Reforma fiscal: precarización laboral

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

martes 08 de Octubre 2013

Dentro de los aspectos controvertidos de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo Federal se encuentran diversas disposiciones que impactaran negativamente en los ingresos y el patrimonio familiar de los sectores medios de la población y en particular de los trabajadores asalariados.

Mucho se ha comentado acerca de los impactos negativos de gravar las colegiaturas, el transporte foráneo y la vivienda, lo que ha obligado a dar marcha atrás en la pretensión de cobrar impuestos a las colegiaturas y a exentar de los mismos a las viviendas de interés social construidas por el Infonavit o el Fovisste.

Aunque se ha insistido en que se trata de una reforma con sentido social, que busca contar con recursos suficientes para establecer el seguro de desempleo y la pensión universal para la población mayor de 65 años de edad, lo cierto es que del análisis de las iniciativas presentadas se desprende que, más que disponer de nuevos recursos, se trata de un manejo de caja que transfiere recursos de una partida a otra, como es el caso de la disminución y transferencia de recursos del Infonavit para cubrir el seguro de desempleo.

Estamos ante una propuesta eminentemente recaudatoria que elude enfrentar los graves problemas de corrupción, dispendio, evasión e ineficiencias en la recaudación en el sector público, que de nuevo carga la mano sobre el contribuyente cautivo y que precariza aún más los salarios y las condiciones para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, al restringir la deducción de prestaciones de los trabajadores, la no deducción de las aportaciones a fondos complementarios de pensiones y jubilaciones de los trabajadores ni de las cuotas patronales al IMSS, o al establecer la deducción de algunas prestaciones, como los vales de despensa, con vales electrónicos autorizados, lo que favorece en mayor medida a las grandes empresas comerciales.

Un estudio de la Unión Nacional de Trabajadores, señala que la eliminación del subsidio al empleo, impactará directamente a los trabajadores con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos, quienes terminarán pagando más impuesto en lugar de recibir un apoyo.

Señala que si bien la cuota obrera al IMSS pagada por el patrón continuará estando exenta, para las empresas dejará de ser deducible, por lo que en el futuro las empresas se negaran a pactar este tipo de prestaciones. En tanto que la no deducibilidad de los fondos de jubilación de carácter privado, en los que solamente serán deducibles al momento que se erogue a favor de los trabajadores la pensión correspondiente o la prima de antigüedad, desincentivará la inversión en los fondos de retiro, creando además una  contradicción, pues en los fondos existentes las pensiones que se pagan a los trabajadores no son deducibles cuando provienen del fondo mismo, debido a que los recursos que operan ya fueron deducidos.

Estas medidas impactarán negativamente en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ya que no será deducible el pago por participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa ni las pérdidas acumuladas de años anteriores, modificándose además la fórmula para calcular la renta gravable o utilidad fiscal en demérito de los trabajadores.

De aprobarse estas medidas, se endurecerá la negociación obrero-patronal, pues a la contención salarial que ha caracterizado las últimas décadas, se sumará la contención de las prestaciones sociales que durante el mismo lapso constituyeron una válvula de escape en la negociación de los conflictos laborales, lo que repercutirá en una nueva caída en los ingresos de los trabajadores y en una mayor contracción del mercado interno en momentos en que se registra una recesión económica. La llamada reforma hacendaria juega con fuego.

Senador de la República