Boletín de Prensa

23 Abril 2013

"La Cruzada Nacional contra el Hambre se trata de nueva cuenta de una política focalizada que no forma parte de un cuerpo de derechos y garantías sociales, sino de programas sociales con un alto contenido clientelar y corporativo que lo que busca es el control de los pobres y no el control de la pobreza": Encinas Rodríguez

Durante la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó “el motivo que nos convoca a esta reunión hoy, es justamente volver a condenar las prácticas, utilización y desvió de recursos públicos en favor de un partido, de un programa que debería ser profundamente generoso, el combate al hambre en nuestro país. El hambre evidentemente es una triste y cruel realidad, que como usted lo ha dicho, alcanza a más de 28 millones de mexicanas y mexicanos y que requiere de una acción enérgica del Estado para enfrentarla, confrontarla y erradicarla en nuestro país”.

Señaló “todos estamos de acuerdo que este debe de ser un asunto prioritario y estratégico del Estado Mexicano al combatir y no puede ser sujeto de ningún regateo y de ninguna manipulación política. El Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos porque no creo que la inversión privada o del mercado que lo vayan a resolver podrán ayudar, porque la política del mercado es la de la comulación y no la del combate a la desigualdad”.

Destacó “tenemos que partir que la pobreza y el hambre no son un destino fatal e inevitable para los mexicanos, sino que son un resultado de decisiones que individuos en el poder esas decisiones que toman y que afectan la vida de millones de mexicanos. Creo el presidente Lula lo sintetizo muy bien “el hambre es el resultado de la falta de vergüenza de los políticos” y como tal tenemos que asumirlo”.

Lamentó “la Cruzada Nacional contra el Hambre se trata de nueva cuenta de una política focalizada que no forma parte de un cuerpo de derechos y garantías sociales, sino de programas sociales con un alto contenido clientelar y corporativo que lo que busca es el control de los pobres y no el control de la pobreza”.

Manifestó “habría que preguntarnos que tanto van a beneficiar estos mismos programas que se han aplicado prácticamente durante 25 años a los pobre del país. Preguntarnos, por ejemplo ¿si el programa que está dentro de la Cruzada, de cuota alimenticia para internos del fuero penal en las cárceles de los estados, va a beneficiar en alguna medida a los pobres? O el programa de modernización y tecnificación de las unidades de riego ¿va a atender a los campesinos más pobre del país? Que se encuentran, no sólo es temporal. O el programa de Fortalecimiento e Infraestructura Bancaria y de Apoyos a la Inclusión Financieras y la Bancarización ¿va a ayudar a los cerca de los 11 millones y medio de personas afectadas en situaciones de pobreza?”.

Comentó “creo que si se quiere comparar a este programa con el programa aplicado en Brasil denominado “Hambre Cero”, habría que partir de los principios que siguió ese programa, que se ligó al crecimiento económico, que estableció crédito para los más pobres, alentó una política de empleo, incrementó los salarios hasta 350 dólares mensuales, compró alimentos a pequeños productores, destinó 100 mil millones de dólares a jubilados, eso permitió, a Brasil, no solamente sacar a 33 millones de personas de la pobreza, sino sumar a 40 millones más a las clases medias. Claro, allá el programa no se activó por convenio, sino lo aplicaron directamente los municipios en ese país”.

Aseveró “creo que lamentablemente si analizamos los municipios que se han establecido en el programa, tienen un altísimo contenido electoral. Pongo de ejemplo, porque se me acaba el tiempo. Por Ejemplo en Baja California, donde se ubica el 1 por ciento de pobreza extrema en el país, se atiende a tres municipios que abarcan al 94 por ciento de la lista nominal de electores.

Mientras en Chiapas o en Oaxaca se deja fuera municipios con una enorme pobreza. No vayamos más lejos, en el propio estado de Morelos, aquí por ejemplo se incluye la ciudad de Cuernavaca, cuando hay municipios, usted dice que la pobreza urbana es más lacerante y ahí está el mayor número de pobre; pero los datos del CONEVAL señalan que hay más pobreza en municipios Yautepec, Puente de Ixtla Ayala, Yacatlán; más pobre que en Cuernavaca, pero hay mucho menos electores”.

Detalló “le haré llegar junto con el senador Benjamín Robles, un estudio de Oaxaca y un estudio general a todos los compañeros”.

Concluyó “el otro tema nada más, aquí en propia voz de mis compañeros es la operación política, esta es una película que yo ya viví en el Estado de México. Y desde los gabinetes regionales, las metas y objetivos por sección electoral y por distrito, de gente con muy amplia experiencia en la operación política, no cito a los subsecretarios, porque no tienen derecho de réplica, pero habría que analizar cómo esta película la hemos visto donde la operación del programa está no en especialistas de combate de pobreza, sino justamente fundamentales del PRI, que tiene un vasta experiencia en medrar con la pobreza de los mexicanos”.

El Huevo de la serpiente

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes, 23 Abril 2013

El huevo de la serpiente es una película recreada en el Berlín de los años veinte, donde Ingmar Bergman hace una alegoría del nacimiento del nazismo. Habla del miedo y la diferencia, donde la xenofobia, el genocidio y la locura desatada son los huevos a punto de eclosionar.

Toda proporción guardada, tal riesgo de eclosión se ha venido manifestando en torno al conflicto magisterial. La campaña de satanización en los medios; la subordinación, expediente en mano, de los dirigentes del SNTE que regresan al redil, así como la detención de dirigentes sociales en distintos estados del país y la provocación que alcanza hoy a la UNAM, son signos de un entorno que crea condiciones para justificar la represión.

