Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información contribuye a la construcción de un sistema para combatir la
corrupción y la impunidad
Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez,
del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de
Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen que contiene proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas
gracias señor presidente.
Compañeras y compañeros.
Pues yo no veía muy cerca la llegada de este día, porque lamentablemente
un proceso virtuoso que inició en el mes de septiembre del 2012 cuando diversos
grupos parlamentario presentamos unas iniciativas paras hacer la Reforma
Constitucional en materia en transparencia y derecho a la información, se veía
un paso de estar truncado.
Y la verdad es que hoy vale la pena reconocer que estamos cerrando un
ciclo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país.
En primer lugar porque la Reforma Constitucional tuvo la capacidad de
integrar 13 iniciativas en un solo dictamen que fue aprobado por una inmensa y
clara mayoría y cuyo objetivo fundamental era establecer la plena certeza del
derecho a la información de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de
nuestro país y la obligación del Estado para garantizar plenamente el ejercicio
de este derecho.
Tras la reforma Constitucional tomamos una decisión para mi muy
importante, la de elaborar una iniciativa plural con el apoyo de distintas
organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, representantes de
instituciones pública, buscando en primer lugar construir un consenso que
permitiera fortalecer lo alcanzado en la reforma constitucional y mantener un
nivel de entendimiento con la sociedad para lograr un legislación secundaria de
avanzada.
Por eso no hubo una iniciativa presentada por algún legislador, algún
grupo parlamentario en específico en el Senado, sino se decidió integrar un
grupo redactor plural con senadoras y senadores de distintos grupos
parlamentarios y que con el auxilio y apoyo de distintas personalidades y
organizaciones dio como fruto una iniciativa, o mejor dicho dos iniciativas que
ya fueron aquí presentadas, tanto de la Ley General en materia de Transparencia
y Acceso a la Información que estamos discutiendo, como la próxima que
tendremos que dictaminar, que es la Ley Federal en materia de Transparencia y
Acceso a la Información.
Y fueron muchos días de trabajo, ya lo señalaba el senador Pablo
Escudero, más de 300 horas de discusión de los equipo técnicos, aunque yo digo
fue un proceso que duro, que ha durado dos años y medio.
Y debo reconocer a nombre de los presidentes de las comisiones
dictaminadoras y los miembros del grupo redactor, las aportaciones de las
distintas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la
Transparencia, la Red por la Rendición de Cuentas, por México Infórmate, por
Fundar, en particular la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en
materia de Derechos Humanos y a distintas organizaciones públicas, en
particular al IFAI, con quien hemos cometido una injusticia en el dictamen al
no haber incorporado en la exposición de motivos el hecho de que ellos nos
presentaron una iniciativa, una propuesta de iniciativa, espero podamos
enmendar ese error y reconocer esta aportación del IFAI.
Y a muchos especialistas entre, con el siempre riesgo de dejar a alguien
fuera, quiero reconocerlos apoyos de Ana Ruelas, de Gabriel Morales, de Natalia
Calero, de Renata Terrazas, de Manuel Panche, de Manuel Esparza, Guillermo
Noriega, Lourdes Morales, (Inaudible), Alán García, Omar Gómez, que
participaron en el grupo de la sociedad civil que acompañó la elaboración de la
iniciativa.
Debo reconocer también al equipo técnico plural que son asesores
especialistas en el tema, de distintos grupos parlamentarios, a Edith López, a
Eduardo Sánchez, a Dante Preiser, a Hassel Rivera, a Martín Fuentes, a Marlene
Magallanes, a Pedro Peláez, Pedro Plata y Aleida Tovar.
Así como al grupo técnico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que conformado por Estefanía Hernández, Blanca Báez, Emilio Saldaña, David San Mames, Sergio Arias, Enrique Dupré, David Fonseca y Oscar Padilla.
Así como al grupo técnico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que conformado por Estefanía Hernández, Blanca Báez, Emilio Saldaña, David San Mames, Sergio Arias, Enrique Dupré, David Fonseca y Oscar Padilla.
