Agencia para la Seguridad Industrial es un retroceso a la política ambiental: Alejandro Encinas

10 de julio, 2014

La Agencia para la Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente es la moneda de cambio que el Partido Verde Ecologista de México le planteó al PRI para avanzar en conjunto en la reforma energética, aseveró el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Esta agencia aparte de innecesaria es el mejor reflejo del peor diseño institucional que pudiéramos tener para, no solamente la regulación de la industria de los hidrocarburos, sino para atender de manera particular los temas vinculados con el medio ambiente”, agregó.

Durante su participación en la discusión del  cuarto y último dictamen de las leyes secundarias en materia energética, Encinas Rodríguez señaló que esta agencia además de crear burocracia genera duplicidad de funciones con otras instituciones, invade actividades y competencias de la Semarnat, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras.

Esto, dijo, generará confusión y contradicción entre estas instituciones lo que  impedirá la correcta aplicación de las leyes ambientales que regulan la explotación de los hidrocarburos.

Como ejemplo de duplicidad de funciones, señaló que en el caso de la seguridad industrial en el  artículo 123 constitucional se establece que la Secretaría del Trabajo se hará cargo en conjunto con la Secretaría de Salud de este tipo de temas.

“Consideramos que es innecesaria la creación de este organismo que pudo reducirse a establecer una ventanilla única dentro de la propia Semarnat, sin necesidad de crear todo este aparato burocrático y  otra ventanilla en las áreas respectivas vinculadas  con la secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud”, indicó.

El legislador mexiquense resaltó que existe el riesgo de crear una institución a “modo” que puede ser capturada por intereses empresariales lo cual propiciará se pueda justificar la creación de otras agencias en diversos sectores.

“Esta agencia representa antes que nada un retroceso en la política ambiental”, reiteró.

Consideró que si lo que se pretende con esta legislación es desplazar a Semarnat y a las demás instituciones, es preciso hacer modificaciones para mitigar los aspectos negativos de esta agencia.

Entre ellos señalar con que no se deben dejar de lado las actuales medidas y normas legislativas para el sector, para que dicha agencia no transgreda el diseño institucional que hasta ahora ha sido desarrollado por los órganos ambientales.

La reforma energética significa la desaparición del Sindicato de Petróleos Mexicanos: Alejandro Encinas

10 de julio, 2014

Entrevistas

Entrevista realizada al senador Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, al término del Foro Nacional de Energía, Mercado Eléctrico.

Pregunta (P). Por eso esta información de que se revelarían los medios en el sentido de que sería, presuntamente, Miguel Alemán Magnani el que estaría como favorito para adquirir Oceanografía.

Estamos hablando de un empresario muy cercano a este régimen.

Y yo quisiera su opinión sobre si no es como un traspaso de…

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Bueno, yo creo que no está plenamente esclarecido el caso de Oceanografía. En donde no solamente no hay una colación indebida de intereses desde el sector público a favor de una empresa, si no ha habido fraude contra el erario público, fraude desde la empresa y también involucrando a una institución bancaria.

Y no creo que pueda hacerse ninguna transacción mercantil para que una empresa, en donde todavía no está resuelto la condición legal sobre la que se encuentra.

Ahora, que otro empresario quiera adquirirla, pues será bajo su propio riesgo comprar una empresa con tal nivel de desprestigio.

O qué intereses tan fuertes o cuánta influencia ejerce Oceanografía que ahora está en el interés de una familia de empresarios, pues no solamente vinculada al actual régimen político, sino vinculada históricamente al sistema político de nuestro país.

Entonces habrá que conocer cuál es la motivación mercantil que hay detrás de este negocio.

P. ¿Entonces ustedes exigirían que una vez que está sometido este procedimiento…?

AER. Pues yo creo, que se esclarezca la situación jurídica de esa empresa, porque no creo que pueda someterse a su compraventa si se encuentra en situación de legalidad y sin que se haya ya establecido su responsabilidad y sin que se haya fincado la pena que debería de cumplirse.