A ello se suma la frivolidad de algunos políticos como Graco Ramírez, quien plantea aplicar la ley, igual que a Elba Esther Gordillo, a los maestros disidentes ?para que se mantenga el Estado de derecho?, y Germán Martínez del PAN, quien clama por desaparecer los poderes en Guerrero y reprimir a los maestros: ?Ninguna ?comprensión‘ merecen los profesores radicales; ni una ayuda del gobierno local inexistente... En Guerrero el orden institucional está roto y el principio de autoridad burlado?.

Es absurdo equiparar a los maestros inconformes con la señora Gordillo. Se trata de fenómenos políticos diametralmente opuestos. Una es resultado de la complicidad, la corrupción oficial y del sistema de control corporativo de los trabajadores, los otros, son resultado de la marginación y el abandono al sistema educativo que viven las entidades más pobres del país. Como absurdo lo es intentar homologar las políticas educativas entre regiones y condiciones sociales, laborales y de infraestructura tan disímbolas.

Es comprensible la irritación que ha causado la movilización del magisterio, como son condenables las provocaciones y el vandalismo. Sin embargo, debe hacerse un esfuerzo para evitar que se escale el conflicto y se conduzca, de manera irreversible, a un callejón sin salida.

Es urgente que los poderes públicos, en especial el gobierno federal, ofrezcan al magisterio disidente un espacio institucional para dirimir sus diferencias y para definir un discurso de concordia. Debe aclararse la percepción de que la reforma educativa pondrá en riego su permanencia en el empleo, el carácter público de la educación o que se desconocerán las diferencias sociales y pedagógicas que subsisten en las distintas regiones del país.

Es por la vía de la persuasión y la negociación, y no de la amenaza como se puede reconducir el proceso y asegurar una reforma educativa consensada, efectiva, incluyente y plural. Para resolver el conflicto y reconducir la reforma educativa, es necesario frenar la acción persecutoria del Estado y la intención de intervenir en la vida interna de los maestros. Por el contrario, debe dejarse de lado el control gubernamental del SNTE y facilitar su democratización, abrir la discusión en la elaboración de la Ley General de Educación y construir una ley que reconozca las desigualdades del sistema y la necesidad de establecer políticas diferenciadas para el desarrollo educativo nacional.

Pero también es necesario desmontar la intransigencia y la provocación de las partes, ninguna de las cuales puede pretender doblegar o someter a la otra. Es necesario abrir la vía del entendimiento, lo que implica para la disidencia magisterial, replantear su relación con los ciudadanos, y lejos de alentar la animadversión que fomentan los medios, convencer de la legitimidad de sus demandas para encontrar aliados y no rechazo.

Senador de la República

Intervención en Tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en torno al dictamen de la Reforma en materia de Telecomunicaciones.

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=UVhIFwE5Xuc

Viernes, 19 Abril 2013

Discusión a la adición y modificación al artículo 6 constitucional de la minuta de ley en telecomunicaciones.

Durante la discusión en la Comisión Permanente sobre las modificaciones y adiciones a la minuta de ley en telecomunicaciones el senador Alejandro Encinas externó “creo que una parte sustancial del debate que vimos con la minuta enviada por la Cámara de Diputados, giro en torno al ejercicio del derecho que los ciudadanos tienen a la información y al acceso a las tecnologías de la información en la comunicación”.

 

Señaló “en gran medida tanto la iniciativa como la minuta concentraron sus preocupaciones en los asuntos vinculados con la competencia, el mercado y el desarrollo económico, hubo aspectos del ejercicio del derecho de acceso a la información, que no solamente no fueron contemplados sino que incluso hubo una omisión importante al haber eliminado en la última parte del primer párrafo del artículo 6 constitucional, la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información”.

Consideró que son cuatro los temas centrales vinculados con el derecho a la información y uno adicional vinculado con el derecho de los trabajadores.

El primero “es el artículo 6 constitucional restablecer la frase en el primer párrafo del artículo, que dice textual “el derecho a la información será garantizado por el Estado” señaló “es un debate que se ha dado en el Congreso Mexicano desde 1975 desde antes de la reforma política, y si bien en 1977 se empezó a considerar como una responsabilidad esta garantía que otorgó el Estado, en 1994 llego a su mayor nivel de desarrollo”.

De la misma manera el artículo 6 apartado “B” fracción II, se quiso dejar plenamente establecido, además que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en comisiones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y continuidad se agregaron las siguientes condiciones:

La del Acceso libre y sin injerencias arbitrales mencionó uno de los temas centrales que tuvimos en la discusión con los expertos, se estableció fundamentalmente en la responsabilidad del Estado para que sea el libre acceso a las telecomunicaciones, evitar las injerencias arbitrarias tanto del Estado como de agentes particulares”.

Destacó “en el artículo 6 apartado “B” fracción XVI, se incorpora además de lo que es el establecimiento de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, un derecho fundamental que tendrá que ser regulado en la ley reglamentaria, el derecho de las audiencias”.

Precisó “este es un tema que indudablemente va a ser parte de la discusión central de este tema”.

Externó “más adelante se incluye el reconocimiento dentro de lo que son las concesiones de interés social a las comunidades y los pueblos indígenas, por lo cual implica un reconocimiento al derecho que tiene de acceder a estas nuevas concesiones”.

Finalizó “el último artículo transitorio atiende las preocupaciones de los trabajadores del sector, se dejan a salvo los derechos laborales de los mismos, a fin de que independientemente los cambios que implican aplicación de esta reforma constitucional queden a salvo los derechos de todos los trabajadores del sector de telecomunicaciones en el país”.

“El hambre hay que combatirla con resultados efectivos y no con políticas asistencialistas que reproducen esquemas de control gubernamental, se trata de controlar a la pobreza, no de controlar a los pobres para medrar con sus necesidades electoralmente”.: Encinas Rodríguez

 Durante la discusión del punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destituir de manera inmediata a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal; y exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar de inmediato las investigaciones contra los funcionarios federales, estatales y municipales del estado de Veracruz por la comisión de diversos delitos en materia de desvío de recursos, el senador Alejandro Encinas lamentó el manejo indebido de programas sociales y recursos públicos en el país.

