Palacio Legislativo, 30 de noviembre de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la reacción del gobierno federal ante la denuncia en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional y la muerte del activista Nepomuceno Moreno Núñez, el diputado federal del PRD, Alejandro Encinas señala:

La denuncia contra el titular del Ejecutivo federal es un derecho ejercido por un grupo de abogados y miles de ciudadanos inconformes con la estrategia adoptada por el gobierno mexicano y como tal debe de atenderse y analizarse.

La reacción de Calderón es desmedida y temeraria, pues un gobernante debe de garantizar la libertad a diferir en pensamientos, escuchar las críticas y sobre todo, actuar conforme a derecho y asumir su defensa legalmente sí así lo decide.

Es importante señalar que la figura presidencial no es un ente intocable o incuestionable; habría que recordarle a Calderón que su partido siempre combatió el presidencialismo del régimen priista, mismo que por cierto, ahora representado en la figura de su precandidato a la presidencia, le tiende la mano y respaldo ante esta denuncia.

 Hay que subrayar que nadie en su sano juicio puede plantear que el Estado abandone el combate contra el crimen organizado, pero tampoco caben recriminaciones contra quienes por la vía legal quieren probar que las decisiones tomadas por particulares sobre la estrategia de seguridad, han sido erradas, han provocado la pérdida de vidas humanas de inocentes y la permanente violación de derechos humanos.

 Tan mala y sin objetivos claros ha sido esta estrategia, que hace unos días fue asesinado un integrante del Movimiento por la Paz y la Justicia, pese a ser una víctima visualizada que buscaba sin cesar, el paradero de su hijo.

 De nada sirvió que el señor Nepomuceno Moreno fuera atendido personalmente por Calderón apenas el 14 de octubre para exponerle estar bajo amenaza de muerte, si al final no se garantizó su integridad.

 Resulta aun más lamentable que el Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, emanado del mismo partido en el poder a nivel federal, lejos de lamentar y condenar la muerte de este ciudadano, responda con la estigmatización del mismo y por ende su descalificación.

Con estos hechos se sienta un triste precedente sobre la omisión del Estado en su obligación de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y del otro lado de la moneda, la intimidación que el propio gobierno realiza contra aquellos que lo critican.

Hago un llamado para que el gobierno federal, los partidos políticos y la ciudadanía en general entendamos que si la Corte Penal Internacional investiga la actuación del titular del Ejecutivo federal y se acreditan delitos de lesa humanidad, debe actuarse en consecuencia en pleno e irrestricto apego a la ley, porque de lo contrario sólo se asume la actitud facciosa de ser un hombre de Estado sólo cuando conviene.