LA LEY ANTIMARCHAS FUE APROBADA POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS EN EL PEOR MOMENTO DADA LA CRISIS SOCIAL, POLÍTICA Y DE DERECHOS
HUMANOS QUE ENFRENTA MÉXICO. SE AVALA EL ABUSO Y LA REPRESIÓN EN EL EJERCICIO
DE LA FUERZA PÚBLICA: ENCINAS RODRÍGUEZ
06
Diciembre 2014
Con 292 votos a favor, una abstención y 100
en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 2 de diciembre
las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con lo que
supuestamente se otorgaría el derecho de movilidad universal a toda persona,
asegurando los principios de igualdad accesibilidad, disponibilidad y
sustentabilidad.
No obstante, el Senador Alejandro Encinas
señaló que la aprobación de esta iniciativa, sobre “movilidad social” fue
rescatada de forma sorpresiva por el PRI y PAN, después de que fuera avalada el
24 de abril pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales y fue un acto de
falta de sensibilidad ponerla a consideración de los legisladores precisamente
en medio de las multitudinarias manifestaciones por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
Para el Legislador estos cambios a los
artículos 11 y 73, en donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a
la movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para limitar
el derecho a la libre manifestación y acusó que con estos trapicheos se abre la
puerta a una justificación para ejercer represión.
El Senador Encinas, hizo referencia a las declaraciones
de Darío Ramírez, director de la organizaciónArtículo 19 quien
manifestó que “no es el momento político para aprobar este dictamen, pues con
estas medidas se extiende la crispación social. El activista hace énfasis en
que México enfrenta una crisis de Estado, por lo que la ciudadanía debe ser
consciente y responsable y cerrar el paso a toda tentación de reprimir las
manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las
calles de todo el país”, concluyó.
El Senador Encinas también abundó que con
esta ley se podrían frenar las movilizaciones por la vía de la “justicia” y los
actos legítimos de protesta se pueden coartar; enfatizó que en este escenario
de inconformidad no se puede frenar el descontento social con cambios de esta
índole a la Constitución Política.
El Senador subrayó que el titular del
ejecutivo federal ha criminalizado la protesta social desde su gobierno en el
Estado de México. La represión en Atenco fue una muestra contundente de su
manera de atender los reclamos sociales. El 1 de diciembre de 2012 inició su
gobierno con detenciones arbitrarias, justificadas por el “vandalismo” de
presuntos anarquistas. A esta jornada le siguió la criminalización de las
protestas de los maestros de la CNTE que se extendieron durante casi todo 2013.
Ahora, frente a la crisis de Ayotzinapa, vuelve a reproducir la misma
estrategia al infiltrar las movilizaciones pacíficas con provocadores y generar
miedo y persecución contra los disidentes y ciudadanos en general lo que lejos
de atender y mitigar la protesta social, ésta ha crecido.
El “decálogo” del pasado 27 de noviembre
demostró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene soluciones ni
propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los
cuerpos de seguridad de todos los niveles. Propuso lo mismo que se rechazó
durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsa una reforma
violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios, refirió el
Senador Encinas.
La iniciativa del primer mandatario Enrique Peña Nieto para reformar
siete artículos de la Constitución con el objetivo de crear un "nuevo
sistema policial" y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma
total o parcialmente las funciones municipales, son evidentes cambios
"anticonstitucionales" que violan la autonomía municipal. Es mentira que el problema principal
sea municipal. No es un fenómeno exclusivo del municipio, es un problema del
Estado mexicano, de los tres poderes de la unión, sentenció Encinas Rodríguez.
El Senador por el Estado de México hizo
referencia al Acuerdo Nacional
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se firmó en 2008, el cual contiene
74 compromisos, de los cuales, hay puntos en los que no se avanzó durante los
últimos seis años, como la disminución del secuestro a través del trabajo de
las Unidades Estatales; tener una cédula de identidad o depurar en tiempo los
cuerpos policiales.
Entre los firmantes de ese Acuerdo, además
del presidente —en ese entonces, Felipe Calderón—, estuvieron secretarios de
Estado, gobernadores —entre ellos Peña Nieto como mandatario del Estado de
México—, los presidentes de las organizaciones municipales del país,
representantes de medios de comunicación, de sociedad civil, de sindicatos y
organizaciones campesinas, de grupos empresariales y religiosos.
En ese entonces, el primer compromiso fue
“Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia”
lo que incluyó la creación de un modelo de evaluación y control de confianza y
que las policías del país se mantuvieran bajo “evaluación permanente”.
Seis años después, 46 mil policías de todo el
país no pasaron los controles de confianza, la organización civilCausa en
Común denuncia que 42 mil 214
que reprobaron siguen trabajando, por lo que consideran que este punto básico
del Acuerdo no se cumplió en términos reales.
Por si fuera poco, las policías estatales
tienen sus propios problemas de confianza ante la ciudadanía. La ENVIPE 2014
nos muestra que en la mayoría de los estados más del 50% la población considera
que la policía estatal es corrupta. Los peores son el Distrito Federal (que ya
cuenta con mando único) y el Estado de México en donde el 87% de la población
considera que sus policías estatales son corruptas.
El Senador denunció que es preocupante que el ejecutivo federal intente
debilitar a los ayuntamientos con la desaparición de poderes, porque eso es lo
peor que le podría pasar a una nación que se dice república federal.Un
Estado democrático debe investigar a sus servidores públicos y sancionar los
excesos, errores, fallos y tropiezos
El Senador Encinas cuestionó el hecho de que se habla de policías bien
pagados, pero¿Y de dónde van a salir los recursos para los sueldos “bien
pagados” de los miles y miles de policías de los 32 mandos únicos?, eso por un
lado. Por el otro, existen más preguntas al respecto ¿A dónde van a parar los
miles de policías echados, que ya son parte del crimen, pero con licencia
oficial?
El Senador Alejandro Encinas cuestionó que
las medidas que buscan focalizar el problema de la inseguridad y la infiltración
del gobierno en Guerrero, no deberían ser las únicas cuando problemas de tal
magnitud existen en muchas otras partes del país.
También recalcó que la propuesta de un número
de emergencia para hablarle a la policía, resulta incongruente cuando no propone
cómo reformarla, regularla y profesionalizarla. Al respecto de la Clave Única
de Identidad, refirió que resulta una medida improcedente cuando el país carga
con más de 22,000 desaparecidos, pues no se han tomado cartas en el asunto para
impulsar la investigación de miles de desapariciones forzadas que han sido
denunciadas en los últimos años, concluyó.
