Iniciativa patronal
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 30 de marzo de 2010
El secretario de Trabajo, Javier Lozano, presentó una iniciativa de reforma laboral que conculca dos de las conquistas más importantes alcanzadas en el derecho mexicano, el de la responsabilidad del Estado de tutelar —al igual que en el derecho agrario— las relaciones entre patrones y trabajadores, es decir, las relaciones entre desiguales, así como las de garantizar la seguridad en el empleo, evitando los abusos en la explotación de la fuerza de trabajo.La iniciativa retoma al Fondo Monetario Internacional que insiste en la “necesidad” de flexibilizar las relaciones laborales.
La llamada flexibilización del trabajo, busca establecer nuevas formas de contratación y despido, por hora, jornada, mes, contratos a prueba o de capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón y sin seguridad social, pago de prestaciones ni acumulación de derechos, aunque la materia de trabajo subsista, o creando figuras como la subcontratación de algunos servicios en los que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. La propuesta limita la justicia laboral, pues permite despidos sin responsabilidad para el patrón antes de los tres años de antigüedad y fija un límite de seis meses para los salarios caídos, con lo que el patrón puede alargar indefinidamente un juicio.
Infringe los derechos colectivos al establecer mayores restricciones al derecho de huelga, la creación de sindicatos y el cambio de titular del contrato, al exigir en el recuento la entrega previa de las firmas de los trabajadores y sus credenciales para que la anacrónica Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los califique, lo que implica despidos y amenazas, a lo que se suma como causal de inexistencia de huelga el incumplimiento de las disposiciones estatutarias del sindicato.
El señor Lozano lanza como anzuelo medidas que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo o la lactancia, así como eliminar el certificado de ingravidez, cuando la flexibilización en su contratación abona en la relación individual y en la competencia desigual debido a la responsabilidad familiar que recae en las mujeres ya que el Estado y la sociedad no asumen la responsabilidad sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Lo mismo sucede con las propuestas que pretenden fomentar la transparencia y democracia sindical, en las que si bien retoma planteamientos de la izquierda, atentan contra la libertad y autonomía sindical al fortalecer la intervención de la JFCyA y al establecer el eventual no pago de cuotas sindicales, cuando se debe fortalecer la libertad de afiliación, de asociación y registro de sindicatos, ya que medidas de esta naturaleza favorecen a los sindicatos de protección y a las mafias sindicales. Ahí está como ejemplo la impunidad y protección gubernamental y patronal de que gozan dirigentes como Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y Ramón Gámez, este último prófugo de la justicia.
Se insiste en que esta reforma generaría más empleos, como si los derechos laborales fueran impedimento. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82%. Al mismo tiempo, más de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos. De establecerse la jornada por hora, lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.
Se repite hasta el cansancio que para que haya empleo debe haber empleadores y ello justifica corruptelas y concesiones. Lo que no se dice es que para que exista mercado interno debe haber consumidores, lo que implica salarios bien remunerados. En el fondo, el debate confronta el viejo dilema entre derechas e izquierdas, entre quienes creen que la riqueza la produce el capital y quienes estamos convencidos de que la fuente de la riqueza es el trabajo.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
La llamada flexibilización del trabajo, busca establecer nuevas formas de contratación y despido, por hora, jornada, mes, contratos a prueba o de capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón y sin seguridad social, pago de prestaciones ni acumulación de derechos, aunque la materia de trabajo subsista, o creando figuras como la subcontratación de algunos servicios en los que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. La propuesta limita la justicia laboral, pues permite despidos sin responsabilidad para el patrón antes de los tres años de antigüedad y fija un límite de seis meses para los salarios caídos, con lo que el patrón puede alargar indefinidamente un juicio.
Infringe los derechos colectivos al establecer mayores restricciones al derecho de huelga, la creación de sindicatos y el cambio de titular del contrato, al exigir en el recuento la entrega previa de las firmas de los trabajadores y sus credenciales para que la anacrónica Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los califique, lo que implica despidos y amenazas, a lo que se suma como causal de inexistencia de huelga el incumplimiento de las disposiciones estatutarias del sindicato.
El señor Lozano lanza como anzuelo medidas que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo o la lactancia, así como eliminar el certificado de ingravidez, cuando la flexibilización en su contratación abona en la relación individual y en la competencia desigual debido a la responsabilidad familiar que recae en las mujeres ya que el Estado y la sociedad no asumen la responsabilidad sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Lo mismo sucede con las propuestas que pretenden fomentar la transparencia y democracia sindical, en las que si bien retoma planteamientos de la izquierda, atentan contra la libertad y autonomía sindical al fortalecer la intervención de la JFCyA y al establecer el eventual no pago de cuotas sindicales, cuando se debe fortalecer la libertad de afiliación, de asociación y registro de sindicatos, ya que medidas de esta naturaleza favorecen a los sindicatos de protección y a las mafias sindicales. Ahí está como ejemplo la impunidad y protección gubernamental y patronal de que gozan dirigentes como Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y Ramón Gámez, este último prófugo de la justicia.
Se insiste en que esta reforma generaría más empleos, como si los derechos laborales fueran impedimento. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82%. Al mismo tiempo, más de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos. De establecerse la jornada por hora, lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.
Se repite hasta el cansancio que para que haya empleo debe haber empleadores y ello justifica corruptelas y concesiones. Lo que no se dice es que para que exista mercado interno debe haber consumidores, lo que implica salarios bien remunerados. En el fondo, el debate confronta el viejo dilema entre derechas e izquierdas, entre quienes creen que la riqueza la produce el capital y quienes estamos convencidos de que la fuente de la riqueza es el trabajo.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
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