P. Y por otro lado, ¿no se puede prestar a que por la cercanía de este empresario con el…? pues son contratos millonarios.

AER. Sin contratos multimillonarios en un área que va a tener un desarrollo y un crecimiento muy significativo con la reforma energética, en favor de este tipo del grupo de particulares y por supuesto que habrá que ver el conflicto de interés que representa la cercanía con el gobierno, pues no sé a quién defina la situación.

Primero fue (inaudible) de la empresa y después su participación en el ámbito de la explotación de hidrocarburos.

P. También sobre el tema de la reforma energética. ¿Qué opinas sobre que Romero Deschamps no haya dado una pelea frontal por los derechos de los trabajadores en este debate?

AER. Bueno, no solamente no dio la pelea, sino que votó en contra de las propuestas que nosotros formulamos.

Yo hice un planteamiento muy puntual para que se respetara el contrato colectivo de trabajo del Sindicato, se reconociera su condición de contrato y Sindicato Nacional.

Ahora lo que no ha entendido el Senador Romero Deschamps es que no solamente se diluye, se abroga, el contrato colectivo en el momento en que será el Consejo de Administración de Pemex y también lo será la Comisión Federal de Electricidad quien fije las normas de ingreso, promoción, permanencia, salario y prestaciones de los trabajadores y no el contrato colectivo de contrato.

Es decir, el Sindicato ya no existe. Y en el momento en que se constituyen en Empresas Productivas del Estado, y dejan de ser organismos públicos y se asocien con particulares, habrá no solamente contratación por empresas, tendría que hacer, si es que prevalece el Sindicato, toma de nota en cada empresa.

Pero con una complicación adicional, ahora están establecidos en contratos individuales con las empresas que surgen de la asociación con Pemex.

Lo vimos en Pajaritos como Mexichem con Pemex lleva una asociación donde es mayoritario el capital privado, forman una tercera empresa que es la que hace las contrataciones y diluye el contrato colectivo y ahora se establece un contrato individual por trabajador.

Que esto vinculado a la reforma laboral, donde se desregular la relación laboral y se permiten los contratos por horas, por días, por semanas, por mes, pues es finiquitar con los derechos sociales de los trabajadores y de los derechos que ya habían adquirido.

P. O sea, ¿en los hechos podría ser el fin del Sindicato Petrolero?

AER. Yo creo que es el fin del sindicalismo en el país porque no solamente han ido, en la reforma, contra los sindicatos independientes, sino es el desmantelamiento del sindicalismo oficial.

Es el caso de los trabajadores de la educación, en donde ahora será el Instituto de Evaluación Educativa, quien dicte las normas de ingreso, promoción y permanencia en el empleo; lo mimos sucede en esta reforma energética para Petróleos y para la Comisión Federal de electricidad.

Y así irá sucediendo en cada uno de los sectores dada también la (inaudible) en la Reforma Laboral.

P. Pero si van a desaparecer el sindicato, ¿por qué no reaccionan?

AER. Yo creo que hay una cola muy larga atrás de esto. Por eso, pues no solamente una actitud omisa, sino complaciente con este desmantelamiento del sindicato.

P. ¿El caso Elba Esther sería ejemplar para la conducta que él ha asumido?

AER. Yo lo puse como ejemplo. No nos gusta hacer leña del árbol caído. Pero el árbol caído que representa Romero Deschamps y el Comité Ejecutivo Nacional pues se cayó hace mucho tiempo ya.

P. Oiga, senador, ¿y cómo ve que ya por fin Morena obtuvo su registro?

AER. Pues, igual yo creo que es bueno que haya obtenido su registro. Yo creo que cumplieron con creces los requisitos.

Yo le deseo mucho éxito a Morena, es muy importante retomar el camino de las definiciones mucho más puntuales de la izquierda con diferenciaciones claras y su perfil ideológico y su autonomía política y espero que pronto nos reencontremos en un proceso de reunificación de las izquierdas que mucha falta nos hace hoy.

