Saldo electoral
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sorprende el triunfalismo
con el que los distintos actores políticos asumen los resultados del proceso
electoral. Para Enrique Peña Nieto, se trató de un referéndum aprobatorio de su
gobierno y de los resultados positivos en la economía nacional tras las
reformas estructurales, por lo que el PRI logró una mayoría en la
Cámara de Diputados, lo que no ocurría desde 1991, en momentos en que las
expectativas de crecimiento económico para este año han caído a 2.2%, en tanto
el desempleo y la desigualdad crecen y los salarios continúan depreciándose.
Para Lorenzo Córdova, los comicios fueron un éxito.
Se logró –dijo– ‘‘exorcizar la amenaza del boicot” y el entorno adverso llevó a
‘‘la delicada circunstancia de tomar como rehén de las demandas sociales al
Estado” a través de las elecciones’’.
Las afirmaciones de ambos personajes denotan el
divorcio entre las instituciones públicas y la sociedad. Quien evade la
realidad respecto a la precaria situación económica que enfrenta la inmensa
mayoría de los mexicanos no impulsará la reorientación de la economía nacional;
y quien asume que las demandas de los movimientos sociales limitan el
desarrollo democrático del país, representan el principal obstáculo para
alcanzarlo. Qué son las elecciones sino la disputa entre distintos proyectos
políticos por el poder público; la disputa por la Nación por la vía
democrática.
Si bien los comicios trajeron consigo resultados
que impactarán la vida política nacional y superaron las expectativas de
participación ciudadana, no es posible perderse en el laberinto del
triunfalismo oficial que elude los graves problemas que acompañaron este
proceso.
Las campañas se caracterizaron por su escasa
intensidad. Ningún partido planteó una propuesta clara; se limitaron a la mercadotecnia,
promoviendo la imagen de candidatos o dirigentes, y todos plantearon el combate
a la corrupción. Lejos de erigirse en una arena política para la confrontación
de ideas y plataformas partidistas, se convirtieron en un mercado por los
votos.
Las elecciones fueron ajenas a la normalidad
democrática. A la violencia de la delincuencia organizada, se sumó el
cuestionamiento al bajo nivel de credibilidad y legitimidad de los partidos e
instituciones públicas; la militarización y la violencia política. Durante la
campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes en 12 estados
del país; 16 ciudadanos más muertos en un enfrentamiento en Acapulco el día
previo a la elección; tres asesinatos más se registraron durante la jornada
electoral (Antonio Vivar en Tlapa, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, y Carlos
García, en Puebla). Dos días después fue asesinado Francisco López Liborio, en
Iguala. A lo anterior se sumaron conflictos agrarios y de los pueblos indígenas
en defensa de sus recursos naturales.
La quema de casillas se extendió en los estados de
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y posteriormente en el Estado de México,
de los que resurgió el viejo México mágico, como ocurrió en el Distrito XI de
Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103 casillas que posteriormente
aparecieron computadas en favor del PRI. Como lo denunció el exdirigente de la
Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Erangelio Mendoza Vargas, quién cuestionó el
llamado boicot electoral operado por el grupo llamado Los Pozoleros, vinculado
con el exgobernador Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, y por el grupo Los
Pelones, relacionado con José Nelson Murat Casab, “los que sirvieron sólo para
encumbrar a los candidatos a diputados federales del PRI”.
Durante el proceso prevaleció la anomalía
democrática, se mantuvieron las viejas prácticas de coacción, intimidación,
compra del voto y desvío de recursos públicos. La violencia y otros incidentes
graves representaron para estos actores políticos, un daño colateral.
El INE descepcionó en su desempeño. A la impunidad
que otorgó al Partido Verde en sus recurrentes violaciones a la ley, incluida
la promoción del voto durante la jornada electoral, hasta por el “Piojo”
Herrera, que implicaban la cancelación de su registro, se sumó su renuencia a
fiscalizar los recursos utilizados por los partidos, su origen, la contratación
ilegal de espacios en los medios de comunicación; la distribución de artículos
utilitarios prohibidos por la ley (útiles escolares, monederos electrónicos,
materiales de construcción), así como el eventual rebase del tope de gastos de
campaña.
Destaca la contradicción de criterios de
interpretación y adopción de resoluciones con los órganos locales electorales,
donde siguió predominando el control de los gobernadores. Por ejemplo, en
Colima se aceptó el recuento voto por voto en la elección de gobernador,
mientras que en la delegación Gustavo A. Madero se negó el mismo a pesar de que
la diferencia entre los candidatos punteros es menor a 1%.
La falla en los sistemas informáticos del INE son
un indicador más. En el Estado de México a las 18 horas del domingo 14 de
junio, la diferencia entre los votos emitidos para diputados federales y
diputados locales, era superior a 1 millón 200 mil votos, lo que a la vieja
usanza mexiquense se ajustó a las dos de la mañana del día siguiente.
