Pregúntenos

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

28 Enero 2014

La maquinaria autoritaria del gobierno y de la derecha ha echado a andar su engranaje para impedir la consulta popular que más de dos millones de mexicanos hemos demandado en ejercicio del derecho que nos otorga la Constitución.

Tanto el coordinador de los diputados priístas, quien ha señalado que las leyes reglamentarias en materia energética deben iniciarse en esa Cámara, ya que se trata de un asunto de “ingresos”; como el coordinador del mismo partido en el Senado, quien afirma que la consulta de ninguna manera se va a realizar, dan cuenta de la decisión adoptada por el gobierno de Peña Nieto para negar nuestro derecho a ser consultados y, en su caso, revocar la contrarreformas que buscan entregar los hidrocarburos y la electricidad a los consorcios trasnacionales.

A ellos se han sumado el PAN y los corifeos tradicionales que, a través de los medios de comunicación, pretenden incidir en las audiencias para generar una percepción pública contraria a la consulta.

No se trata de algo nuevo, pues el  dictamen aprobado por los diputados en 2013 sobre la Ley Federal de Consulta Popular, introdujo candados y restricciones violando los términos establecidos en la Constitución para impedirla.

De manera tramposa, el dictamen establece que: “Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión”, lo que excluye la posibilidad de realizar consultas respecto a los actos del Constituyente Permanente.

Se imponen mayores requisitos a los establecidos en la Constitución, sumando al requisito mínimo de 2% de firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la obligación de que al menos el 1% de las firmas provengan al menos 17 entidades de la República. Plantea además la obligación de presentar un aviso de intención ante la Cámara de Diputados, cuya falta de presentación sería causa para no admitir a trámite la petición de consulta, así como que un mismo ciudadano no podría aportar su firma más que para una consulta en un tema específico, contraviniendo la potestad constitucional del ciudadano para ejercer permanentemente sus derechos.

El dictamen establece diversos supuestos para definir cuándo se considerará que existe trascendencia nacional en los temas solicitados para consulta; entre otros, aquellos en que se “proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten a una parte significativa de la población”, sin establecer expresamente que la pretensión de legislar incluye a las reformas constitucionales y refiriéndose específicamente a elementos que se propongan legislar y no cuando se plantee revocar una legislación existente, con lo que se anula el referéndum constitucional.

Frente a estas condiciones alevosas, es inadmisible para la izquierda en el Senado dictaminar esta minuta en sus términos, menos aún, votar en su favor. Hay quienes sostienen que, pese a las restricciones establecidas, es imperiosa su aprobación para culminar el proceso legislativo a fin de regular una carta ciudadana fundamental en el ejercicio de la democracia directa, lo que a mi juicio es innecesario, ya que el hecho de que no exista una ley reglamentaria, no es óbice para que el ciudadano ejerza su derecho constitucional. La Suprema Corte ha señalado que “la omisión legislativa no puede válidamente servir de excusa para privar de una vía a las partes a favor de las cuales se instituyó, pues las normas constitucionales aun no concretizadas por el legislador, deben ser susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad” (…) “aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada directamente si su texto requiere regulación posterior, ello no es una razón válida para aplicar la Ley Fundamental y considerar inexigibles los derechos o prerrogativas que establece”.

Así sucedió con la presentación de iniciativas preferentes presentadas por el Ejecutivo Federal sin que exista ley reglamentaria, por lo que no hay pretexto ni impedimento alguno para realizar la consulta, asunto que puede convertirse en un factor articulador de las izquierdas. Si el petróleo es de todos, que nos pregunten a todos.

(Senador de la República)