Señaló “en el Estado de Veracruz es un asunto de la mayor transcendencia y que debe de obligarnos a todos hacer un análisis detenido, no solamente de estos hechos o simplemente que constituyen delito, sino para discutir con seriedad el contenido, el alcance, de una política pública que se ha anunciado para combatir el hambre y que lamentablemente tienen vicios de nueva cuenta de utilización política, corporativa y electoral”.

Externó “lo que hemos visto en el Estado de Veracruz después de la experiencia que vivimos en los distintos procesos electorales en el Estado de México, donde las políticas sociales del gobierno, el aparato gubernamental y la estructura del partido se fusionaron e integraron en un solo modelo, no sólo de aplicación de los programas sociales, sino de control político con fines electorales”.

Manifestó “nadie puede negar, en lo más mínimo, que el problema del hambre y la desnutrición en nuestro país requiere de la atención inmediata y enérgica del Estado mexicano, son millones los mexicanos y las mexicanas que enfrentan esta situación, y lamentablemente las políticas sociales hasta ahora instrumentadas, no solamente no han resuelto el problema, sino que en todos los indicadores de pobreza en el país se han mantenido al alza en las últimas dos décadas”.

Recalcó “el hambre hay que combatirla, pero hay que combatirla con resultados efectivos y no con políticas asistencialistas que reproducen esquemas de control gubernamental, se trata de controlar a la pobreza, no de controlar a los pobres para medrar con sus necesidades electoralmente”.

Expresó “ese es nuestro cuestionamiento de fondo, no solamente lo que vimos en Veracruz, lo vimos en el Estado de México con el presidente de la junta local de Conciliación y Arbitraje, en el proceso electoral del gobernador, donde se daban instrucciones del gobierno para aplicar así los programas”.

Subrayó “lo vimos en la elección presidencial con la utilización de las patrullas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con los maestros del sistema estatal y federal en apoyo a una estructura electoral”.

Aseveró “ahora lo estamos constatando de nueva cuenta en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y no se requiere un análisis muy de fondo, porque al analizar los 400 municipios definidos para la cruzada, partimos en primer lugar de que los criterios que establecieron esta selección de municipios no fueron los establecidos por Coneval, fueron establecidos por la propia Secretaría de Desarrollo Social, donde de los 400 municipios que forman parte de la primera etapa de la cruzada, solamente 209 están contemplados dentro de los índices más altos de marginación de Coneval y 191 municipios, entre los que se encuentran 27 ciudades capitales, 38 ciudades medias y grandes del país e incluso 4 delegaciones del Distrito Federal, van a concentrar el manejo de todos los recursos y de los 70 programas que se han canalizado en esta primera etapa de la cruzada”.

Destacó “ al analizar no solamente el alcance de los programas sino el impacto que tendrán en los procesos electorales vamos a encontrarnos varias sorpresas, en primer lugar si el programa de la Cruzada contra el Hambre se hubiera concentrado en los 400 municipios más importantes del país, en donde se encuentran los mayores índices de pobreza no abarcaría las 32 entidades de la República, sino solamente 13 estados.

Pero lo cierto es que desde los 400 municipios en 213 habrá elección en este año y no necesariamente en los municipios de mayor pobreza”.

Dejo en claro “en el caso de Baja California en donde están considerados tres municipios Ensenada, Mexicali y Tijuana, que concentran el 94 por ciento del padrón electoral, pero donde se encuentran los promedios más bajos de pobreza nacional, porque el índice de pobreza en estos tres municipios alcanza apenas el 3.6 por ciento de la población total, mientras municipios donde más del 90 por ciento de su población en el caso de la Montaña de Guerrero, la Sierra Mixteca del estado de Oaxaca u otros estados no están contemplados en el programa o el caso del Distrito Federal, una entidad que tiene 178 programas sociales, tiene establecidos en la ley de derechos fundamentales como la pensión universal para adultos mayores, existen comedores populares, se involucra delegaciones como Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan que efectivamente concentran el 48 por ciento del padrón electoral y el 49 por ciento de la votación de la izquierda en la capital de la República”.

Explicó “si nosotros cruzamos la información de los municipios de la Cruzada con los resultados electorales y con la lista nominal de electores vamos a encontrar no solamente que un número importante de municipios va dirigido a bastiones importantes de la votación del PRI, sino fundamentalmente las zonas metropolitanas, municipios y las ciudades que el PRI ha perdido en las últimas elecciones y en la elección presidencial”.

Externó “qué bueno que venga la secretaria de Desarrollo Social, no a su comisión, a la comisión del Senado a rendir cuentas y espero que de esta reunión se establezcan mecanismos de control y fiscalización que ayuden a evitar el desvío de estos recursos”.

Señaló “no basta con despedir a seis trabajadores menores por los hechos que se presentaron en Veracruz, implicas el rediseño de una política de Estado que impida el manejo clientelar y corporativo del PRI”.

Puntualizó “se requiere una acción enérgica del Estado pero no como lo dijo el presidente nacional del PRI hace unos días, César Camacho, que es el anuncio final de lo que el objetivo de esta Cruzada. Cito a César Camacho, dice: “Es fundamental y estratégico para el partido ganar estas elecciones, ya que son las primeras después de victoria presidencial y porque votará casi la mitad del estado nominal del país”, dudosamente es donde están concentrados, donde están la mitad del estado nominal del país la Cruzada contra el Hambre”.

Concluyó “vueltas que da la vida, pero vueltas que da la vida más allá de las experiencias personales, es que no se vuelva a repetir el arte de medrar con la pobreza y la necesidad de la gente, que ya nos demostraron que lo pueden hacer muy bien en el Estado de México y no queremos que ahora lo hagan en todo el país”.

