Habemus Constitución

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 07 de febrero de 2017

Pese a los malos augurios, el 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó y expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha emblemática que coincidió con la promulgación del Acta Constitutiva de la República Mexicana de 1824, así como con la sesión solemne que suscribió la Constitución de 1917.

Para quienes afirmaron que se legisló sobre las rodillas, queda el registro del trabajo desempeñado a lo largo de cuatro meses y medio, durante los cuales se realizaron 21 sesiones plenarias, que ocuparon 42 días de trabajo, destacando la sesión más larga en la historia parlamentaria del país, que se extendió del 14 al 27 de enero. Se presentaron 544 iniciativas de legisladores y 978 de ciudadanos, y se discutieron 870 reservas en lo particular, con la participación de mil 342 oradores. A lo que se suman más de mil 600 horas de trabajo efectivo de las ocho comisiones de dictamen, la atención a más de 10 mil personas, 47 organizaciones no gubernamentales y  93 manifestaciones públicas.

La Asamblea garantizó el ejercicio irrestricto a la  libertad de expresión y el debate parlamentario, sin limitar a ningún constituyente el uso de la palabra, lo que dio como resultado una constitución de derechos y de libertades, que sin duda conformarán un nuevo paradigma en la vida política del país.

Con ello se cierra el largo ciclo de debates iniciado hace 193 años con la primera Constitución del México independiente, respecto al reconocimiento de la Ciudad de México como una entidad integrante de la Federación.

La Asamblea Constituyente se enmarcó en un contexto de pluralidad política y de desarrollo de la cultura cívica en la capital del país y tendrá, entre sus sellos distintivos, ser el primer órgano legislativo integrado de manera paritaria entre hombres y mujeres, presidido por una Mesa Directiva integrada mayoritariamente por mujeres. La implementación de prácticas parlamentarias ajenas a la disciplina partidaria tradicional que permitió la construcción de acuerdos transversales indispensables para su aprobación.

El establecimiento del parlamento abierto permitió a cientos de ciudadanas y ciudadanos presentar iniciativas y participar en audiencias públicas. Destaca la implementación de la primera consulta, a nivel internacional, a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se realzaron 940 asambleas, 934 de las cuales aprobaron el dictamen, el que posteriormente alcanzó unanimidad.

La Constitución integra la reforma que elevó a rango constitucional los derechos humanos de todas las personas, así como los tratados internacionales en la materia; el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la ciudad, asumiendo que la ciudad es de sus habitantes, quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute, estableciendo mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad. Amplía los derechos sociales y civiles, desde el derecho a un mínimo vital progresivo, el matrimonio igualitario y el derecho a la vida y la muerte digna. Establece los deberes de los ciudadanos, incluido la protección de los animales como seres sintientes y propone nuevas modalidades en el ejercicio del buen gobierno y la planeación de la ciudad que entiende al territorio como el eje articulador de las políticas públicas.

Termina así el último vestigio del DDF: las delegaciones políticas, creando las alcaldías, así como nuevas formas de democracia participativa y de gestión metropolitana. Se transforma además al poder intocado, al Poder Judicial.

En la Constituyente se confrontaron dos visiones sobre el país al que aspiramos; la prevalencia del interés público sobre el privado, el fortalecimiento de la democracia participativa, las libertades públicas y los derechos privados, la regulación del suelo y del mercado, la construcción de un Estado con responsabilidad social, sin vuelta al Estado paternalista y autoritario.

La Constitución cimentó su legitimidad atendiendo las aspiraciones ciudadanas, asegurando el usufructo equitativo de la Ciudad donde el suelo y la propiedad cumplen una función social para permitir la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la comunidad.

La Constitución plantea una nueva forma de entender a una sociedad cada día más compleja, envía un mensaje positivo al país en estos momentos de desasosiego, y contribuye a perpetuar la fama y la gloria de México Tenochtitlán. (Diputado Constituyente)