Regresión, pretender que Gobernación se entrometa en el proceso electoral de Yucatán, afirma Alejandro Encinas en Mérida
Martes, 11 de Mayo de 2010 17:24 Eduardo Lliteras Yucatán - Estado
www.infolliteras.com / Foto y texto: Eduardo Lliteras Sentíes.- Es una regresión la exigencia del PAN y de su presidente Nava de que Gobernación intervenga en el proceso electoral en Yucatán, afirmó Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno del DF y diputado del PRD de gira por Mérida y en entrevista con José Luis Preciado en Radio Fórmula.
Encinas acotó que el IPEPAC debe garantizar imparcialidad sin embargo señaló que costó muchos años de luchas políticas sacar a Gobernación de los procesos electorales como para que ahora se pretenda inmiscuir de nueva cuenta a Gómez Mont.
Respecto al PRD en Yucatán dijo que debe crecer territorialmente para convertirse en un contrapeso a las dos fuerzas hegemónicas en el Estado.
Asimismo, admitió que la izquierda mexicana esta ante el reto de volver a recobrar a la confianza y la credibilidad después de los videoescándalos y luego de las luchas intestinas.
fotos aer
Venimos de lejos
Dtto 30
Constituyente
Senador
Encinas culpa al “PRIAN” por retrocesos
Publicado el: 11 Mayo 2010
Mérida, Yucatán, a 11 de mayo de 2010.-
El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez, acusó que la campaña electoral está plagada de irregularidades y violaciones a las ley, por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
En visita a Mérida con motivo del cierre de campaña del candidato perredista a la alcaldía, Eduardo Sobrino Sierra, el ex jefe de gobierno capitalino expresó que la importancia de este proceso electoral para el PRD radica en refrendar los seis municipios que actualmente gobierna el Sol Azteca, y “ampliar de manera significativa nuestra presencia territorial en los demás municipios y construir un contrapeso a las políticas irresponsables, que lejos de ayudar a superar los problemas de rezago del impacto de la crisis en la entidad han generado mayor desigualdad social”.
En rueda de prensa, a la que asistieron también la delegada nacional, Adriana Díaz Contreras, el diputado federal por Tabasco, César Burelo y el presidente del Comité Estatal del partido, Alejandro Cuevas, el coordinador de los diputados perredistas en la Cámara de Diputados aseveró que los gobiernos del Estado y Federal, el último a través de las delegaciones federales, han metido las manos en el proceso con el dispendio de recursos público en el financiamiento de sus campañas.
Encinas Rodríguez manifestó que el trabajo del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), debe otorgar todas las garantías para que las elecciones se desarrollen con normalidad.
Consideró que el organismo electoral en algunas ocasiones ha sido omiso, porque de oficio debió dar seguimiento a todas las denuncias en cuanto al desvió de recurso y recalcó que la autoridad electoral debe estar muy pendiente sobre todo por los supuestos grupos de choque con el fin de evitar cualquier suceso violento el día de los comicios.
Dijo que en visitas a distintos institutos electorales de otros estados, continúa el control gubernamental, provocando la autocensura de estos organismos y por lo tanto turbando los procesos.
Aseveró que la llegada del PRI al gobierno estatal representó el regreso a los viejos fueros de los caciques territoriales tradicionales de esta zona, y al mismo tiempo dijo que con el PAN no hubo ningún cambio sustancial en la vida política del estado.
Durante su discurso, la delegada nacional del partido lanzó un llamado al gobierno federal y estatal para que realicen un pronunciamiento para dar certeza a los ciudadanos de la libertad del voto, pues aseguró que a 200 años de la Independencia y a 100 de la Revolución parece que las luchas que las generaron han quedado atrás.
“Que los ciudadanos sean libres de escoger por quien votar y no se sientan intimidados”, sentenció Díaz Contreras.
Publicado el: 11 Mayo 2010
Mérida, Yucatán, a 11 de mayo de 2010.-
El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez, acusó que la campaña electoral está plagada de irregularidades y violaciones a las ley, por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
En visita a Mérida con motivo del cierre de campaña del candidato perredista a la alcaldía, Eduardo Sobrino Sierra, el ex jefe de gobierno capitalino expresó que la importancia de este proceso electoral para el PRD radica en refrendar los seis municipios que actualmente gobierna el Sol Azteca, y “ampliar de manera significativa nuestra presencia territorial en los demás municipios y construir un contrapeso a las políticas irresponsables, que lejos de ayudar a superar los problemas de rezago del impacto de la crisis en la entidad han generado mayor desigualdad social”.
En rueda de prensa, a la que asistieron también la delegada nacional, Adriana Díaz Contreras, el diputado federal por Tabasco, César Burelo y el presidente del Comité Estatal del partido, Alejandro Cuevas, el coordinador de los diputados perredistas en la Cámara de Diputados aseveró que los gobiernos del Estado y Federal, el último a través de las delegaciones federales, han metido las manos en el proceso con el dispendio de recursos público en el financiamiento de sus campañas.
Encinas Rodríguez manifestó que el trabajo del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), debe otorgar todas las garantías para que las elecciones se desarrollen con normalidad.
Consideró que el organismo electoral en algunas ocasiones ha sido omiso, porque de oficio debió dar seguimiento a todas las denuncias en cuanto al desvió de recurso y recalcó que la autoridad electoral debe estar muy pendiente sobre todo por los supuestos grupos de choque con el fin de evitar cualquier suceso violento el día de los comicios.
Dijo que en visitas a distintos institutos electorales de otros estados, continúa el control gubernamental, provocando la autocensura de estos organismos y por lo tanto turbando los procesos.
Aseveró que la llegada del PRI al gobierno estatal representó el regreso a los viejos fueros de los caciques territoriales tradicionales de esta zona, y al mismo tiempo dijo que con el PAN no hubo ningún cambio sustancial en la vida política del estado.
Durante su discurso, la delegada nacional del partido lanzó un llamado al gobierno federal y estatal para que realicen un pronunciamiento para dar certeza a los ciudadanos de la libertad del voto, pues aseguró que a 200 años de la Independencia y a 100 de la Revolución parece que las luchas que las generaron han quedado atrás.
“Que los ciudadanos sean libres de escoger por quien votar y no se sientan intimidados”, sentenció Díaz Contreras.
Ciudad de México, Ciudad Capital Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal Martes 11 de mayo de 2010
Sinuosa ha sido la historia de la Ciudad de México por alcanzar su autonomía política. Desde 1824, año en que se crea el Distrito Federal, la confrontación entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, izquierdas y derechas, y sus distintas visiones de país, han atado las posibilidades de edificar una ciudadanía y un gobierno local con derechos plenos.
Si bien se han logrado avances con la elección de jefe de gobierno, asambleístas y jefes delegacionales, el proceso de conformación de un gobierno propio se ha frenado y podría revertirse. Basta analizar las iniciativas de reforma al estatus jurídico del DF, promovidas por el PAN y el PRI, en las que lejos de favorecer la democratización de la Ciudad y ampliar el ejercicio de derechos de sus habitantes, buscan frenar la consolidación de su gobierno y regresar al viejo régimen de subordinación, limitando las atribuciones políticas y la capacidad económica de los poderes locales.
Para retomar el camino de la democratización de la capital debe establecerse la autonomía de la Ciudad de México respecto a los poderes federales, trascendiendo el estatus jurídico de DF, para convertirlo en ciudad capital, gozando de los mismos derechos y prerrogativas constitucionales que cualquier otra entidad de la República. Así, la ciudad de México, en tanto capital de la República, se mantendría como sede de los poderes federales, pero su Ejecutivo local contaría con facultades, para solicitar endeudamiento ante el Congreso local y para designar a los responsables de la procuración de justicia y seguridad pública. El Legislativo local contaría con facultades para legislar en todas las materias, autorizar la deuda del Gobierno, iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, y formar parte del Constituyente permanente.
La Ciudad Capital contaría con una Constitución propia que establecería el régimen interno de gobierno, el número de demarcaciones territoriales en que se subdividiría la entidad; las modalidades del gobierno territorial —llámense alcaldías y cabildos o cualquier otra denominación—, las particularidades de coordinación con el gobierno central y dichas demarcaciones y, en especial los derechos de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos y en el ejercicio de la democracia directa (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, rendición de cuentas, candidaturas independientes).
Esta reforma permitiría que fueran los capitalinos quienes decidieran sus propias formas de gobierno, rompiendo la tutela indebida que actualmente ejercen otras entidades sobre asuntos ajenos a su competencia, al prevalecer atribuciones del Congreso de la Unión sobre los derechos de los ciudadanos y su gobierno en la capital.
Al mismo tiempo, se modificarían en definitiva los términos de relación con los poderes federales, estableciendo en la Constitución local la necesaria colaboración del gobierno capitalino para que el territorio pueda fungir como capital, auxiliando al poder federal en todo lo referente a su residencia, al tiempo que la autoridad federal asumiría el costo de capitalidad, es decir, los recursos presupuestales que le significan a la Ciudad ser sede de los poderes federales, entre otros: atender embajadas o resguardar funcionarios y la infraestructura federal.
El punto de partida reside en la reforma al artículo 122 de la Constitución, para que la Ciudad sea sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; que mantenga su autonomía en su régimen interior y se organice conforme a la Constitución de la Ciudad de México; que establezca los derechos y obligaciones de los ciudadanos y personas que en ella se encuentren, y que la ciudadanía pueda ejercer el poder público, de manera autónoma, a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Una reforma de tal magnitud conduciría necesariamente a convocar a un Congreso Constituyente de la Ciudad Capital, lo que posibilitaría un ejercicio democrático sin precedente, ya que una transformación de esta naturaleza no podría reducirse a lograr una constitución aprobada por mayoría calificada en el Congreso local, sino que debería someterse al plebiscito público, para que sean los capitalinos y sólo ellos, quienes decidan libremente su forma de gobierno y la forma en que quieren ejercer sus derechos.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
ADVERTENCIA, El líder de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, advirtió que la izquierda deberá contender por la Presidencia con un candidato único en 2012 o sufrirá una “regresión histórica”. Ayer en la Ibero (con el académico Mauricio de María), dijo no visualizar a Andrés Manuel López Obrador compitiendo sólo por el PT o a Marcelo Ebrard solo del lado perredista.-NOTIMEX-
Izquierda debe tener sólo un candidato: Encinas
Francisco Reséndiz El Universal Ciudad de México
Jueves 06 de mayo de 2010
El diputado federal sostuvo que no ve a López Obrador compitiendo sólo por el PT ni a Marcelo Ebrard por el PRD
Alejandro Encinas sostuvo que “sería absurdo” que la izquierda mexicana compita en la próxima elección presidencial del 2012 con más de un candidato.