“El objetivo de las reformas que hemos realizado recientemente no solamente es el fortalecimiento Institucional, sino es la consolidación del ejercicio de un derecho”: Encinas Rodríguez.

Durante el foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe en la III reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia, el senador Alejandro Encinas señaló “ la legislación en materia de derecho y acceso a la información y transparencia del ejercicio de los recursos públicos, surge de una iniciativa presentada a finales del año 2012, en donde por primera vez en la constitución se establece el derecho de los ciudadanos para acceder al conjunto de la información pública. Aunque también hay que reconocer, que no es suficiente el establecimiento de una disposición de naturaleza constitucional, sino que ha sido necesario avanzar en un proceso de maduración y construcción de instituciones que posibiliten el acceso a la información y al mismo tiempo del desarrollo de una cultura de los ciudadanos que aprendan a ejercer con plena libertad este derecho”.

Manifestó “la verdad que este año hemos pasado de enunciados de carácter general a la aplicación en el ámbito federal de los distintos Estados de la República, de una forma de instrumentación muy disímbola, donde lamentablemente en muchos casos la discrecionalidad de los gobernantes, la interpretación que se hace de la ley no ha garantizado necesariamente el ejercicio del derecho”.

Comentó “hemos tenido experiencias muy exitosas, hoy en particular la existencia del Instituto Federal de Acceso a la Información, que en algunas localidades particularmente en el Distrito Federal han pasado por un proceso de construcción institucional que ha tenido resultados positivos, aunque no fueron resultados positivos de origen, cómo fue el caso de la capital del república donde originalmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal construyó un órgano de acceso a la información tan amplio, diverso, plural como burocrático que se convirtió en un obstáculo al ejercicio de derecho”.

Externó “la primera transformación sustantiva fue la eliminación de la participación de los sujetos obligados de la rendición de cuentas del órgano garante con lo cual avanzamos hacia la creación de un órgano con autonomía del poder ejecutivo local al cual se le dotaron de facultades y atribuciones plenas para que todos los órganos de gobierno todas las dependencias y entes públicos fueran objeto de rendición de cuentas”.

Subrayó que como Jefe de Gobierno publicó la legislación que doto de autonomía al órgano encargado de garantizar el acceso a la información que ha sido hoy el ejemplo de los cambios que se han suscitado.

Destacó “ha habido una contradicción mientras en el ámbito federal el Instituto Federal de Acceso a la Información se acreditó como una Institución eficiente y garante, en los estados tenemos una enorme complejidad, eso nos llevó a adoptar una iniciativa el año pasado para avanzar en la creación de un órgano con autonomía constitucional en el ámbito federal y a una reforma que va impactar la legislación en la materia de todo el país, porque la nueva disposición constitucional establece:

Primero. Que el órgano federal gozará de autonomía constitucional y tendrá su personalidad jurídica propia, patrimonio, autonomía de gestión y estará sujeto a los mecanismos de control parlamentario que establece la propia constitución.

Además de que en todas las entidades federativas tendrá que establecerse órganos garantes de la misma naturaleza jurídica con plena autonomía respecto al órgano local”.

Dejo en claro “nosotros ahora con esta disposición constitucional vamos a tener que emitir, tres legislaciones de carácter general:

1. Ley general de Acceso a la Información. Obligará a que si hay una ley marco todas las legislaciones estatales tendrá que cumplir con un mínimo de normatividad que permita no solamente su estandarización, sino que permita además tener avances adicionales de acuerdo al desarrollo institucional de cada entidad federativa.

2. Ley general de Protección de Datos Personales. Se avanzará en crear un órgano especializado en este tema, actualmente el Instituto Federal de Acceso a la Información es el encargado de velar por la protección de datos personales en manos de instituciones públicas, se necesita velar por la protección de los datos que están en manos del sector privado, esta ley nos hará hacer lo propio en cada una de las entidades federativas.

3. Ley general de Archivos. Para poder ejercer el derecho de acceder a la información se requiere de contar con información. Que obligará siendo una ley general adoptar legislaciones de esta naturaleza en cada entidad federativa los 31 Estados y el Distrito Federal”.

Por último recalcó “el objetivo de las reformas que se hemos realizado recientemente no solamente es el fortalecimiento Institucional como es el dotar de autonomía al órgano garante, sino el objetivo fundamental es la consolidación del ejercicio de un derecho”.

Boletín de Prensa

Martes, 16 Abril 2013

"Por primera vez, el Senado de la República tendrá la facultad de sancionar las deudas de los Estados": Encinas Rodríguez

Durante la discusión del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la constitución en materia de disciplina financiera, el senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó “en primer lugar el trabajo de audiencia y consulta pública de comisiones unidas realizamos toda la formulación de este proyecto de dictamen que pretende traducirse en una reforma constitucional que va a replantear de manera muy significativa el manejo de los recursos públicos de Estados, Municipios y necesariamente de la Federación”.

Externó “el procedimiento de audiencia a seguir, sin lugar a dudas demuestra que cuando se abra el Senado la discusión de las iniciativas, leyes y reformas a discusión evidentemente haya aportaciones importantes que cualifican el contenido de nuestros trabajos. Valga pues este reconocimiento de un trabajo que se ha realizado anteriormente del dictamen en materia de reformas constitucionales respecto a transparencia y rendición de cuentas con autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información”.

Destacó en segundo término “en el proceso de dictamen se consideraron todas y cada una de las seis iniciativas que distintas fracciones parlamentarias presentaron en este Senado de la República por lo cual se atiende la pluralidad y distintos puntos de vista que se manifestaron respecto a esta materia.

Algunos contenidos más importantes de esta reforma:

En primer término hay que señalar que se incorporan principios constitucionales fundamentales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero que van a permitir generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, por supuesto garantizando un ejercicio más eficiente y transparente de los recursos públicos que incluso en su manejo y ejercicio establece la obligatoriedad para que tantos en los planes estatales y municipales en el Plan Nacional de Desarrollo se consideren los criterios a seguir en el ejercicio de las finanzas públicas.