P. ¿Habrá mucha migración…?

AER. Pues habrá migración de votos, en primer lugar en las elecciones de 2015. Habrá recomposición y acomodo en las militancias partidarias como suele suceder con el surgimiento de nuevos partidos.

P. Usted ha sido cercano, ¿se va a quedar en el PRD?

AER. Yo estoy en un compromiso en estos momentos en la promoción del ingeniero Cárdenas a la Presidencia del PRD, creo que eso es importante porque estoy convencido de que no es sólo la única posibilidad de recuperar al PRD y su identidad opositora de izquierda, su identidad ideológica y su autonomía del Gobierno y los poderes fácticos, sino también es la posibilidad de recuperar el proceso de unificación de las izquierdas.

Ya veremos qué pasa.

P. ¿Si esto no ocurre, usted se va Morena?

AER. Ya veremos qué pasa más adelante, pero por lo pronto voy a cumplir el compromiso que hoy tengo con el ingeniero Cárdenas.

P. Por último, senador, ¿cómo ve que se hayan disparado las acciones de América Móvil una vez que..?

AER. Pues, ya ahí está Manlio Fabio Beltrones festejando las primeras decisiones y resultados de la Reforma en Telecomunicaciones. Ya hicieron más rico a Slim, y no solamente va a vender sus acciones para eludir el asunto de declaración de preponderancia, sino que esos recursos le van a permitir ir a la televisión restringida.

¿Va a haber alegato jurídico? Sí, seguramente entre los grupos de interés controvertirán estas medidas que se han anunciado, pero por lo pronto ha tenido un repunte en sus acciones y la Bolsa Mexicana de Valores muy significativo.

Y seguramente este alegato, si es que se presenta, pues no terminará solamente en los tribunales nacionales, porque de acuerdo con la reforma y si intervienen empresas extranjeras en esta desincorporación de activos de Telmex, pues se irán a los tribunales internacionales.

Pues hicieron más rico a Slim cuando lo que pretendían era debilitar el control que tiene abusivo, hay que subrayarlo, en materia de telecomunicaciones.

P. ¿Entonces le salió el tiro por la culata al Gobierno?

AER. Pues por lo pronto lo que esperaban no tuvo el efecto inmediato, por lo pronto se abre un nuevo litigio, y seguramente se buscará la forma de cómo incorporarse a la televisión restringida y al cuádruple play, que es donde está el negocio en el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación.

P. Gracias.

AER. Mucha suerte.

Leyes secundarias en materia energética eliminan responsabilidad económica y social del Estado, acusó Alejandro Encinas

9 de julio, 2014

El tercer dictamen de leyes secundarias en materia energética pretende eliminar la responsabilidad del Estado en las empresas públicas, dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y subordinar el interés público al interés privado, imputó el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez.

Durante la discusión en lo particular del dictamen, el legislador reservó todos los artículos, pero destacó que en los artículos dos y tres de la Ley de Petróleos Mexicanos se encuentra la mayor regresión  que significa la reforma.

“Yo creo que ése es el aspecto nodal de la reforma, eliminar de una vez cualquier responsabilidad del Estado en la rectoría económica, disolver el interés público para sujetarlo al interés privado y dejar a la discrecionalidad del Presidente de la República el nombramiento de los Consejos Administrativos y la definición de la política energética”, dijo.

Encinas Rodríguez sostuvo que el artículo dos señala que Pemex es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno federal y en el tercer artículo se señala que Pemex se sujetará a la presente ley por las empresas se regirán por el derecho privado, con lo cual no se garantizará el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Pero, “el Gobierno federal no puede ser propietario exclusivo de absolutamente ningún bien de la Nación y esta redacción plantea convertir a Pemex y CFE en las empresas del Presidente de la República”.

Aseguró que de mantener la redacción como está se omitirá una verdadera autonomía de gestión, ya que el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Pemex quedará en manos del titular del Ejecutivo con absoluta discrecionalidad, además de que las empresas quedarán sujetas al derecho privado.