Ante la comunidad del a Universidad Iberoamericana, el coordinador de los diputados federales del PRD advirtió que ir con más de un candidato representaría “ acabar de sepultar el proyecto de la izquierda” en México.
Dijo que no ve a Andrés Manuel López Obrador compitiendo por la Presidencia de la República sólo con el Partido del Trabajo, ni a Marcelo Ebrard o Juan Ramón de la Fuente con el PRD.
Al término de su ponencia, en declaraciones a EL UNIVERSAL, Encinas Rodríguez sostuvo que hay tiempo suficiente para lograr la unidad de las izquierdas y que estas enfrenten cohesionadas la próxima sucesión presidencial.
“Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción ante la ley en el país. No sólo el militar, también el de los legisladores y del que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo federal.”, Dip. Alejandro Encinas R.
Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Ligislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código de Justicia Militar.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta legislatura, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
Actualmente, la institución del fuero militar, originalmente concebida como un instrumento para mantener la disciplina en las Fuerzas Armadas, vulnera en su acción cotidiana diversos derechos y garantías constitucionales, como el acceso a la justicia y la presunción de inocencia, no sólo para los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino también, y de manera preocupante, para la población en general; ya que el fuero militar sustrae de la autoridad civil los procesos contramilitares, lo que ha sido severamente cuestionado por nuestra sociedad, en especial cuando en circunstancias ajenas a una guerra convencional, la milicia interviene y vulnera derechos humanos y garantías de los ciudadanos, como sucedió en octubre de 1968; durante la guerra sucia de los años 70 y a la postre, como acontece el día de hoy, en la mal llamada guerra contra el crimen organizado en que las bajas civiles son consideradas como un daño colateral.
Desde 1856, los delitos del orden militar contuvieron a los delitos del fuero común cometidos por militares, constituyendo un régimen extraordinario en no juzgar exclusivamente los delitos relacionados con la disciplina militar.
En 1882, se creó el primer supremo tribunal militar, con el cual se eliminó toda posibilidad de interacción con la justicia ordinaria, que anteriormente conocía en última instancia de los juicios militares cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituía en Suprema Corte Marcial.
Desde entonces, la justicia militar ha conservado su aislamiento del sistema judicial ordinario y ha hecho del fuero militar, además de un mecanismo de control interno, un instrumento para preservar el sentido de corporación del ejército y las reglas invisibles, como la debida obediencia o el código de silencio sobre órdenes y operaciones militares realizadas.
Estos elementos se conservan intactos en los códigos de justicia militar de 1894 a la fecha y mantiene la verticalidad del mando militar, pese a quebrantar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces militares sobre quienes priva el principio de obediencia y subordinación superior, lo que lo convierte en un dispositivo de control del disenso interno, a lo que suma el hecho de que al juzgar también delitos del fuero común, las víctimas no tienen acceso a la justicia civil.
Hoy, frente a una declaración de guerra unilateral y las recurrentes violaciones a los derechos humanos, es urgente limitar el fuero militar al conocimiento estricto de los delitos relacionados con la disciplina militar, excluyendo los delitos del fuero común como el homicidio, las lesiones, la violación y el abuso de autoridad, garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados.
Ejemplo de ello es la sentencia emitida el pasado 23 de noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de luchador social Rosendo Radilla Pacheco, condenando al Estado mexicano por el delito de violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Lo que mostró que la justicia militar afecta el derecho al debido proceso, por no ser una autoridad independiente e imparcial que garantice la transparencia y la rendición de cuentas ni responde a las normas internacionales de derechos humanos sobre los juicios justos, a los cuales el Estado mexicano se ha adherido.
Por ello, es necesario la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar, así como la exclusión de la jurisdicción militar de los menores de edad inscritos en las escuelas militares y hacer prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del ministerio público o el juzgado militar.
Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción ante la ley en el país. No sólo el militar, también el de los legisladores y del que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo federal.
El fuero se concibió como una garantía para el ejercicio de las libertades políticas ante el poder del Estado, no como instrumento para la prepotencia, el influyentismo o el encubrimiento de delitos, pero también se deben erradicar los fueros informales de los que gozan los poderes fácticos que lo mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana, o tras el poder del dinero o de los medios de comunicación.
Recordemos lo dicho por Francisco Zarco: Nadie que vea violadas sus garantías individuales respetará las ajenas.
Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Ligislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código de Justicia Militar.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta legislatura, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
Actualmente, la institución del fuero militar, originalmente concebida como un instrumento para mantener la disciplina en las Fuerzas Armadas, vulnera en su acción cotidiana diversos derechos y garantías constitucionales, como el acceso a la justicia y la presunción de inocencia, no sólo para los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino también, y de manera preocupante, para la población en general; ya que el fuero militar sustrae de la autoridad civil los procesos contramilitares, lo que ha sido severamente cuestionado por nuestra sociedad, en especial cuando en circunstancias ajenas a una guerra convencional, la milicia interviene y vulnera derechos humanos y garantías de los ciudadanos, como sucedió en octubre de 1968; durante la guerra sucia de los años 70 y a la postre, como acontece el día de hoy, en la mal llamada guerra contra el crimen organizado en que las bajas civiles son consideradas como un daño colateral.
Desde 1856, los delitos del orden militar contuvieron a los delitos del fuero común cometidos por militares, constituyendo un régimen extraordinario en no juzgar exclusivamente los delitos relacionados con la disciplina militar.
En 1882, se creó el primer supremo tribunal militar, con el cual se eliminó toda posibilidad de interacción con la justicia ordinaria, que anteriormente conocía en última instancia de los juicios militares cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituía en Suprema Corte Marcial.
Desde entonces, la justicia militar ha conservado su aislamiento del sistema judicial ordinario y ha hecho del fuero militar, además de un mecanismo de control interno, un instrumento para preservar el sentido de corporación del ejército y las reglas invisibles, como la debida obediencia o el código de silencio sobre órdenes y operaciones militares realizadas.
Estos elementos se conservan intactos en los códigos de justicia militar de 1894 a la fecha y mantiene la verticalidad del mando militar, pese a quebrantar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces militares sobre quienes priva el principio de obediencia y subordinación superior, lo que lo convierte en un dispositivo de control del disenso interno, a lo que suma el hecho de que al juzgar también delitos del fuero común, las víctimas no tienen acceso a la justicia civil.
Hoy, frente a una declaración de guerra unilateral y las recurrentes violaciones a los derechos humanos, es urgente limitar el fuero militar al conocimiento estricto de los delitos relacionados con la disciplina militar, excluyendo los delitos del fuero común como el homicidio, las lesiones, la violación y el abuso de autoridad, garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados.
Ejemplo de ello es la sentencia emitida el pasado 23 de noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de luchador social Rosendo Radilla Pacheco, condenando al Estado mexicano por el delito de violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Lo que mostró que la justicia militar afecta el derecho al debido proceso, por no ser una autoridad independiente e imparcial que garantice la transparencia y la rendición de cuentas ni responde a las normas internacionales de derechos humanos sobre los juicios justos, a los cuales el Estado mexicano se ha adherido.
Por ello, es necesario la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar, así como la exclusión de la jurisdicción militar de los menores de edad inscritos en las escuelas militares y hacer prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del ministerio público o el juzgado militar.
Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción ante la ley en el país. No sólo el militar, también el de los legisladores y del que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo federal.
El fuero se concibió como una garantía para el ejercicio de las libertades políticas ante el poder del Estado, no como instrumento para la prepotencia, el influyentismo o el encubrimiento de delitos, pero también se deben erradicar los fueros informales de los que gozan los poderes fácticos que lo mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana, o tras el poder del dinero o de los medios de comunicación.
Recordemos lo dicho por Francisco Zarco: Nadie que vea violadas sus garantías individuales respetará las ajenas.
La Jornada
Busca que soldados que violen derechos sean juzgados por civiles
Presenta el PRD su iniciativa de reforma al código militar
ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 7
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará este martes una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, para acotar el fuero de guerra y definir que cualquier elemento castrense que cometa violaciones a los derechos humanos durante operativos en el combate a la delincuencia organizada sea juzgado por tribunales civiles.
La propuesta plantea que los soldados que cometan cualquier delito del orden civil sean presentados ante el Ministerio Público, el cual sólo podrá turnar el caso a un tribunal militar si se declara incompetente.
En el proyecto, el coordinador perredista, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que el fuero militar vulnera en su acción cotidiana derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, como el acceso a la justicia y la presunción de inocencia, “no sólo para los integrantes de los cuerpos armados; también, y de manera alarmante, para la población en general”.
La intención, expuso, es continuar la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas, pero garantizar también la preservación de la disciplina interna y la correcta aplicación de la ley, los principios fundamentales de igualdad, presunción de inocencia y prevalencia de la jurisdicción ordinaria respecto de la excepcional. Se resalta que si bien al Ejército le corresponde la conservación de la integridad del territorio y la defensa última de la soberanía nacional, no puede admitirse el uso discrecional de la fuerza coercitiva del Estado en contra de la población civil.
“De manera específica impugnamos las políticas del gobierno federal en materia de seguridad pública y nacional, que únicamente han vulnerado derechos y garantías de gran cantidad de ciudadanos, a quienes ha colocado en una situación de guerra injusta y por demás antidemocrática”, indica la propuesta.
La iniciativa pretende eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, que el Ministerio Público Militar únicamente conozca de hechos que pudieran constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa la declinación de competencia del Ministerio Público.
En ese caso, se resguarden los derechos que, como personas en desarrollo, tienen los alumnos de las escuelas militares menores de 18 años. En este caso, se plantea reformar el artículo 153 del Código de Justicia Militar para que, en caso de incurrir en conductas que pudieran constituir delitos, los cadetes no mayores de edad sean remitidos y atendidos por el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
También se plantea derogar el artículo 57, donde se define que son delitos contra la disciplina militar los cometidos en servicio o con motivos de actos del mismo; los cometidos por militares en buque de guerra o edificio, siempre que como consecuencia se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio; los realizados frente a tropa o ante la bandera, y que cuando en los delitos concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la autoridad militar.