En segundo lugar, cabe destacar que por primera vez se faculta con precisión al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, Estados de la República, Municipios y Distrito Federal, para ello se establece las bases para crear una Ley General de Responsabilidad de Hacendaria y Deuda que establecerán las bases en coordinación en materia de deuda, límites y modalidades en que podrán afectar los Estados y Municipios sus participaciones federales para cubrir los empréstitos y las obligaciones del pago que asuman.

En tercer lugar, la creación de un registro único de empréstito y obligaciones de los tres órdenes de gobierno y el establecimiento de la obligación de transparencia y oportunidad en el manejo de esta información, con ello se creará un sistema de alertas sobre el manejo de deuda de todas las órdenes de gobierno.

En cuarto lugar, se faculta al Ejecutivo Federal para otorgar garantías sobre el crédito de admisión y además se faculta al Senado para sancionar objetar estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados y municipios que tengan niveles altos de endeudamiento, esto sin lugar a dudas, va ser un tema de mucha polémica con la Colegisladora ya que por primera vez, el Senado de la República asumirá responsabilidades en la fiscalización y seguimientos de recursos públicos particularmente, los garantizados por el gobierno federal, ya que en ese momento al otorgarse la garantía por parte del gobierno federal al endeudamiento de los Estados y municipios asume la naturaleza jurídica, tratándose de recursos federales, por ello, se faculta en este dictamen a la Auditoria Superior de la Federación, para fiscalizar la deuda, las garantías otorgadas por el gobierno federal respecto empréstito de las Entidades federales y los municipios, así como las condiciones de contratación y destino de estos recursos y subrayo “los recursos en donde cuenten con la garantía de la federación”.

Por otro lado, se establecen diversas disposiciones para fortalecer los controles de los Congresos Locales en materia de votación calificada para autorizar la deuda, implica que las legislaturas o el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes deberán autorizar los montos máximos para que en condiciones adecuadas contraten los empréstitos y obligaciones, esto además de eliminar mucha de la discrecionalidad con la que los ejecutivos locales administran los recursos obligará a transparentar y a debatir en los Congresos con toda claridad, no solamente el monto de los empréstitos adquiridos, sino su destino, capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de la garantía que establezca el propio gobierno federal.

Se establece también mecanismos claves de fiscalización que obligan a las legislaturas locales a fiscalizar las acciones de Estados y municipios en materia de fondos, recursos federales, locales y deuda pública, se limita la deuda de corto plazo ya que los Estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades urgentes de corto plazo, sin rebasar los límites máximos en condiciones que establezca la ley expida en esta materia reglamentaria al Congreso de la Unión y dichos financiamientos establecen: deberán pagarse a más tardar tres meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente, a fin de evitar, herencias lamentablemente de muy malos manejos a las administraciones que iniciarán su mandato.

Y si realmente se establece con toda precisión sanciones; ya que las constituciones de los Estados presidirán las responsabilidades de los servidores públicos por el manejo indebido de los recursos públicos y deuda pública.

Creo que de manera muy importante se ha cuidado mantener el respeto pleno a la soberanía de los Estados y al municipio libre y con estas medidas con mayor participación del Congreso no solamente se establece mecanismos de control parlamentario, sino particularmente a través de la Auditoria Superior de la Federación los mecanismos de fiscalización que ayudaran a evitar los abusos de los recursos que lamentablemente ha llevado algunos Estados de la República y a varios municipios del país a no solamente enfrentar situaciones financieras adversa, sino problemas graves de conducción del manejo de los recursos.

Visita a los afectados por las construcciones de la Playa Majahua en Puerto Marques, Acapulco Guerrero.


Playa Majahuaes un bien de la Nación: Alejandro Encinas

En el recorrido los senadores Alejandro Encinas y Sofío Ramírez pudieron observar las afectaciones que se han originado en la playa, además de varios locales ubicados en la zona.

El senador Alejandro Encinas aseguró que la playa Majahua es un bien de la nación, e indicó que las playas deben detener un libre acceso, no deben ser privatizadas, pues dijo “son patrimonio de los mexicanos”.

Encinas expresó “Que no es admisible que se dañe el patrimonio natural de los guerrerenses por un interés particular”.

Boletín de Prensa

Violencia en el Estado de México

Jueves, 11 Abril 2013

Si bien, el contratar un seguro de "Asalto a Transeúnte " en el Municipio de Ecatepec, apoya a quienes podrían ser víctimas de actos delictivos, no resuelve el problema de fondo, menos aún se plantea la posibilidad de realizar acciones y programas de gobierno que mejoren las condiciones de vida y desarrollo de los mexiquenses: Encinas Rodríguez.

El senador Alejandro Encinas externó pareciera ser que las autoridades en el Estado de México, han aceptado que no pueden abatir la delincuencia, y que su estrategia ha fracasado aceptando contratar un seguro de "Asalto a Transeúnte " en el Municipio de Ecatepec.

Desde que Eruviel Ávila, asumió la gubernatura del Estado de México, se han presentado a la fecha más de 103 ejecutados, la cifra sigue creciendo y los programas de seguridad no sólo no son claros sino ahora la solución es aceptar que los mexiquenses y en específico los habitantes del Municipio de Ecatepec contarán con un seguro contratado por un monto de 250 millones de pesos.

Al respecto el Senador por el Estado de México, reitera el cuestionamiento a las políticas de seguridad, ya que bien podrían utilizarse los recursos millonarios antes señalados para la implantación de políticas públicas que mejoraran la calidad de vida, el Gobierno del Estado de México cuenta con un presupuesto de 124,613,214, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito; para la zona de Ecatepec, se otorgó un monto de 53,645,371.99 y la realidad es que los índices delictivos siguen a la alza.