Por ello, propuso modificar la redacción del artículo segundo para que Petróleos Mexicanos quede como una empresa productiva propiedad exclusiva de la Nación y no del Gobierno federal; y eliminar del artículo tres lo referido al derecho mercantil y civil que se pretenden ser supletorios de las leyes generales.

También hizo énfasis en los artículos 71, 72 y 72 de la Ley de Petróleos Mexicanos donde se afectan los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas, pues “dan al traste con el contrato colectivo de los trabajadores petroleros”, ya que ahora la contratación, la permanencia, la remuneración, las prestaciones y condiciones generales de trabajo serán regidas por el Consejo de Administración de manera unilateral, derogando el contrato colectivo.

“Ésos son los problemas más graves de esta ley, donde se sigue renunciando a la rectoría del Estado y su responsabilidad social, se sigue subordinando el interés público al privado y como siempre quien paga los plato rotos son los trabajadores”, concluyó.

La decisión de desincorporar América Móvil les permitirá participar en el área de televisión restringida: Alejandro Encinas

9 de julio, 2014

Entrevista

Primera entrevista realizada al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, previo a la reunión de las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

Pregunta (P) …a este anuncio que hizo ayer el grupo América Móvil, que va desincorporar parte de sus activos.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Bueno yo creo que es parte de la respuesta y la recomposición que va a ver en todos los sectores y los servicios vinculados con radiodifusión y telecomunicaciones.

No debería de sorprendernos, van a cuidar sus intereses, y por supuesto va a entrar a buscar cómo participar en otras áreas, particularmente la televisión restringida.

Si logra el objetivo de eliminar la declaración de preponderancia, ya no habrá restricción para que este grupo pudiera participar directamente en el área de televisión.

Como lo hará lo propio el quien (inaudible) radiodifusión para incorporarse en telecomunicaciones.

Entonces yo lo que digo es parte del rediseño de los grupos económicos que predominan en el país. Seguramente surgirán nuevos grupos en el área, algunos nacionales, otros extranjeros.

Y ya veremos quién se lleva las cadenas de televisión nacional y será un nuevo jugador.

Yo creo que no sólo es un rediseño del mercado, sino un rediseño de la oligarquía mexicana.

P. ¿Realmente le merma a Slim deshacerse de América Móvil?

AER. Pues cuál le merma, si la riqueza que construyó a través de un monopolio le ha permitido diversificarse a distintas áreas, está en la minería, está en la explotación de hidrocarburos, seguramente muchos de esos recursos harán a este grupos, pues ya no solamente un agente importante en materia de telecomunicaciones, sino lo veremos en el sector petrolero y de gas con toda seguridad.

P. Y en el caso de televisa para que migre a telecomunicaciones ¿qué tendría que hacer?

AER. Pues son hay ninguna restricción, ahí no se le ha declarado preponderante en el área de la televisión restringida, por lo cual tanto el triple como el cuádruple play están abiertos para Televisa y también para TV Azteca, y ellos seguramente ampliarán mucho su oferta, ya que no tiene una restricción legal, fueron favorecidos con esta reforma.

P. Gracias.

El objetivo debe ser garantizar la autonomía de Pemex técnica y presupuestal: Alejandro Encinas

9 de julio, 2014

Intervención en Comisión

Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor de las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya al tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Muchas gracias, senador Penchyna.

Efectivamente, vengo a hablar a favor de las propuestas presentadas por mi compañero Benjamín Robles, que son en contra del dictamen que se ha presentado en este tercer tema vinculado con las leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Y voy a tratar de ceñirme a dos temas muy puntuales: el primero, efectivamente, a la autonomía real de gestión de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; que es el tema central, en donde creo que no queda claro el que no solamente goce de autonomía técnica y de gestión Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sino que se mantiene un régimen de intervención de las dependencias del Gobierno Federal, que van a minar de manera significativa la autonomía para que esas empresas puedan tener un plan de negocios puntual, que permita competir en condiciones de equidad dentro del mercado y mejore sus condiciones, no solamente financieras para invertir en el desarrollo de las empresas en cada uno de los sectores; sino que van a minar la posibilidad de enfrentar en esta competencia desleal, a las empresas transnacionales y locales que van a gozar de plenas condiciones en un sistema fiscal diferenciado, porque se mantiene el mismo sistema fiscal para Pemex que, además, se le va a hacer una carga económica adicional.

