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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura




Llamado por México
 Sábado, 04 Febrero 2017

Con el lanzamiento público de Por México Hoy el 3 de octubre de 2015, señalamos
“Durante más de treinta años el pueblo de México ha venido resistiendo en distintas formas y desde distintas trincheras, en ejercicio de sus derechos. Hoy, por México, creemos que podemos avanzar impulsando una propuesta que permita salir al país de la profunda crisis en que se encuentra. La tarea que estamos emprendiendo tiene por objetivo otro modelo de país, un México para todos, con igualdad, justicia, libertad y soberanía.”
“Este modelo debe plasmarse en una nueva carta constitucional, formular, entre todos, un proyecto de nación y construir una fuerza política que permita crear una nueva fuerza mayoritaria que impulse este proyecto con la más amplia participación de ciudadanos y organizaciones sociales.”
Para ello, insistimos, es necesario la búsqueda de consensos y la construcción de alianzas para ampliar y profundizar la formulación de un país soberano, un país de iguales, con justicia y libertad.
Las políticas neoliberales adoptadas dogmáticamente por los poderes fácticos y la clase política dominante, como vía única a la solución  de la existencia en un mundo global, implicó el desmantelamiento de un proyecto de desarrollo nacional, para entregar el país a la dictadura del mercado.
Ello trajo consigo la entrega y subordinación del país a los distados del neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos, lo que ha llevado a México a su máxima vulnerabilidad, con un gobierno debilitado, desprestigiado en extremo, sin recursos y sin respuestas. A un Estado débil y fragmentado y a una economía frágil y dependiente.
En contra parte, la sociedad mexicana está harta de un poder indiferente w insensible. Esta indignación debe traducirse en una fuerza social que dé sustento a un nuevo proyecto de país y a la conformación de una mayoría capaz de impulsarlo. Necesitamos otro enfoque, pensar de otra manera el mundo, la globalización, América Latina y al país.
Otra forma de gobernar, que conlleve a la descentralización del poder público a través de un federalismo equitativo que permita la apropiación social de los asuntos públicos, de lo que es nuestro, lo que es de todos.
Un federalismo sustentado en el municipio libre, que distribuya las responsabilidades, funciones y recursos entre las entidades, que facilite la asociación para el desarrollo y promueva activamente la reversión de las desigualdades y desequilibrios regionales.
Otra forma de gobernar obliga a asumir un enfoque integral de derechos humanos, un sistema de justicia honesto, una efectiva seguridad ciudadana y garantizar la gobernanza.
Cumplimiento cabal de los derechos humanos es condición ineludible para la convivencia armónica de la sociedad, donde el Estado debe refundarse, satisfaciendo las necesidades básicas de todas las personas.
Aspiramos a edificar un Estado garante de los derechos de todos los mexicanos, regido por los principios del buen gobierno, capaz de ampliar una justicia equitativa y eficaz.
Un Estado que enfrente la profunda desigualdad existente entre las  regiones del país, la inequitativa distribución del ingreso, la desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad personal que genera un ingreso distinto.
Proponemos un cambio estructural del patrón de desarrollo económico, como columna fundamental de un nuevo proyecto de nación a partir de la premisa de distribuir para crecer y crecer distribuyendo.
Un modelo económico con empleo y salarios dignos. Una nueva política salarial que remonte la precarización del trabajo, un nuevo patrón de desarrollo energético asentado en el control soberano de los recursos naturales, un nuevo patrón de desarrollo agropecuario, que promueva un reforma integral del campo mexicano para alcanzar la autosuficiencia alimentaria; así como el establecimiento de esquemas de distribución de productos que los liberen de intermediaciones expoliadoras, otorgando prioridad a las necesidades de las familias rurales, y a la preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Ello requiere una reforma fiscal progresiva  que grave la riqueza extrema; combatir la corrupción, el dispendio y la evasión fiscal. La reconstrucción gradual de las economías regionales, establecer un nueva política de industrialización que aliente la manufactura y la industria de bienes de capital y de materias primas estratégicas  y el impulso a la innovación y la investigación científica y tecnológica.
El desarrollo económico debe acompañarse de la preservación y aprovechamiento integral de los recursos naturales; restablecer el carácter estratégico de la gestión de los recursos hídricos del país; recuperar el dominio público sobre la administración de agua y los servicios públicos asociados con ella; asegurar su manejo sustentable; garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos y territorio; así como el rescate y aprovechamiento soberano y racional de los hidrocarburos y de recursos mineros del país.
Es necesario repensar al país, con una visión de futuro, haciendo una reflexión profunda del modelo económico dominante que ha fomentado la pobreza y la exclusión. En necesario un modelo que acote el pode y dominio del capital financiero sobre las otras actividades económicas, para que la economía recupere su sentido productivo y colectivo.
La cuestión social convoca hoy a la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana, la armonía entre la vida laboral, personal y familiar, la igualdad sustantiva entre géneros y generaciones, el sentido de pertenencia y responsabilidad, respeto a la vida colectiva, el buen trato y la no discriminación; los afectos y las emociones y la salud comunitaria, elementos fundamentales para alcanzar la vida digna.
