Jiménez Rueda”, el cual ha
derivado en el acopio de información y pretensión de acabar con distintos
espacios culturales para su desincorporación en el sector privado; en una
política de seguir privatizando lo público en favor de unos cuantos, y en
este caso en demérito de la cultura y de los espacios culturales del país.
Señaló que la semana pasada se comprometió a
requerir información al Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, Director del ISSSTE,
acerca de los teatros “Julio Jiménez Rueda” e “Isabel Corona”, y la respuesta
del Director del ISSSTE fue que el teatro “Jiménez Rueda”, se encuentra
contiguo a un edificio propiedad del ISSSTE, el cual tiene un daño
estructural importante, toda vez que presenta un desnivel del costado noroeste,
por lo que existe un riesgo permanente ante un sismo y por consecuencia hace
indispensable su cierre.
El presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos, Segunda externó que de manera particular el día de
hoy se comprometió a requerir de los peritos de la Secretaría de Obras del
Distrito Federal el análisis de la situación estructural de esos edificios, ya
que el gobierno de la Ciudad de México hace regularmente los estudios
periciales sobre las fallas estructurales en todos los edificios.
De igual forma, manifestó que los trabajadores de
la sección 22 proporcionaron un documento de 1965 el cual dice que el ISSSTE
cede el teatro “Jiménez Rueda” al patrimonio del Instituto Nacional de Bellas
Artes, por lo cual el ISSSTE no puede desincorporarlo, por lo que dijo que se
hará un análisis de la situación estructural del edificio y de la situación
jurídica del mismo.
Por último, el senador del Estado de México externó
que dentro de los primeros acuerdos alcanzados se hará un foro en el Senado de
la República sobre la situación de la cultura en el país y mañana suscribirán
un punto de acuerdo varios senadores de distintas fracciones parlamentarias
sobre los temas específicos.
CINCUENTA MIL
HABITANTES DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, AFECTADOS POR CONFLICTOS EN EL
MANEJO DEL AGUA: ENCINAS RODRÍGUEZ
Miércoles,
04 Febrero 2015
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, exige al
gobernador mexiquense Eruviel Ávila, su intervención para que, apegado a
derecho, resuelva los conflictos derivados del manejo de agua en el municipio
de Coyotepec, ya que integrantes del Frente 9 de Junio en Defensa de
los Recursos Naturales, laAdministración de Agua Potable de
Coyotepec y el Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero, denunciaron que un grupo de choque priista y policías
municipales equipados con armas de alto poder, tomaron el pozo "Centro"
de la administración autónoma del agua en este municipio.
El legislador señaló que este conflicto tiene
antecedentes importantes los cuales han provocado que miembros del grupo
defensor del agua, estén considerados en el Mecanismo de Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Asimismo, mencionó que este
conflicto, se deriva de la del interés de grandes empresas y de autoridades
locales, que pretenden llevar el agua de Coyotepec a Huehuetoca, municipio
vecino, para dar sustentabilidad al proyecto de las inmobiliarias para
construir 70 mil casas. Encinas Rodríguez, calificó de criminal la
sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca para estos fines.
Para el Senador por el Estado de México, uno de los
principales obstáculos para atender los conflictos derivados del manejo del
agua, es la corrupción y opacidad con la que operan las autoridades, ya que
contrario al interés por proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho
humano al agua; ha permitido que con el uso de la fuerza, se tomen los
tres pozos que corresponden a la Administración de Agua Potable de Coyotepec
(AAPCOY) que opera a través del sistema de usos y costumbres.
Para el Senador Encinas, este conflicto se ha
tornado complejo ya que ante la falta de sensibilidad y responsabilidad de las
autoridades en todos sus órdenes, el 19 de enero de este año, según
información del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, un
grupo de personas afines al Presidente Municipal, Alfredo Anguiano Fuentes,
tomaron las oficinas de la Administración de Agua Potable de Coyotepec
(AAPCOY), la cual, actualmente, es un sistema ciudadano y autónomo. Lo
anterior, con la intención de que las personas que defienden y
representan a dicho sistema, aceptarán finalmente entregar la administración
del vital líquido al municipio; es decir, “municipalizar” el servicio de agua
potable. Este día, señala el Centro, fue privado de la libertad Tomás Mezas
García, Presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, a quien
le exigían que firmara un documento en el que accedía a renunciar, entregar las
oficinas y municipalizar el servicio de agua potable.
En este contexto, el Senador Encinas apuntó que
apoyará y se solidariza con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
quien hace un llamado a las autoridades competentes en los ámbitos, federal,
local y municipal, para que con fundamento en los artículos 1,4, 8, 9, 10,
14,15, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los
Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y demás legislación nacional e internacional aplicableactúe con
estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos para garantizar
la integridad física y psicológica de las personas integrantes de AAPCOY, así
como de las y los demás miembros de la comunidad que defienden el Derecho
Humano al Agua contra la municipalización.
Finalmente el Senador exhortó a las autoridades
correspondientes a buscar, junto con la comunidad y la Administración de Agua
Potable de Coyotepec, medidas integrales y pertinentes que resuelvan la
problemática de fondo, garantizando el cuidado de un bien tan preciado como es
el agua.
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