Los resultados de la elección ponen en evidencia la
profunda crisis de legitimidad de un agotado sistema de partidos y de los
órganos de representación en el país. La predominancia tripartidista sufrió un
revés. Pese a que la votación entre 2009 y 2015 se incrementó en 2.5 millones
de votos, el PRI perdió 1.2 millones de votos y el PAN 1.3 millones. Con ello,
la concentración de votos en los tres principales partidos cayó de 77% en 2009
a 61% en 2015, beneficiando esta redistribución de los votos a los nuevos
partidos: Morena que alcanzó 8.4% de la votación y el PES con 3.3% y a los
partidos pequeños (con excepción del PT), en especial Movimiento Ciudadano que
superó 6% de la votación.
Un comportamiento especial se acreditó en las zonas
metropolitanas donde se registró la mayor libertad del voto, en especial de
jóvenes y sectores medios de la población, favoreciendo el triunfo del primer
candidato independiente a gobernador en Nuevo León; el de Movimiento Ciudadano
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la emergencia de Morena en el
Distrito Federal, donde las encuestas se colapsaron, demostrando que no se
puede inventar la realidad.
Si bien el PRI y sus aliados electorales tendrán
(con apenas 19% de los electores en el listado nominal) mayoría simple en la
Cámara de Diputados, y con sus aliados del Pacto por México una cómoda mayoría
calificada, estas elecciones no pueden asumirse como un refrendo al actual
gobierno, ya que el factor determinante lo conformaron los procesos locales, en
el que concurrieron por primera vez tres elecciones más de gobernador
(Campeche, Colima y Guerrero); un importante número de jóvenes que votaron por
primera vez, así como la participación de candidatos independientes, quienes
llegaron para quedarse, e impondrán un nuevo sello en nuestro sistema
electoral, ya que si bien algunos de estos candidatos provienen de la
militancia partidista o contaron con el apoyo de estructuras partidarias
disidentes o de grupos económicos, obligarán a los partidos a imprimir perfiles
ciudadanos en sus candidaturas, con mayor identidad por causas locales, como lo
demuestra la experiencia de Enrique Alfaro en Jalisco.
Si bien la participación de los ciudadanos fue
superior a lo previsto y el voto nulo descendió, se registró un comportamiento
desigual en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras en Yucatán se
presentó una votación atípica con la participaron de 72% de los electores; en
Baja California concurrió apenas 31.4%; en tanto que los votos nulos que a
nivel nacional sumaron 4.7%, en el Distrito Federal alcanzaron 7.3 %.
Desde la izquierda, los dirigentes del PRD han
pretendido minimizar su colapso electoral y la fractura causada por Morena
restando peras con manzanas, al querer comparar la votación obtenida por el
nuevo partido con los votos alcanzados por las coaliciones electorales de 2006
y 2012 que postularon a López Obrador en una elección presidencial.
A lo largo del proceso, la izquierda, fragmentada,
debatiéndose entre el pragmatismo y el sectarismo, y compitiendo entre sí,
obtuvo resultados desiguales. El PRD sufrió su mayor colapso electoral, y si
bien aumentó su votación en más de 100 mil votos y ganó la gubernatura de
Michoacán sin tener mayoría en el Congreso local, cae 10.8% de la votación
nacional; pierde el gobierno de Guerrero y la mayoría en el Distrito Federal y
en el estado de Morelos. Incluso se desploma al décimo lugar en Nuevo León.
Morena alcanza su registro y se constituye en el
nuevo centro de gravitación de la izquierda, tendrá un importante grupo
parlamentario y alcanza el primer lugar en el Distrito Federal; el segundo
lugar en Quintana Roo, y en 17 entidades se coloca por encima del PRD.
El proceso electoral ha puesto en evidencia la
profunda crisis de credibilidad del Estado mexicano y sus instituciones, las
cuales se encuentran entrampadas en medio de estructuras corrompidas incapaces
de responder al interés de los mexicanos. El saldo que arrojan las urnas
demuestra cuán lejanos se encuentran los partidos políticos de las causas
ciudadanas, y cuan arraigada prevalece la cultura política de la corrupción y
del engaño construida desde la época del partido hegemónico.
No existe un escenario de normalidad democrática.
Es necesario construir uno nuevo. El inicio de una nueva época, con una visión
crítica y con iniciativas que induzcan una ruptura cultural para edificar un
nuevo pacto social entre los mexicanos. Ello no provendrá del gobierno ni de
los partidos políticos.
Si se pretende
construir un frente político electoral hacia 2018, éste debe emerger de la
sociedad. Construir candidaturas vinculadas a los movimientos sociales para
recuperar los vínculos con las luchas sociales y la disputa territorial que
permitieron a los movimientos sociales convertirse en gobierno, y a la
izquierda en una fuerza nacional. Las fuerzas progresistas deben dejar atrás el
pragmatismo y el sectarismo que las han aniquilado. Aprender a escuchar y
actuar con inteligencia para coadyuvar a articular el enorme archipiélago de
indignación en que se ha convertido nuestro país. l
*Senador de la República