La buena vecindad y la acción comunitaria, son elementos que cohesionan a la sociedad a través de valores humanos, cívicos y ambientales compartidos; la confianza entre las personas y hacia las instituciones, propiciando la capacidad real de participar en la definición de lo público y de desarrollar la acción pública a través de organizaciones y redes sociales que articulen los derechos de todos, de la mujeres, de la infancia, de las juventudes, de los pueblos originarios, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los migrantes y de quienes tienen una orientación sexual diversa.
En Por México hoy reconocemos la urgente necesidad de replantear el Pacto Social entre los agentes que participan en la construcción de bienestar de la población; el Estado, los gobiernos, las familias y la comunidad, teniendo como propósitos centrales lograr una buena calidad de vida y una condición humana superior para reducir las brechas de desigualdad para crear una sociedad solidaria, pacífica y justa.
Se requiere construir un Estado Social de Derechos, como un reto para alcanzar un futuro luminoso para el país, y superar el deterioro experimentando en la convivencia, en la pérdida de calidad y disponibilidad de los servicios sociales y el derecho a los derechos humanos. Se trata de asegurar la existencia material y jurídica de condiciones que permitan a las personas y a las familias contar con los bienes que dignifiquen su existencia y permitan su sano desarrollo en un marco de libertades.
Bajo este concepto, es necesario reconocer el aporte de las familias al sano desarrollo del humano y en la generación de un ambiente propicio para fortalecer los valores de solidaridad y protección en la comunidad como parte consustancial de un nuevo pacto social.
En el concierto de naciones, México puede y debe jugar un papel diferente al actual. Un país soberano. Un país independiente, donde la integración económica, social, política y cultural sean factores de equilibrio y solidaridad en una comunidad de naciones de América Latina  y el Caribe.
El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, crea un nuevo escenario que refrenda la urgencia de llevar a cabo estos planteamientos. México se encuentra sin estrategia internacional que le sirva al país como carta de navegación en un planeta extremadamente convulsionado.
Se transformó el sistema de poder emanado  de la segunda guerra mundial y del fin de la guerra fría. Estados Unidos sigue siendo una potencia en el ámbito económico, militar y tecnológico, pero el entorno internacional se ha vuelto crecientemente complejo y su gobernanza resulta cada vez más difícil, más aún, cuando el gobierno de Trump ha inventado a México como una nueva amenaza.
Son tiempos de unidad, pero no de cualquier unidad. La unidad nacional ha sido una consigna que se ha utilizado en diversos momentos de la historia, en los que se argumenta una amenaza externa que pone en peligro la soberanía y la integridad de la Nación, haciendo de la política de unidad nacional un vehículo a través del cual, se han limitado libertades y pretendido erradicar cualquier disidencia a las políticas y acciones gubernamentales y de los intereses económicos en el poder, bajo el argumento de que “ atentan contra la unidad nacional” y “ nos debilitan” ante los enemigos externos.
Algunos momentos importantes de esa visión de unidad nacional, lo representaron Manuel Ávila Camacho, quien el contexto de la Segunda Guerra Mundial justificó el desmantelamiento de las estructuras sociales creadas durante el cardenismo, atentando contra el derecho de huelga, la autonomía de las centrales sindicales, desatando persecución contra los liderazgos de izquierda y estableciendo el delito de disolución social, cuya desaparición fue una de las demandas del movimiento del 68. Miguel Alemán continuó las campañas anticomunistas y la represión a los movimientos sociales, impulsando el Amparo Agrario, el charrismo sindical y el control de las organizaciones agrarias, a lo que una izquierda sin brújula ni rumbo, entonces contribuyó bajo consigna de unidad a toda costa alentada desde Moscú.
Lo mismo sucedió bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, cuando en aras de la unidad nacional para combatir “la conjura comunista internacional” justificó la represión al movimiento estudiantil de 1968.
Por ello hablar hoy de Unidad Nacional, es referirse a la unidad de las mexicanas y de los mexicanos, a la defensa de un país y su soberanía, de los mexicanos en el exterior y la protección de sus derechos y garantías, no de la unidad en torno a una figura presidencial decadente y ajena al interés nacional.
Es un momento de avanzar en la definición colectiva en la conformación de un Proyecto de Nación y la conformación de un nuevo Pacto Social. Es momento de acumular fuerzas suficientes para materializar una nueva Constitución que preserve las conquistas sociales alcanzadas, que revierta los cambios contrarios al interés nacional y popular introducidos durante las últimas décadas; integre las nuevas garantías y derechos sociales reclamados por ciudadanos contemple los nuevos desafías de la época.
Es momento de repensar y recrear al país, que nos repensemos a nosotros mismos, es el momento de recuperar valores fundamentales como la ética, nuestros valores de identidad como nación y nuestros principios de solidaridad entre los mexicanos. Que avancemos en la construcción de un buen gobierno que rinda cuentas y recuperemos nuestro derecho a imaginar un país distinto, tolerante con inclusión social y sin discriminación.
Recuperar nuestro derecho a soñar, como lo hicieron los jóvenes del 68; el derecho alcanzar nuestras aspiraciones para vivir en paz, que es posible progresar y resolver nuestra vida cotidiana en condiciones de dignidad. Ese es el México que queremos.
Es tiempo de una nueva ruptura política y cultural, que permita convertir la energía desatada por la inconformidad social en organización para iniciar la transformación profunda que México necesita.




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