Busca que soldados que violen derechos sean juzgados por civiles
Presenta el PRD su iniciativa de reforma al código militar
ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de abril de 2010, p. 7
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará este martes una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, para acotar el fuero de guerra y definir que cualquier elemento castrense que cometa violaciones a los derechos humanos durante operativos en el combate a la delincuencia organizada sea juzgado por tribunales civiles.
La propuesta plantea que los soldados que cometan cualquier delito del orden civil sean presentados ante el Ministerio Público, el cual sólo podrá turnar el caso a un tribunal militar si se declara incompetente.
En el proyecto, el coordinador perredista, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que el fuero militar vulnera en su acción cotidiana derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, como el acceso a la justicia y la presunción de inocencia, “no sólo para los integrantes de los cuerpos armados; también, y de manera alarmante, para la población en general”.
La intención, expuso, es continuar la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas, pero garantizar también la preservación de la disciplina interna y la correcta aplicación de la ley, los principios fundamentales de igualdad, presunción de inocencia y prevalencia de la jurisdicción ordinaria respecto de la excepcional. Se resalta que si bien al Ejército le corresponde la conservación de la integridad del territorio y la defensa última de la soberanía nacional, no puede admitirse el uso discrecional de la fuerza coercitiva del Estado en contra de la población civil.
“De manera específica impugnamos las políticas del gobierno federal en materia de seguridad pública y nacional, que únicamente han vulnerado derechos y garantías de gran cantidad de ciudadanos, a quienes ha colocado en una situación de guerra injusta y por demás antidemocrática”, indica la propuesta.
La iniciativa pretende eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los delitos del orden común, que el Ministerio Público Militar únicamente conozca de hechos que pudieran constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa la declinación de competencia del Ministerio Público.
En ese caso, se resguarden los derechos que, como personas en desarrollo, tienen los alumnos de las escuelas militares menores de 18 años. En este caso, se plantea reformar el artículo 153 del Código de Justicia Militar para que, en caso de incurrir en conductas que pudieran constituir delitos, los cadetes no mayores de edad sean remitidos y atendidos por el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
También se plantea derogar el artículo 57, donde se define que son delitos contra la disciplina militar los cometidos en servicio o con motivos de actos del mismo; los cometidos por militares en buque de guerra o edificio, siempre que como consecuencia se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio; los realizados frente a tropa o ante la bandera, y que cuando en los delitos concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la autoridad militar.
Fuero militar
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 27 de abril de 2010
En México los militares son juzgados y castigados por militares. A eso se denomina fuero militar. Esta prerrogativa sustrae de la autoridad civil los procesos contra militares, lo que ha sido severamente cuestionado, en especial cuando en circunstancias ajenas a una guerra convencional, la milicia interviene y vulnera derechos humanos y garantías de la población, como sucedió en octubre de 1968 y durante la guerra sucia de los años 70, cuando el Ejército “combatió” a jóvenes que frente a la asfixia de un Estado autoritario optaron por la guerrilla —y a la postre a toda forma de disidencia política—; o como acontece hoy en la mal llamada guerra contra el crimen organizado, en que las “bajas civiles” son consideradas como un “daño colateral”.
Desde 1856 los delitos del orden militar contuvieron a los delitos del fuero común cometidos por militares, constituyendo un régimen extraordinario el no juzgar sólo delitos relacionados con la disciplina militar. En 1882, se creó el primer Supremo Tribunal Militar, con el cual se eliminó toda posibilidad de interacción con la justicia ordinaria que —anteriormente— conocía en última instancia de los juicios militares, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituía en Suprema Corte Marcial, con la participación de algunos magistrados militares. Desde entonces, la justicia militar conserva su aislamiento del sistema de justicia ordinario y ha hecho del fuero militar además de un mecanismo de control interno, un instrumento para preservar el sentido de corporación del Ejército y las reglas invisibles, como la debida obediencia o el código de silencio sobre órdenes y operaciones militares realizadas.
Estos elementos se conservan intactos en los Códigos de Justicia Militar de 1894 a la fecha, y mantiene la verticalidad del mando militar pese a quebrantar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces militares, sobre quienes priva el principio de obediencia y subordinación al superior, lo que lo convierte a la vez en un dispositivo de control del disenso interno, a lo que se suma el hecho de que al juzgar también delitos del fuero común, las víctimas no tienen acceso a la justicia civil.
Ante la actual guerra y las recurrentes violaciones a los derechos humanos, es urgente limitar el fuero militar al conocimiento estricto de los delitos relacionados con la disciplina militar, excluyendo los del fuero común (homicidio, lesiones, violación, abuso de autoridad), garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados.
Para ello es necesario: la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar. La exclusión de la jurisdicción militar de los menores de edad inscritos en las escuelas militares y, hacer prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo el requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del Ministerio Público o Juzgado Militar.
Ello implica crear dentro de la jurisdicción civil, un subsistema de justicia especializado que atienda los hechos delictivos en las fuerzas armadas y modificar al artículo 94 constitucional para integrar el Tribunal Militar de segunda instancia en el Poder Judicial de la Federación, y con ello conformar, dentro de la Procuraduría General de la República, una fiscalía especializada en delitos del orden militar; reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y, crear, en cada una de las regiones militares, juzgados especializados de primera instancia dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, resguardando el principio de oralidad, presente ya en los juicios militares, y los principios de autonomía e independencia de los jurados y conservación de la disciplina interna. Estableciendo como última instancia la SCJN.
Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción en el país, no sólo el militar, también el de los legisladores y el que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo Federal. El fuero se concibió como una garantía para el ejercicio de las libertades políticas ante el poder del Estado, no como instrumento para la prepotencia, el influyentismo o el encubrimiento de delitos. Pero también se deben erradicar los fueros informales, los que gozan los poderes fácticos, que los mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana o tras el poder del dinero o de los medios. Recordando a Francisco Zarco: Nadie que vea violadas sus garantías individuales, respetará las ajenas.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD)
Desde 1856 los delitos del orden militar contuvieron a los delitos del fuero común cometidos por militares, constituyendo un régimen extraordinario el no juzgar sólo delitos relacionados con la disciplina militar. En 1882, se creó el primer Supremo Tribunal Militar, con el cual se eliminó toda posibilidad de interacción con la justicia ordinaria que —anteriormente— conocía en última instancia de los juicios militares, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituía en Suprema Corte Marcial, con la participación de algunos magistrados militares. Desde entonces, la justicia militar conserva su aislamiento del sistema de justicia ordinario y ha hecho del fuero militar además de un mecanismo de control interno, un instrumento para preservar el sentido de corporación del Ejército y las reglas invisibles, como la debida obediencia o el código de silencio sobre órdenes y operaciones militares realizadas.
Estos elementos se conservan intactos en los Códigos de Justicia Militar de 1894 a la fecha, y mantiene la verticalidad del mando militar pese a quebrantar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces militares, sobre quienes priva el principio de obediencia y subordinación al superior, lo que lo convierte a la vez en un dispositivo de control del disenso interno, a lo que se suma el hecho de que al juzgar también delitos del fuero común, las víctimas no tienen acceso a la justicia civil.
Ante la actual guerra y las recurrentes violaciones a los derechos humanos, es urgente limitar el fuero militar al conocimiento estricto de los delitos relacionados con la disciplina militar, excluyendo los del fuero común (homicidio, lesiones, violación, abuso de autoridad), garantizando el acceso a la justicia de víctimas y procesados.
Para ello es necesario: la limitación de la extensión del fuero únicamente para aquellos delitos que tienen exacta conexión con la disciplina militar. La exclusión de la jurisdicción militar de los menores de edad inscritos en las escuelas militares y, hacer prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, estableciendo el requisito de declinación de competencia previo al conocimiento del Ministerio Público o Juzgado Militar.
Ello implica crear dentro de la jurisdicción civil, un subsistema de justicia especializado que atienda los hechos delictivos en las fuerzas armadas y modificar al artículo 94 constitucional para integrar el Tribunal Militar de segunda instancia en el Poder Judicial de la Federación, y con ello conformar, dentro de la Procuraduría General de la República, una fiscalía especializada en delitos del orden militar; reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y, crear, en cada una de las regiones militares, juzgados especializados de primera instancia dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, resguardando el principio de oralidad, presente ya en los juicios militares, y los principios de autonomía e independencia de los jurados y conservación de la disciplina interna. Estableciendo como última instancia la SCJN.
Es momento de acotar todo tipo de fuero y excepción en el país, no sólo el militar, también el de los legisladores y el que gozan los gobernantes, empezando por establecer la posibilidad de juicio político al Ejecutivo Federal. El fuero se concibió como una garantía para el ejercicio de las libertades políticas ante el poder del Estado, no como instrumento para la prepotencia, el influyentismo o el encubrimiento de delitos. Pero también se deben erradicar los fueros informales, los que gozan los poderes fácticos, que los mismo encubren delincuentes cobijados bajo la sotana o tras el poder del dinero o de los medios. Recordando a Francisco Zarco: Nadie que vea violadas sus garantías individuales, respetará las ajenas.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD)
La foto
Alejandro Encinas
El Universal
Martes 13 de abril de 2010
Alejandro Encinas
El Universal
Martes 13 de abril de 2010
Más allá de la anécdota y la polémica que ha suscitado la entrevista que Julio Scherer García hiciera a Ismael El Mayo Zambada García, cabe hacer una reflexión de lo que la llamada guerra contra el crimen organizado ha significado a nuestra sociedad.
Al momento de escribir estas líneas las cifras rebasan un saldo de 19 mil 548 ejecutados a lo largo del sexenio, de los cuales 2 mil 883 se perpetraron durante el primer trimestre del año, lo que da cuenta cruel de la falta de control que el gobierno ha demostrado en su estrategia de combate a la delincuencia organizada y consecuencia de ello, del creciente descrédito de las instituciones públicas ante la ciudadanía.
