A través de los medios de comunicación y de los
grupos de poder económico, se quiere crear un nuevo presidencialismo, no un
Estado fuerte: Encinas Rodríguez
Martes, 09 Septiembre 2014
Intervención del
Senador Alejandro Encinas Rodríguez durante la comparecencia del Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Durante la
comparecencia del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el
senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que tradicionalmente la glosa del
informe y la comparecencia de los funcionarios públicos derivan en el análisis
de cifras, estimaciones y resultados que se presentan en un voluminoso
documento con el que se pretende cumplir con la obligación constitucional de
rendir cuenta al Congreso.
El senador
Alejandro Encinas externó que en este proceso, los legisladores realizan un
abundante número de preguntas, tan amplio, que le permite al funcionario
apegarse a un guión preestablecido y evitar dar respuestas puntuales.
Señaló que lo
mismo sucede con algunos legisladores, quienes se presentan a cumplir con este
ritual, trayendo consigo, incluso por escrito, la réplica a las respuestas que
dará el funcionario en turno.
Yo no quisiera
apegarme al ritual tradicional, menos aún con el formato establecido para su
comparecencia, que pretende que en 10 minutos evaluemos el desempeño de dos
años de gobierno en materia de política interior, seguridad pública, seguridad
nacional e inteligencia nacional.
Quisiera compartir
con ustedes y con la opinión pública una reflexión respecto al papel que
desempeña o que debería cumplir el Secretario de Gobernación ante el regreso
del PRI a la Presidencia de la República, en un momento en que, a diferencia de
la época del partido hegemónico, el Estado, sus instituciones y la figura
presidencial se han debilitado.
Durante la época
del presidencialismo autoritario y del partido hegemónico básicamente
(entre los gobiernos del Presidente Lázaro Cárdenas y de Carlos Salinas
de Gortari), el presidente de la República gozaba, además de las facultades que
le otorgaban la Constitución y las leyes, de las llamadas facultades
metaconstitucionales, entre las cuales se encontraba, desde el manejo de una
partida secreta en el presupuesto de egresos de la federación, hasta la más
importante, que era la de decidir a su sucesor.
La fuerza del
Ejecutivo era tal que anulaba la separación de poderes, subordinaba al
Congreso, al Poder Judicial y a los gobernadores, así como a los grupos
sociales a través de un fuerte aparato de control corporativo desde el
gobierno.
En este esquema,
el Secretario de Gobernación se consideraba el hombre fuerte del gabinete, el
operador político por excelencia, el enlace con los poderes de la Unión, con
los gobernadores y grupos sociales, y controlaba también a los medios de
comunicación.
Así existieron
secretarios que concentraron un gran poder político, como los inefables
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, hasta el gobierno de Salinas de Gortari,
cuando, en gran medida, la operación política pasó a la oficina de la
Presidencia.
Con Ernesto
Zedillo, declinó el peso de la Secretaría de Gobernación. Tras la alternancia
con el panismo, se debilitó aún más el papel de esta Secretaría, cuando hasta
la primera dama y sus aliadas tenían más poder que el propio secretario, lo que
se profundizó durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el concepto de
gobernabilidad se redujo a la guerra contra el crimen organizado, lo que obligó
a la incorporación de las fuerzas armadas a las tareas que corresponden a la
autoridad civil.
Se atizó el
avispero, se politizó la impartición de justicia y se hizo un manejo faccioso
de la Secretaria de Seguridad Pública. En la Secretaría de Gobernación
prevaleció el amiguismo, no hubo interlocución con el Congreso y la propia
debilidad del Ejecutivo permitió la feudalización del país y la formación de un
sindicato de gobernadores -el cual usted conoció- muy bien así como el
fortalecimiento de los poderes fácticos y el incremento de la violencia y de la
inseguridad.
En resumen: se
abandonó la política, y se debilitó aún más al Estado y a sus instituciones.
Ello favoreció al
PRI con el apoyo de los poderes fácticos y de algunos medios de comunicación
para su regreso y que hoy pretenden crear la imagen de un presidencialismo
fuerte.
Al inicio del
actual gobierno, cuando debatimos la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la mayoría priista en este Congreso argumentó
que se buscaba fortalecer las funciones de la Secretaría de Gobernación al
fusionar las tareas de política interior con las de seguridad pública, para
remontar la falta de conducción política y la ineficacia de la estrategia de
combate a la inseguridad pública.
Como lo advertimos
desde entonces, se abandonó de nueva cuenta la política, y la Secretaría de
Gobernación hoy está reducida a atender los asuntos de la seguridad pública
anulando, en algunos casos a la autoridad local, como acontece con la presencia
de la PFP y la nueva Gendarmería Nacional, en Michoacán, Tamaulipas, Valle de
Bravo, y en el Sur del Estado de México, por supuesto, eventualmente participa
ante los desastres derivados de fenómenos meteorológicos.