Para la Procuraduría Estatal, señala el Senador Encinas, los 103 asesinatos, son resultado del enfrentamiento entre organizaciones delictivas, por el control de la zona del Valle Toluca, lo que denota que si bien como se menciona se conocen las causas, no se muestra con claridad los programas y acciones de gobierno que puedan controlar la situación y por ende no afectar a la población.

Destaca “contratar un seguro, si bien, apoya a quienes podrían ser víctimas de actos delictivos, no resuelve el problema de fondo, ya que no se elimina el origen del problema y menos aún se plantea la posibilidad de realizar acciones y programas de gobierno que mejoren las condiciones de vida y desarrollo de los mexiquenses”.



"El objetivo fundamental de esta reforma es garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos acceder a la información",: Encinas Rodríguez

Durante la sesión de Comisiones Unidas en la audiencia de la minuta sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones el senador Alejandro Encinas Rodríguez encontró tres temas fundamentales que se colocan en el centro de discusión en la ponencia del titular de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Lic. Martín Enrique Pereda, sobre esta reforma.

Destacó “uno de ellos tiene que ver con la visión que la Cámara tiene respecto al servicio público que lo asume en su ponencia como un instrumento que va a permitir la supervisión directa del Estado y en un proceso inequitativo de la competencia”.

Señaló “ahí tenemos una diferencia de fondo, cuando hablamos de un servicio público estamos hablando al mismo tiempo del ejercicio de un bien público que es concesionado particular que tiene que asumir la corresponsabilidad de ejercer el derecho público de los ciudadanos, acceder no solamente a la información sino a los medios en general y sus contenidos”.

Mencionó “el motivo de esta reforma no solamente es de carácter económico, o no vería serlo, en el fondo el objetivo fundamental de esta reforma es garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos acceder a la información y si bien se busca abatir los costos lo más importante es garantizar el ejercicio de este derecho y la pluralidad de los medios”.

Comentó “cuando se plantea la responsabilidad del Estado que por cierto se elimina, se busca en una lógica de democratización el hecho de que existan medios plurales y esa sí es una responsabilidad del Estado que hoy se otorga a través de un órgano autónomo”.

Detalló “esto tiene que ver como concebimos la concentración del espectro y como participa el sector privado y público, cuando hablamos del sector público no hablamos del gobierno, se está tratando de romper está lógica de que lo público se asocia a estatización o acciones gubernamentales hay una responsabilidad pública que es una responsabilidad social del Estado”.

Manifestó “aquí hay una confusión que es parte de los temas nodales que debatimos en esta reforma, respecto a cómo el peso de la radio pública puede evitar una competencia desleal del sector privado, pone como ejemplo de concentración básicamente que se apegue a las frecuencias”.

Por último se refirió a la radio social externó “ustedes parten del principio de lo que son las concesiones privadas prácticamente es el simi de la de la concesión social por la labor social que desempeñan, cuando en realidad se está hablando de la posibilidad de establecer en la constitución el derecho a construir medios de comunicación de las comunidades y de los pueblos indígenas”.

Aseveró “donde ustedes no quieren que haya competencia porque radio comunidad indígena les puede robar un enorme mercado publicitario cuando su cubertura de frecuencia es mínima y la audiencia es justamente el sector más vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad”.

Concluyó ¿Cómo entienden entonces ustedes los medios sociales? Porque a nuestro juicio efectivamente debe definirse con mayor precisión está reforma y hay que establecer con claridad que se trata de los medios comunitarios e indígenas para que puedan ejercer en plena libertad reconociendo su desigualdad para que puedan garantizar la pluralidad que tienen los medios de comunicación en nuestro país.

"La Cruzada Nacional contra el Hambre que va a medrar con la pobreza y la necesidad de la gente",: Encinas Rodríguez.

En entrevista el Senador Alejandro Encinas señaló “al contratar empresas transnacionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre es un error conceptual de una responsabilidad del Estado, en donde quiere justificarse la intervención de la iniciativa privada. El hambre en el mundo ha sido un gran negocio para las empresas transnacionales llegando al extremo de firmarse convenios ahora en la Cruzada Nacional contra el Hambre con Pepsi y Nestlé a nivel nacional”.

Mencionó “Nestlé se compromete a impartir 15 mil horas de capacitación a las mujeres en los municipios más pobres del país, para ver cómo se alimentan mejor, cuando carecen justamente de los alimentos”.

Dejo en claro “hay que cambiar la lógica de las políticas públicas en materia de desarrollo social, eliminando lo focalizado, el control clientelar y corporativo y al mismo tiempo la lógica electoral”.

Puntualizó “de los 400 municipios contemplados en la Cruzada Nacional, 190 de acuerdo a los datos de CONEVAL no están en condiciones de pobreza extrema, más aún hay municipios cuyo rango de población es muy bajo en condición de pobreza. Por ejemplo Baja California se incorporó a las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde el porcentaje de población de pobreza es 3.5 %; mientras municipios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco donde casi la totalidad de la población está en condiciones de pobreza extrema y alimentaria no forman parte de la Cruzada, pero Mexicali, Tijuana y Ensenada representan el 80% del padrón electoral en las elecciones de este año”.

Externó “por eso, tampoco es casual que se haya incorporado a la Ciudad de México donde hay 178 programas, comedores populares, pensión universal para adultos mayores, se incorpora a delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón en donde no solamente está el 48% del padrón; sino esta el 49% de los votos que obtiene la izquierda en la Ciudad”.

Aseveró “lo que esta atrás de esta lógica de la Cruzada, es un control clientelar y corporativo que va a medrar con la pobreza y la necesidad de la gente, cómo lo han hecho en el Estado de México”.