La impunidad aumenta, al igual que el número de delitos. Más del 90% de los delitos quedan sin castigo. Desde el interior de las cárceles, mexicanas e incluso de las de Estados Unidos, los grupos delincuenciales controlan las redes de extorsión y otros delitos que asolan a los ciudadanos.
El número de violaciones a los derechos humanos y los decesos en la población civil, se incrementan considerablemente. Las explicaciones de las autoridades federales, para quienes las victimas son “pandilleros”, “se encontraban en fuego cruzado”, “los retuvo un reten de narcotraficantes”, o son “daños colaterales”, a nadie convencen, evaden su responsabilidad en los hechos, y abonan en el demérito del otrora prestigiado ejército mexicano.
No se sostienen las justificaciones de falta de apoyo institucional. Se han reformado los ordenamientos legales, endureciéndose las penas e incluso restringiendo libertades, como sucede con la figura de arraigo que encarcela a inocentes por la sola presunción, la denuncia anónima o de testigos tan protegidos que nadie conoce, llegándose a extremos en el abuso de autoridad, como el ajuste de cuentas políticas con sus disidentes.
Como nunca, los recursos se han multiplicado. El presupuesto acumulado para seguridad pública en el periodo 2007-2010 fue superior a 431 mil millones de pesos: 102 mil millones de pesos a la Plataforma México, y 329 mil millones de pesos para combate al narcotráfico. A pesar de ello, se registran fugas masivas de delincuentes de los penales, como sucede en Tamaulipas.
Dejando a un lado la frialdad de las cifras, los datos dan cuenta de un complejo fenómeno que se ha arraigado en la sociedad. El narcotráfico, y en general el crimen organizado, han tejido una red de complicidades y negocios, que le han permitido construir una base social de apoyo en los territorios que controlan, al convertirse en ejes articuladores de la actividad económica y social en los mismos. Esta base social se ha fundado en la violencia, el miedo, la pobreza, la impunidad y la corrupción, y ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de muchas comunidades del país. Ya sea por resignación o por cotidianeidad, la cultura de la violencia y la impunidad se muestra en las formas de convivencia y en las expresiones culturales de vastos sectores de la sociedad, desde el narcocorrido, hasta las actividades de producción de drogas que a lo largo de décadas se han hecho, donde la presencia de las fuerzas armadas, las detenciones, la quema de plantíos y el asesinato son parte del quehacer cotidiano.
La fotografía de don Julio Scherer con El Mayo Zambada no sólo aumenta el desazón y frustración con la estrategia seguida hasta ahora en el combate al crimen organizado, sino que da cuenta de una daño mayor: el narco esta ganando la batalla cultural, lo cual no se va a resolver prohibiendo la difusión de los narcocorridos ni con los grandilocuentes mensajes mediáticos que, a semejanza de los reality shows, montan los responsables de la seguridad pública, sino con la reconstrucción del capital social que a lo largo de décadas ha fracturado la estructura comunitaria y familiar, la vida institucional y la actividad económica en vastas zonas del país.
Un primer paso para avanzar en esta dirección bien podría ser preguntarse qué hubiese sucedido con nuestros vecinos del norte, tras el derroche de recursos y propaganda contra el terrorismo, si en una prestigiada revista de ese país, apareciera un periodista estadounidense en una fotografía realizando un reportaje a Osama bin Laden. Aquí no pasa absolutamente nada.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Al momento de escribir estas líneas las cifras rebasan un saldo de 19 mil 548 ejecutados a lo largo del sexenio, de los cuales 2 mil 883 se perpetraron durante el primer trimestre del año, lo que da cuenta cruel de la falta de control que el gobierno ha demostrado en su estrategia de combate a la delincuencia organizada y consecuencia de ello, del creciente descrédito de las instituciones públicas ante la ciudadanía.
La impunidad aumenta, al igual que el número de delitos. Más del 90% de los delitos quedan sin castigo. Desde el interior de las cárceles, mexicanas e incluso de las de Estados Unidos, los grupos delincuenciales controlan las redes de extorsión y otros delitos que asolan a los ciudadanos.
El número de violaciones a los derechos humanos y los decesos en la población civil, se incrementan considerablemente. Las explicaciones de las autoridades federales, para quienes las victimas son “pandilleros”, “se encontraban en fuego cruzado”, “los retuvo un reten de narcotraficantes”, o son “daños colaterales”, a nadie convencen, evaden su responsabilidad en los hechos, y abonan en el demérito del otrora prestigiado ejército mexicano.
No se sostienen las justificaciones de falta de apoyo institucional. Se han reformado los ordenamientos legales, endureciéndose las penas e incluso restringiendo libertades, como sucede con la figura de arraigo que encarcela a inocentes por la sola presunción, la denuncia anónima o de testigos tan protegidos que nadie conoce, llegándose a extremos en el abuso de autoridad, como el ajuste de cuentas políticas con sus disidentes.
Como nunca, los recursos se han multiplicado. El presupuesto acumulado para seguridad pública en el periodo 2007-2010 fue superior a 431 mil millones de pesos: 102 mil millones de pesos a la Plataforma México, y 329 mil millones de pesos para combate al narcotráfico. A pesar de ello, se registran fugas masivas de delincuentes de los penales, como sucede en Tamaulipas.
Dejando a un lado la frialdad de las cifras, los datos dan cuenta de un complejo fenómeno que se ha arraigado en la sociedad. El narcotráfico, y en general el crimen organizado, han tejido una red de complicidades y negocios, que le han permitido construir una base social de apoyo en los territorios que controlan, al convertirse en ejes articuladores de la actividad económica y social en los mismos. Esta base social se ha fundado en la violencia, el miedo, la pobreza, la impunidad y la corrupción, y ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de muchas comunidades del país. Ya sea por resignación o por cotidianeidad, la cultura de la violencia y la impunidad se muestra en las formas de convivencia y en las expresiones culturales de vastos sectores de la sociedad, desde el narcocorrido, hasta las actividades de producción de drogas que a lo largo de décadas se han hecho, donde la presencia de las fuerzas armadas, las detenciones, la quema de plantíos y el asesinato son parte del quehacer cotidiano.
La fotografía de don Julio Scherer con El Mayo Zambada no sólo aumenta el desazón y frustración con la estrategia seguida hasta ahora en el combate al crimen organizado, sino que da cuenta de una daño mayor: el narco esta ganando la batalla cultural, lo cual no se va a resolver prohibiendo la difusión de los narcocorridos ni con los grandilocuentes mensajes mediáticos que, a semejanza de los reality shows, montan los responsables de la seguridad pública, sino con la reconstrucción del capital social que a lo largo de décadas ha fracturado la estructura comunitaria y familiar, la vida institucional y la actividad económica en vastas zonas del país.
Un primer paso para avanzar en esta dirección bien podría ser preguntarse qué hubiese sucedido con nuestros vecinos del norte, tras el derroche de recursos y propaganda contra el terrorismo, si en una prestigiada revista de ese país, apareciera un periodista estadounidense en una fotografía realizando un reportaje a Osama bin Laden. Aquí no pasa absolutamente nada.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Iniciativa patronal
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 30 de marzo de 2010
El secretario de Trabajo, Javier Lozano, presentó una iniciativa de reforma laboral que conculca dos de las conquistas más importantes alcanzadas en el derecho mexicano, el de la responsabilidad del Estado de tutelar —al igual que en el derecho agrario— las relaciones entre patrones y trabajadores, es decir, las relaciones entre desiguales, así como las de garantizar la seguridad en el empleo, evitando los abusos en la explotación de la fuerza de trabajo.La iniciativa retoma al Fondo Monetario Internacional que insiste en la “necesidad” de flexibilizar las relaciones laborales.
La llamada flexibilización del trabajo, busca establecer nuevas formas de contratación y despido, por hora, jornada, mes, contratos a prueba o de capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón y sin seguridad social, pago de prestaciones ni acumulación de derechos, aunque la materia de trabajo subsista, o creando figuras como la subcontratación de algunos servicios en los que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. La propuesta limita la justicia laboral, pues permite despidos sin responsabilidad para el patrón antes de los tres años de antigüedad y fija un límite de seis meses para los salarios caídos, con lo que el patrón puede alargar indefinidamente un juicio.
Infringe los derechos colectivos al establecer mayores restricciones al derecho de huelga, la creación de sindicatos y el cambio de titular del contrato, al exigir en el recuento la entrega previa de las firmas de los trabajadores y sus credenciales para que la anacrónica Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los califique, lo que implica despidos y amenazas, a lo que se suma como causal de inexistencia de huelga el incumplimiento de las disposiciones estatutarias del sindicato.
El señor Lozano lanza como anzuelo medidas que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo o la lactancia, así como eliminar el certificado de ingravidez, cuando la flexibilización en su contratación abona en la relación individual y en la competencia desigual debido a la responsabilidad familiar que recae en las mujeres ya que el Estado y la sociedad no asumen la responsabilidad sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Lo mismo sucede con las propuestas que pretenden fomentar la transparencia y democracia sindical, en las que si bien retoma planteamientos de la izquierda, atentan contra la libertad y autonomía sindical al fortalecer la intervención de la JFCyA y al establecer el eventual no pago de cuotas sindicales, cuando se debe fortalecer la libertad de afiliación, de asociación y registro de sindicatos, ya que medidas de esta naturaleza favorecen a los sindicatos de protección y a las mafias sindicales. Ahí está como ejemplo la impunidad y protección gubernamental y patronal de que gozan dirigentes como Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y Ramón Gámez, este último prófugo de la justicia.
Se insiste en que esta reforma generaría más empleos, como si los derechos laborales fueran impedimento. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82%. Al mismo tiempo, más de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos. De establecerse la jornada por hora, lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.
Se repite hasta el cansancio que para que haya empleo debe haber empleadores y ello justifica corruptelas y concesiones. Lo que no se dice es que para que exista mercado interno debe haber consumidores, lo que implica salarios bien remunerados. En el fondo, el debate confronta el viejo dilema entre derechas e izquierdas, entre quienes creen que la riqueza la produce el capital y quienes estamos convencidos de que la fuente de la riqueza es el trabajo.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
La llamada flexibilización del trabajo, busca establecer nuevas formas de contratación y despido, por hora, jornada, mes, contratos a prueba o de capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón y sin seguridad social, pago de prestaciones ni acumulación de derechos, aunque la materia de trabajo subsista, o creando figuras como la subcontratación de algunos servicios en los que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. La propuesta limita la justicia laboral, pues permite despidos sin responsabilidad para el patrón antes de los tres años de antigüedad y fija un límite de seis meses para los salarios caídos, con lo que el patrón puede alargar indefinidamente un juicio.
