El supremo poder neoconservador

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

22 de octubre de 2013

Desde el inicio del actual gobierno se han promovido un conjunto de iniciativas, que dan cuenta de la añeja tentación de regresar a un régimen centralista.

Es el caso de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que dio lugar a dos poderosas secretarías: Gobernación, que ahora concentra las tareas de régimen interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional, y la de Hacienda y Crédito Público, que hoy programa, presupuesta, recauda, distribuye, fiscaliza y sanciona la deuda de estados y municipios. Es el caso también de la pretensión de crear un Instituto Nacional de Elecciones y una Lay Nacional Electoral, que llevaría a desaparecer los órganos electorales locales y modificar el mecanismo para el nombramiento de los consejeros electorales en las entidades que, por la injerencia de los gobernadores en complicidad con los partidos, ha minado la autonomía de éstos y busca suplantar las facultades legislativas de los congresos locales, mismos que perderían su facultad para legislar sobre su régimen interior y los mecanismos para elegir a sus gobernantes a nivel local y municipal.

¿Que hay problemas de inseguridad? la culpa es de los municipios y sus policías poco capacitadas y corrompidas, luego entonces se propone un mando único, como si la corrupción no hubiese permeado a todas las corporaciones policiacas del país y sus mandos, como lo acreditan las policías más certificadas a nivel nacional que lo mismo secuestran turistas que se asesinan entre sí por el control de la plaza en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Que las policías estatales tampoco funcionan? entonces que se integre una Gendarmería Nacional con elementos de las fuerzas armadas, como unidad de control territorial para atender delitos del fuero común. ¿Qué el delito de secuestro se incrementa? que las fuerzas armadas creen un cuerpo élite antisecuestro, sin importar que ambas medidas violen abiertamente las disposiciones constitucionales.

¿Que el gobierno de Peña Nieto requiere del reconocimiento de los partidos “opositores” y de mayorías calificadas para llevar adelante su proyecto? qué se firme un Pacto por México y se amague a los legisladores de esos partidos para aprobar lo acordado, so pena de ver truncada sus carreras políticas o de no acceder a la negociación del presupuesto del próximo año, en demérito de la división de poderes y las facultades del Congreso de la Unión

No se trata de algo nuevo, desde la conformación de nuestra república, la tentación centralista, acompañada siempre de una buena dosis de autoritarismo y su consecuente restricción de libertades, ha estado presente.

Las acciones recientes traen a la memoria uno de los episodios más lamentables de nuestra historia, cuando tras el levantamiento armado que llevó a la deposición del vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien pretendía instrumentar las reformas para el aprovechamiento de los bienes ociosos de la iglesia, la eliminación de los fueros eclesiástico y militar, y la educación laica, Antonio López de Santa Anna, a través del presidente interino José Justo Corro, promulgó el 30 de diciembre de 1836  las llamadas Siete Leyes o Constitución del Régimen Centralista, que consistían en una serie de instrumentos legales que alteraron la estructura de nuestra naciente federación.

La segunda de estas leyes, facultaba al Presidente para disolver el Congreso y suprimir la Suprema Corte, creando además el Supremo Poder Conservador, integrado por cinco ciudadanos, quienes debieron ocupar previamente un cargo de relevancia pública, al que se dotó de facultades extraordinarias para declarar la nulidad de los actos de cualquiera de los otros tres Poderes cuando fueran contrarios a la Constitución; suspender a los mismos si amenazaban la paz pública y ordenar al Presidente la remoción de sus ministros; erigiéndose como intérprete de la voluntad popular y que sólo debía rendir cuenta de sus actos a “Dios y a la opinión pública”.

Toda proporción guardada, los tiempos actuales avanzan de facto a instaurar un meta poder neoconservador formado por un pequeño grupo de dirigentes partidarios que devienen de un fracaso electoral y que se insertan a la órbita del Ejecutivo Federal y su partido, en busca, todos, de su propia legitimidad, adoptando decisiones que pretenden imponer a un Congreso, en su mayoría obediente, que se niega a ejercer sus facultades, sin importar el quebranto a nuestro precario sistema federalista que se niega a defender la soberanía y autonomía de los estados y el anhelado municipio libre.

(Senador de la República)