Ciudad de México, 4 de septiembre de 2019
Boletín No. 223/2019

SE PRESENTA INFORME SOBRE SITUACIÓN LEGAL DE PERSONAS
PROCESADAS POR CASO AYOTZINAPA

 

· En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas informa sobre este tema

· Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane omisiones y permita una investigación diligente

· Por instrucciones del Presidente se iniciarán recursos legales correspondientes para iniciar la investigación de funcionarios para deslindar las responsabilidades

Al presentar el informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para deslindar las probables responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.

Durante la conferencia de prensa matutina, anunció que, por instrucciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciarán ante la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal, los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las posibles responsabilidades en estos casos, en los que en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando una situación para favorecer el silencio y la impunidad.

“Por parte de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la FGR hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes”, subrayó.

Lo anterior, luego de la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, “El Güero” o “El Vaquero”, a quien el pasado 30 de agosto el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, le dictó sentencia absolutoria, no obstante que es reconocido que operaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra que buscaban acreditar el delito de secuestro. Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte  de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura a pesar de que
la entonces PGR realizó el examen médico psicológico (Protocolo de Estambul), en el que se acreditó que no había sido torturado, aunque se debe reconocer que faltó la prueba de audiometría.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”, señaló.

El Subsecretario Alejandro Encinas recordó que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como a policías municipales de Iguala y Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuego y Ley de Secuestro. Ello evidencia una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. “Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la
simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, enfatizó.

Mencionó que, a pesar de existir elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que, con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que se les imputaron a las personas detenidas.
“Esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las
víctimas por encima del derecho de los victimarios.

Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir”, finalizó.

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