Infringe los derechos colectivos al establecer mayores restricciones al derecho de huelga, la creación de sindicatos y el cambio de titular del contrato, al exigir en el recuento la entrega previa de las firmas de los trabajadores y sus credenciales para que la anacrónica Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los califique, lo que implica despidos y amenazas, a lo que se suma como causal de inexistencia de huelga el incumplimiento de las disposiciones estatutarias del sindicato.
El señor Lozano lanza como anzuelo medidas que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo o la lactancia, así como eliminar el certificado de ingravidez, cuando la flexibilización en su contratación abona en la relación individual y en la competencia desigual debido a la responsabilidad familiar que recae en las mujeres ya que el Estado y la sociedad no asumen la responsabilidad sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Lo mismo sucede con las propuestas que pretenden fomentar la transparencia y democracia sindical, en las que si bien retoma planteamientos de la izquierda, atentan contra la libertad y autonomía sindical al fortalecer la intervención de la JFCyA y al establecer el eventual no pago de cuotas sindicales, cuando se debe fortalecer la libertad de afiliación, de asociación y registro de sindicatos, ya que medidas de esta naturaleza favorecen a los sindicatos de protección y a las mafias sindicales. Ahí está como ejemplo la impunidad y protección gubernamental y patronal de que gozan dirigentes como Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y Ramón Gámez, este último prófugo de la justicia.
Se insiste en que esta reforma generaría más empleos, como si los derechos laborales fueran impedimento. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82%. Al mismo tiempo, más de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos. De establecerse la jornada por hora, lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.
Se repite hasta el cansancio que para que haya empleo debe haber empleadores y ello justifica corruptelas y concesiones. Lo que no se dice es que para que exista mercado interno debe haber consumidores, lo que implica salarios bien remunerados. En el fondo, el debate confronta el viejo dilema entre derechas e izquierdas, entre quienes creen que la riqueza la produce el capital y quienes estamos convencidos de que la fuente de la riqueza es el trabajo.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Alejandro Encinas, en entrevista con La Jornada Jalisco
La alianza con el PAN, una catástrofe para la izquierda
Alejandro Encinas, Coordinador del PRD en el Congreso de la Unión
Alejandro Encinas, Coordinador del PRD en el Congreso de la Unión
ENTREVISTA
Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO
Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO
Históricamente la izquierda ha sido responsabilizada de todos los males de México, hasta en 2006 con campañas absurdas sobre López Obrador, señala el diputado federal durante la entrevista con este diario
Candidato único al 2012, la opción de las izquierdas
“De cara al 2012 debemos construir un proyecto de frente político electoral de las izquierdas con un solo candidato y con una propuesta claramente diferenciada del PRI y del PAN”, así resumió Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión, la tarea de la izquierda para dar batalla en las elecciones presidenciales.
No hay tiempo, reconoce. Y advierte: un alejamiento de movimientos sociales como del que encabeza Andrés Manuel López Obrador por parte del PRD y una alianza con el PAN significará una catástrofe, tanto para la izquierda nacional como para el país ante el acecho del PRI para colocarse de nueva cuenta en Los Pinos.
El perredista habla de los errores que llevaron al partido a un desplome electoral en 2009, la desigualdad social, la reforma política propuesta por Felipe Calderón y del “enorme desprecio de los poderes fácticos a un gobierno que emane de lo popular”.
-¿Cuál es su óptica de la izquierda en un escenario que deja ver alianzas con la derecha en algunas entidades?
-La izquierda está en un momento de búsqueda de una nueva identidad. No hemos sabido manejar el resultado de 2006 porque un sector de la izquierda y en particular del PRD asumió el resultado como una derrota y no como un despojo, que fue lo que pasó, y eso ha llevado incluso a posiciones encontradas de reconocer o no al gobierno de Felipe Calderón. El general Álvaro Obregón decía que sólo se comete un error y que los demás son resultado del primero.
Se desencadenó un conjunto de errores dentro del partido que llevaron a un retroceso no sólo del PRD sino de la izquierda, porque la táctica de un sector del partido después de 2006 fue de distanciarse del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y en la búsqueda de esa diferenciación hubo tres momentos que llevaron al fracaso político y electoral del cual no hemos salido.
El primero fue una polarización interna del partido, en la que algunos gobernadores tomaron distancia del movimiento, lo cual nos condujo a nuestro primer revés electoral en Guerrero: el gobierno de Zeferino pactó con la burocracia del partido y perdimos ciudades fundamentales como Iguala, Acapulco, Zihuatanejo y otras ciudades del estado.
El segundo revés lo ubico en la elección interna del PRD que dio cuenta no necesariamente de una polarización, sino del nivel de descomposición del PRD en donde las prácticas ilegales dentro del proceso llevaron, primero, a que se tratara de revertir un resultado que me favoreció y tratarlo de revertir por la mala; esto llevó a un desaseo que primero obligó a la nulidad de la elección por parte de la Comisión de Garantías y en segundo lugar a uno de los más graves errores que han cometido miembros del PRD: ir a buscar el apoyo de un órgano del Estado para nombrar la dirección nacional.
Se logró que un órgano del Estado impusiera la dirección del partido; y cuando hablo de un órgano del Estado no me refiero sólo al Tribunal Electoral, sino a todas las fuerzas que concurrieron en la toma de esa decisión donde intervino Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones, incluso empresarios, en la lógica de imponer una dirección a modo.
El tercer revés tiene que ver, como consecuencia de este cúmulo de errores, con el haber menospreciado la presencia y la fuerza electoral de la coalición Por el Bien de Todos y un empecinamiento de que el PRD fuera solo en la elección de 2009. Si hubiéramos ido juntos con el Frente Amplio Progresista, en lugar de 71 diputados federales que hoy tenemos tendríamos 120, hubiéramos ganado la mayoría de los distritos en Guerrero, pero solamente ganamos uno; lo más importante es que no hubiéramos tenido el mayor colapso electoral y territorial, que fue la pérdida de varios municipios en los estados.
El saldo más grave del revés electoral del PRD no está en el número de los legisladores federales ni en el porcentaje de la votación, sino en los 10 millones de mexicanos que de la noche a la mañana dejamos de gobernar. Perdimos el gobierno del 48 por ciento del estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes; sólo ahí en el estado de México perdimos el gobierno de 6 millones de mexicanos, y a eso le sumamos derrotas en Morelos, en Iztapalapa, que es una derrota electoral del PRD. De 25 millones de mexicanos que gobernábamos en 2009, hoy estamos gobernando 15 millones, ése es el verdadero error.
“Yo decidí permanecer en el partido que es un patrimonio de generaciones de muchas izquierdas mexicanas. El registro que hoy tiene el PRD es el que ganamos los comunistas en 1979. No pudimos dilapidar ese capital político y decidimos dar pleito interno. Se abrió una nueva etapa después de 2009 donde han habido dos señales importantes en la búsqueda de acuerdos: una, que yo esté en la coordinación del grupo parlamentario que busca no sólo la coordinación, sino de dar una señal de cohesión interna en el partido; la otra es la rectificación de esta política de alianzas con la izquierda aunque se nos atraviesa esta piedrita de alianzas con el PAN, lo cual trae de nueva cuenta una diferenciación dentro de la izquierda. Yo no soy partidario de una alianza con el PAN.
La militancia se merece definiciones claras sin ninguna ambigüedad. En todo caso, hay que avanzar en construir frentes electorales pero no una lógica de PAN-PRD tomados de la manita paseándose por todo el país en donde sólo hay desaliento, confusión, y es una apuesta grande donde va empeñado todo el capital político de la izquierda que de fracasar va a ser difícil de remontar en 2012.
El principal reto de cara al 2012 es recuperar el posicionamiento territorial de la izquierda en los gobiernos municipales de la República, también hay que recuperar la vocación de frentes. Creo que, de cara a 2012, debemos construir un proyecto de frente político-electoral de las izquierdas con un solo candidato y con una propuesta claramente diferenciada del PRI y del PAN de cara a las elecciones”.
-Una tarea difícil.
-Estamos construyendo un conjunto de redes en la que pueden concurrir el movimiento que encabeza Andrés Manuel, movimientos sociales diversos, en una sola candidatura a 2012, ésa es nuestra prueba principal y es nuestra prueba de fuego porque estamos en la antesala, que ya no permite retrasos.
-Es difícil concebir una mancuerna PAN-PRD luego de los acontecimientos de 2006 y parece que, lejos de beneficiar a la izquierda, le perjudica y le da puntos al PRI.
-No es la primera vez que vamos con el PAN, pero ahora son circunstancias distintas. Por ejemplo: fuimos con Javier Corral en Chihuahua, con Pablo Salazar en Chiapas, pero si haces el balance de qué pasó después... no pasó nada significante.
Y habría una enorme contradicción: ¿cómo le explicamos a nuestros electores, a nuestros militantes, una alianza con el PAN a quienes hemos cuestionado de una profunda crisis económica en el país, que ha militarizado todo el territorio nacional, que ha criminalizado a los jóvenes y a la movilización social, o que firma acuerdos en lo oscurito con el PRI para que el PRI venda su voto para aprobar más impuestos a los mexicanos a cambio de que no haya alianzas electorales con el PRD? Esa confusión no sólo hace que pierda la izquierda, perdemos todos, pierde la democracia, porque ya hay un desencanto con la democracia en este país.
La prueba de fuego van a ser las elecciones, porque si estas alianzas fracasan, revertir la presencia del PRI va a ser enorme.
-Construir una sola candidatura. ¿Cómo lograrlo con dos personajes importantes como Marcelo Ebrard por un lado y Andrés Manuel López Obrador por otro?
-Yo he platicado con ambos, y no entendemos una izquierda dividida con más de un candidato; no veo un escenario donde haya un candidato del PRD, otro del PT y Convergencia, sería un error gravísimo dividir y minar esfuerzos. Nuestro candidato será el que esté mejor posicionado en estos momentos y quien pueda sacar adelante el proyecto político. Mi trabajo político personal se va a orientar a un acuerdo de esa naturaleza: buscar una sola candidatura que identifique a la izquierda. Una alianza con el PAN no la veo en 2012.