Por eso, yo digo de manera muy puntual, el objetivo central es garantizar la autonomía de Pemex y que pueda realizar, con prácticas que garanticen transparencia, eficacia, eficiencia y productividad su gestión, con plena autonomía técnica y presupuestal.

Y esa autonomía de gestión, como lo hemos planteado, debe entenderse como la facultad para organizarse a sí mismo sus actividades, con fundamento en criterios administrativos, técnicos, económicos, financieros, estratégicos, ambientales y de seguridad, para alcanzar los objetivos y metas del Programa de Desarrollo de la Estrategia Nacional de Energía; lo que significa poner en el centro de la atención garantizar la suficiencia y la seguridad energética del país.

Por eso, parte nodal de la autonomía tiene que ver con la integración del Consejo de Administración, que no puede plantearse como una facultad discrecional del Ejecutivo, quien propone al Senado y donde el Senado sólo tiene la facultad de ratificar o de rechazar en un plazo perentorio de 30 días; y si en 30 días no responde, pues se aplica la afirmativa ficta, con lo cual, es algo sumamente delicado, bastaría que el PRI bloqueara la toma de esta decisión, para que se impusiera el nombramiento de los cinco consejeros ciudadanos, los cuales no se recibiría más que el currículum, no se presentarían aquí al Senado de la República.

Y por ello, nosotros insistimos en que si se quiere dar plena autonomía al Consejo de Administración, el Senado debe participar en el nombramiento e incluso en la remoción de los consejeros llamados independientes; no sé independientes de quién, porque dentro de los criterios que se establecen, digo, dentro de la ley no se establecen criterios puntuales en cuanto a su perfil técnico profesional y particularmente, que no tengan conflicto de interés en el tema.

Y por eso, también que la Cámara de Diputados sea quien nombre al auditor, para que siendo una de las labores fundamentales de la Cámara de Diputados la fiscalización en el ejercicio de los recursos públicos a través del análisis de la cuenta pública, sea quien nombre al auditor del cargo.

Pero eso no se trata solamente de una ocurrencia sino de generar condiciones de autonomía plena, porque no se modificó el régimen fiscal de PEMEX a diferencia de los privilegios que van a tener los competidores en el sector. Ahora se le impone una carga adicional de otorgar un dividendo anual, con lo cual no solamente se impedirá el fortalecimiento financiero y las inversiones de PEMEX y de la CFE, estamos hablando de leyes espejos, sino crear una sangría sistemática que aumentará o alentará el desmantelamiento de ambas empresas, no solamente su falta de competitividad sino que van a debilitarse las empresas para que sean desplazadas estas del mercado.

Y esto tiene que ver con el segundo tema –que a mí en lo particular me interesa– que es el referente del artículo 2, que también involucra la autonomía de gestión de Pemex y está el correlato en la Comisión Federal de Electricidad, donde se señala que estas empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal; lo que no dice la Constitución. Porque lo que dice el artículo 25 de la Constitución es algo distinto, dice: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado”. Manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control, no que el Gobierno Federal es el propietario exclusivo de un bien de la nación.

Y aquí voy a retomar el primer párrafo del artículo 25 que establece con toda claridad la responsabilidad que corresponde al Estado en la rectoría del desarrollo nacional para que la nación pueda acceder a un desarrollo integral y sustentable en un régimen democrático y de competitividad en favor del desarrollo nacional.

O lo que señala el artículo 27 respecto a la propiedad de las tierras de aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene en todo momento el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y en el sexto párrafo del 27 se subraya: “Tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuya al desarrollo a largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración de petróleo y su explotación”.

