LXI Legislatura: claroscuros
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes, 08 de Mayo de 2012

Ha concluido el último periodo ordinario de sesiones de una legislatura que no se distinguió por la altura del debate parlamentario, sino por la atrofia que le han impuesto sus rígidas normas de gobierno, la desmedida concentración de atribuciones en sus órganos de gobierno y el lastre de una onerosa y discrecional estructura administrativa.

Las cámaras del Congreso se han vuelto un espacio en el que las partidocracias, a través de sus grupos parlamentarios, imponen una disciplina de control que inhibe la iniciativa de los legisladores, el debate en el pleno, el libre trabajo de comisiones e incluso las funciones de la Mesa Directiva y las atribuciones del pleno, los que se subordinan a los acuerdos que, bajo voto
ponderado, impone la Junta de Coordinación Política, que decide el orden del día, las iniciativas que se presentan, los dictámenes y la agenda política a discutir.

Al 19 de abril de 2012, la LXI Legislatura recibió 3,349 iniciativas, de las que se dictaminaron sólo 903, acreditando una tasa de dictamen de 27%.

La Cámara de Diputados recibió 313 minutas del Senado, de las cuales de las cuales aprobó 175 (60%) y 32 iniciativas del Ejecutivo y aprobó 27 (84%).

Más allá de las reformas ordinarias que debe aprobar la Cámara de Diputados, como la ley de ingresos, se expidieron nuevas leyes que dan cuenta de avances y retrocesos, del nivel de alianzas entre los grupos parlamentarios, especialmente del PAN y el PRI, y de los claroscuros de esta legislatura.

Entre los avances destacan las reformas constitucionales en acciones colectivas que permitirán proteger y defender los derechos e intereses de una colectividad ante atropellos del Estado o de instituciones financieras, de telecomunicaciones y por afectaciones ambientales. En materia de amparo, se mejoró el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos y garantías constitucionales; se elevaron a rango constitucional los derechos humanos ampliando su reconocimiento y protección. Se establecieron: el interés superior de la niñez, el derecho a la alimentación, la obligatoriedad del bachillerato, el derecho al agua y a un ambiente sano, la laicidad del Estado y el combate a la trata de personas.

En reforma política se crearon, como parte de las prerrogativas de los ciudadanos, figuras propias de la democracia participativa, como la consulta pública, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, que al imponerse umbrales tan altos de participación para su ejercicio terminarán por convertirse en derechos nugatorios, quedando pendientes reformas sustanciales en transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo y la reforma a
medios de comunicación.

Hubo también regresiones, como la Ley de Asociaciones Público Privadas, que suprime las figuras jurídicas de concesión como acto de autoridad y la licitación pública como medio de asignación de contratos de adquisición de bienes y servicios; la Ley de Tratados, que diluye el control parlamentario del Senado, y la reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad de religión.

Un rasgo relevante de la Legislatura fue la intensa participación de organizaciones sociales, que lograron frenar un Estado de excepción en la Ley de Seguridad Nacional; las graves violaciones a derechos humanos que implicaba el proyecto de Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, o la reforma laboral que pretendía conculcar los derechos colectivos de los trabajadores.

En contraparte, impulsaron la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

El Congreso es en lo fundamental fiel reflejo de la correlación de fuerzas y prácticas de los partidos, y no necesariamente de las preocupaciones de una sociedad que debe representar y que quisiera hallar en el Legislativo acciones por encima de la agenda partidista.

Alejandro Encinas Rodríguez
Candidato a senador del Movimiento Progresista en el Estado de México