La relación con
los grupos sociales es prácticamente inexistente, y si bien como usted ha
señalado hay 8500 organizaciones que participan en distintos comités, consejos
y comisiones con la Secretaria de Gobernación, se trata fundamentalmente de
organizaciones vinculadas a los Sistemas de Seguridad Pública que se han
incorporado mesas institucionales, pero no se abre espacio a la disidencia y
por el contrario se criminaliza la protesta y se hace uso del brazo de
represorcon que hoy cuenta la Secretaría para disuadirla y no para establecer
una relación que permita una gobernabilidad democrática.
La mayor parte de
la operación política en nuestro país ha pasado de nueva cuenta a la
Presidencia de la República. Desde ahí se centraliza el poder, se establece la
relación con el Congreso; se elaboran y se cabildean las reformas legales; se
establecen pactos políticos con un sector de la oposición; se atenta contra el
federalismo, se nombran comisionados especiales, que, al igual que virreyes,
desplazan a las autoridades locales e imponen los dictados del gobierno
central, mientras las fuerzas armadas y la nueva Gendarmería ocupan territorios
que asumen facultades que corresponden a los estados y municipios. Desde la
Presidencia de la República se asume también el control de las participaciones
federales y de las haciendas públicas locales.
Se busca de nueva
cuenta fortalecer la figura presidencial sin recuperar la fortaleza del Estado.
A través de los medios de comunicación y de los grupos de poder económico, se
quiere crear un nuevo presidencialismo, no un Estado fuerte. Y contar con un
Presidente fuerte dentro de un Estado débil, permite a los poderes fácticos
detentar el poder real y convierte a la presidencia en vocera de sus grupos.
Hoy, todos los
indicadores de gobernabilidad continúan a la baja.
La expectativa de
crecimiento económico para este año cayó de 3.9 por ciento al 2.6 por
ciento.
La violencia
supera la registrada en el gobierno anterior. De acuerdo con información del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2012 y junio de 2014,
se denunciaron 899 homicidios dolosos o culposos, cifra superior en 14 mil 205
homicidios a los registrados en los primeros 20 meses del gobierno de Felipe
Calderón.
De acuerdo con el
Observatorio Nacional Ciudadano, México es el país con más secuestros en el
mundo, donde se registra un secuestro cada tres horas. De diciembre de 2012 a
junio de 2014 se registraron mil 946 casos. Continúan al alza las denuncias por
extorsión y lamentablemente los feminicidios.
La pobreza alcanza
a 60 millones de mexicanos, el desempleo en julio pasado, se incrementó al 5.5
por ciento de la población económicamente activa y el subempleo al 8.3 por
ciento. Entre 2008 y 2014 se perdieron un millón 983 mil empleos.
En el mismo
periodo, de acuerdo con el Informe México: cómo vamos, la población
que no puede adquirir la canasta alimentaria básica, pasó del 48.5 por ciento a
50.4 por ciento.
El 13 por ciento
de la población ocupada -7 millones de mexicanas y mexicanos- percibe el
salario mínimo, el cual ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo en
cuatro décadas.
De acuerdo con la
OIT, en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado,
aún para los trabajadores calificados” y es el único país “donde el valor del
salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita”.
Por eso, el
indicador fundamental de la gobernabilidad es el bienestar de la población, lo
que no se consigue repartiendo despensas.
Las violaciones a
los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados, son una
vergüenza. Como lo es el desempeño del Instituto Nacional de Migración, en el
Poder judicial prevalece la corrupción, y los desastres ambientales quedan en la
impunidad.
Amnistía
Internacional ha denunciado que la tortura persiste y se tolera en México. Y
especialmente, resurgen acciones de violencia de Estado, que generan dudas
fundadas y que no son aclaradas.
Pongo un solo
ejemplo, entre otros que podría presentar: El enfrentamiento de las fuerzas
armadas con presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, Estado de
México, el pasado 30 de junio, donde diversas fuentes periodísticas y
observadores de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, han señalado que existen evidencias para presumir que más que
un enfrentamiento, se trató de la ejecución de 22 personas, sin que hasta ahora
se haya aclarado ni dado ninguna respuesta.
Señor secretario,
no se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación dedicada al
control político. No vamos a permitir una Secretaría que se asuma como policía
política ni que resurjan las prácticas de la guerra sucia que vivió el país en
los años setenta.
El país necesita
una Secretaría de Gobernación que haga política, que escuche a la
sociedad y establezca canales de interlocución con sus organizaciones
para dirimir conflictos y resolver sus legítimas demandas.
Se requiere una
gobernabilidad democrática. No un gobierno fundado en la manipulación mediática
de la opinión pública y que utilice el poder seductor del Estado para corromper
y comprar conciencias, ni que vea en la gestión pública la oportunidad perversa
de asociar la política con los negocios.
Queremos debatir
con el responsable de la política interior del país y de la seguridad nacional,
no con el jefe de la policía y espero que el día de hoy, demos el primer
paso en este tipo de relación y de debate.