-Más por el desencanto del que habla, y aun con espectáculos del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados pero que a fin de cuentas los involucra. ¿En dónde está parado el PRD en este asunto?
-Hay un desencanto con la democracia por dos razones fundamentales: un descrédito profundo de las instituciones públicas y la política en general, derivado por los propios errores de los políticos y las instituciones, y también, un enorme vacío de autoridad y de claridad en la conducción del país. Mucho del deterioro de la moral pública, de la vida institucional, tiene que ver con el abandono del Estado de sus responsabilidades fundamentales que no han logrado, en un ambiente democrático, mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
En una democracia tan incipiente como la nuestra, donde el signo fundamental del deterioro de nuestro país es la polarización social, la concentración del ingreso, el incremento de la pobreza y de la inseguridad pública, tenemos un escenario enorme de la ingobernabilidad cuando la gente lo que quiere es tranquilidad y trabajo. Por eso tanto rechazo a una reforma política que ha puesto como centro de atención la reelección. Es absurdo plantear la reelección en el Centenario de la Revolución que surge por “Sufragio efectivo, no reelección”, sino además cuando la credibilidad en el Congreso y la política está en su peor momento.
Un país que tuvo su peor caída en la economía, por debajo de la crisis del error de diciembre del 94, en donde tenemos la tasa de desempleo más alta en este momento de 6 por ciento con 3 millones de mexicanos, 5 millones de mexicanos que laboran menos de dos jornadas a la semana, 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 2 millones de niños que no asisten a la primaria, 250 mil mexicanos que son deportados de los Estados Unidos cada año, 12 millones 600 mil mexicanos en la economía informal.
Es un escenario de riesgo de ingobernabilidad terrible, a lo que se suma un debilitamiento del Estado frente al crimen organizado y zonas del país donde la autoridad legítimamente constituida no es la que gobierna. Ésa es la parte más fundamental del desencanto con la democracia.
La otra es la parte que han alentado los grupos de poder. El descrédito de las instituciones, de los partidos políticos, de diputados, senadores, no solamente es resultado de su propia responsabilidad sino que también hay una campaña de debilitamiento de la vida institucional. Ustedes ven sistemática y permanentemente a los poderes fácticos y a los grandes medios televisivos desacreditando a la política.
La campaña que inició esta semana el Consejo Coordinador Empresarial es muy clara: vamos a desacreditar a la Cámara de Diputados, y ya empezaron. Ésa es la otra parte que no hemos discutido en serio porque hay una enorme corrupción en la vida pública del país, pero hay la misma corrupción o más, en la vida de los inversionistas privados.
Lo mismo no pagan impuestos que hacen negocios ilícitos y gozan de más impunidad que cualquier otro delincuente. Ésa es la otra cara de la moneda que tenemos que discutir en serio, porque si queremos una reforma política real, tiene que haber una reforma económica del Estado y una reforma que controle a los poderes fácticos del país.
-Venían funcionando los poderes fácticos y los institucionales de alguna manera, ¿dónde se da la ruptura?
-Los poderes fácticos se fueron moldeando a las formas de ejercicio del poder en México. Superaron la alternancia del PRI al PAN con Vicente Fox, porque Fox prácticamente les concedió todo, no solamente todo el régimen de privilegios fiscales sino que les dio mayores tiempos en las concesiones públicas de radio y televisión y más favores. En el caso de Calderón hay un giro muy importante: ellos imponen un candidato para evitar la llegada de la izquierda.
El momento de ruptura se da cuando Calderón no les resulta capaz de manejar la situación, fabrican otro candidato. Ahora ya tienen fracción parlamentaria las televisoras, cabildean, compran votos en el Senado y en la Cámara de Diputados para mantener sus privilegios, y además ahora fabrican candidatos a modo. El papel fundamental que debe jugar el PRD y toda la izquierda es señalar este riesgo enorme que existe en el país del sometimiento a estos poderes y construir una fuerza social suficiente para hacerle contrapeso.
El PRD está jugando en la ambigüedad, en el momento más crítico del país, con alianzas que desdibujan el perfil político.
-Año 2006, una campaña de desprestigio contra López Obrador. Ya no hablemos de grandes empresarios, medianos, pequeños, se asustaron, ¿puede garantizarles la izquierda tener una relación de concordia a ellos?
-Históricamente la izquierda ha estado estigmatizada de todos los males de México desde antes del 68 con conspiraciones del comunismo mundial para desestabilizar al país, hasta 2006 donde había campañas absurdas donde López Obrador iba a privatizar los consultorios médicos, la medicina pública, iba a cerrar escuelas católicas e iba a quitar las casas para dárselas a otros. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad de México con Cárdenas, desde él hubo una campaña en bardas que decían “que vuelvan los corruptos y se vayan los pendejos”, alegando que no teníamos experiencia y en efecto, no la teníamos tras siete décadas de un partido pero aprendimos, y tanto que ahí seguimos.
Cuando fui secretario de Desarrollo Económico en la ciudad de México me tocó construir una relación con inversionistas de los más acaudalados y logramos tener la inversión privada más importante: 10 mil millones de dólares, más del 56 por ciento de la inversión extranjera de México; se hicieron grandes desarrollos mobiliarios, rescate del Centro Histórico, se detonó un gran desarrollo a partir de una relación institucional con transparencia, pero no fue suficiente par acabar con el estigma.
Ello despertó toda la guerra sucia y además los miedos a la izquierda, los antivalores a la sociedad, el rencor social, no de los pobres a los ricos, sino de los ricos a los pobres, un enorme desprecio, racismo, discriminación.
“¿Cómo un naco de Macuspana va a gobernar este país?”, decían. Hubo un enorme rencor y sí hubo un problema de clases, sí hay un problema de clases y no de los pobres a los ricos, sino por el enorme desprecio de los poderes fácticos a un gobierno que emane de lo popular. ¿Cómo hay que hacerle frente?, derrotándolos en las urnas, igual que en 2006, construir una fuerza que permita derrotarlos en las urnas.
Da la impresión que existen perredistas que entienden que el partido es sólo un instrumento, no un fin, pero al construir una fuerza, en lo social, cuestionas también el sistema de partidos.
-Sí y no. Los partidos somos un mal necesario, permiten organización de ciudadanos en torno a ideas muy puntuales. Con esta reforma política (de Calderón) se pretende inhibir, consolidar un sistema bipartidista y poner candados para que la izquierda no llegue al gobierno.
-Sí y no. Los partidos somos un mal necesario, permiten organización de ciudadanos en torno a ideas muy puntuales. Con esta reforma política (de Calderón) se pretende inhibir, consolidar un sistema bipartidista y poner candados para que la izquierda no llegue al gobierno.
El éxito de 2006 radicó en que desde el gobierno se construyó un apoyo social, no a un candidato sino a un proyecto político que se irradió a todo el país: apoyos a adultos mayores, madres solteras, discapacitados, que generó confianza de que era posible manejar de manera distinta al país. Por eso esta guerra sucia de operación de las mafias del poder para impedir nuestra llegada. Nosotros, en la lógica de Primero los Pobres, era hacer una acuerdo nacional para un Estado socialmente responsable que permitiera una sociedad más equitativa y menos desigual. Hoy, 11 familias concentran más de 100 mil millones de dólares de riqueza personal y de ésas, tan sólo Slim tiene más de la mitad. Con ese dinero pueden vivir 11 millones de familias mexicanas, pero 10 familias concentran el 10 por ciento del ingreso nacional. Estamos en situación de riesgo.
-¿Cómo cambiar el modelo?
-Necesitamos un Estado rector que regule al mercado y que sea el instrumento para mitigar la desigualdad social, y una economía democrática donde todos tengamos oportunidad de tener ingresos y todos paguemos impuestos. Si revisamos el sistema fiscal mexicano, los grandes empresarios tienen la posibilidad de eludir impuestos, y no es posible que cualquier profesionista paga el 30 por ciento de Impuesto Sobre la Renta y Carlos Slim sólo el 1.7 por ciento de sus ganancias. Si resumes: Impuesto Sobre la Renta, IVA, Pago de Derechos, de cualquier trabajador que gane 20 mil pesos, la mitad se le va en impuestos. Eso no puede ser, necesitamos un pacto fiscal en donde todos paguen y de manera equitativa.
Impide el grupo Universidad candidaturas de militantes: edil de Tlajomulco
Alejandro Encinas pide unidad para enfrentar a la “mafia” que controla al sol azteca en Jalisco
Mauricio Ferrer
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 24
Guadalajara, Jal., 12 de marzo. Ante más de mil perredistas de Jalisco reunidos en Tlajomulco de Zúñiga –primer municipio que el PRD gana en la zona conurbada a la capital–, Alejando Encinas Rodríguez, coordinador de los diputados federales perredistas, pidió unidad a la militancia para enfrentar a la “mafia” del grupo Universidad –liderado por Raúl Padilla López– quien controla al partido desde hace 10 años y a la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 20.
En la reunión por la tarde, Encinas Rodríguez dijo: “No vengo a título personal, sino con el apoyo de otros diputados federales, dirigentes del partido en el país, pues en Tlajomulco se ha encendido aquí una llama de esperanza para construir una nueva historia y se requiere un nuevo partido para que tengamos no sólo un Tlajomulco, sino un Jalisco, en el que el centro de las preocupaciones sea la necesidad de la gente”, declaró.
“No es posible que una sola familia, un grupo enquistado, hable en nombre de nuestro partido. Se enojan por que viene uno a visitar a la militancia, como si tuviera uno que pedirles permiso. El PRD es un partido nacional, es democrático, de la gente, no está al servicio de ninguna mafia; solo las mafias se pelean el territorio y no necesitamos patente de corzo ni permiso para entrar.
Encinas Rodríguez refrendó así su apoyo a Enrique Alfaro Ramírez, edil de Tlajomulco, quien el 22 de febrero pasado acusó públicamente a Padilla López de querer adueñarse de puestos clave en su gobierno, a cambio de un centro universitario para el municipio.
Alfaro Ramírez corrió al entonces director de Desarrollo Social de Tlajomulco, Enrique Velásquez, del Grupo Universidad, lo que desató la pugna. El punto crítico ocurrió el 7 de marzo en una asamblea del partido donde incluso hubo golpes entre seguidores del alcalde de Tlajomulco y del dirigente estatal del PRD, José Antonio Magallanes.