Y el artículo 28 que se refiere a los monopolios señala que no constituirán monopolios las funciones del Estado, subrayo, en la exploración y extracción de petróleo y los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del 27 de la Constitución, respectivamente. Estamos hablando de un bien de la Nación y no de la propiedad del Gobierno Federal.

Yo creo que lamentablemente en ese artículo 2º se avienta deliberadamente una interpretación que genera confusión, y en esta interpretación se trata de manera indistinta lo que es la noción y los conceptos de Nación, de Estado y de Gobierno; en este caso el Gobierno Federal. Y Nación, en el pensamiento más ortodoxo y de los clásicos, debe entenderse como la conjunción de al menos cinco factores: territorio, población, leyes, cultura e identidad, las cuales se rigen bajo un gobierno que debe garantizar el cumplimiento de las leyes que los propios nacionales se han dado. Y el Estado, ahí efectivamente hay un debate histórico, político, filosófico a lo largo de la historia, pero el concepto de Estado se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna externa sobre un territorio determinado.

En síntesis, el estado es la organización jurídica política, es la forma en que se ejerce el poder bajo dos condiciones; el monopolio exclusivo en el uso legítimo de la fuerza y la aplicación de la ley.

Por supuesto, la noción de Estado ha pasado por visiones muy diversas, desde Cicerón para quien el estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del Derecho y de la autoridad para un bienestar común y apoyo a la comunidad, pasando por Kant, quien señalaba que el Estado es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas.

O la visión Hegeliana del Estado, que señalaba que el Estado es la realidad de la idea ética, donde en lo ético, el Estado tiene su existencia inmediata y en la conciencia del individuo, o la de Carlos Marx, para quien el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial y no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder.

Pero quizá ninguna de estas definiciones de Estado sea la que se ligue a la que está contenida en las leyes secundarias. Y creo que más bien la más cercana es la visión de Luis XIV que entendía el Estado donde el estado soy yo y al igual que Luis XIV esta visión de Peña Nieto, donde el Estado soy yo, el gobierno soy yo, el dueño de las empresas del estado soy yo, quien propone y remueve al Consejo de Administración soy yo, quien dispone de la renta petrolera soy yo, que es lo que demuestra de fondo es que la lógica de la privatización de los bienes nacionales, el centralismo político, el vínculo de los negocios con la política, no solamente conducen a un presidencialismo autoritario, sino a un Estado absolutista.

Y eso es lo que hay que cambiar porque esas empresas no son propiedad del gobierno, que es una visión patrimonialista, sino es propiedad de todos los mexicanos.

Muchas gracias

CARAACARA

Telecomunicaciones

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Gerardo Flores Ramírez

Senador PVEM

"Declarar preponderantes por servicio es facilitarle la vida a Telmex y Telcel". 

La preponderancia es por sector 

En los días previos a la discusión en comisiones unidas y en el pleno del Senado de la República, se intensificó una discusión pública en torno a la novedosa figura de la “preponderancia”, incorporada en nuestra Constitución a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del año pasado. Es novedosa, simplemente porque anteriormente no existía en nuestro régimen jurídico, y tampoco existe y no ha existido en marco legal de país alguno. Como era de esperarse, este debate se trasladó a la sesión extraordinaria del pleno del Senado en la que se discutió y votó el correspondiente dictamen aprobado previamente en el seno de las comisiones unidas. 

La discusión en torno a este tema surgió de una interpretación parcial del texto constitucional combinado con un desconocimiento de los alcances y eficacia de las normas en materia de competencia económica y solidez institucional con las que el propio Congreso dotó al órgano regulador constitucionalmente autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Pues bien, según lo que algunos repentinos expertos en temas de competencia económica argumentan, la determinación de los agentes “preponderantes” debe ser por servicio y no por sector. Su interpretación nace de una lectura también chata de la primera oración del segundo párrafo del artículo octavo transitorio, fracción III, del decreto por el que se expidió la reforma constitucional de la materia, que dice textualmente: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones…”. Esta disposición debe leerse tal como está escrita: habla de prestación de “servicios” en plural, no dice “en la prestación de un servicio”, como afirman quienes la interpretan. Obvio, esos mismos omiten reconocer que el primer párrafo de esta misma fracción dice que “El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones”.

