LOS PRIVATIZADORES
Alejandro Encinas Rodríguez
El pasado 18 de septiembre, la mayoría del Senado de la
República nombró a los integrantes de los órganos reguladores que
instrumentarán las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia
energética, mismos que entregarán a particulares las concesiones para la
explotación de los hidrocarburos, la renta petrolera nacional y la generación
de electricidad, que hasta ahora habían sido propiedad exclusiva de la nación.
Con lo anterior, se cierra el ciclo legislativo de la contrarreforma energética.
Al igual que sucedió con las reformas legales, la definición de
los integrantes de los órganos reguladores fue resultado de la negociación y
reparto de cuotas entre el PRI y el PAN, cuyos representantes pretendieron
justificar su resultado destacando las bondades, idoneidad profesional, la no
filiación partidaria y la neutralidad política de las personas propuestas.
Si bien la definición de las personas que los integrarán es
importante, lo son más las competencias que se confieren a los nuevos órganos
reguladores, ya que tendrán en sus manos la asignación de contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos, la aprobación de permisos para la
refinación y transformación industrial de los hidrocarburos, para la
exportación o importación de petróleo crudo, e incluso la desincorporación de
los activos de Pemex y de la CFE.
Se trata en síntesis, de los órganos y personas encargadas de
operar la privatización de los recursos energéticos y la renta petrolera del
país, por lo que también es importante conocer el perfil de quienes integran
los órganos reguladores.
A lo largo del debate en el Senado, la mayoría integrada por la
alianza PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza, centró la defensa de la idoneidad de
las ciudadanas y ciudadanos propuestos en cuatro argumentos: que todos cumplían
con los requisitos legales; que cuentan con un alto perfil profesional, y que
ninguno tiene conflicto de interés ni filiación partidaria alguna.
Sobre estos señalamientos es necesario precisar:
Efectivamente, cumplen con los requisitos establecidos en la ley,
ya que se realizaron reformas a modo que crearon un régimen de excepción para
los llamados consejeros independientes, quienes no serán considerados
servidores públicos ni se sujetarán al régimen de responsabilidades establecido
para los mismos, y sus actos, así como los de los órganos reguladores, en los
que participarán incluso secretarios de estado, se regirán por el derecho civil
y el mercantil.
Cuentan, sí, con una buena formación profesional, con títulos
académicos y nobiliarios acreditados en distintas instituciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, pero no necesariamente cuentan con
experiencia en el sector energético ni en las áreas de los órganos reguladores
en que participarán. Por ejemplo, entre los recién nombrados, se encuentran
especialistas en encuestas, analistas políticos e incluso un presidente de la
Bolsa Mexicana de Valores, dejando de lado a un gran número de profesionales
formado durante décadas dentro del sector con altos niveles de calificación.
En cuanto a que no tienen conflicto de interés, existen dudas
fundadas y falsa información. A los órganos reguladores se integran empresarios
y directivos de grandes empresas. Hasta ahora no conozco algún empresario que
no tenga intereses, pues la lógica empresarial, más tratándose de los grandes
empresarios, es el negocio, no la filantropía. Así se han incorporado, entre
otros, al empresario de origen colombiano, Octavio Francisco Pastrana, quien ha
sido representante de British Petroleum en Alaska, Bolivia, Perú y Venezuela, y
Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien ha
participado desde el gobierno de Salinas de Gortari en los procesos de
privatización de empresas públicas, así como en la reforma al artículo 27
constitucional de 1992, la que no logró el objetivo de privatizar el ejido, por
lo que hoy se pretende subsanar ese fracaso con la reforma energética, al
declarar de interés público y actividad económica preferente la explotación de
hidrocarburos y la generación de electricidad, permitiendo la expropiación de
tierras para establecer negocios privados, la ocupación temporal de las mismas
y la declaratoria de servidumbre de paso en hidrocarburos.
Respecto a que ninguno de los integrantes tiene antecedentes
partidarios (lo cual no es impedimento legal sino un derecho
constitucional potestativo de todos los mexicanos), se miente y se oculta
información, ya que se ha demostrado que Sergio Pimentel Vargas y Héctor
Alberto Acosta Félix, son gente cercana al PAN y en especial Acosta Félix
mantiene gran cercanía con Germán Martínez, y si bien los demás integrantes no
tienen militancia partidaria, algunos de ellos acreditan una intensa militancia
ideológica.
Se ha tratado de presentar a las y los integrantes de estos
órganos reguladores como ciudadanos neutros, químicamente puros. La no
militancia partidaria no significa necesariamente neutralidad política o
asepsia ideológica. Algunos de los comisionados propuestos militan activamente
en los grandes medios de comunicación, como Televisa. Es el caso de escribanos
de la historia oficial. Como Luis de la Calle, Carlos Elizondo Mayer o Federico
Reyes Heroles, quienes al igual que la telebancada en el Congreso, se
desempeñarán como los telereguladores.
Así, ni neutralidad política ni pluralidad. Los integrantes de los
nuevos órganos reguladores representan los intereses de los poderes
económicos y a la corriente ideológica favorable a la privatización de los
bienes nacionales y a la minoría privilegiada que concentra el ingreso y el
poder en México.
Así están las cosas.