Y en particular a los presidentes y a quienes nos acompañaron en el
grupo redactor, el diputado Pablo Escudero, digo el senador, diputado
anteriormente, Pablo Escudero; a la senadora Cristina Díaz; a la senadora con
licencia Arely Gómez, quien participó esos dos años y fracción; a la senadora
Laura Rojas, por supuesto en todas sus aportaciones.
Que hoy nos dan un resultado muy significativo porque la tentación de
regresión que enfrentamos en diciembre afortunadamente se revirtió.
Y hoy tenemos un dictamen que presenta una Ley General de Acceso a la
Información Pública, que es derivada de este trabajo colectivo pero que
fortalece el objetivo que nos planteamos con la reforma
constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información pública estableciendo con toda precisión los principios, las
bases generales y procedimientos que permitan garantizar el
ejercicio de este derecho y así como las obligaciones a que toda
autoridad, entidad órgano u organismo de los poderes legislativos,
ejecutivo y judicial, o cualquier ente público o privado, persona
física o moral que administre o reciba recursos
públicos, hoy se convierte en sujetos obligados de los cuales deben
rendir cuentas, no sólo hay que destacarlo el manejo de recursos públicos,
sino de los actos de autoridad que en el ejercicio de sus
facultades ejercen
Y para ello la responsabilidad fundamental reside en el
Estado quien hoy debe ser el garante fundamental del acceso a la información.
Yo creo que hubo debates que tensaron en ocasiones la discusión, como el
pretender establecer restricciones para acceder a la información
vinculada a violaciones graves a derechos humanos,
delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde se
pretendía establecer como condición para acceder a la información la definición
previa de una autoridad competente, hoy queda en los términos fundamentales que
originalmente dictaba la ley federal, aunque estamos consientes de que esto lo
resolverá la Suprema Corte de Justicia, ya que hay una
controversia que en estos momentos presentada en ella.
Pero en los aspectos en cuanto al fortalecimiento de
la autonomía de los órganos garantes, tanto federal como local,
la armonización de las leyes federal y las locales para evitar no solamente
la discrecionalidad en la aplicación de la ley por parte
de los Congresos o los gobiernos de los estados, sino para
establecer los estándares mínimos que garanticen el acceso a la información y
establezcan pues las bases mínimas que permitan
homologar todos los procedimientos de Acceso a la Información
Pública.
Así se crea el Sistema Nacional de Transparencia, se mandata a promover
una cultura de transparencia del ejercicio de la función pública,
se promueve la rendición de cuentas a través del establecimientos de
manera progresiva de políticas públicas con obligaciones claras en
materia de transparencia para todos los sujetos obligados que tienen
responsabilidades claramente definidas, tanto las comunes como las
particulares, estamos hablando de cerca de 43 obligaciones comunes a
todos los sujetos obligados con especificidades para el Poder Legislativo, para
los partidos políticos, para los sindicatos, para lo que son todos
los temas vinculados con los asuntos energéticos.
Y esto evidentemente va a traer cambios significativos porque
conoceremos además el manejo de los recursos y la instrumentación de las
políticas y programas públicos, detalles muy puntuales de contratos
y convenios celebrados con las dependencias públicas, sus estructuras
orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de
las prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener así
como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de
adquisiciones y obras públicas.
En el caso de partidos políticos debo destacar que a las responsabilidades
que existen ya en la legislación electoral, en lo que se refiere a rendición de
cuentas, en tanto en el ejercicio de prerrogativa públicas en los procesos
electorales como los mecanismos de selección, se establecen mayores
responsabilidades a los partidos que van no solamente en cuanto al conocimiento
del padrón de afiliados y militantes, las cuotas, los ingresos públicos y
privados que perciban los partidos si no conocer también sus
contratos y convenios, su tabulador salarial, las aportaciones a las
precampañas y campañas o incluso conocer con detalle los procesos de selección
y registro de sus candidatas y sus candidatos.
Ahora si vamos a poder saber cómo fue posible que se
registrara el señor Abarca como candidato y posteriormente presidente municipal
en Iguala, como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por
los partidos que hoy están vinculados con la delincuencia
organizada.