La parte considerativa del dictamen aprobado por el Senado en sesión del 19 de abril de 2013, en el segundo párrafo de la página 269 dice expresamente: “Asimismo, estas comisiones destacan la atinada incorporación del concepto de preponderancia en el marco constitucional, que se diferencia del concepto tradicional en la literatura económica y legislación en materia de competencia, conocido como "poder sustancial" o "dominancia" en mercados relevantes. El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda vez que se tratan de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras”.

Así que no hay duda respecto a que debe ser por sector. Además ya lo determinó así la autoridad facultada por el Congreso para interpretar el marco jurídico aplicable a los sectores referidos.

Hay quienes han llegado al extremo de utilizar ejemplos -mal construidos o planteados para empezar- de sectores que nada tienen que ver con los de telecomunicaciones y radiodifusión, llegando a ejemplificar sus argumentos con tortas. El tema no es menor, pues reitero que la preponderancia jamás ha sido utilizada para analizar otras industrias, ni en México ni en el resto del mundo. Usar esos ejemplos artificiosos sólo ilustran lo confundido y extraviado que está quien los emplea.

Quienes están detrás de esta chata lectura de lo previsto en la Constitución,  en su exceso teórico nos plantean el falso dilema de que si no es vía la figura de la “preponderancia”, no habrá forma de regular el supuesto poder de mercado de casos como el de Televisa en el segmento de televisión restringida. No hay nada más falso que tal expresión. Primero, porque en realidad la que debería ser la figura eficaz para regular el poder de mercado que un agente puede utilizar sobre sus competidores y sobre sus usuarios es la del “agente con poder sustancial en un mercado relevante” prevista en la Ley Federal de Competencia Económica, que como señalé anteriormente, es parte de las herramientas con las que dotó el Congreso al IFT para regular los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión.

La productiva imaginación de estos novedosos especialistas los lleva a plantear que la preponderancia debe limitarse en el caso del sector telecomunicaciones a tan solo los servicios de telefonía fija y móvil, televisión restringida e Internet, como si ese fuera el universo de servicios que configuran el sector telecomunicaciones. Para empezar, hay una multiplicidad de servicios de telecomunicaciones tal que habría que medir y declarar preponderantes en no menos de 20 servicios. Nextel debería ser declarado preponderante en el servicio de trunking, por ejemplo.

Lo que estos repentinos expertos en temas de competencia del sector telecomunicaciones no le dicen al público al que se dirigen, es que declarar preponderantes por servicio es facilitarle la vida a Telmex y Telcel. Este último, por ejemplo, de un plumazo puede eliminar a más de 20 millones de usuarios de su red que solo reciben llamadas y que no representan una fuente de ingresos en sí misma para este operador. Con ello, prácticamente se ubicaría en el supuesto para dejar de ser preponderante en el servicio de telefonía móvil, como ocurrentemente insisten en proponerlo los nuevos expertos. ¿Eso es lo que quieren al declarar preponderantes por servicio?

@GerardoFloresR

Alejandro Encinas Rodríguez

Senador PRD

"Leyes secundarias aprobadas no garantizarán democratización de medios".

Nada que celebrar

Durante los debates que llevaron a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se destacó que esta reforma iba a permitir romper con la concentración monopólica en estos servicios que condujo al debilitamiento de la rectoría del Estado y al empoderamiento de un reducido grupo de particulares sobre el espectro radioeléctrico propiedad de la Nación.

Por ello, se definió a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público que debería cumplir una función social, reconociendo su papel como factor para el desarrollo, pero   cobijando el derecho a la información que por disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado.

Así, se decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de las concesiones y crear un órgano con autonomía constitucional: el IFETEL, se contemplaron diversos tipos de concesiones: públicas, comerciales y sociales, entre las que se encuentran los medios comunitarios e indígenas y se establecieron los derechos de los usuarios y de las audiencias.

