PARA EL GOBERNADOR DE PUEBLA, RAFAEL MORENO VALLE, SER LUCHADOR SOCIAL ES SINÓNIMO DE TERRORISTA. SUMAN YA 46 LAS DETENCIONES ARBITRARIAS DURANTE SU GOBIERNO: ENCINAS RODRÍGUEZ

Domingo, 21 Diciembre 2014

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez cuestionó severamente que el marco normativo mexicano permita violaciones graves a las garantías humanitarias pues favorecen que las autoridades cometan detenciones sin justificación alguna de manera recurrente. Señaló que las leyes se prestan a la interpretación discrecional de quienes aplican las sanciones.

Afirmó que las detenciones arbitrarias son contrarias al principio de inocencia; ya que se detiene a alguien para confirmar una sospecha y no para determinar si es el probable responsable de haber cometido un delito. Para el legislador por el Estado de México,  la detención arbitraria tiene un nivel alto de gravedad porque minimiza o cancela completamente las posibilidades de defensa jurídica del detenido y es un catalizador para otros delitos como la tortura, la desaparición forzada, el abuso de autoridad y lesiones, la privación ilegal de la libertad o la seguridad jurídica.

El Senador Encinas enfatizó que es evidente que hay una clara estrategia de parte del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, para eliminar a todos aquellos que se oponen a sus políticas públicas, recurriendo a la intimidación, al hostigamiento, a la represión y al encarcelamiento.

El Gobernador Moreno Valle ejecuta un mecanismo de imposición en la que por supuesto sólo caben las represalias y las detenciones ilegales, señaló el Senador, quien puso como ejemplo las detenciones de Enedina Rosas Vélez y de Juan Carlos Flores Solís, habitantes de la localidad de Tepeojuma, en la región de Atlixco, en abril de este año, la primera identificada como lideresa de la lucha contra el gasoducto en esa zona de Puebla.

Asimismo, señaló que el pasado 18 de octubre, al menos 50 elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla irrumpieron, simultáneamente, en siete viviendas de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en el municipio de Ocoyuan. Como resultado, cinco personas fueron detenidas, y en los siete hogares los uniformados hicieron destrozos, pues entraron con excesivo uso de la fuerza. También amenazaron y encañonaron a los familiares, incluidos menores de edad.

Según versiones del gobierno de Rafael Moreno Valle, dichas detenciones se dieron tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía especial creada a partir de los hechos del 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco y en cumplimiento a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero a la fecha no hay pruebas claras de lo que se les acusa.

Para el Senador Encinas Rodríguez, resulta injustificada y violatoria del cuerpo jurídico sobre derechos humanos, la acción sistemática que ha utilizado Moreno Valle para sofocar cualquier acción que ponga en entredicho el ejercicio de gobierno.

El caso más reciente es la detención arbitraria el 19 de diciembre, de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), quien se encontraba en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación municipal donde tenía previsto hablar con el titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría, para pedir solución a un caso de desalojo de afiliados a la organización que dirige, de la plaza comercial Los Gallos.  La reunión estaba acordada para el día 19 de diciembre a las 11:00, en lugar de realizarse la reunión acordada, se ejecutó una detención arbitraria.

Por la tarde de ese día fue ingresado al penal de San Miguel. Esta detención ocurrió a pesar del amparo a una orden de aprehensión girada la tarde del jueves por el juzgado quinto penal.

El legislador señaló que de acuerdo con la defensa, el líder fue detenido con el argumento de que violó el beneficio de preliberación que tenía desde el 4 de abril de 2001, el cual finalmente le fue revocado. Y abundó al comentar que a Simitrio, no se le permitía firmar desde el 2 de diciembre pasado las boletas que exige la situación jurídica preliberacional. Ante la irregularidad, la defensa giró un oficio a la Secretaría de Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Gobernación advirtiendo del hecho.

Al enterarse de este acontecimiento, cientos de comerciantes marcharon desde la sede de la agrupación, en el Mercado Miguel Hidalgo, a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno estatal. Otro contingente se trasladó a la PGJE para exigir la liberación de su dirigente, éstos fueron intimidados por el patrullaje de más de una decena de vehículos de la policía del estado en las inmediaciones del mercado.

Simitrio es un veterano luchador social y líder de la organización popular más importante en Puebla por el número de sus agremiados. Fue preso político las tres décadas recientes y la libertad condicional más reciente la obtuvo en abril de 2001. La detención de Rubén Sarabia es la número 46 durante el gobierno de Moreno Valle de abril de este año a la fecha.

El Senador Alejandro Encinas se une a la solicitud de las organizaciones que apoyan a Simitrio y exige al gobierno de Moreno Valle y al Ejecutivo federal se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Rubén Sarabia Sánchez y de los miembros de su organización y familiares. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de Rubén Sarabia Sánchez, que se aplique el Protocolo de Estambul y que los resultados de la investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia, y sobretodo exige que se deje de criminalizar a los pueblos y comunidades indígenas, concluyó.