Crisis humanitaria,
regresión democrática y profundización del autoritarismo. Retroceso de 25 años
Jueves, 07 Abril 2016
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La Ley Reglamentaria del
Artículo 29 Constitucional y la Ley para Regular el uso de la Fuerza Pública en
el Estado de México (Ley Eruviel) son dos instrumentos para la represión y el
ejercicio autoritario del poder.
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Atentan contra las
libertades democráticas y los derechos humanos.
·
Son un riesgo para el
ejercicio de las libertades de manifestación, asociación, libre circulación
y expresión
·
Quedamos en manos de
gobiernos cuya legitimidad es cuestionada y han sido
evidenciados por sus altos niveles de corrupción.
Los derechos humanos son
derechos de todas las personas. Es obligación de Estado garantizar y proteger
los derechos de los ciudadanos al abuso del poder de la autoridad, de la
delincuencia y de los poderes monopólicos.
Nuestro
país atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos. Miles
de personas y familias en todo el territorio nacional han sido afectadas
por desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos,
feminicidios y violencia de género, desplazamientos, extorsiones, despojos y nuevas
modalidades de esclavitud.
Los derechos al acceso a
la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social de 86 millones
de personas se violan todos los días. Estas violaciones se realizan en un marco
generalizado de impunidad.
Hay un número creciente
de víctimas y de familias de víctimas que no tienen acceso a la verdad, a la
justicia, ni a la reparación del daño debido al deficiente funcionamiento de la
legislación y de los mecanismos creados para atenderlas.
El Gobierno de México
vuelve a cerrarse al escrutinio de los organismos internacionales de
derechos humanos: rechaza sus informes, confronta a los relatores
especializados e impide su ingreso al país, acepta denuncias contra
funcionarios internacionales y rompe sus
acuerdos con los mecanismos especializados, como recién sucedió con
el GIEI y el reporte sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.
Observamos una
regresión en materia democrática, aspecto en el que habíamos logrado
importantes avances con el desarrollo de instituciones electorales creíbles en
la década de los años noventa.
Los procesos electorales
son opacos y poco confiables, las autoridades electorales han sido
recapturadas por el partido en el poder, existen prácticas
generalizadas de compra de votos, uso de programas y recursos
públicos para construir clientelas e imposición de
candidatos vía el financiamiento privado. Las campañas políticas son
crecientemente violentas y conflictivas. Denigran a las personas,
destruyen el precario tejido social, y dejan una secuela de
confrontación en las familias y en las comunidades,
abonada a la violencia criminal que nos agobia.
Vivimos un retorno al
autoritarismo y a la imposición del silencio cuando se había logrado
ampliar la libertad de expresión y diversificar las fuentes de información.
Se incrementa el
número de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos,
asesinados o silenciados. El Estado ejerce un control autoritario y corruptor
de los medios de comunicación masiva y se ha estrechado el acceso a información
diversa y plural.
El gobierno federal ha
militarizado todo el territorio nacional sin lograr abatir los índices de
violencia por la enorme complicidad, corrupción e impunidad que caracteriza a
las administraciones públicas y a los aparatos de seguridad en los
tres órdenes de gobierno, contribuyendo a agravar la crisis en materia de
derechos humanos.
Se cierran las vías
pacíficas de protesta, de manifestación, de disenso, y de autodefensa frente a
los abusos de los poderes de hecho, y ante la incapacidad de las autoridades
civiles para ofrecer seguridad a las personas.
No hay diálogo democrático,
la participación ciudadana se encuentra en uno de sus niveles más bajos en la
historia contemporánea de México, ante la incapacidad de escucha de los poderes
del Estado y la negativa a abrir y honrar los mecanismos de democracia directa:
el referéndum, el plebiscito y las posibilidades de revocación de mandato.
En este contexto y ante
gobiernos cuya legitimidad es cuestionada, exhibidos por
sus altos niveles de corrupción y alejados cada vez más de una población
crecientemente empobrecida y sometida, expresamos nuestra profunda preocupación
por dos leyes que han sido impuestas en las cámaras federales y en el Congreso
del Estado de México:
1.
La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la
Constitución para declarar el estado de excepción y restringir o suspender
libertades y derechos.
2.
La Ley para regular el uso de la fuerza pública en
el Estado de México, iniciativa presentada por
el gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada pasado el 17 de
marzo por el Congreso estatal.
La Ley Reglamentaria del
Artículo 29 de la Constitución, si bien necesaria, deja amplios márgenes de
discrecionalidad al Presidente de la República para decidir cuando es necesario
declarar el estado de excepción y la suspensión de libertades y derechos
humanos. Amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo Federal respecto a
cuáles son las situaciones que ponen en riesgo la paz pública o la estabilidad
interna del Estado; legalizando además la situación prevaleciente de violación
de derechos civiles y políticos usada para actos de represión y persecución.