Más allá de la euforia que despertó en su momento la aprobación de esa reforma constitucional, desde entonces hice hincapié en la necesidad de hacer una reflexión sobre sus verdaderos alcances, ya que, desde entonces, la reforma representaba para algunos la mediación en el conflicto entre dos grupos de poder económico, mientras que para otros, el Estado recuperaría la rectoría en el sector, acotaría a los poderes fácticos, enfrentaría a los monopolios y permitiría la democratización de los medios. Desde entonces señalé que abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas ni el ejercicio pleno del derecho a la información y menos aún una auténtica pluralidad, pues suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una cadena de carácter público quebrarían la estructura monopólica de la radiodifusión resultaría iluso, al igual que suponer que con ello se democratizarían los medios y se rompería el monopolio que ejercen sobre la opinión pública.

Estoy convencido de que estas leyes secundarias recién aprobadas no garantizarán la democratización de los medios de comunicación ni generarán las condiciones para el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos: el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la no censura, el derecho de los usuarios a acceder a servicios de calidad con tarifas bajas, los derechos de las audiencias para acceder a una oferta diversa de comunicación que reconozcan la pluralidad cultural, ética y política de nuestra sociedad, ya que las nuevas leyes no fortalecen a los medios públicos, comunitarios e indígenas que son el instrumento clave para generar alternativas de comunicación democrática, reduciéndolos a su mínima expresión.

Desde su inicio, esta discusión se ha concentrado en la definición de preponderancia, y si es ésta debería declararse por sector o por servicios; lo que puso en evidencia que de origen existe un problema de interpretación constitucional, y si bien se decidió transcribir a la letra el artículo 28 constitucional y los artículos transitorios que se refieren al tema, prevalece una confusión deliberada, ya que la letra de la constitución se refiere la preponderancia de manera indistinta a sector, a mercado,  a segmentos del mercado  o a servicios, incluso especificando cada uno de éstos, lo que hace inminente que este litigio acabará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Sin embargo, debo señalar que, a mi juicio, sea cual sea la resolución que se adopte respecto a preponderancia por sector o por servicios, no se resolverá el problema de la concentración en los medios de comunicación, y su alcance incidirá particularmente en el rediseño del poder económico y de privilegiada la oligarquía económica del país, como los reflejó de manera nítida la intervención del senador Roberto Gil en el Senado, cuando señaló que la declaración de preponderancia atender las enormes desproporciones de los mercados, y puso como ejemplo el valor de los ingresos totales alcanzados en 2013 en el sector de telecomunicaciones, donde participa de manera preponderante un agente económico (Carlos Slim), alcanzó la cifra de 263 mil millones de pesos, mientras todo el sector de televisión restringida, donde participan primordialmente ocho distintos actores (Azcárraga y Salinas Pliego) alcanzó 38 mil millones de pesos. Es decir, se trata de quitar a uno para concentrar en otro pequeño grupo privilegiado, lo que no va a resolver la concentración monopólica de los medios ni del monopólico que ejercen de la opinión pública.

Hay que asumir que la democratización de los medios de comunicación no vendrá de los concesionarios privados cuyo fin es el lucro y el control político, sino que tendrá que venir de la conjunción de dos factores: de una firme regulación del Estado a través del órgano regulador con autonomía constitucional que atienda además de las condiciones de competencia económica el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, y de la apertura de los medios sociales y públicos como alternativas reales y que ahora continuarán limitados por la alta concentración en la propiedad y la preponderancia abrumadora de los concesionarios comerciales.

Se trata de dos visiones distintas que resumo en dos palabras para hacer prevalecer el estado de derecho y velar por las libertades y las garantías de los ciudadanos: diversidad y pluralidad, condiciones inherentes para lograr una auténtica comunicación democrática. Diversidad en los medios y en las oportunidades de acceso de los ciudadanos a medios alternativos. Pluralidad en el reconocimiento de las diferencias políticas, étnicas y culturales que prevalecen en nuestro país.

@A_Encinas_R