Por la mañana, unos 60 estudiantes de la preparatoria de la UdeG, en el municipio El Salto, junto con su director Manuel Delgadillo, increparon al legislador federal a su llegada al aeropuerto. “Regrésate chilango” y “El PRD no se vende al Yunque” eran algunas leyendas en pancartas que llevaban los muchachos a las que Encinas respondió con sonrisas.
Perredistas crearon grupo opositor a Raúl Padilla
"A las mafias se les combate con intigencia", advirtio Alejandro Encinas
Guadalajara.- Perredistas de diversos municipios y de diferentes corrientes, unidos con el propósito de “sacar” del PRD al ex rector de la UdeG Raúl Padilla López y al grupo político que encabeza, se reunieron la tarde de ayer en una terraza campestre en Tlajomulco para conformar la Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas, que tuvo como “padrino” al coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que el PRD es un partido nacional “no al servicio de una mafia”, en alusión a Padilla López y sus seguidores. Por ello, hizo un llamado a los militantes que se habían alejado del partido del sol azteca, para que se agrupen y se organicen.
“A las mafias se les combate con inteligencia. A esta mafia que está enquistada en el PRD, la vamos a combatir con inteligencia”, arengó, ante los aplausos de los asistentes.
Al acto acudieron cerca de mil personas, entre las que destacó la presencia de ex diputados locales, como los hermanos Miguel y Pedro León Corrales, el ex regidor tapatío Martín Márquez Carpio o el ex senador jalisciense del PRD Mario Saucedo Pérez. El anfitrión del acto político fue el alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, quien advirtió que es momento de “desterrar” a Padilla López de la dirigencia estatal, a la cual tiene “secuestrada” desde hace más de diez años.
Alfaro, a quien acompañaron diversos funcionarios del Ayuntamiento de Tlajomulco, como el jefe de la Unidad de Fiscalización y Transparencia, Esteban Garaiz, y el síndico Alberto Uribe, se trazó como meta un año “para que el partido esté listo para ganar elecciones”.
En el acto hablaron Clemente Castañeda Hoeflich, jefe de la Oficina de Coordinación Política del ayuntamiento; Víctor Páez, secretario de Autoridades y Políticas Públicas del PRD estatal; la consejera nacional Sonia Gómez, el propio Enrique Alfaro, el diputado federal del PT Enrique Ibarra y Alejandro Encinas.
El líder de los diputados federales perredistas aclaró que acudió a Tlajomulco no como un acto personal, sino como parte de un grupo de legisladores que quieren que se rescate al PRD estatal “como un instrumento al servicio de la gente”.
Por cierto, en tres pasos a desnivel y puentes peatonales de la avenida López Mateos se colocaron mantas donde se criticó la “intromición” (sic) de Encinas en los asuntos internos del PRD.
Las mantas fueron instaladas minutos antes del paso de Encinas por López Mateos, al parecer por estudiantes de preparatoria de la UdeG, identificados por perredistas afines a Alfaro.
Por Ignacio Pérez Vega
Se requiere un frente electoral de fuerzas de izquierda que sume al PRD, PT Y CONVERGENCIA en el EDOMEX, Alejandro Encinas
ENTREVISTA AL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, COORDINADOR DEL GPPRD, SOBRE LA ALIANZA FISCAL-ELECTORAL ENTRE EL PRI Y EL PAN; ENTRE OTROS TEMAS
Palacio Legislativo, Jueves, 11 Marzo 2010 a las 13:10
Entrevista No. 194
Pregunta: De todos los debates de ayer y de toda esta situación.
Dip. Alejandro Encinas Rodríguez (AER): ¿Cómo explicarle a nuestra militancia, a nuestro electorado, cómo se es aliado de un partido que suscribió un acuerdo para que se aprobara la ley de Ingresos a costa de limitar las alianzas? Esa es una contradicción muy difícil de explicar
Pregunta: ¿Alianza del PRD con el PAN en el Estado de México para el 2011?
para leer la entrevista completa entre al siguiente link:
http://www.diputadosprd.mx/ver_documento.php?tipo=2&id=857
La izquierda irá junta en 2012
Created 03/12/2010 - 03:38
El líder perredista en la Cámara de Diputados dijo que el candidato será el mejor posicionado.
Foto: Mónica González
Se debe integrar un gran frente electoral e impulsar un candidato único, insiste Alejandro Encinas
No sólo Ebrard y López Obrador figuran como aspirantes a la Presidencia, indica.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, llamó a las fuerzas de izquierda a integrar un gran frente electoral e impulsar un candidato único a la Presidencia de la República en 2012.
Remarcó que dicho abanderado debe ser el mejor posicionado entre la sociedad y señaló a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Amalia García y Carlos Navarrete como aspirantes a la postulación.
Encinas reveló que a él mismo le han propuesto buscar la candidatura de las izquierdas a la Presidencia de México, pero acotó: “Tengo mucho trabajo aquí en la Cámara de Diputados y me voy a dedicar a mi trabajo legislativo y a construir un frente electoral único de las izquierdas que ayude a conformar una sola candidatura competitiva. Ese va a ser mi trabajo principal”.
Entrevistado en el recinto parlamentario, el legislador perredista secundó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y descartó una coalición electoral del PRD con el PAN en el año 2012.
“Coincido plenamente. No veo ningún escenario de alianzas con el PAN, mucho menos en 2012 en una elección presidencial que volverá a poner a la izquierda en el centro de la contienda electoral”, agregó.
Indicó que la prioridad del PRD, Convergencia y el PT debe ser la de conformar un gran frente electoral y contender con un candidato único a la Presidencia de la República.
“Para mí es inimaginable la existencia de dos o más candidatos de las izquierdas”, dijo, pues lo fundamental es ir a reconstruir la competencia electoral en 2012.
Indicó, en ese sentido, que no solamente López Obrador y Ebrard figuran como aspirantes a la candidatura presidencial, pues también su correligionario Carlos Navarrete se ha promovido rumbo a Los Pinos, en tanto que otros grupos del PRD impulsan la postulación de la gobernadora zacatecana Amalia García.
En el mismo sentido se pronunció Alberto Anaya, líder nacional del PT, al asegurar que hay un compromiso definitivo de que los partidos de izquierda irán unidos en 2012 y descartó que pueda haber dos candidaturas que se dividan el voto.
“Es un acuerdo tomar muy en serio la gran lección de la sociedad mexicana en las pasadas elecciones de 2009 que castigó a las izquierdas por ir divididos, por sus conflictos internos y porque rompimos la unidad. Hay un acuerdo en principio de que vamos con un solo candidato, eso es ya definitivo”.
Resaltó que pese a que su partido reconoce a López Obrador como el principal líder de la izquierda en el país, este ha dicho que el candidato deberá ser el mejor posicionado”.
Sobre las alianzas que el PT mantienen con el PAN, Anaya precisó que sólo hay una definición clara en el caso de Oaxaca, donde habrá apoyo a la candidatura de Gabino Cué, mientras que en Hidalgo, pese a que ya está registrado el convenio de coalición, aún hay un debate sobre si se mantiene.
Sobre las alianzas que el PT mantienen con el PAN, Anaya precisó que sólo hay una definición clara en el caso de Oaxaca, donde habrá apoyo a la candidatura de Gabino Cué, mientras que en Hidalgo, pese a que ya está registrado el convenio de coalición, aún hay un debate sobre si se mantiene.
Cuestionado sobre la posibilidad de que el PT postule a José Guadarrama en esa entidad, Anaya indicó dijo que su partido respetará el mecanismo de encuesta para definir al abanderado.
“Hay un esfuerzo unitario para realizar una encuesta que permita resolver la candidatura”, con lo que despejó la posibilidad de que los partidos de izquierda en Hidalgo tengan dos candidatos, uno de ellos en alianza con el PAN.
En entrevista durante los trabajos del 16 seminario “Los partidos y una nueva sociedad” organizado por el PT, opinó sobre el intercambio de descalificaciones entre PRI y PAN en la Cámara de Diputados y anticipó que pese a esta disputa entre ambos partidos, su alianza se mantendrá al margen de los acuerdos en el ámbito electoral.
- Claves
AMLO prevé triunfo
• Andrés Manuel López Obrador dijo que el PRD y las fuerzas de izquierda tienen amplias posibilidades de ganarle a la mafia política en la contienda presidencial de 2012.
• Andrés Manuel López Obrador dijo que el PRD y las fuerzas de izquierda tienen amplias posibilidades de ganarle a la mafia política en la contienda presidencial de 2012.
• De gira por Michoacán, el tabasqueño confió en que el abanderado será aquel hombre o aquella mujer que esté mejor posicionado en las encuestas.
• “No debemos estar ni con el PRI ni con el PAN, porque ambos son partidos de la mafia, ni debemos perder identidad ni caer en el zigzagueo político, tampoco desdibujarnos”, opinó sobre las alianzas en diferentes entidades.
México • Fernando Damián, Daniel Venegas y Liliana Padilla
Anuncia Encinas conformación de frente de izquierdas en el Edomex
By kalid
Created 03/11/2010 - 03:35
By kalid
Created 03/11/2010 - 03:35
El líder del PRD en San Lázaro. Foto: Oswaldo Ramírez
“Ya hay avances rumbo a esa prueba de fuego”, asegura
Descarta un pacto con el PAN; pero el blanquiazul sí ve posible un acuerdo.
Descarta un pacto con el PAN; pero el blanquiazul sí ve posible un acuerdo.
El coordinador de la bancada perredista de la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, anunció la conformación de un frente de la izquierda mexicana contra el tricolor para 2011, cuando se renovará el gobierno estatal.
El legislador dijo que ya hay avances para establecer esta alianza que enfrentará “su prueba de fuego en julio de este año”, la antesala de los futuros acuerdos de los partidos de izquierda en el país.
El perredista consideró que para que la conformación de este frente político electoral de los partidos de izquierda y las fuerzas democráticas funcione, será necesario elaborar un proyecto distinto de esta corriente ante los mexiquenses, así como sumar otro tipo de fuerzas locales para la construcción de esta alianza contra el tricolor.
