Reconocimiento de responsabilidad y disculpa
pública del gobierno de Veracruz a las familias de Tierra Blanca.
Museo de Memoria y Tolerancia, 4 de marzo de 2019
Agradezco a las familias de Susana Tapia, Bernardo Benítez, Mario
Arturo Orozco, José Benítez y José Alfredo González y al Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.
Sabemos que el que nos convoca es un acto de
inmenso dolor. Pero sabemos también que hoy estamos aquí por la entereza que
han dedicado ustedes para buscar verdad, justicia y reparación, y eso debe
impulsarnos a nosotros como autoridades para cumplir con lo que nos
corresponde. Este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública
reviste una especial relevancia. Es muestra del reconocimiento de la gravedad
de los hechos, y de nuestra prioridad para atender las violaciones graves a los
derechos humanos, de poner a las víctimas en el centro de nuestro actuar. Este
evento es ejemplo de ello, de reconocer a ustedes, de recordar a sus hijos y su
hija, jóvenes inocentes que se enfrentaron a una policía estatal coludida con
el crimen organizado que los desapareció.
El gobierno de Veracruz hoy les ofrece una
disculpa pública, reconociendo las graves violaciones a derechos humanos que
autoridades en su estado cometieron el 11 de enero de 2016. Sin duda las
disculpas públicas no son suficientes, pero son un paso relevante, reconocer la
responsabilidad de las autoridades del estado de Veracruz frente a los
perpetradores de esos delitos.
Es una oportunidad para empezar a construir un Estado y un país más
justo, donde no se cometan más hechos de esta naturaleza. Estoy seguro que en
eso coincidimos todos los aquí presentes. Tenemos que transformar el país para
frenar las violaciones a derechos humanos que tanto dolor han generado a miles
de familias. Ese es nuestro compromiso y convicción.
En representación del Gobierno de México, y
siendo la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas un órgano desconcentrado de
la SEGOB, quien dictó entre otras medidas de reparación integral en este acto
de disculpa pública. Asumo este acto como un llamado profundo que nos hacen las
familias y que nos apela a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que la
atención al agravio que han sido objetos, nos acerque a la verdad, a la
justicia y a la garantía a la no repetición.
Un acto como este cobra sentido mientas se
acompañe también de la búsqueda de la justicia. En el gobierno federal, estamos
convencidos que, frente a las graves violaciones a derechos humanos, nuestro
principal objetivo es eliminar la impunidad, pues eso permitirá garantizar no
sólo la justicia sino también la no repetición.
Por eso nos comprometemos, con pleno respeto
a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las
investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas
con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad. Aprovecho este momento para de manera respetuosa
coincidir con el Fiscal General de la República: la justicia es la prioridad de
las familias y nuestra responsabilidad.
En este lamentable caso, como en miles que lastiman
al país, sabemos bien que la delincuencia organizada aún opera en colusión con
autoridades de todos los niveles. El día de hoy enviamos un mensaje claro un
mensaje claro de que esto no seguirá sucediendo en este nuevo gobierno.
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