Ver video entrevista:
http://www.youtube.com/watch?v=PeNrkt--WVA

La Reforma no puede quedarse en la discusión de carácter económico respecto a las prácticas monopólicas, que puedan tener los grupos fácticos, sino dar un carácter plural a los medios de comunicación que permita romper el monopolio más importante que tienen en la opinión pública: Encinas Rodríguez.

En el marco de la reunión de senadores del PRD con el Movimiento #YoSoy132, el senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó “hay que tener claro todo el proceso legislativo que se está teniendo en estos momentos, la discusión de la Cámara de Diputados y del Senado de la República donde puede haber cambios que regrese la minuta de la reforma en telecomunicaciones a la Cámara de Diputados y después enviarla a los Congresos Locales para que la reforma constitucional se concrete. Toda vez, que se ha avanzado en la discusión primero con el acuerdo que establecieron las dirigencias de los partido y luego la minuta de los diputados donde se hicieron modificaciones, vamos a entrar a definir cuestiones muy concretas”.

Coincidió con el movimiento #YoSoy 132, que la minuta de la reforma en comunicaciones debe de regular en lo fundamental un derecho de los ciudadanos en el ejercicio pleno, no solamente de la libertad de expresión sino del derecho a la información”.

Subrayó “la reforma no puede quedarse en la discusión de carácter económico respecto a las prácticas monopólicas, que puedan tener los grupos fácticos, sino dar un carácter plural a los medios de comunicación el cual permita romper el monopolio más importante que tienen en la opinión pública, para golpear ese monopolio debe de democratizarse los medios y esa democratización no se logra solamente porque haya dos nuevas cadenas de televisión sino tomar otras medidas que lleven una mejor regulación por parte del Estado”.

Recalcó “es uno de los temas que vamos a sostener para que esto quede en la minuta que se refiere a los asuntos de orden social donde dice que ya está incorporado lo indígena y lo comunitario”

El Senador Alejandro Encinas se reúne con una comitiva del Municipio de Luvianos, asistieron: Ing. Catalina Verónica Cabrera Mondragón, Regidora segunda de Luvianos; Ing. Jesús Orozco Duran; Sergio Cruz Hernández, Santo Tomás de los Plátanos; y Arnulfo Pérez González, Director de Obras Públicas de Luvianos.

- ATENTA INVITACIÓN -

El Senado de la República, Secretaría de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales y MORENA, tienen el agrado de invitarle al Encuentro de Economía Social y Solidaria; Legislación e instrumentación en México, que se llevará acabo el día 10 de abril 2013. En el patio central de la Casona de Xicoténcatl, Número 9, Col. Centro.

Pacto: El engaño

Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

9 de abril de 2013

La fastuosa propaganda y la visión egocéntrica de la partidocracia que asume que todo cuanto realiza forma parte de una cruzada por Dios, por la Patria y el Rey –léase el Presidente-, han ocultado los entretelones de las negociaciones y los cambios soterrados a los acuerdos iniciales en la reforma en materia de telecomunicaciones.
 

Por ejemplo, de los acuerdos iniciales no aparecieron en la iniciativa el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a las concesiones de radiodifusión ni la gratuidad de la difusión de la señal abierta por otros concesionarios, ya que se estableció, primero, que ésta se pagaría a precios competitivos y después, la Cámara de Diputados, cambió, en una clara dedicatoria a MVS, el artículo 8º transitorio: “el Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan.

También se revocará la concesión a estos últimos.”, con lo que se garantiza al duopolio televisivo el cobro del uso de la señal abierta en la televisión restringida y prevé la pérdida de las concesiones de otros competidores, ya que Telmex se vería beneficiado indirectamente al incrementarse la facturación que realiza por un convenio con MVS.
 

El cambio más delicado hecho por los diputados, se orquestó en el artículo 28 Constitucional respecto a la propiedad cruzada de medios de comunicación. De origen, la pretensión de regular los monopolios mediáticos tiene serias limitaciones, pues solo se considera la concentración a través de las concesiones otorgadas y no de los ingresos por publicidad, la producción de contenidos, la audiencia o la zona geográfica de cobertura. Más aún, la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta implicará que Televisa no detente más del 50% de las concesiones y, por tanto, no se considere un monopolio, aunque mantenga, solo en el canal 2, una cobertura de más del 90% del territorio nacional.
 

El texto original de la iniciativa señalaba que el Ifetel “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”. Con la modificación se establece que el Ifetel “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”. Este cambio debilita la facultad del Ifetel que podría ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites y mantendrá intacta la propiedad cruzada en la transmisión de contenidos vía satélite, cable, espectro radioeléctrico o fibra óptica, pues el duopolio televisivo podrá demostrar que teniendo menos del 50% de las acciones en las empresas que conforman la red de distribución de contenidos, no las controlan.
 

Para algunos, la reforma buscaba mediar en el conflicto entre dos grupos de poder económico. Para los promotores, con la reforma el Estado recuperaría la rectoría en el sector, acotaría a los poderes fácticos, enfrentaría a los monopolios y permitiría la democratización de los medios de comunicación. A la luz de los cambios realizados a la iniciativa, lejos de conciliar entre dos grupos de poder y contener a los monopolios, se favorece a uno de los actores, manteniendo intocado el monopolio de la opinión pública, lo que convierte a la parafernalia que ha rodeado al Pacto por México en un engaño.

(Senador de las República)

Nuevo intento para acotar el fuero militar

Tres años después de que su propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados, el ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas presentó en la Cámara Alta una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, para evitar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean investigadas en tribunales castrenses.
 

Encinas Rodríguez presentó el 19 de marzo, una propuesta para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias dictadas contra México.

La iniciativa ya había sido presentada por Encinas en 2010 cuando era diputado federal, sin embargo la iniciativa no prosperó pese al apoyo de las bancadas de izquierda. Ahora el perredista la volvió a presentar pero esta vez ante el Senado.
 