Encinas descartó cualquier posibilidad de que el PRD pueda aliarse con el PAN para 2011, y aunque existe una división de criterios al interior del partido, confió en la unificación de su institución política y lograr un candidato que unifique a la militancia perredísta en el Estado de México.
En este sentido, el Partido Acción Nacional en el Estado de México expresó su confianza en conformar una alianza electoral con el PRD rumbo a 2011.
En tanto, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados señaló que ya hay avances en torno a conformar un frente unificado que estará integrado por los partidos del Trabajo, Convergencia y “otras expresiones de izquierda”.
El diputado federal asistió como conferenciante al Foro Nacional de Políticas Públicas Municipales, organizado por la Asociación de Municipios de México AC, en el que aseguró que la prioridad para una clase política es la discusión de una reforma en la materia.
En su ponencia, Encinas insistió en que se debe legislar en torno a un proyecto económico que garantice el desarrollo del país.
Dijo que una realidad dramática demuestran las siguientes cifras: en el país existe una tasa de desempleo de 6 por ciento, tres millones de mexicanos buscan colocarse en uno, cinco millones más apenas trabajan dos jornadas laborales a la semana.
Además, advirtió que siete millones de jóvenes en el país no estudian y no trabajan y, peor aún es que no se pueden incorporar a la economía informal, que absorbió ya a más de 12 millones de personas en México.
Además de que es necesario legislar en una reforma económica que permita que dos millones de niños se integren al sistema de instrucción básica, que a la fecha no asisten, aseguró el perredista.
- Claves
- Claves
Prácticas mañosas
• “La alianza con el PAN en el Estado de México no es un hecho”, advirtió el líder del perredismo mexiquense, Luis Sánchez Jiménez, “y en caso de concretarse ni la sociedad ni el partido olvidará las prácticas mañosas con las que Felipe Calderón llegó a la Presidencia en 2006”.
• “La alianza con el PAN en el Estado de México no es un hecho”, advirtió el líder del perredismo mexiquense, Luis Sánchez Jiménez, “y en caso de concretarse ni la sociedad ni el partido olvidará las prácticas mañosas con las que Felipe Calderón llegó a la Presidencia en 2006”.
• Lo anterior al ser cuestionado sobre si al pactar alianzas con Acción Nacional, el PRD reconocía a Calderón como presidente legítimo de México: “Será la historia quien juzgue el actuar de los actores políticos”.
• No obstante, el perredismo mexiquense esperará los resultados de las elecciones en otros estados donde sí van juntos ambos, para determinar si en le entidad lo hacen solos o con los azules, en busca de arrebatarle la gobernatura al PRI.
Naucalpan, Edomex • Ana Salazar. Con información de Horacio López
ACABAR CON LA OPACIDAD EN EL MANEJO DE RECURSOS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PROPONE ENCINAS
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DEL DIP. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, COORDINADOR DEL GPPRD, EN LA QUE PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Palacio Legislativo, Martes, 2 Marzo 2010 a las 13:15Versión No. 378
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Con su autorización, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores, vengo a hacer uso de la tribuna para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto, donde se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, que por tiempo, solicito al señor presidente se integre al Diario de los Debates, lo entrego a la secretaría.
El objetivo fundamental de esta Iniciativa es dar un paso sustancial en modificar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, tanto de la Cámara de Diputados como del Congreso de la Unión, en su conjunto.
Debemos de asumir que la Legislatura tiene un profundo déficit de credibilidad ante la ciudadanía en materia de rendición de cuentas, uno de los aspectos más cuestionados del Poder Legislativo, al igual que otros poderes de la Unión, es la opacidad con la que se manejan los recursos y se toman las decisiones en este órgano de gobierno.
Esta Iniciativa se elaboró tomando la opinión de especialistas de la academia, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la experiencia de distintos institutos de acceso a la información de los estados de la República. Se hizo un análisis particular de la forma en que actualmente la Cámara de Diputados aplica el derecho a la información pública.
Por ello, proponemos dos ejes fundamentales de la reforma: el primero, es romper con un vicio de origen que se mantiene vigente actualmente en donde los integrantes de la Junta de Coordinación Política formamos parte, al mismo tiempo, del órgano que se encarga de garantizar el acceso a la información. Esto, indudablemente, genera un conflicto de intereses, porque no puede ser que los organismos regulados para el acceso a la información formen parte, al mismo tiempo, de la instancia responsable de rendir cuentas.
Por eso, nuestra propuesta avanza en la necesidad de crear un Consejo Bicamaral de Acceso a la Información, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde en cada una de estas instancias existan unidades de enlace que permitan con ello, rendir cuentas plenamente y garantizar a la ciudadanía el acceso de información que requiera de los órganos legislativos.
El segundo objetivo fundamental es precisar, delimitar con gran claridad, cuáles son los alcances del acceso a la información que va a tener derecho la ciudadanía; por ello, en la Iniciativa de Ley establecemos que es obligación del Poder Legislativo, no solamente dar cuenta de los trámites, requisitos y formatos de servicios del Congreso de la Unión, la bitácora de asistencia de los legisladores a las Sesiones Ordinarias y en las Comisiones, sino que debe avanzar en dar plenamente la información de la estructura orgánica del Congreso de la Unión en cada una de sus Cámaras, el directorio de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento y, al mismo tiempo se haga pública la remuneración por puesto de todos los servidores públicos en el Congreso.
Proponemos que se haga pública la asignación presupuestal y el detalle de subejercicio, debidamente desglosado por partidas, montos y fechas y que se publiquen los resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada órgano y sujeto obligado en el Congreso, incluidos las subvenciones que se entregan a los grupos parlamentarios.
Planteamos la necesidad de que se publiquen las concesiones, permisos, autorizaciones otorgadas, las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados, los servicios contratados y los estudios e investigaciones, en donde debe de señalarse el monto, el nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con la que se haya celebrado el contrato, la fecha y el cumplimiento del mismo.
Proponemos también que se ventilen temas que han causado una gran preocupación en la opinión pública, como es el informe de los viajes oficiales que realizan los legisladores, servidores públicos de la Cámara, así como los informes que se deriven de los viajes, con cualquier propósito legislativo. Ello con el fin de cumplir con los principios rectores básicos de lo que es la transparencia y el acceso a la información de máxima publicidad, imparcialidad, legalidad y objetividad.
El objetivo de cumplir una de las asignaturas pendientes de este Congreso con la ciudadanía, para acabar con la opacidad que, en ocasiones se manejan los recursos de esta Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Esperando contar con su apoyo en la Comisión respectiva, agradezco su atención.
Muchas gracias.
El error de 2009
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 02 de marzo de 2010
Las recientes declaraciones de Carlos Salinas de Gortari en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pusieron al descubierto no sólo el encono y confrontación que guarda su relación con Ernesto Zedillo, sino muestran con nitidez los mecanismos de poder por los cuales se adoptan las decisiones de política económica por los altos funcionarios de la hacienda pública, supeditados a los poderosos grupos económicos del país y al gobierno de EU.
Salinas ha reconocido hechos, oportunamente denunciados por la izquierda mexicana, que durante años personeros oficiales y oficiosos del sistema negaron: el gobierno de Zedillo filtró información privilegiada a unos cuantos empresarios sobre la inminente devaluación del peso en 1994, lo que dio lugar a una fuga masiva de capitales y al agotamiento de las reservas internacionales.
Salinas aseveró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis fueron sugeridas por las autoridades financieras de Estados Unidos y acatadas por el gobierno de Zedillo, como fue el incremento de las tasas de interés del 7 al 110%, lo que llevó, junto con otras decisiones, a la insolvencia financiera al país; a la quiebra de decenas de miles de empresas; al empobrecimiento de millones de mexicanos y al desmantelamiento de la banca nacional, que hoy se encuentra, en 80%, en manos de extranjeros.
Estas decisiones provocaron la quiebra de la economía nacional y el mayor nivel de endeudamiento de nuestra historia. Las deudas privadas se hicieron públicas; los especuladores favorecidos con la información gubernamental se enriquecieron aún más y la inmensa mayoría de los mexicanos pagan con su miseria las corruptelas y errores de “servidores públicos” que se mantienen en funciones.
¿Qué tanto ha cambiado el comportamiento de los funcionarios públicos desde entonces y cómo se ha modificado esta situación? Si nos atenemos al manejo de la información oficial que pronosticaba un pequeño catarrito a la economía mexicana ante los embates de la crisis hipotecaria en Estados Unidos y al llamado boquete fiscal que llevó al incremento en los impuestos para el presente año, prácticamente nada, ya que la absurda subestimación de esa situación trajo consigo un resultado desastroso.
De acuerdo con los resultados del INEGI, en 2009 el PIB se desplomó en 6.5%, la mayor caída en 76 años, sólo superado por la de 14.83% durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio en 1933. Ello significa que durante los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía fue negativa en 0.56%, en contraste con los últimos dos sexenios, incluido el de Ernesto Zedillo, cuando en los tres primeros años de su gobierno, pese al error de diciembre de 1994, la economía creció en promedio 2.2%.
La economía mexicana acumula cinco trimestres de contracción, ya que la recesión en México inició en el último trimestre de 2008, cuando se registró una caída de 1.1% en la producción de bienes y servicios, lo que pasó inadvertido al ahora gobernador del Banco de México. El pequeño catarrito se convirtió en una de las peores crisis económicas en la historia del país, a la que se suma el desplome en 50% de la inversión extranjera en México, al caer de 23 mil 170 millones de dólares a 11 mil 417 millones de dólares; la caída en las remesas que los trabajadores mexicanos envían del exterior en casi 16%, al pasar de 25 mil 137 millones de dólares en 2008 a 21 mil 181 millones de dólares, y, lo más delicado aún, pese al falso optimismo oficial, el desempleo alcanzó en enero de 2010 su tasa más alta: 5.87%, lo que significa que cerca de 3 millones de mexicanos buscan empleo y no lo encuentran.
Así, la economía mexicana se ha colocado deshonrosamente a la retaguardia del crecimiento en el mundo durante 2009, por debajo de Haití en Latinoamérica y de otros países de Europa del este, y será hasta 2012, si la economía de Estados Unidos sale de su marasmo, cuando se empiece a recuperar el nivel que se tenía al inicio del terrible 2009 que vivimos los mexicanos.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
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