Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes 26 de Julio de 2016
La propuesta
de un nuevo modelo educativo presentada por el Secretario de Educación Pública
en días pasados, representa la evidencia nítida del fracaso y limitaciones de
la llamada reforma educativa.
Despues de
tres años de obsesión gubernamental por imponer una reforma que partió del
supuesto de que la calidad de la educación sólo se podía construir
mediante la sumisión y la precariedad laboral del magisterio, la realidad se
impuesto.
Aunque se
pretenda negar, la nueva propuesta representa una rectificación al carácter
punitivo de la evaluación docente, al reconocer que se deberá reformular la
capacitación de docentes y directivos, “quienes deben ser formados antes de su
implementación”, en un modelo “flexible y gradual” compatible con los retos de
una sociedad plural, democrática e incluyente, en la que -por fin- se reconoce
la diversidad regional y el desarrollo desigual del país; al conceder autonomía
curricular a las escuelas, hasta en un 20 por ciento del tiempo en aulas, para
incorporar actividades de desarrollo social, culturales o artísticas, que
correspondan a la realidad regional o a la comunidad, lo que revierte la
pretensión de imponer una evaluación estandarizada, que como lo demostraron las
escasas evaluaciones aplicadas hasta ahora, lejos de favorecer la
profesionalización docente, condujo a la precarización del trabajo y al
estallido de un creciente conflicto social.
Suena bien
que la propuesta curricular del nuevo modelo educativo incorpore actividades
que buscan promover el desarrollo personal y social de los alumnos; el
desarrollo del lenguaje; el pensamiento crítico y la incorporación de valores
para la convivencia, la inclusión y la equidad, asumiendo que lo importante no
es memorizar información sino comprenderla, desarrollando la capacidad para
aplicar el conocimiento adquirido de manera creativa.
Sin embargo,
estos objetivos aparecen distantes de los profundos problemas primarios que
imperan en el sistema educativo nacional: la falta de cobertura universal; la
precariedad, insuficiencia y deterioro de la infraestructura educativa
existente; la falta de materiales didácticos; la pobreza y la desnutrición que
enfrentan millones de niños impedidos para desarrollar plenamente sus
capacidades físicas e intelectuales.
Por ejemplo:
en el estudio ¿Cómo vamos Ciudad de México? publicado
recientemente por El Universal, se da cuenta de cómo en la Zona
Metropolitana del Valle de México, una de las regiones más desarrolladas del
país, al 22 por ciento de los niños les resulta muy difícil inscribirse en las
primarias y secundarias de la ciudad. Lo mismo sucede con el 69 por ciento de los
aspirantes a preparatoria y universidad. A lo que se suma el número de
aspirantes rechazados: en primaria tres por ciento; en secundaria 23 por
ciento; en preparatoria el 57 por ciento, y en universidad, el 17 por ciento.
La deserción
escolar, resultado de la precaria condición económica de las familias, es uno
de los indicadores más relevantes de la magnitud del fracaso. De cada 100
estudiantes, 12 abandonan sus estudios en primaria; 32 en la secundaria; 51 en
la preparatoria, y cinco en la universidad. Es decir, de cada 100 niños que
logran ingresar a preescolar, solo 27 alcanzan la educación superior. Ello,
subrayo, en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se registra uno de
los promedios más altos de escolaridad a nivel nacional, y donde se concentra
el mayor número de centros educativos y de integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores.
No puede
entenderse la implementación de un nuevo modelo educativo, si no se superan
estas barreras resultado de años de abandono, corrupción y desvío de recursos
públicos, tiempo en el que se privilegió el fortalecimiento del cacicazgo
oficial para mantener el control corporativo de los maestros, lejos de cumplir
con la responsabilidad del Estado para garantizar una educación pública
gratuita, laica y de calidad.
Se requiere
una solución de fondo. Un primer paso es resolver el conflicto existente,
revirtiendo la tentación de una salida autoritaria al mismo; suspender el
sistema de evaluación punitivo y sus consecuencias políticas y laborales, y
garantizar el derecho al acceso universal de niñas, niños y jóvenes en todos
los niveles educativos, generando instrumentos que permitan el desarrollo
equitativo de los educandos para incrementar la eficiencia terminal. (Senador
de la República)
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