Y en materia sindical no solamente nos quedaremos en el ámbito de
conocer el manejo de los recursos públicos que administren o reciban
los sindicatos en dinero o en especie, ya sé por transferencias
económicas, pago de prestaciones o hasta la donación de terrenos
para la construcción de viviendas o cualquier bien inmueble, sino también las
que derivan de la reforma laboral para tener transparencia en los datos
vinculados con el registro, la toma de nota, los estatutos, el padrón e
afiliados los contratos colectivos de trabajo, las actas de la asamblea que
permitan conocer los mecanismos de decisión de las distintas contrataciones con
lo cual habrá certeza no solamente de la existencia real de sindicatos y de sus
trabajadores afiliados, sino de cómo en este país se otorga la toma de nota y
el registro a los sindicatos evitándonos con esto la enorme discrecionalidad
que hoy ha llevado, no solamente a frenar a los sindicatos independientes, sino
a la virtual desaparición de los sindicatos charros que han sido ya sustituidos
por los sindicatos de protección.
Si no, pregúntenle a la estatua de Fidel Velázquez, que hasta ya fue
removida y guardad, como debía ser, al pasado.
Uno de los temas que quiero destacar es el vinculado con la
transparencia en el sector energético, donde se busca garantizar la máxima
transparencia en la información relacionada con los contratos, asignaciones,
permisos, alianzas, asociaciones y demás actos que el Estado suscriba u otorgue
a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, o que
se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control
del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos
a través de mecanismos que garantizan la difusión y la consulta pública,
estableciendo las reglas claras para conocer los ingresos, costos, límites de
costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos que deriven de
estos contratos.
Con esta nueva ley, todos los fideicomisos públicos y privados serán
sujetos obligados directos, y cuenten o no con estructura administrativa, el
fideicomitente será responsable directo de entregar la información al respecto.
En materia de clasificación clasificada, debe destacarse un debate que
sostuvimos respecto de la prevalencia de la ley y la existencia de la prueba de
daño, la cual tendrá que acreditarse ante cualquier solicitud de los
ciudadanos y que, en caso de que se haya reservado o clasificado la información
por parte de alguna autoridad, en todos y cada uno de los casos, la autoridad
está obligada a fundar y motivar las causas por las cuales puede acreditarse un
daño a la seguridad racional, insisto, sin que esto pueda ir en demérito de
conocer la información en lo que se refiere a violaciones graves a derechos
humanos y lo que son delitos de lesa humanidad.
Se da un paso importante, hay que reconocer que hay un buen resultado en
esta ley. Toda legislación es perfectible, tan es así que hemos incorporado 14
reformas en estas propuestas adicionales, entre lo que fue la reunión de las
comisiones unidas la semana pasada y el día de hoy. Y espero que en su
implementación encontremos una respuesta positiva de todos los sujetos
obligados.
Sin embargo, si bien se cierra un ciclo, no se cierra el tema vinculado
con el Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la
Corrupción. Tenemos obligaciones constitucionales para que en los próximos
meses tengamos que aprobar aquí en el Senado de la República la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos
Personales, la Ley General de Archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción, y
revisar a fondo las labores de la Fiscalía Anticorrupción de lo que será la
Fiscalía Nacional con autonomía del Poder Ejecutivo.
Porque el propósito de estas reformas, tanto la constitucional como las
secundarias, es construir un sistema que ayude a resolver dos de los problemas
más lacerantes que existen en nuestro país, que es la corrupción y la
impunidad.
Y si bien las leyes no garantizan que estas prácticas se erradiquen, el
crear los instrumentos para que los ciudadanos accedan a la información y
puedan hacer ejercible su derecho a que la autoridad le rinda cuentas,
contribuirá a generar una nueva cultura política en donde la participación de
los ciudadanos es la fundamental.
Agradezco a Pablo Escudero, a Cristina Díaz, por supuesto a los miembros
de la Junta de Coordinación Política, que hasta hace unos minutos arrastrando
lápices, pero que sea para bien, así lo considero, este trabajo.
Y por fin cerramos esta primera etapa, con un buen producto legislativo
que esperamos sea plenamente compartido en la Cámara de los Diputados.
Muchas gracias a todos ustedes.
