El preámbulo
Alejandro
Encinas Rodríguez
El Universal
Martes, 5 de
septiembre de 2017
Lo sucedido durante la instalación del periodo de sesiones del Congreso
de la Unión trasciende, por mucho, las escaramuzas que frecuentemente se
presentan en las cámaras que lo conforman.
La disputa por la integración de los órganos de gobierno del Senado,
primero, con la pretensión del PRI de encabezar tanto la Mesa Directiva como la
Junta de Coordinación Política y, posteriormente, al pactar con un sector de la
bancada del Partido Acción Nacional la presidencia de la Mesa Directiva, define
la ruta que el gobierno, su partido y sus aliados seguirán rumbo a las
elecciones de 2018.
Van por todo, sin escrúpulos ni limitación alguna. Se proponen conservar
el poder a como dé lugar. Su primera apuesta fue garantizar el control del
Senado y de la Cámara de Diputados: lo lograron.
En la Cámara de Diputados, arrendando diputados del PRI al grupo
parlamentario del Partido Verde, para impedir el reconocimiento de Morena como
tercera fuerza legislativa, y en el Senado, fracturando al grupo parlamentario
del PAN, al poner sobre el tapete de la negociación, más que la Presidencia de
la Mesa Directiva, el acuerdo que pretende sacar adelante los puntos más
controvertidos de la agenda legislativa de este periodo de sesiones: el
nombramiento del Fiscal General de la Nación, que ya tiene nombre y apellido,
Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República, y otros asuntos
polémicos, como la Ley de Seguridad Interior, que legalizaría la militarización
del país.
No se trata solo del reacomodo de las fuerzas políticas en el parlamento
ni del acuerdo respecto a la agenda legislativa, sino de la puesta en marcha,
envalentonados por el pírrico resultado que alcanzaron en el Estado de México,
de una operación política soportada en el aparato gubernamental, el uso
indiscriminado de los recursos públicos, en la manipulación y en las campañas
mediáticas de rumores e infundios, y en la fuerza del Estado para mantenerse en
el poder.
El gobierno de Peña, su partido y sus aliados no entienden que este país
ha cambiado. Que hay nuevos actores qué desde la sociedad civil, más allá de
los partidos o las organizaciones gremiales tradicionales, participan
activamente en la reivindicación de demandas legítimas que han sido postergadas
durante décadas: la recuperación del salario, el combate a la inseguridad, la
defensa del territorio y los recursos naturales de las comunidades indígenas y
campesinas, despojadas por la voracidad de concesionarios.
Son indiferentes a la creciente indignación del sector empresarial
nacional, cansado de que las obras públicas se entreguen, onerosa y
arbitrariamente, a empresas extranjeras “amigas del poder”. Están hartos de los
“moches” y comisiones que se les exigen para que se les adjudiquen obras o
adquisiciones del sector público. Como también lo son, ante los reclamos
de organismos internacionales y agencias multilaterales, que alertan sobre la
profunda descomposición que viven las instituciones del país.
El primero de septiembre hace tiempo que dejo de ser el día del
Presidente. No logró convertirse, durante la precaria transición democrática
que permitió la alternancia en el Gobierno federal, en el día de la rendición
de cuentas al Congreso. El informe presidencial se ha reducido a un acto
burocrático en el que un subsecretario entrega un documento al Congreso, que
resulta intrascendente para la sociedad.
Lo sucedido ese día, es apenas el preámbulo que precede a mayores
tensiones y polarización política de cara al 2018. El hartazgo y la indignación
social, alientan vientos de cambio, pese a la incertidumbre que generan los
desatinos de algunos sectores de las izquierdas que, pudiendo conformar una
nueva mayoría, se afanan en una alianza con la derecha, o apoyan con su voto la
elección de Ernesto Cordero en el Senado.
La señal enviada por el gobierno en el Congreso camina en sentido
contrario a las aspiraciones de la sociedad, y representa, además, el anuncio
de que hará lo imposible por acallarlas. (Senador de la República)
