Democracia a cuentagotas

Alejandro Encinas Rodríguez

Martes, 11 de octubre de 2011

En los próximos días la Cámara de Diputados resolverá la mal llamada “reforma política”. Sostengo el término “mal llamada” porque más que una reforma integral se trata de una miscelánea de reformas constitucionales que, si bien acredita algunos avances en materia de democracia directa y participación ciudadana, no modifica las bases jurídicas del régimen presidencialista ni la relación entre poderes, dejando de lado asuntos nodales para retomar el camino de la transición democrática, como la regulación del dinero, de los medios de comunicación y la intervención de los poderes fácticos en las decisiones políticas y los procesos electorales en nuestro país.

Sin duda, el establecimiento de la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes, que terminarían con el monopolio de la representación popular que detentan los partidos, representan un avance, aunque quedan por resolver los mecanismos que permitan garantizar su ejercicio y eviten que estas reformas se conviertan en simulación, como son los requisitos que se establecen para iniciar leyes, limitar la consulta a una anual fuera del año en que se celebren elecciones federales o competir en condiciones de equidad ante los partidos y sus corporaciones.

Las reformas propuestas plantean a la vez retrocesos inaceptables, como la pretensión de establecer la cláusula de gobernabilidad en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o retirar la facultad para que el Ejecutivo federal rinda protesta ante el Poder Legislativo, otorgándosela, ante alguna eventualidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Uno de los temas que mayor polémica ha suscitado es el restablecer la reelección consecutiva de legisladores, eliminada en las reformas constitucionales de 1933, y otorgar a los estados de la República la facultad para establecer la reelección de munícipes y ampliar su periodo de mandato.

A favor de la reelección se ha señalado que ésta permitiría el fortalecimiento del Poder Legislativo y los contrapesos con el Ejecutivo federal, al tiempo que los ciudadanos contarían con la posibilidad de castigar con su voto a los malos legisladores. Nada más falso. La reelección por sí misma no representa, necesariamente, el fortalecimiento del Legislativo, y más que un castigo, es un premio, pues la verdadera sanción ciudadana solo se puede establecer a través de la revocación de mandato, figura que está ausente en estas reformas.

Un cambio en la relación entre poderes requeriría de reformas de una naturaleza distinta, como fortalecer la facultad fiscalizadora del Legislativo en la que el Ejecutivo rinda cuentas, a diferencia de lo que sucede actualmente donde ni siquiera comparece a presentar su informe; que el Congreso ratifique el nombramiento de los miembros del gabinete y pueda emitir extrañamientos o retirar la confianza a los servidores federales para su remoción; que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, para que, convertido en ley, sea evaluable y sancionables sus incumplimientos.

Antes de pensar en la reelección consecutiva, el Poder Legislativo debería reformarse a sí mismo, con medidas que atiendan los cuestionamientos a su desempeño y le permitan recuperar credibilidad, como acotar el fuero legislativo, eliminar los periodos de receso y laborar durante todo el año, terminar con la opacidad y transparentar el manejo de sus recursos, lo que debe acompañarse de una ley de partidos políticos que acote a las partidocracias, garantice los derechos de los militantes y obligue a rendir cuentas de sus recursos y patrimonio.

El país requiere transformaciones profundas, las que difícilmente podrán alcanzarse manteniendo la tradición gradualista del sistema político mexicano y su democracia a cuentagotas.