Esta propuesta busca responder a las recomendaciones internacionales. En noviembre del 2009 la Corte Interamericana emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, cometida por el Ejército en 1972.
 

En su sentencia, la Interamericana exhortó al Estado mexicano a adoptar reformas legislativas en materia de jurisdicción militar para evitar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean indagadas por la justicia castrense como actualmente ocurre.
 

Posteriormente, en agosto de 2010 la Corte emitió dos sentencias más contra México, en esta ocasión por su responsabilidad en los casos de violación sexual que cometieron militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas ultrajadas en Guerrero en 2002, en hechos por separado.
 

En noviembre de 2010 la Corte emitió otra condena, pero ahora por el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes fueron detenidos de forma arbitraria y después torturados por efectivos militares en 1999.
 

En los cuatro casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las víctimas o sus familiares argumentaron que no obtuvieron justicia porque en México el artículo 57 del Código de Justicia Militar permite que los tribunales castrenses sean juez y parte en el proceso, lo que no garantiza una investigación imparcial.
 

De acuerdo con el documento suscrito por Encinas Rodríguez, se propone eliminar “la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, toda vez que esta disposición contraviene lo previsto por el artículo 13 constitucional”, norma que no permite la existencia de tribunales de carácter extraordinario.
 

Con esta propuesta, el artículo 57 del Código de Justicia Militar rezaría: “Son delitos contra la disciplina militar los especificados en el Libro Segundo de este Código” y las siguientes fracciones que actualmente aparecen en este artículo se eliminarían.
 

Con esto los tribunales castrenses tendrían facultad para investigar y sancionar delitos contra la disciplina militar, pero no violaciones a los derechos humanos de los civiles, tales como violación o abuso sexual y tortura o desaparición forzada, entre otros.
 

Organizaciones civiles han reiterado que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una interpretación restrictiva del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos y pese a que Felipe Calderón presentó una propuesta de reforma que resultó insuficiente y que no fue aprobada, sigue faltando una legislación en la materia

Municipios: el patito feo

El UniversalAlejandro Encinas Rodríguez
 26 Marzo 2013

De nueva cuenta se sienta a los municipios en el banquillo de los acusados. So pretexto del indebido endeudamiento en que han incurrido algunos estados y municipios del país, se pretende avanzar en establecer nuevas disposiciones que permitan el control centralizado del manejo de sus finanzas y con ello disminuir sus ya mermadas capacidades.
 

Cierto es que hace falta establecer normas y controles adecuados que permitan superar la laxitud de los órganos de fiscalización y la subordinación de los Congresos de los estados al

Ejecutivo local, que han derivado en actos de corrupción que han sido ampliamente documentados en los casos de Humberto Moreira en Coahuila, Juan Sabines en Chiapas o Andrés Granier en Tabasco.
 

De igual manera es preciso focalizar el problema de endeudamiento de los municipios, ya que de los 2 mil 456 municipios del país, solo 980 tienen un endeudamiento por 44 mil 600 millones de pesos. De éstos, sólo 100 municipios tienen una deuda superior a 60 millones de pesos; concentrándose el problema en 20 municipios que aglutinan el 42% del total (19 mil millones de pesos), entre ellos: Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Benito Juárez, Nuevo Laredo y León, que suman 9 mil millones de pesos.
 

Por otro lado, la mayor parte de los municipios no tienen deuda con la banca comercial o de desarrollo, y sus deudas se concentran en el pago de alumbrado público, drenaje, agua en bloque o laudos laborales.
 

Por ello, la naturaleza del problema es distinta y debe asumirse que el modelo federalista y municipalismo hasta ahora vigentes se han agotado, por lo que es necesaria una profunda revisión de las competencias, atribuciones y mecanismos de financiamiento de los gobiernos locales.
 

Un primer paso es transformar la desigual distribución de los ingresos y egresos nacionales que hoy concentran el 80% del presupuesto nacional en el gobierno federal y sólo el 16% en

los estados y 4% en los municipios. Ello implica, además de un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal y en la formula de asignación de la Recaudación Federal Participable, que incremente a 25% el monto de los recursos asignados a los municipios, una reforma hacendaria que elimine las exenciones en las contribuciones locales que gozan tanto el sector público como el privado, tanto en el predial como en el uso y aprovechamiento del espacio público; que los ayuntamientos perciban las contribuciones que establezcan las entidades federativas sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, traslación, construcción vertical, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo el uso del suelo de instalaciones subterráneas o instalaciones en vía pública.
 

Que el subsidio para la seguridad municipal, Subsemun, se convierta en un fondo para la creación y restructuración de los cuerpos de seguridad municipales que hoy enfrentan una profunda debilidad institucional: 12 de las 31 entidades federativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 2,456 municipios no tienen policía, de los 2 mil restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos; 10 municipios concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 2% es analfabeto.

Se requiere también, revisar las reglas de operación de los programas federales, principalmente los de infraestructura social, eliminando burocracias y disminuyendo el pari passu para los municipios, así como crear un programa de financiamiento emergente a las haciendas municipales que atienda las deudas históricas con Banobras, Conagua y CFE.

Recursos existen. Así como el gobierno anterior entregó 14 mil millones de dólares al FMI –lo que no hizo el gobierno de los Estados Unidos- puede disponerse de 10 mil millones de dólares para abatir el rezago en servicios básicos.

Pese al legítimo cuestionamiento a los actos de corrupción y abusos que se registran en muchos municipios del país, el reclamo que por lo general se hace desde el gobierno federal al municipio es injusto, y lejos de fortalecerlo se busca vulnerar y debilitar a la autoridad más cercana al ciudadano. Se requiere de un nuevo municipalismo, con fortaleza y vigor, ello entraña el rediseño del sistema federal actual. Para que el municipio deje de ser el patito feo de la federación, es necesaria una descentralización de los recursos nacionales y del poder público, sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe con nuestro pacto federal.

Senador de la República