EL UNIVERSAL

"Impunidad"

Alejandro Encinas Rodríguez

27 de Septiembre de 2011

De pie, como corolario de un largo proceso de impunidad, Arturo Montiel, cobijado, indultado, fue ovacionado por una eufórica clase política mexiquense. Se celebraba el ritual sexenal que congrega a exgobernadores, dirigentes nacionales y gobernadores, disidentes disciplinados, intereses y complicidades, que acuden a ungir a quien procurará y protegerá los negocios de la familia mexiquense.

Horas antes, durante la madrugada, el TEPJF ratificaba la decisión de los órganos electorales locales, de otorgar la constancia de mayoría al candidato de la élite congregada, donde el gobernador electo, en su justa dimensión, pasó a ocupar el tercer plano, opacado por las aspiraciones de su antecesor y la reaparición, de quien desde la Ola Roja, la Fuerza Mexiquense, formó al “nuevo PRI”, a la nueva generación de priístas “surgidos de la democracia”.

Los argumentos de la autoridad electoral fueron los de siempre, los de la simulación y el formalismo jurídico, los de la indefensión ante los agravios, los del pago de favores de una autoridad obsequiosa.

Ahora resulta que en un juicio de revisión constitucional, el TEPJF no puede actuar supletoriamente ante los agravios que el Tribunal local desestimó; que sólo se sancionaron tres días de actos anticipados de campaña, aunque se acreditaron actividades durante los 10 días de precampaña; que no se canceló la candidatura del candidato del PRI porque nadie, menos la autoridad electoral, impugnó su precampaña; que el gobierno local no retiró su propaganda porque se le notificó fuera de tiempo; que el perito federal no acreditó experiencia para evaluar gastos de campaña; que el recurso interpuesto ante la autoridad federal, aludió los mismos agravios que se impugnaron en el estado, como si no se tratara de la misma campaña y las mismas irregularidades; que los agravios acreditados no fueron determinantes en el resultado, al igual que los tribunales electorales no son determinantes para hacer valer la ley.

Ahí estaban juntos, Arturo Montiel y Roberto Madrazo, quienes en octubre de 2005, en medio de la contienda por la candidatura del PRI a la Presidencia, protagonizaron un sainete que puso en evidencia el enriquecimiento de la familia Montiel Rojas: cuentas bancarias con operaciones millonarias en efectivo; compra de inmuebles en Metepec, Toluca, Valle de Bravo, en Careyes, en las Brisas, en Guerrero, en el extranjero, dinero, dinero, dinero. Denuncias, sobre las que no pasó absolutamente nada.

Montiel atribuyó estas revelaciones a una guerra sucia, y responsabilizó a Roberto Madrazo de ella. En una entrevista con Joaquín López Dóriga amenazó: “el que siembra, cosecha”.

Madrazo, respondió que Montiel no era un candidato confiable para el PRI. “Yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel, no llevé a los hijos de Montiel a depositar 35 millones de pesos en efectivo, ocultando el origen de esos recursos, a un joven de 24 años, o a otro joven menor de 30 años a comprar un terreno en 21 millones de pesos, de más de 14 mil hectáreas, no le presenté a su esposa, que se ha convertido hoy en una corredora inmobiliaria”.

Arturo Montiel abandonó la contienda interna, pero el 16 de diciembre de ese año, la contraloría mexiquense lo exoneró de cualquier responsabilidad.

El asunto no puede quedarse en el anecdotario. La actuación de las autoridades electorales en el proceso del Estado de México, así como el regreso y reivindicación de Montiel, representan hechos ominosos para la vida pública nacional. Como señala Jenaro Villamil: “El retorno de Arturo Montiel a la escena pública, es el retorno de la impunidad, es la victoria de la desmemoria, y esperemos que esto no se nos esté presentando, como el modelo futuro de país”.

Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática