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Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

 martes, 28 de febrero de 2012

No me refiero al bolero de Abelardo Pulido que popularizara Javier Solís, tampoco a ninguno de los cada vez más frecuentes dirigentes de las izquierdas, me refiero al acuerdo que Felipe Calderón suscribió con la secretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), Hillary Clinton, que sienta las bases para que empresas petroleras estadounidenses y Pemex exploren las posibles reservas de crudo en yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, y que a mi juicio viola la ley y empeña la soberanía energética de nuestro país.

Pemex, séptimo productor de crudo en el mundo, estima que hay recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de petróleo en yacimientos profundos en aguas patrimoniales del Golfo de México, por lo que un acuerdo en esta materia no es asunto menor. Menos aún cuando en el acto en que se suscribió dicho convenio el secretario del Interior de EUA, Kenneth Salazar, señaló que “Para los Estados Unidos este acuerdo nos permite ampliar responsablemente nuestro desarrollo de hidrocarburos en el Golfo de México.

Prácticamente una tercera parte de la energía que se produce en Estados Unidos proviene de esta región”. Es decir, se trata de un asunto estratégico para la seguridad energética de los vecinos del Norte.

El mismo funcionario anunció que en el mes de junio próximo se llevará a cabo una licitación para el Golfo de México central, donde las compañías estadounidenses considerarán la inversión en las mencionadas “licencias” para realizar acciones para la exploración y explotación por parte de empresas extranjeras en territorio nacional, lo que constituiría una flagrante violación a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, ya que, entre otras disposiciones, el artículo 27 establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas” y que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”.

Este convenio revive la pretensión privatizadora que inició con la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 2008, cuando se pretendió abrir a la inversión extranjera las mismas áreas estratégicas ahora objeto de un acuerdo que nadie conoce, pues si bien una subcomisión del Senado de la República participó en las pláticas previas, no conoció los términos finales del convenio, manteniéndose a la fecha oculto.

Cabe señalar que todo acuerdo o tratado de esta naturaleza requiere de la aprobación del Senado, cámara que tiene la facultad exclusiva para “Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.

Por ello, resulta inaceptable que mediante un acuerdo administrativo entre dependencias del Poder Ejecutivo de ambos países se dé por sentada la aprobación para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos y se pretenda, sin la firma de un tratado y la ratificación del Senado, establecer un acuerdo de facto, con un problema adicional: la legislación norteamericana otorga al Senado estadounidense la facultad para otorgar “concesiones” a particulares en la explotación petrolera, lo que en México prohíbe la Constitución.

La seguridad energética del país requiere una política de Estado que atienda los intereses nacionales y considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable vital para el desarrollo. Lo menos que debe hacer Felipe Calderón es rendir cuentas al Senado y hacer público el contenido del acuerdo firmado y las bases jurídicas que lo sustentan.

Diputado Federal por el PRD

Alejandro Encinas en la presentación del libro del Dr. Arturo Huerta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2012

Presenta Alejandro Encinas su libro “Dinero, simulación e impunidad en Zacatecas

Alejandro Encinas Rodríguez presentó en Zacatecas el libro de su autoría “Dinero, simulación e impunidad”, memoria de la elección de gobernador en el Estado de México 2012.
El relato “evidencia la ausencia de mecanismos que permitan regular y fiscalizar el manejo indiscriminado de recursos públicos y privados en las campañas electorales”, dijo.

Señaló que en 479 páginas relata la pérdida de autonomía de los órganos electorales, tras años de luchas y desencuentros para lograr separar la autoridad electoral de la gubernamental.
“La ciudadanización de los órganos electorales, dotándolos de una autonomía ha sido socavada, para convertirlos en órganos obsequiosos y complacientes al servicios de los designios de los gobiernos estatales”, comentó.

Durante la presentación del libro en el Foyer del Teatro Calderón, Encinas Rodríguez detalló que en éste se recoge la experiencia en la pasada elección del Estado de México.

Dijo que el vínculo con Zacatecas y otras entidades es porque “indudablemente Edomex ha sido considerado un laboratorio político previo a las elecciones federales que si bien no es determinante en los resultados de los procesos federales, concretamente en la elección presidencial”.

El perredista señaló que las prácticas de derroche descomunal de recursos auditados por las autoridades electorales son ejercicio que, refirió, lamentablemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sostenido “llevará como un modelo a desarrollar en el proceso electoral federal en donde el dinero, la simulación y la impunidad son los rasgos de esta política priísta”.

Con las reseñas de Luis Medina Lizalde y Arturo Romo Gutiérrez, el excandidato a gobernador por el Estado de México señaló que el dispendio de recursos que se realizó en esa entidad, “no solamente acredita la elección más cara en la historia del país, en su relación voto-elector y el costo de campaña, sino que la presencia del dinero fuera del circuito legal autorizado por nuestras propias leyes”.

El diputado indicó que la elección en ese estado se vio marcada con una enorme impunidad, dada por la omisión y complacencia de la autoridad electoral, toda vez que en los topes establecidos para campaña, existe una documental pública que acredita un gasto en propaganda que superó en un 180 por ciento el tope, y en que el PRI gastó en su campaña 206 millones de pesos.

Acompañado por los perredistas Claudia Anaya Mota, Samuel Herrera, José Narro Céspedes, así como Juan García Páez, alcalde de Fresnillo, Encinas aseguró que el libro y la experiencia de Edomex, se da cuenta de “la profunda simulación política en que se han convertido los procesos electorales, fundados en la inequidad y la ilegalidad de partidos y dirigentes en un sistema que ha hecho de la componenda y la cooptación una forma de gobierno”.

(Foto: Archivo)

Jueves, 16 de Febrero de 2012

Aprueban en Comisión reformas constitucionales para garantizar el desarrollo integral de los jóvenes

Elevar a rango constitucional el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral es congruente con la problemática que enfrentan, ya que permitirá fortalecer las responsabilidades del Estado en materia de atención, Alejandro Encinas

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que reforma la Constitución para que la juventud tenga derecho al desarrollo integral, mediante la protección de las garantías reconocidas en la Carta Magna y de los derechos humanos.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Juventino Castro y Castro (PRD) subrayó que la reforma adiciona un párrafo al artículo cuarto constitucional para otorgar un desarrollo integral a los jóvenes, mediante la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.
Precisó que también se modifica el artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de juventud.

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez (PAN), presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y promovente de la iniciativa, señaló que el desarrollo integral de la juventud no está en ningún instrumento jurídico todavía bien estructurado y tampoco en la Carta Magna.

Por ello, agregó, la reforma es para dos temas específicos: la obligación del Estado y de esta Cámara para legislar en materia de juventud y propugnar por el desarrollo integral y, el segundo, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones a favor de los jóvenes.
Landero Gutiérrez subrayó que con dichas reformas habrá facultades expresas y específicas y se dará un mensaje positivo de acciones concretas a favor de los jóvenes.

El diputado Reginaldo Rivera (PRI) manifestó que esta reforma contribuye a dar solución a los problemas importantes de la juventud. “Estaremos vigilantes de las reformas que se harán a las leyes secundarias en la materia”.

Por su parte, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) subrayó que elevar a rango constitucional el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral es congruente con la problemática que enfrentan, ya que permitirá fortalecer las responsabilidades del Estado en materia de atención.

El diputado Gustavo González (PAN) manifestó su apoyo al dictamen porque México vive un momento importante respecto de lo que se conoce como el bono demográfico, “que es la situación que nos permite un gran salto para hacer un país más desarrollado, y la parte medular de las políticas para lograr eso debe ser la juventud”.

La iniciativa refiere que de los 107 millones de personas que, en promedio, componen la población total, 35 millones tienen entre 12 y 29 años de edad, es decir, el 33 por ciento.

Subraya que desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral, sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

Agrega que 8 millones de jóvenes no estudian y no trabajan; de éstos, algunos son migrantes (2 millones), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón) como el subempleo con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas, otros más están en los reclusorios (119 mil), y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir, abunda.

De los jóvenes con empleo, la última encuesta sobre juventud arrojó que el 61.43 por ciento ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio superior origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, abunda.

Respecto a salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio; adicionalmente el 70 por ciento, tienen contacto con alcohol y drogas, convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud.

La iniciativa señala también que en el tema de seguridad es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República sean jóvenes. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

Se enfatiza que los 35 millones de jóvenes que representan el 33 por ciento del total de la población, constituyen uno de los motores más importantes para su desarrollo, y por lo tanto, la oportunidad más grande de desarrollo hacia los próximos 20 años, cuando alcanzará su máximo histórico.

Todo lo anterior hace imprescindible la intervención conjunta, coordinada y eficaz de las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, es decir, se trata de una tarea donde los gobiernos Federal, estatales y municipales, deben actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, puntualiza.

Gobierno Federal, irresponsable por no crear infraestructura para recluir delincuentes peligrosos: Alejandro Encinas

No se trata de echarle la culpa a los gobiernos de los estados, como lo hizo el secretario de Seguridad Pública Federal

Es necesario no sobrepoblar y mezclar delincuentes del fuero común con los del fuero federa.

El 93% de los internos que llegan a las cárceles no está sentenciados y eso tiene que ver con una enorme ineficiencia y corrupción del Poder Judicial

Entrevista al Diputado Federal del GPPRD, Alejandro Encinas

http://diputadosprd.org.mx/ver_documento.php?tipo=2&id=4827

"Diálogos públicos entre legisladores y sociedad civil, sobre las reformas al Articulo 24 constitucional"

 Lamentablemente el desaseo con el que se llevó a cabo el proceso, ha dejado dudas en el texto, Alejandro Encinas

Se pactó retirar de la exposición de motivos libertad religiosa, educación confesional, derechos primigenios de las iglesias y otros temas, como la objeción de conciencia por motivos religiosos; no forma parte del dictamen que se aprobó en el pleno de la Cámara · Lamentablemente el desaseo con el que se llevó a cabo el proceso, ha dejado dudas en el texto · ¿Cuál es el problema? Pues que no conocemos la minuta que el diputado Emilio Chuayffet envió al Senado de la República. ¿Por qué? Porque fue tal el volumen de modificaciones al texto de la exposición de motivos que, desde mi punto de vista, no quedó claro qué es lo que se eliminó y qué no · El debate que ha suscitado tanta polémica en la opinión pública se deriva de la iniciativa que presentó el diputado Fray Ricardo de López y Pescador, de la Diócesis de Durango, que traía una pretensión mayor: no sólo debilitar, sino desmantelar el Estado laico · Ésta contenía tres planteamientos fundamentales: objeción de conciencia religiosa; reconocimiento de los derechos de las iglesias, especialmente el de la Iglesia Católica, adquiridos antes de la constitución del Estado mexicano y; establecer la libertad de educación religiosa.

http://diputadosprd.org.mx/ver_documento.php?tipo=3&id=4823

Grave el acuerdo firmado, entre Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores y Hillary Clinton: Alejandro Encinas


Alejandro Encinas Rodríguez considera grave el acuerdo firmado el día de ayer 20 de febrero 2012, entre Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores y Hillary Clinton Secretaria de Estado, en donde se sientan las bases para que petroleras estadunidenses y Pemex, exploren las posibles reservas de crudo que pudieran existir en yacimientos transfronterizos en el Golfo de México; sí bien Pemex es el séptimo productor de crudo se estima que hay recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de petróleo en aguas profundas del Golfo de México un acuerdo de esta naturaleza es grave para nuestro país.

El gobierno de Calderón viola una vez más, la soberanía nacional permitiendo que se realicen acciones de perforación, extracción o explotación por empresas extranjeras en México, en una área considerada estratégica.

Por lo tanto, es necesario que Calderón rinda cuentas y de a conocer el contenido de los acuerdos firmados y las bases jurídicas que lo sustentan.

Por último, destaco que la seguridad energética de nuestro país requiere una política de Estado sustentada en los intereses nacionales con respeto a nuestras leyes, considerando al petróleo como un recurso no renovable de amplio uso económico.

Las condiciones de nuestro país hacen necesaria la construcción de una política energética que sustente el desarrollo económico energético y ecológico.

Alejandro Encinas

Congreso Nacional PRD 2012

Seguridad amanezada

Alejandro Encinas Rodíguez

El Universal

14 de febrero de 2011

La imagen de Felipe Calderón montado a caballo durante el XCIX aniversario de la Marcha por la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, aunado al discurso del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dan lugar a múltiples lecturas.

Más allá de la anécdota y la parodia en que Calderón convirtió un hecho histórico de relevancia como fue la entrada del presidente Madero a la ciudad de México, escoltado por los cadetes del Colegio Militar, así como su afición a pretender emular a distintos personajes, ya sea uniformado de soldado, piloto aviador, espeleólogo o conductor de televisión, presenta a un personaje, bandera en mano y banda tricolor al pecho, tan arrogante como ajeno a la grave situación del país y a las preocupaciones de los mexicanos.

En contraparte el discurso del general secretario señaló, con crudeza, una situación a la que me he referido en estas páginas: “El crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional (…) Es evidente que en alguna latitudes del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra amenazada” E insistió en que el entorno “asimétrico y frágil” en que las Fuerzas Armadas cumplen su misión requiere reformas al marco legal vigente, a fin de que las Fuerzas Armadas desempeñen con mayor precisión su participación en el combate al crimen organizado. “No se trata de arrogarnos privilegio alguno ni desempeñar funciones que no nos corresponden”.

Se trata de una declaración de la mayor trascendencia: por vez primera, se asume que vastas regiones del país están bajo el control de grupos delictivos y no de la autoridad legítimamente constituida. Es bueno que se reconozca, ello puede servir para establecer una rectificación de la estrategia que ha fracasado, sin embargo en el escenario de la elección presidencial que discurre, el desenlace de este reconocimiento puede tener otras implicaciones.

Una de éstas es que en la discusión de distintas reformas legales en puerta se encuentra la Ley de Seguridad Nacional, en la que se pretende dar al Ejecutivo federal la facultad para emitir una “declaratoria de riesgo a la seguridad interior”. Es decir, ante esta situación, como la reconocida por el secretario de la Defensa, se pretende que el titular del Ejecutivo pueda suspender sin intervención del Congreso, las garantías establecidas en la Constitución y crear un estado de excepción.

Existe evidencia de la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, como sucedió en regiones de Michoacán y Tamaulipas, donde se intimidó a candidatos que abandonaron la contienda, se presionó a ciudadanos para inducir el voto o se cometieron delitos mayores. Pero ello no debe derivar en una acción que vulnere el proceso electoral, menos las garantías constitucionales.

Lamentablemente, los sucesos de semanas recientes y la pretensión ---en la ficción orwelliana en que se ha convertido el actual gobierno, que se litiga a diario entre espías y ladrones del uso político de las instituciones responsables de la procuración de justicia y el nombramiento de personajes cercanos a los círculos del poder en cuerpos de seguridad e inteligencia, en la guerra de las comunicaciones dónde, como en las mejores distopías, el espionaje e intervención de comunicaciones privadas se han convertido en práctica común---, ponen en riesgo las reglas democráticas elementales que deben prevalecer en el país.

Cabe reconocer lo señalado por el general: “Ha habido errores, desde luego que sí. Reconocerlos es lealtad. Como lo es aceptar las recomendaciones que nos hacen organismos competentes. Es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño causado”. Que ese sea el primer paso para rectificar el camino errado.

Diputado federal por el PRD.

Participa Alejandro Encinas en en la Gira por la Dignidad en el Itsmo, V Distrito Federal en Santo Domíngo Tehuantepec, Oaxaca.

Imágenes de la presentación del Plan "Un México para Todos", por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.

Fotos: Santiago Salmerón

Imágenes Gira por el Estado de México

Imágenes de la gira por el Estado de México de Andres Manuel López Obrador acompañado por Alejandro Encinas

Febrero de 2012

De la guerra sucia a la guerra inútil
Alejandro Encinas Rodríguez

31 enero de 2012

La noche del 26 de enero falleció Miguel Nazar Haro, ex titular de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, DFS. Personaje emblemático de uno de los capítulos más nefastos de la historia del país, pieza clave del engranaje de espionaje y represión del sistema político acuñado por el PRI, quien tuvo a su cargo, durante casi dos décadas, la seguridad interior de México bajo el estigma de la guerra fría, a partir de la cual justificó la persecución y represión a los disidentes del régimen.

Desde la DFS encabezó las operaciones clandestinas ilegales con las que actuaba el gobierno, a partir de la Brigada Especial, artífice de la guerra sucia en los años 70.

Nazar Haro, al igual que Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría, nunca fue juzgado por los crímenes cometidos en 1968 ni por la matanza del 10 de junio de 1971 ni por la guerra sucia de los 70, que trajo consigo el asesinato y las desapariciones forzadas de un número indeterminado de militantes de izquierda. Por el contrario, en distintos momentos fue reconocido por su desempeño, Por lo que él mismo se consideraba un patriota, ya que para él constituía “un acto de patriotismo” espiar, secuestrar, torturar, asesinar o violar sistemáticamente los derechos humanos, gozando del privilegio de haberse erigido en el represor oficial del Estado mexicano.

Con la muerte de Nazar, de Gutiérrez Barrios, de Díaz Ordaz y la sentencia popular a Luis Echeverría, se cierra una época de infamias y abusos, que bajo el mandato de preservar la seguridad del Estado y “la paz social”, vulneraron los derechos y la paz de los mexicanos. Décadas después, perduran muchas de las prácticas ilegales del Estado, como son los llamados “daños colaterales” derivados de la llamada “guerra” otrora la delincuencia organizada que alcanza niveles de violencia otrora inimaginables y de violaciones recurrentes a los derechos humanos.

En semanas recientes se desató una polémica tras el reconocimiento de la PGR de 43 mil 453 muertes vinculadas a la cruzada contra el crimen organizado y la insistencia de que el 90% de éstas están relacionadas con delincuentes. La respuesta de diversos organismos civiles como Human Rights Watch, fue contundente. Retó al gobierno mexicano a demostrar que las muertes reconocidas oficialmente tienen una relación directa con la delincuencia organizada y no son víctimas de esta “guerra”, poniendo como ejemplo 24 casos documentados en su informe “Ni seguridad ni derechos”, donde acredita que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles ejecutados por autoridades o que murieron a causa de las torturas sufridas, como de civiles asesinados en retenes militares o durante enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en circunstancias que no ameritaban el uso de la fuerza en su contra.

Junto a ello, la CNDH ha informado que la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país pasaron de 691 al inicio del sexenio a 6 mil 65 quejas presentadas hasta 2011, que dan cuenta de un incremento de alrededor de 900% , de las que existen 98 recomendaciones emitidas, 29 de ellas con sentencia condenatoria.

Quizá nunca sabremos el número de víctimas de la guerra sucia ni sean sancionadas las crecientes violaciones a derechos humanos en esta inútil guerra, lo que no obsta para mantener nuestra preocupación ante la impunidad con la que verdaderos terroristas de Estado, como Nazar Haro y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de opositores al régimen han actuado, ni para mantener la exigencia de justicia y que el estado respete las garantías de los ciudadanos. No es venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reconciliación como condiciones para alcanzar una verdadera democracia. Lo que está en entredicho, a diferencia del pasado, no es la seguridad del Estado, sino de los ciudadanos.

Diputado federal por el PRD

Estado de México

La FUNDLOCAL, AC y Alejandro Encinas Rodríguez los invitan a la presentación del libro, “Dinero, simulación e impunidad” Memoria de la elección de gobernador en el Estado de México – 2011, El evento se llevara a cabo el martes 31 de enero de 2012 a las 17:00 horas, en l Auditorio del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM), ubicado en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca Estado de México.

Veto, hambre e impunidad

Alejandro Encinas Rodríguez

17 enero  de 2012

En el pasado período de sesiones , la Cámara de Diputados aprobó el decreto mediante el cual el Ejecutivo federal debería integrar un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, las inundaciones y heladas ocurridas en diversos estados del país, en particular en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Con esos recursos se pretendía enfrentar el daño que presenta cerca de un millón de hectáreas, 400 mil de las cuales no podrán sembrarse por escasez de agua; la muerte de miles de cabezas de ganado y de manera esencial la carencia de alimentos que enfrentan 28 millones de mexicanos, debido a la profunda dependencia alimentaria que lleva a importar más de 43% de los alimentos que requiere el abasto nacional.

Se estima que en los últimos 18 meses se han afectado cuatro de cada 10 hectáreas que integran el territorio nacional por la sequía. La Sagarpa ha señalado que se han perdido 963 mil hectáreas y cuantiosas cabezas de ganado y que ha sido afectado más del 40 por ciento del territorio nacional. Esto ha repercutido severamente en la producción nacional de alimentos, que alcanzará su nivel más crítico a la mitad del presente año, y en el incremento de precios en los productos de la canasta básica. Tan sólo de enero de 2006 a diciembre de 2011, la tortilla, el arroz, el frijol, la carne, el café, el aceite y la sopa de pasta registraron aumentos superiores a 100%.

Pese a esta difícil situación, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Hacienda, ha vetado este decreto aduciendo que es innecesario, ya que la estrategia gubernamental para la atención a los efectos provocados por desastres naturales dispone de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se canalizan a través del Fondo de Desastres Naturales, el trabajo coordinado con entidades federativas y la “administración de riesgos” atendiendo principalmente el “agua para consumo humano, acciones de empleo temporal, importación de alimentos y reparto de despensas, así como la contratación de “un seguro de exceso de pérdida para administrar, a través de los mercados internacionales, los riesgos que enfrenta ante las amenazas de desastres naturales”.

Esto demuestra una vez más la ausencia de una política que atienda la seguridad alimentaria como un asunto estratégico para la seguridad nacional, así como la negligencia oficial ante un problema que pone en riesgo la vida de miles de mexicanos, en un empecinamiento que resulta absurdo, ya que de acuerdo con el informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2011 se registraron subejercicios al mes de junio por 3 mil 700 millones de pesos, los cuales fueron reasignados a otros ramos y programas, subejercicios que se estima podrían sumar al cierre de 2011 cerca de 38 mil millones de pesos.

Mientras, en contraparte la estela de Luz se erige, impune, como un monumento a la frivolidad, al despilfarro y la corrupción, diversas organizaciones civiles han denunciado que la hambruna en la sierra Tarahumara ha llevado a la muerte por desnutrición a integrantes de esa comunidad indígena.

El veto a la resolución del Congreso denota la ausencia de una verdadera división de poderes y la unilateralidad con que se manejan las finanzas públicas del país, pero resulta más preocupante cuando se enfrenta una virtual emergencia nacional derivada del abandono del campo nacional. Se trata no solo de la pérdida de cosechas y de cientos de miles de cabezas de ganado, sino también de muertes de seres humanos, como se ha registrado en la Tarahumara, donde las comunidades indígenas, al igual que en otras regiones del país, enfrentan la peor crisis alimentaria de los últimos 80 años.

Diputado federal por el PRD

Arranca precampaña rumbo a las Elecciones Federales de 2012

Durban

Alejandro Encinas Rodríguez

Martes, 6 de diciembre de 2011

En estos momentos se celebra en Sudáfrica la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre cambio climático, COP 17. En el centro de sus debates se encuentra el eventual establecimiento de un segundo período del Protocolo de Kioto en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que han afectado el medio ambiente y modificado la temperatura promedio del planeta.

La COP 17 enfrenta un resultado incierto. Tras el fracaso de Copenhague y los incipientes avances en Cancún, en la reunión en Durban prevalece la resistencia de los países más poderosos del mundo que ponen en entredicho la eficacia de estos encuentros multilaterales.

México llega a esta conferencia con resultados contradictorios. Por un lado, los acuerdos de Cancún abrieron una veta de optimismo sobre la eventual ratificación del Protocolo de Kioto y el establecimiento de un fondo verde de 100 mil millones de dólares para alentar la reducción de emisiones, al tiempo que en el ámbito legislativo se han acreditado importantes avances, como lo demuestra el hecho de que el día de hoy se discuta la aprobación de la Ley General de Cambio Climático en el Senado y las reformas a las leyes de Desarrollo Forestal Sustentable y del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, en las que se establecen nuevas disposiciones para que el país enfrente los retos de mitigación y adaptación ante el cambio climático y promueva la reducción de emisiones por deforestación o degradación de los bosques y selvas del país, creando instrumentos para su conservación, como es la retribución de los servicios ambientales que proporcionan los bosques y selvas ---producción de oxígeno, cosecha de agua, captura de carbono, conservación de suelos y de la biodiversidad---, a sus legítimos propietarios, particularmente a ejidatarios y comuneros en más de 21 mil núcleos agrarios, respetando sus derechos de propiedad.

Mas por otro lado las cuentas ambientales del país siguen siendo deficitarias. México ocupa el lugar 11 en materia de emisiones a nivel mundial, y si bien se ha registrado una disminución cercana al 50% en la pérdida de cubierta forestal en el país, ésta alcanza la pérdida de 155 mil hectáreas cada año, a lo que se suma el hecho de que en materia de desarrollo sustentable el país acusa las tasas más bajas de crecimiento de la región latinoamericana, incluso con caídas hasta de 6.8% como sucedió en 2009, con un nulo desarrollo social al incrementarse los niveles de pobreza que afectan a mas de 51% de la población, entre los que se encuentran 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, en tanto los efectos del cambio climático van en aumento: desde 1960 México registra un fenómeno de calentamiento, en especial de 1992 a la fecha, la temperatura anual se encuentra por encima del promedio de los 29.9 grados centígrados de los últimos 40 años; la recurrencia y fuerza de los huracanes y tormentas aumenta y con ello el riesgo de inundaciones, al tiempo que se presentan sequías prolongadas en amplias regiones. En 11 de los últimos 29 años, el país se encuentra por debajo del promedio anual de lluvias de las últimas siete décadas, mientras el nivel del mar aumenta aceleradamente, poniendo en riesgo futuro a ciudades costeras como Campeche, Ensenada, Manzanillo y Veracruz.

Sea cual sea el resultado de Durban, lo cierto es que la renuencia de los países desarrollados limitará el acuerdo multilateral, lo que obliga a recurrir a otro tipo de iniciativas a los países y sociedades conscientes de la necesidad de enfrentar este reto global, por lo que no debe descartarse la posibilidad de construir acuerdos de índole bilateral, regional o alianzas entre países, como tampoco debe desestimarse la necesaria acción local, donde cada país, sus distintos órdenes de gobierno y sus sociedades asuman la responsabilidad que les corresponde para garantizar el derecho de las futuras generaciones a gozar de un clima y un planeta en mejores condiciones de las que nos tocó vivir.

Diputado federal por el PRD

Palacio Legislativo, 30 de noviembre de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la reacción del gobierno federal ante la denuncia en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional y la muerte del activista Nepomuceno Moreno Núñez, el diputado federal del PRD, Alejandro Encinas señala:

La denuncia contra el titular del Ejecutivo federal es un derecho ejercido por un grupo de abogados y miles de ciudadanos inconformes con la estrategia adoptada por el gobierno mexicano y como tal debe de atenderse y analizarse.

La reacción de Calderón es desmedida y temeraria, pues un gobernante debe de garantizar la libertad a diferir en pensamientos, escuchar las críticas y sobre todo, actuar conforme a derecho y asumir su defensa legalmente sí así lo decide.

Es importante señalar que la figura presidencial no es un ente intocable o incuestionable; habría que recordarle a Calderón que su partido siempre combatió el presidencialismo del régimen priista, mismo que por cierto, ahora representado en la figura de su precandidato a la presidencia, le tiende la mano y respaldo ante esta denuncia.

 Hay que subrayar que nadie en su sano juicio puede plantear que el Estado abandone el combate contra el crimen organizado, pero tampoco caben recriminaciones contra quienes por la vía legal quieren probar que las decisiones tomadas por particulares sobre la estrategia de seguridad, han sido erradas, han provocado la pérdida de vidas humanas de inocentes y la permanente violación de derechos humanos.

 Tan mala y sin objetivos claros ha sido esta estrategia, que hace unos días fue asesinado un integrante del Movimiento por la Paz y la Justicia, pese a ser una víctima visualizada que buscaba sin cesar, el paradero de su hijo.

 De nada sirvió que el señor Nepomuceno Moreno fuera atendido personalmente por Calderón apenas el 14 de octubre para exponerle estar bajo amenaza de muerte, si al final no se garantizó su integridad.

 Resulta aun más lamentable que el Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, emanado del mismo partido en el poder a nivel federal, lejos de lamentar y condenar la muerte de este ciudadano, responda con la estigmatización del mismo y por ende su descalificación.

Con estos hechos se sienta un triste precedente sobre la omisión del Estado en su obligación de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y del otro lado de la moneda, la intimidación que el propio gobierno realiza contra aquellos que lo critican.

Hago un llamado para que el gobierno federal, los partidos políticos y la ciudadanía en general entendamos que si la Corte Penal Internacional investiga la actuación del titular del Ejecutivo federal y se acreditan delitos de lesa humanidad, debe actuarse en consecuencia en pleno e irrestricto apego a la ley, porque de lo contrario sólo se asume la actitud facciosa de ser un hombre de Estado sólo cuando conviene. 

Tercer Informe

Diputados Federales LXI Legislatura

PRD-DF

Reunión por la unidad del PRD

Imágenes de la visita a Ayoxuxtla Puebla,  A cien años de que el general Emiliano Zapata lanzara el Plan de Ayala.

Sólo el primer paso

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

22 de noviembre de 2011

Andrés Manuel y Marcelo honraron su palabra y cumplieron el compromiso que habían asumido para encontrar un mecanismo transparente que permitiera definir la candidatura que representará a las izquierdas en las elecciones presidenciales.

A través de una encuesta ---caso único en el mundo--- cuyo resultado nadie ha cuestionado, incluso quienes auguraban una inevitable ruptura, hoy las izquierdas tienen candidato. Se trata de un acontecimiento de la mayor importancia que trascenderá el proceso electoral.

Con ellos, las izquierdas han dado un paso fundamental, primero, para dejar atrás el desaseo y la confrontación y recurrente que ha caracterizado la elección de sus dirigentes y candidatos. Segundo, para dejar atrás la inminencia de su división. Basta recordar cómo en enero de este año, ante la posible alianza entre el PRD y el PAN en el estado de México, se iniciaba un camino sin regreso para ir con dos candidatos a la presidencia, y en tercer lugar, para que tras la elección surja el Movimiento Progresista un nuevo partido que abandone las inercias que desdibujaron el proceso unitario iniciado con la fundación del PSUM iniciado en 1981 y consolidado en 1989 con el PRD y alejado al PRD de su proyecto original.

Sin embargo, y pese a su relevancia, debemos tener claro que se trata sólo del primer paso para alcanzar un resultado exitoso en la campaña que se avecina, ya que deben adoptarse mayores decisiones, pues como lo hemos visto en procesos anteriores no basta estar sólo unidos, contar con un buen candidato, haber logrado la coalición de las fuerzas progresistas, tener una propuesta viable y alternativa a la que representan el PRI y el PAN o volver a tener acceso a los medios de comunicación. Se deben dar otros pasos y forjar nuevas condiciones.

En primer lugar, se debe resolver adecuadamente el conjunto de las candidaturas federales a jefe de gobierno, delegados y asambleístas en el DF y en las demás elecciones concurrentes, siguiendo el método de encuesta ahora acreditado, sujetándose todas y todos a las mismas reglas y sus resultados, para que emerjan candidatos del escrutinio público y no del reparto de cuotas entre corrientes y partidos. Se necesita, como nunca, de candidatos que aporten a la elección presidencial y que no sean un lastre en la campaña.

Es necesario un esfuerzo de integración real. Que todas las expresiones partidistas se sumen a la campaña, las que apoyaron a Marcelo Ebrard o en su momento a otros candidatos. Nadie puede quedar fuera. Sé, por experiencia propia, que esto difícilmente sucede, no sólo por la polarización alcanzada en el interior del PRD o la actitud antiperredista anidada en diversos sectores del movimiento, lo que ha conducido en elecciones anteriores a no apoyar a un candidato distinto al de la corriente o hacer el vacío a la campaña, o inclusive al voto diferenciado o al cambio de partido. Sin embargo, esta es una condición que rebasa el diferendo con los candidatos, es una condición para la competencia y la viabilidad futura de la izquierda, ante un adversario que no va a escatimar recursos ni práctica alguna para imponerse.

Pero el mayor reto es superar los linderos partidistas para sumar a amplios sectores del movimiento social a la causa electoral. La crítica tradicional nos ha señalado que las izquierdas llenamos las plazas, más no las urnas. Ello tiene que ver con diversos factores, como falta de organización y una endeble estructura electoral, y la reproducción de las prácticas clientelares que antes se cuestionaban. El desafío es abrir la campaña, incluir a todos, incluso a aquellos en el PRD y a otras expresiones de la sociedad con quienes hemos tenido disputas y diferendos profundos, pero especialmente en lograr que las múltiples expresiones de la sociedad organizada, harta de la profunda crisis de las instituciones y ética pública, que engrosa la filas del abstencionismo, participen y acompañen una voluntad de cambio.

Se ha dado un importante primer paso de los muchos que deberán darse para reconstruir la mayoría y el triunfo despojado en 2006.

Diputado federal del PRD.

Visita Alejandro Encinas al Prof. Edur Velasco de la Universidad Autónoma Metropolitana, para comentarle que la Camara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para 2011, le incrementaron 100 millones de pesos a la UAM para el mejoramiento salarial del personal administrativo, así como la reactivación de los trabajos del Campus Cuajimalpa.

Cabe recordar que el Prof. Edur Velasco lleva 36 días en huelga de hambre frente a la Bolsa Mexicana de Valores, exigiendo aumento al Presupuesto para Educación.

Alejandro Encinas, participa en el "Diálogo de Alto Nivel: México y la agenda ambiental internacional" convocado por la Fundación Friedrich Ebert.

Reformita

Alejandro Encinas Rodríguez

08 de noviembre de 2011

Finalmente, tras meses de discusión y cinco sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la mal llamada reforma política, y aunque algunos legisladores celebran con bombo y platillo su aprobación, las reformas constitucionales alcanzadas son sumamente limitadas y enfrentan un engorroso proceso legislativo y un incierto futuro.

Como escribí en estas páginas hace algunas semanas, lo discutido por los diputados a propuesta de los senadores fue una miscelánea de reformas constitucionales, que de ninguna manera representan un cambio en el régimen presidencialista de nuestro país, ni un cambio en las relación entre poderes y de éstos con los ciudadanos, y si bien se facultó al Congreso para ratificar a los titulares de los órganos reguladores del Estado, se frenó el intento de conculcar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia presupuestal al frenar la posibilidad de veto del Ejecutivo, se eliminó la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se crearon —con muchas limitaciones— figuras de la democracia directa, como las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, que terminan con el monopolio de los partidos sobre la representación popular y la iniciativa legislativa; el asunto aún no está resuelto.

El dictamen aprobado modificó, de manera sustancial, prácticamente en su totalidad la minuta aprobada por unanimidad en el Senado, por lo que ahora deberá ser revisado por los senadores y, en caso de no coincidir con lo acordado con los diputados, reiniciar el proceso legislativo, en tanto que lo que no se modificó en la Cámara de Diputados y sea aceptado por el Senado deberá publicarse para continuar con el proceso de reforma constitucional que requiere ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, lo cual no estará exento de trabas y oposición de algunos gobernadores que se niegan a aceptar parte de las reformas, en especial las vinculadas con la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (iniciativa ciudadana y candidaturas independientes).

El debate arrojó un saldo desfavorable a la de por sí limitada reforma, donde fue más lo que se rechazó que lo aprobado: la revocación de mandato, la reelección consecutiva de legisladores, el dotar a los congresos de los estados para legislar sobre reelección de diputados locales y presidentes municipales, entre otros asuntos.

Un tema que ha despertado especial polémica fue el relativo al rechazo a los términos en que se planteó el establecimiento de la consulta popular como prerrogativa de los ciudadanos. Ésta, que representa una de las demandas histórica de las izquierdas en los debates sobre reforma del Estado, permitiría abrir un espacio a la participación de los ciudadanos en los asuntos y decisiones públicas, y significaba, en los términos propuestos, una gran simulación, ya que, pese a que se disminuyeron los umbrales de los requisitos para convocar por parte de los ciudadanos y hacer vinculante la consulta y obligatorio su resultado, los requisitos eran profundamente restrictivos, pues se requería de al menos 850 mil firmas de ciudadanos para convocar cualquier consulta, siempre y cuando no fuera en año electoral, y que participaran al menos 19 millones 600 mil ciudadanos para hacerla vinculante, lo que en los hechos la anulaba.

Por ello es importante reflexionar acerca de la necesidad de avanzar no sólo en reformas profundas que modifiquen las bases constitutivas de nuestro régimen político y garanticen la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino además de establecer nuevas prerrogativas de los ciudadanos, que se generen las condiciones para que éstos sean ejercibles y no, como sucede con algunos derechos establecidos en nuestra Carta Magna, que se conviertan en letra muerta.

Diputado Federal por el PRD