Centralazo
Alejandro Encinas
Rodríguez
El Universal
Martes 21 de marzo
de 2017
Vaya pretensión la de Enrique Peña Nieto al querer abrogar la
Constitución de la Ciudad de México. El Ejecutivo Federal, a través de la PGR y
la Consejería Jurídica, ha iniciado una cruzada contra la nueva constitución
afirmando que los recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación tienen por objeto “dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía”.
Se trata de un argumento falaz que no tiene asidero alguno. Las
controversias presentadas denotan dolo y un profundo desconocimiento del
proceso constituyente, incurriendo incluso en falsedad. Tres ejemplos: la PGR
afirma que no se realizó la consulta a las comunidades indígenas de conformidad
con los parámetros constitucionales, cuando la Asamblea Constituyente
implementó la primera consulta previa e informada a los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, no sólo en el país sino a nivel
internacional, que incluso ha merecido el reconocimiento del Sistema de
Naciones Unidas en México.
Afirma que las votaciones en la Conferencia de Armonización no se
apegaron a la norma reglamentaria, cuando en esa instancia no se registró
votación alguna al no ser una comisión de dictamen. Miente al afirmar que la
votación de cada uno de los artículos no reunió las dos terceras partes de la
votación del total de los integrantes de la Asamblea, con lo que busca echar
abajo toda la constitución, cuando se cumplió con el artículo séptimo
transitorio de la reforma constitucional, que establece claramente que la
mayoría calificada requerida era las dos terceras partes de los integrantes
presentes.
¿Qué impugna el Ejecutivo Federal?: que la dignidad humana sea el
principio rector y los derechos humanos fundamento de la Constitución; que la
Ciudad asuma la defensa del Estado democrático, el diálogo social, la cultura
de la paz y la no violencia; el desarrollo económico sustentable y solidario;
que la función pública se apegue a la ética, la austeridad, la rendición de
cuentas y a la participación ciudadana. Se opone a la revocación del mandato, a
la eliminación del fuero y al secreto profesional de los periodistas.
No le gusta que se establezca el derecho de todas las personas a la
libertad de pensamiento, conciencia o religión; el derecho a actuar de acuerdo
a sus convicciones éticas; a una vida libre de violencia y discriminación; a la
igualdad sustantiva; a los derechos sexuales y reproductivos; a la autodeterminación
personal y al libre desarrollo de la personalidad; a vivir y a morir con
dignidad; llegando al absurdo de afirmar que la Constitución alienta la
poligamia cuando reconoce todas las estructuras y formas de comunidad familiar
en igualdad de derechos.
Especial malestar despertaron las reformas al poder intocado, al Poder
Judicial, al eliminar que el presidente del tribunal presida al mismo tiempo el
Consejo de la Judicatura; eliminar su reelección y crear un Consejo Judicial
Ciudadano para nombrar a estos consejeros y proponer al Fiscal General y a los
fiscales electorales y anticorrupción.
El Ejecutivo incurre además en una pifia jurídica, que fue replicada por
el Ministro de la Corte que atenderá los recursos presentados, al señalar como
autoridades responsables para atender estos recursos, “por analogía”, a la
Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Constituyente es un poder originario,
único responsable para atender las querellas presentadas, y al Gobierno de la
Ciudad, en tanto autoridad “promulgadora”, lo que tampoco es así, ya que quien
aprobó, emitió y envió para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y la Gaceta de Gobierno de la Ciudad fue la Asamblea Constituyente,
por lo que el único acto en que intervinieron los ejecutivos federal y local
fue en su publicación.
Más que una diferencia jurídica, se trata de una diferencia política de
fondo. Una diferencia en las ideas sobre la ciudad y el país al que aspiramos. Con
su impugnación ante la Corte Peña Nieto denota nostalgia por el viejo
centralismo presidencialista autoritario que ha llevado al debilitamiento de
las libertades y de los gobiernos locales, subordinando el interés público y el
desarrollo democrático del país a los intereses dela burocracia política y de
una pequeña oligarquía que se hace acompañar de la jerarquía eclesiástica, de
organizaciones de ultraderecha y de los intereses afectados, entre otros, del
poder judicial.
Parafraseando el clásico dicho popular jalisciense “El Ejecutivo nunca
pierde y cuando pierde arrebata”. (Senador de la República)