En busca de la verdad

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

1 de octubre, 2019

Al cumplirse un lustro de la trágica noche de Iguala y del inicio del tortuoso derrotero que siguió el proceso sobre el que se pretendió instaurar la mal llamada verdad histórica, ha sido necesario, a la luz de las inconsistencias de la investigación realizada, llevar a cabo un replanteamiento integral de la misma.

A lo largo de nueve meses, la Comisión Presidencial, en la que participa una importante representación de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ha venido desarrollando una revisión profunda de los expedientes y ha implementado nuevas líneas de investigación, que permitirán avanzar en esa dirección.

Haciendo un breve recuento de estas actividades, el 26 de septiembre de 2018, cuando el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asumió ante los padres y madres, el compromiso de formar una comisión para conocer la verdad sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El 3 de diciembre de 2018, se firmó el Decreto que creó la Comisión Presidencial para la Verdad y el acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, con el objetivo de generar las condiciones materiales, jurídicas y humanas, por parte del Gobierno Federal, para que los familiares de los estudiantes desparecidos conozcan la verdad y su paradero. Se trata de un mecanismo extraordinario que busca generar un nuevo modelo de intervención gubernamental en los casos de personas desaparecidas, en coordinación con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de ello, se suscribió un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para crear un Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa y conformar un Grupo de Asesoría Técnica, que permitió la reincorporación de Angela Buitrago y Francisco Cox, ex miembros del GIEI a la Comisión Presidencial. De la misma manera, se suscribió un acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para establecer las bases para su asesoría técnica.

Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con actores clave en la reformulación de la investigación: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; el ex gobernador del Estado de Guerrero y diversos funcionarios locales, así como con el Fiscal General de la República, quien emitió el acuerdo para la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Gómez Trejo, con quien se ha mantenido una coordinación permanente.

Cabe destacar los encuentros sostenidos con el General Secretario y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, en los que se asumieron compromisos fundamentales: abrir las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, lo que sucedió el 24 de julio; intercambiar información; poner a disposición a los elementos que conformaban el 27 Batallón durante el 26 y 27 de septiembre de 2014, así como realizar búsquedas conjuntas, al igual que las celebradas con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que ha aportado información valiosa sobre el papel desempeñado por la PFP.

La Comisión cuenta con un Comité Científico Asesor, encabezado por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática de Conacyt, el que ha registrado avances en la identificación y registro de las labores de búsqueda, así como en el análisis de redes de telefonía. Se cuenta además con una mesa multidisciplinaria conformada por peritos de la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas en el análisis e identificación genética.

A la fecha se han realizado diez operativos de búsqueda en cinco municipios de Guerrero: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Cuatro diligencias judiciales se encuentran en proceso.

En resumen, la Comisión Presidencial ha suscrito dos convenios con organismos internacionales; ha llevado a cabo 22 sesiones ordinarias y extraordinarias; 25 reuniones de trabajo con actores estratégicos e instituciones; ha realizado 10 operativos y revisado más de 210 puntos de búsqueda. Ha analizado 80 millones de registros telefónicos, identificando 206 mil registros telefónicos de interés y 84 mil líneas telefónicas prioritarias, como parte de las tareas que habrán de conducirnos a conocer la verdad e impartir justicia.

(Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)