Plantea “el sacrificio
temporal de los derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad
de expresión, patrimonial, de crédito o de autor” sin incorporar los criterios
bajo los cuales se define la “amenaza excepcional”.
Por cuanto a
la Ley Eruviel se trata de una ley para criminalizar y reprimir las
manifestaciones de inconformidad social, estableciendo las
condiciones para la reinstauración de un renovado régimen
autoritario. Asimismo, es una ley que abre el camino para su reproducción en
otras entidades. El Estado de México es un laboratorio para legitimar
intervenciones represivas ante las protestas y movimientos sociales.
Esta ley viola
derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos al
poner en peligro la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la
libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la
propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitira las
autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos
derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad.
Faculta a las
autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas
medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única
limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de
la fuerza.
Elimina la cadena de
mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado,
estableciendo legalmente un régimen de impunidad para el gobernador, al tiempo
que omite el establecimiento de de un régimen de sanciones que impida la violación
de los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.
Coloca a la población en
una situación de indefensión frente a decisiones discrecionales en el uso de la
fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública, sin control judicial
alguno.
·
Exigimos la revocación de la Ley para regular el
uso de la fuerza en el Estado de México.
·
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que proceda a promover una acción de inconstitucionalidad en relación
con dicha Ley.
·
Exigimos una revisión cuidadosa de ambas leyes por
organismos y personas especializadas en derechos humanos, para asegurar que se
apeguen al marco y a la experiencia internacional en la materia, se reduzcan
los niveles de discrecionalidad y márgenes de interpretación, se amplíen los controles
y contrapesos externos y judiciales a las decisiones, se definan las
obligaciones del Estado y las responsabilidades en las líneas de mando hasta
incluir a los jefes del Ejecutivo, se señale la temporalidad de la suspensión
de las garantías y derechos y la reparación de los daños que se puedan causar
por la medida.
·
Exigimos una discusión pública, abierta y
democrática de la reglamentación al Artículo 29 de la Constitución y del uso de
la fuerza en los estados, así como su sometimiento posterior a un
referéndum.
·
Recuperemos la paz con
justicia y nuestras libertades democráticas de expresión, asociación,
circulación y manifestación.
·
Enfrentemos al
autoritarismo y la crisis de derechos humanos.
·
Acabemos con la
violencia, la corrupción y la impunidad.
·
Es por todo ello que
convocamos a la construcción colectiva de una Nueva
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el marco de las comisiones unidas de
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos,
Segunda, en las que se lleva a cabo la discusión e intercambio de opiniones
respecto a las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el
senador Alejandro Encinas externó que la corrupción en México es un fenómeno
estructural, multifactorial y sistémico, el cual forma parte del engranaje a
partir del cual funciona el sistema político en nuestro país.
Además de proteger al empresario Juan Armando
Hinojosa Cantú, señalado como el “el consentido del presidente” y actualmente
acusado de lavado de dinero por depositar en efectivo casi 2 mil millones de
pesos en efectivo en Panamá. Hoy con el uso de la fuerza pública y violentando
los dos amparos que otorgan la suspensión definitiva de las obras de
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, así como las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los habitantes
de la comunidad de San Francisco Xochicualtla, el gobernador del Eruviel Ávila
utilizó la fuerza pública para reprimir y despojar a los legítimos
propietarios de la comunidad otomí a fin de que Grupo HIGA continúe con los trabajos
de construcción de la autopista.
"Son muchas las pruebas que podemos
presentar aquí, por ello, exijo se investigue a fondo y se castigue a los
responsables, la corrupción es un fenómeno sistémico, que opera el sistema
político mexicano, la corrupción no es el principal problema que enfrenta
nuestro país, lo es, la impunidad”, aseveró el legislador Alejandro Encinas
Rodríguez.
Ante las declaraciones del hacker colombiano,
Andrés Sepúlveda a la revista Bloomberg, donde reveló que su equipo de hackers
informáticos contratados por el PRI, espiaron e intervinieron las
comunicaciones de Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a
sus respectivos equipos de campaña, durante las elecciones presidenciales del
2012, el senador Alejandro Encinas exigió a Enrique Peña Nieto de la cara y
rinda cuentas ante esta denuncia que forma parte de la confesión de Sepúlveda
acusado en abril de 2015 en Colombia a 10 años de prisión.
Después
de que se diera a conocer públicamente que el Juzgado Sexto Militar de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), absolviera a los seis militares
acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el
municipio de Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio de 2014, el
Senador Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que la resolución sienta un
precedente negativo de cómo se procesa la justicia militar y exhibe la falta de
garantías en la violación de los DDHH
