Centralazo

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 21 de marzo de 2017

Vaya pretensión la de Enrique Peña Nieto al querer abrogar la Constitución de la Ciudad de México. El Ejecutivo Federal, a través de la PGR y la Consejería Jurídica, ha iniciado una cruzada contra la nueva constitución afirmando que los recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen por objeto “dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía”.

Se trata de un argumento falaz que no tiene asidero alguno. Las controversias presentadas denotan dolo y un profundo desconocimiento del proceso constituyente, incurriendo incluso en falsedad. Tres ejemplos: la PGR afirma que no se realizó la consulta a las comunidades indígenas de conformidad con los parámetros constitucionales, cuando la Asamblea Constituyente implementó la primera consulta previa e informada a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, no sólo en el país sino a nivel internacional, que incluso ha merecido el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas en México.

Afirma que las votaciones en la Conferencia de Armonización no se apegaron a la norma reglamentaria, cuando en esa instancia no se registró votación alguna al no ser una comisión de dictamen. Miente al afirmar que la votación de cada uno de los artículos no reunió las dos terceras partes de la votación del total de los integrantes de la Asamblea, con lo que busca echar abajo toda la constitución, cuando se cumplió con el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, que establece claramente que la mayoría calificada requerida era las dos terceras partes de los integrantes presentes.

¿Qué impugna el Ejecutivo Federal?: que la dignidad humana sea el principio rector y los derechos humanos fundamento de la Constitución; que la Ciudad asuma la defensa del Estado democrático, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia; el desarrollo económico sustentable y solidario; que la función pública se apegue a la ética, la austeridad, la rendición de cuentas y a la participación ciudadana. Se opone a la revocación del mandato, a la eliminación del fuero y al secreto profesional de los periodistas.

No le gusta que se establezca el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, conciencia o religión; el derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas; a una vida libre de violencia y discriminación; a la igualdad sustantiva; a los derechos sexuales y reproductivos; a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad; a vivir y a morir con dignidad; llegando al absurdo de afirmar que la Constitución alienta la poligamia cuando reconoce todas las estructuras y formas de comunidad familiar en igualdad de derechos.

Especial malestar despertaron las reformas al poder intocado, al Poder Judicial, al eliminar que el presidente del tribunal presida al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura; eliminar su reelección y crear un Consejo Judicial Ciudadano para nombrar a estos consejeros y proponer al Fiscal General y a los fiscales electorales y anticorrupción.

El Ejecutivo incurre además en una pifia jurídica, que fue replicada por el Ministro de la Corte que atenderá los recursos presentados, al señalar como autoridades responsables para atender estos recursos, “por analogía”, a la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Constituyente es un poder originario, único responsable para atender las querellas presentadas, y al Gobierno de la Ciudad, en tanto autoridad “promulgadora”, lo que tampoco es así, ya que quien aprobó, emitió y envió para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Gobierno de la Ciudad fue la Asamblea Constituyente, por lo que el único acto en que intervinieron los ejecutivos federal y local fue en su publicación.

Más que una diferencia jurídica, se trata de una diferencia política de fondo. Una diferencia en las ideas sobre la ciudad y el país al que aspiramos. Con su impugnación ante la Corte Peña Nieto denota nostalgia por el viejo centralismo presidencialista autoritario que ha llevado al debilitamiento de las libertades y de los gobiernos locales, subordinando el interés público y el desarrollo democrático del país a los intereses dela burocracia política y de una pequeña oligarquía que se hace acompañar de la jerarquía eclesiástica, de organizaciones de ultraderecha y de los intereses afectados, entre otros, del poder judicial.

Parafraseando el clásico dicho popular jalisciense “El Ejecutivo nunca pierde y cuando pierde arrebata”. (Senador de la República)